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Catastro intimó a Rodrigo Arim por su casa en Maldonado: falta el final de obra y no paga Impuesto de Primaria

La Dirección Nacional de Catastro emitió una intimación al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, para que regularice la situación de su vivienda en el balneario Solís, departamento de Maldonado. El inmueble, que utiliza como casa de veraneo, no cuenta con el trámite de final de obra, lo que implica que no está habilitado para el pago del Impuesto de Primaria.

La información fue difundida inicialmente por La Pecera (Azul FM) y luego confirmada por el diario El País a través de fuentes oficiales de la Dirección Nacional de Catastro.

El trámite de “final de obra” es obligatorio para considerar una construcción como concluida y habilitada formalmente. Sin este paso, no se genera el alta catastral correspondiente ni se activan ciertos tributos como el Impuesto de Primaria, que financia el sistema educativo público a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

Tras la difusión del caso, el propio Rodrigo Arim emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), en el que explicó los antecedentes del caso. “En el año 2011 compré un terreno baldío en el balneario Solís, Maldonado, tal cual surge de la escritura de compraventa. En el año 2015 comencé la construcción de la casa, con el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y el BPS”, detalló.

Agregó además que cumplió con todos los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y que se encuentra al día en los pagos de tributos. No obstante, aclaró: “La casa tiene defectos constructivos que requieren de obra adicional, razón por la cual no solicité el final de obra”.

Más tarde, en una rueda de prensa convocada desde la Torre Ejecutiva, Arim amplió su posición. Indicó que cada etapa de la obra fue debidamente autorizada por los organismos correspondientes y que incluso se realizaron inspecciones del BPS que acreditaron el cumplimiento normativo durante el proceso constructivo.

“No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes generar las autorizaciones correspondientes”, sostuvo, enfatizando que la legalidad del proceso no está en duda.

Respecto al uso actual de la propiedad, Arim señaló que la utiliza como casa de veraneo, pero reiteró que la falta de final de obra obedece a problemas de infraestructura. “Tiene filtraciones de agua y otras fallas estructurales que impiden considerarla una obra finalizada”, explicó.

También detalló que la última etapa significativa de construcción se desarrolló en 2018, y que fue entre 2019 y 2020 cuando comenzaron a detectarse los inconvenientes técnicos que aún hoy persisten. “Todavía estamos haciendo planes para hacer algunas intervenciones que nos permitan solucionar esos problemas”, expresó.

Consultado sobre cuándo prevé finalizar la obra y regularizar la situación ante Catastro, Arim indicó que procederá a tramitar el documento correspondiente “una vez que culminen las obras”, lo que implica una nueva inversión económica.

Si bien el episodio generó comentarios y atención mediática, no tuvo mayores consecuencias en el ámbito político. Días después de la intimación, el presidente Yamandú Orsi respaldó públicamente a Arim, manifestando que “el caso está resuelto”. “Él lo explicó de una forma que no es posible explicarlo mejor”, afirmó el mandatario, dando por válidos los argumentos del jerarca.

Arim, por su parte, aseguró que no contempla renunciar a su cargo como director de la OPP, y que se mantiene en diálogo con el presidente para cualquier aclaración adicional que se requiera.

La huerta educativa que alimenta a 79 estudiantes y genera excedentes para otras escuelas

La Escuela Agraria Gregorio Aznárez, perteneciente a la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), se ha convertido en un verdadero modelo de educación rural integral, al alcanzar una producción récord en su huerta educativa. Esta iniciativa no solo abastece por completo al comedor escolar, sino que también genera excedentes comercializados dentro del sistema UTU y con otras instituciones de enseñanza. Todo, sin uso de agroquímicos y con la participación activa de los 79 estudiantes del centro.

El ingeniero agrónomo Manuel Fernández, director del centro educativo, explicó que el proyecto combina objetivos pedagógicos con una producción sustentable, brindando resultados concretos: más de 3.500 kilos de alimentos cultivados durante la temporada de verano. Entre ellos se destacan:

1.500 kg de boniato (con 1.000 kg excedentes)
630 kg de cebolla, cubriendo el consumo anual de la institución y con 345 kg de excedente
380 kg de tomate, suficientes para elaborar el 90% de las salsas del año
550 kg de calabacín y zapallo criollo
300 kg de papas de tres variedades
150 cabezas de ajo, todas utilizadas en la cocina escolar

Además, se cosecharon pepinos, berenjenas y morrones en menores cantidades, y actualmente se está recolectando el guayabo del país, fruto nativo utilizado para elaborar mermeladas.

Un modelo de aprendizaje basado en la práctica
Los 79 estudiantes, de entre 12 y 15 años, cursan los tres niveles del ciclo básico (7º, 8º y 9º) y participan activamente en la huerta y en un pequeño módulo de frutales. La metodología «aprender haciendo» atraviesa todas las actividades del centro, que combina las materias tradicionales de secundaria con talleres agrarios y visión agropecuaria.

El área de producción incluye 1.500 m² a campo abierto y 100 m² bajo invernáculo. Todo el proceso es manual y sin aplicación de productos químicos, fortaleciendo el aprendizaje sobre producción agroecológica y el respeto al medio ambiente.

“El sistema de riego por goteo incorporado este año fue clave para lograr mayor homogeneidad en la producción”, explicó Fernández. También destacó el aprendizaje acumulado de años anteriores como un factor determinante para expandir la superficie sembrada y optimizar el rendimiento.

Educación que alimenta y conecta
El comedor de la escuela atiende de lunes a viernes a estudiantes y docentes. Gracias a la producción local, el centro es autosuficiente en verduras y hortalizas. Pero el proyecto no termina allí. Los excedentes se comercializan dentro del ecosistema UTU, incluyendo:

Escuela de Alta Gastronomía (Punta del Este)
Escuela Agraria de San Carlos
Polo Educativo de Arrayanes
Escuelas Agrarias Lorenzo Geyres y Paso de los Carros

También se estableció un vínculo directo con el equipo de cocina del centro, que participa en el aprovechamiento eficiente de los productos para evitar el desperdicio. Este trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, personal administrativo y funcionarios demuestra un enfoque comunitario en el funcionamiento institucional.

Promoción del guayabo del país: un proyecto con raíces nativas
En paralelo, la escuela lleva adelante el proyecto “Dejá tu huella”, impulsado por tres estudiantes y el instructor agrario Gonzalo Vega. El objetivo es promover el conocimiento y uso del guayabo del país, un fruto nativo de alto valor nutritivo y cultural.

Durante su implementación, se entregaron 27 árboles de guayabo a instituciones educativas de la zona oeste del departamento. Además, se continúa con la producción de nuevos ejemplares, destinados a plazas, parques y espacios públicos que puedan cuidarlos.

El proyecto busca generar conciencia sobre el valor de los frutos autóctonos y estimular su difusión entre la población, fortaleciendo los lazos entre educación, medio ambiente y comunidad.

Redes que sostienen y proyectan
La Escuela Agraria Gregorio Aznárez mantiene una activa articulación con actores del territorio. Destaca el apoyo del Municipio de Solís Grande, dependiente de la Intendencia de Maldonado, así como la colaboración con otras instituciones como:

CECRU (Centro Escolar de Capacitación Rural del Uruguay)
Escuela náutica La Flotante
Vecinos organizados

Esta red permite consolidar el trabajo comunitario, extender el alcance del proyecto educativo y generar espacios de intercambio con múltiples públicos.

Permanencia docente y planificación a largo plazo
Uno de los pilares del éxito sostenido del centro, según Fernández, es la continuidad del equipo docente. La permanencia de los profesores permite desarrollar y sostener proyectos a largo plazo, fundamentales en una actividad que depende de procesos biológicos como la producción agropecuaria.

“La planificación, ejecución y evaluación de estos proyectos requieren tiempo y constancia. Por eso es clave que los equipos permanezcan en el centro durante varios años consecutivos”, enfatizó el director.

Más que una huerta escolar
La experiencia de la Escuela Agraria Gregorio Aznárez trasciende la producción agrícola. Es un ejemplo de cómo la educación pública puede generar conocimiento aplicado, impacto comunitario y conciencia ambiental. Un modelo a seguir para otras escuelas rurales del país, que demuestra que sembrar conocimiento también cosecha futuro.

El «efecto Temu» sacude al comercio uruguayo: Gobierno y empresarios en alerta por auge de compras online al exterior

En los últimos meses, Uruguay ha sido testigo de un fenómeno que ha revolucionado el comercio electrónico: el «efecto Temu». La plataforma china de compras en línea, Temu, ha captado la atención de miles de uruguayos, generando un incremento sin precedentes en las compras al exterior y poniendo en jaque al comercio local.

Desde su llegada a Uruguay a mediados de 2024, Temu ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Las estadísticas son elocuentes: en diciembre de 2024, se registraron 166.900 paquetes ingresados al país bajo el régimen de franquicia sin impuestos, marcando un récord histórico . Este régimen permite a cada uruguayo mayor de 18 años realizar hasta tres compras anuales por un máximo de US$ 200 y 20 kilos cada una, sin pagar impuestos

Además, el régimen simplificado de importación, que permite compras de hasta US$ 200 sin límite anual, pagando un tributo único del 60% del valor de la mercadería, también ha visto un aumento significativo. En diciembre de 2024, se realizaron 160.000 compras bajo este régimen, representando un crecimiento interanual de casi 2.000%

Impacto en el comercio local
El auge de Temu y el incremento de las compras al exterior han generado preocupación entre los comerciantes uruguayos. La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy) estima que las compras realizadas a través de estos regímenes representaron el 10,1% del total de las importaciones de vestimenta y el 16,8% de los juguetes en 2024

Julio César Lestido, presidente de la Ccsuy, expresó su inquietud: «Queremos condiciones igualitarias y competencia leal». Los empresarios locales enfrentan múltiples tributos y costos de importación, mientras que los productos que ingresan bajo estos regímenes están exentos de aranceles y otros impuestos

Respuesta del gobierno
Ante esta situación, el gobierno uruguayo ha comenzado a recabar información y analizar en detalle el impacto del «efecto Temu». Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que el régimen de franquicia pasó de ser utilizado por aproximadamente 220.000 uruguayos por año a 650.000 en 2024, un cambio significativo que amerita un análisis profundo .

En una reunión con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se discutió el sistema de mínimis que tiene EE.UU. para importaciones de consumidores finales por hasta US$ 800. Labraga mencionó que están estudiando las mejores prácticas internacionales al respecto, teniendo en cuenta que el sistema es muy querido por los consumidores, pero también conscientes de que en ciertos nichos de mercado específicos está causando un problema .

Desafíos logísticos y normativos
El crecimiento exponencial de los envíos postales internacionales ha generado dificultades operativas y de control aduanero. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) emitió la Resolución 68/24 para adecuar el procedimiento de control de cargas en arribo por vía aérea, a efectos de superar las dificultades creadas por el aumento de los envíos

Sebastián Galli, director de GrinBox, una empresa de envíos, indicó que entre 2023 y 2024 las operaciones tuvieron un incremento de 400%. Para agilizar los procesos, GrinBox permitirá a los usuarios pagar los impuestos de sus compras de forma online, evitando realizarlo de manera independiente en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Perspectivas y posibles soluciones
El «efecto Temu» ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y adaptar las políticas comerciales y aduaneras de Uruguay. Los comerciantes locales abogan por condiciones equitativas y una competencia leal, mientras que el gobierno busca equilibrar el acceso de los consumidores a productos internacionales con la protección del comercio nacional.

Entre las propuestas se encuentran la reducción de costos y barreras arancelarias y tributarias para los comerciantes locales, el aumento de los controles para garantizar que la mercadería ingresada cumpla con la normativa vigente, y la definición de una estrategia clara para mitigar el impacto en el comercio minorista, especialmente en las pequeñas y medianas empresas .

El fenómeno Temu ha transformado el panorama del comercio electrónico en Uruguay, ofreciendo a los consumidores nuevas oportunidades, pero también presentando desafíos significativos para el comercio local y las autoridades. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios del comercio internacional sin desproteger a los actores locales.

Soja 2025: rendimientos por encima de los 3.000 kilos acercan a Uruguay a su mejor zafra

Cuando en primavera de 2024 los productores planificaban la siembra de soja, el panorama no era alentador. Los precios internacionales no rompían la barrera de los US$ 370 por tonelada, y los costos obligaban a rendimientos altos para lograr un cierre rentable. Sin embargo, el clima jugó a favor del agro y hoy la zafra de soja 2025 se perfila como una de las mejores de la historia.

Con unas 1.300.000 hectáreas sembradas, las trillas avanzan en todo el país aprovechando la ventana climática, y los testimonios de productores coinciden: los rendimientos promedio superan los 3.000 kilos por hectárea, con picos por encima de los 4.000 kg/ha en zonas del centro y suroeste.

Diego Guigou, productor agrícola de Soriano, explicó que las trillas avanzan “sin romper chacras” y que ya se encuentran cerca del 60% de avance. “Estamos almacenando grano seco y de calidad. Los precios no son los mejores, pero con esta producción cerramos una campaña en verde”, afirmó.

Por su parte, el asesor técnico Alexis González remarcó que los rendimientos en sus chacras están entre los 3.000 y 3.800 kg/ha, con cosecha “sana y limpia”. Al sur de la ruta 11 y en zonas del norte de Paysandú la situación fue algo distinta: las lluvias tardías y el granizo redujeron los rendimientos a entre 2.000 y 2.500 kilos.

Desde la consultora Unicampo, Esteban “Tato” Hoffman declaró que mantienen firme la expectativa de llegar al umbral de 3 toneladas por hectárea. “Cuando el centro del país rinde bien, es una señal. Estamos cerca de un récord nacional”, sostuvo.

En esa línea, el agricultor Gabriel Carballal indicó que en su zona “los rendimientos más bajos son de 3.200 kilos”, con chacras que superan los 4.000. “Esta vez tuvimos agua y se notó. El manejo fue excelente, y eso explica estos resultados”, destacó.

El maíz de primera tuvo un rendimiento razonable, aunque golpeado en algunos casos por olas de calor y déficit hídrico en el llenado de grano. Sin embargo, los cultivos de segunda presentan un potencial muy alto, según anticipan los técnicos.

“Tenemos maíces que están sobre campos de muy alta productividad. Aún no ingresamos con las cosechadoras, pero esperamos buenos resultados”, comentó Hoffman.

La próxima campaña de invierno también ilusiona. A días de la siembra de gramíneas y con un clima favorable, se espera una superficie importante en trigo y cebada, aunque los márgenes de rentabilidad están más ajustados.

En contrapartida, cultivos como carinata y camelina se presentan como opciones atractivas. “La carinata está en US$ 540 por tonelada, con menores costos que la colza y buen rendimiento esperado. El negocio cierra”, afirmó Carballal.

Además, se proyecta un crecimiento sostenido de las brassicas, con recuperación del área de canola e interés creciente por cultivos destinados a biocombustibles, en un contexto donde la sostenibilidad gana terreno.

A pesar del contexto internacional adverso en precios, el agro uruguayo vuelve a mostrar su resiliencia y capacidad de respuesta. Gracias a una combinación de buen clima, decisiones técnicas acertadas y profesionalismo en el manejo, los cultivos de verano cerrarán con números positivos en muchas zonas.

Con los cultivos de invierno a la vuelta de la esquina, el ánimo del productor se mantiene firme, impulsado por los resultados de esta zafra. El campo, una vez más, demuestra ser motor productivo y esperanza económica en tiempos de incertidumbre.

Director de la Cjppu sugiere que aportes de AFAP vayan a la Caja de Profesionales

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) atraviesa su momento más crítico. El déficit de 2023 superó los US$ 51 millones y las proyecciones para 2025 no son mejores. El Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley para evitar el colapso del sistema, pero las voces disidentes no se hicieron esperar. Ahora, una nueva y polémica propuesta irrumpe en el debate parlamentario: utilizar parte de los fondos que actualmente van a las AFAP para financiar la Cjppu.

La iniciativa fue planteada por Fernando Rodríguez, director en representación del colectivo “El Orden Profesional”, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que analiza el destino de la Caja. Rodríguez explicó que la idea consiste en redirigir los aportes que los profesionales universitarios actualmente realizan a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), y volcarlos directamente a la Categoría 1 de la Caja, donde se ubican los profesionales con ingresos más bajos.

¿En qué consiste la propuesta?

Rodríguez explicó que hoy existen entre 40.000 y 50.000 profesionales que realizan aportes a las AFAP. Su plan propone que esos recursos —unos $ 3.000 mensuales por persona en promedio— se vuelquen directamente a la Caja de Profesionales, lo que permitiría sostener financieramente el sistema sin necesidad de recursos del Banco de Previsión Social (BPS) ni del Tesoro Nacional.

“La idea es que ese monto se le quite a la AFAP y se vuelque a la Caja de Profesionales. Serían entre 40.000 o 50.000 profesionales que, aportando eso, salvarían literalmente a la Cjppu”, sostuvo Rodríguez.


AFAP en la mira: tensiones por venir

Consultado sobre si las AFAP ya fueron notificadas o consultadas sobre esta idea, Rodríguez reconoció que la propuesta aún no ha sido compartida formalmente con las administradoras, pero que “es probable que salten”, anticipando resistencia por parte del sector financiero privado.

La propuesta genera una nueva tensión política y económica en el marco de una discusión ya compleja, que incluye el futuro de los aportes, la sostenibilidad del sistema y los derechos de los actuales jubilados y aportantes.

La otra cara del debate: aumentos tributarios bajo crítica

Desde el mismo sector, “El Orden Profesional” emitió una comunicación crítica hacia el Poder Ejecutivo, cuestionando el proyecto de ley que, según su interpretación, contradice las declaraciones recientes del presidente Yamandú Orsi, quien había afirmado que la situación del país “no soporta nuevos tributos”.

Sin embargo, en la llamada “Ley Express II” enviada al Parlamento, se plantean varios cambios de alto impacto económico para los afiliados:

  • Aumento de la tasa de aportes de los profesionales activos del 16,5% al 22,5% (progresivo).
  • Tasa de contribución para jubilados, equivalente a un nuevo tributo similar al IASS, con un promedio del 9% de sus pasividades.

Desde “El Orden Profesional” aseguran que esto representa una doble carga para los profesionales, ya que afecta tanto a quienes aún están en actividad como a los ya jubilados, golpeando su economía sin garantías de estabilidad a futuro.

¿Una caja salvada… o más dudas sobre el sistema?

La crisis de la Caja de Profesionales no es nueva, pero la falta de aportantes activos suficientes y la longevidad creciente de sus beneficiarios hacen cada vez más urgente una solución estructural. La propuesta de Rodríguez pone sobre la mesa una posibilidad no explorada hasta ahora: que las AFAP, y no el BPS ni el gobierno, asuman parte del rescate financiero.

Pero las interrogantes son muchas:
? ¿Es legalmente posible redireccionar esos fondos?
? ¿Cómo afectaría a los derechos adquiridos en las AFAP?
? ¿Qué opinan los profesionales jóvenes que apostaron al sistema mixto?
? ¿Habrá reacción de las administradoras privadas?

Mientras el Parlamento sigue recibiendo propuestas de diversos sectores, el tiempo corre. La Cjppu necesita decisiones firmes antes de que el sistema colapse por completo, y cada día que pasa sin una solución real agrega incertidumbre a miles de profesionales en todo el país.

Bancos y cripto: ¿Por qué la banca tradicional debe liderar el futuro financiero híbrido?

La disrupción tecnológica está reformulando los cimientos del sistema financiero global. Lejos de ser un fenómeno marginal, las criptomonedas, los activos digitales y las soluciones basadas en tecnología blockchain están marcando el ritmo de una transformación que parece imparable. Frente a esta realidad, los bancos tradicionales enfrentan una disyuntiva crucial: adaptarse o quedar al margen.

El camino, según especialistas del sector, no es abandonar el modelo bancario clásico ni competir frontalmente con las plataformas cripto, sino liderar una integración estratégica y transparente que permita unir lo mejor de ambos mundos.

Una experiencia sin fricciones: el nuevo estándar del cliente bancario

Lo que era opcional hace cinco años, hoy es una expectativa: los usuarios esperan que las entidades financieras les ofrezcan soluciones para administrar tanto activos tradicionales como digitales de manera unificada, simple y segura.

Según un informe de Deloitte (2023), el 64% de los clientes bancarios globales preferiría acceder a criptoactivos directamente a través de su banco habitual, siempre que este ofreciera una experiencia fluida e integrada. El interés no se limita a la compra-venta: incluye custodia segura, conversión de divisas, gestión de portafolios y asesoría fiscal desde una misma plataforma.

El valor de la confianza: el gran capital de la banca tradicional

Las fintechs y plataformas cripto-nativas han sido pioneras en innovación, pero enfrentan desafíos importantes en términos de regulación, transparencia y confianza del usuario. Ahí es donde los bancos tradicionales pueden marcar la diferencia.

Con décadas de experiencia en cumplimiento normativo, relaciones humanas, infraestructura resiliente y vínculos con autoridades monetarias, los bancos están en una posición privilegiada para implementar soluciones como stablecoins, wallets reguladas y depósitos tokenizados, sin comprometer la seguridad del sistema ni la confianza del cliente.

Casos reales: BBVA en Suiza como ejemplo de integración efectiva

Un ejemplo destacado es el del BBVA en Suiza, que desde 2021 ofrece a sus clientes la posibilidad de custodiar y operar con Bitcoin y Ethereum, además de integrar USDC, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense. Todo esto dentro de una única billetera digital, con soporte para activos fiat y cripto, bajo el marco regulatorio suizo y en colaboración con referentes del sector como Ripple.

Este modelo demuestra que la banca tradicional no solo puede adaptarse, sino también innovar desde una posición sólida y confiable, sin poner en riesgo la estabilidad financiera ni la reputación institucional.

¿Qué desafíos enfrentan los bancos?

La transición hacia un modelo híbrido no está exenta de obstáculos. Para que esta integración sea exitosa, los bancos deben realizar una transformación profunda en distintos niveles:

  • Modernización tecnológica: adaptar infraestructuras para manejar activos digitales y tradicionales en entornos interoperables.
  • Talento especializado: formar equipos en blockchain, seguridad digital y regulación cripto.
  • Cambio cultural: promover una mentalidad ágil, flexible y abierta a la innovación, desde el personal operativo hasta los directorios.
  • Desarrollo de alianzas: colaborar con actores del ecosistema cripto, desde plataformas tecnológicas hasta reguladores.

Además, deben resolver desafíos técnicos específicos como la precisión decimal de activos digitales, la liquidación instantánea “en cadena” y la validación de operaciones entre sistemas tradicionales y descentralizados.

¿Competir con exchanges? No, ofrecer confianza

El objetivo de la banca no debe ser replicar los servicios de los exchanges o plataformas descentralizadas, sino ofrecer una experiencia alternativa con un diferencial claro: la seguridad, la regulación y la confiabilidad institucional.

En vez de competir por precio o volumen de operaciones, los bancos pueden capitalizar su activo más valioso: la confianza. Y eso se traduce en ofrecer servicios que incluyan:

  • Custodia regulada de criptoactivos
  • Declaración fiscal automatizada
  • Integración con cuentas tradicionales
  • Experiencias de usuario más simples y transparentes

El sistema financiero del futuro no será exclusivamente digital ni exclusivamente tradicional: será híbrido, flexible, regulado y cada vez más personalizado. Los bancos que entiendan esto a tiempo —y actúen en consecuencia— no solo sobrevivirán a la disrupción, sino que estarán mejor posicionados para liderarla.

No se trata de tecnología por tecnología, sino de adaptarse a una realidad donde las personas demandan una experiencia bancaria unificada, con la confianza de siempre y la agilidad de lo nuevo.

La inflación de abril alcanzó el 0,32% y acumula un 5,36% interanual: alimentos y vestimenta entre los mayores aumentos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el informe correspondiente al Índice de Precios del Consumidor (IPC) del mes de abril de 2025. La inflación mensual se ubicó en 0,32%, mientras que la acumulada en lo que va del año llegó a 2,71% y la interanual alcanzó el 5,36%. Las divisiones con mayor impacto en la suba de precios fueron alimentos, vestimenta y servicios financieros.


Detalle del informe: leve suba, pero fuerte presión desde el consumo esencial

El informe del IPC correspondiente al mes de abril de 2025, con base octubre 2022, revela un incremento mensual de precios del 0,32%. Este resultado, aunque menor al 0,63% registrado en abril de 2024, muestra una aceleración preocupante en la inflación interanual, que pasó del 3,68% al 5,36%.

En el acumulado del año, la inflación se ubica en 2,71%, apenas por debajo del 2,84% registrado a igual período del año anterior, reflejando una tendencia sostenida de presión sobre el costo de vida.

Las principales divisiones que explican esta variación mensual fueron:


Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: 0,78% de variación mensual

Es la división con mayor incidencia, aportando 0,20 puntos porcentuales a la inflación mensual. Dentro de esta categoría, se destacan incrementos relevantes en productos básicos:

  • Carnes:
    • Nalga (+3,57%)
    • Carne picada (+2,05%)
    • Asado de tira (+2,07%)
    • Aguja (+3,32%)
    • Carne ovina (+9,49%)
    • Pollo entero (+3,51%)
    • Cortes de pollo con hueso (+3,95%) y sin hueso (+3,98%)
    • Baja destacada en Carré y pulpa de cerdo (-2,55%)
  • Lácteos y huevos:
    • Leche común entera envasada (+1,38%)
    • Huevos de gallina (+2,52%)
  • Frutas y frutos secos:
    • Limones (-14,51%)
    • Mandarinas (-11,39%)
  • Hortalizas y tubérculos:
    • Morrones (+45,93%)
    • Tomates (+43,06%)
    • Zanahorias (+6,70%)
    • Cebollas y afines (+6,64%)
    • Choclos (+29,78%)
    • Bajas significativas en lechuga (-28,47%), espinaca (-22,43%) y boniatos (-12,30%)
  • Bebidas no alcohólicas:
    • Agua (+2,12%)
    • Refrescos (+0,69%)
    • Café soluble instantáneo (-2,95%)


Ropa y Calzado: 2,30% de aumento mensual

La llegada de la temporada otoño-invierno impactó con fuerza en los precios:

  • Prendas para hombres: +1,47%
  • Prendas para mujeres: +4,69%
  • Calzado para mujeres: +3,07%

Esta división aportó 0,05 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Transporte: -0,27% de variación, única gran división con incidencia negativa

La baja en esta categoría ayudó a moderar la suba general del IPC:

  • Gasoil: -1,47%
  • Transporte de pasajeros con chofer: -3,11%
  • Pasajes de avión: -2,49%

Contribuyó con -0,03 puntos a la variación general.

Restaurantes y Servicios de Alojamiento: 0,27%

  • Restaurantes, cafés y similares: +0,54%
  • Servicios de alojamiento (hoteles): -6,74%


Seguros y Servicios Financieros: 0,36%

Incrementos relevantes en:

  • Cuota de emergencia médico móvil: +1,10%
  • Servicio de acompañante: +1,75%
  • Seguro de automóvil: +0,60%


Comparativo con abril 2024

CategoríaAbril 2024Abril 2025
Variación mensual (%)0,630,32
Acumulado anual (%)2,842,71
Inflación interanual (%)3,685,36

El comportamiento del IPC muestra una disminución en el ritmo de crecimiento mensual, pero una aceleración en la comparación interanual, lo que sugiere una presión acumulada sobre el poder adquisitivo de los hogares.


El informe del INE muestra con claridad que la inflación del mes de abril fue impulsada principalmente por productos de consumo masivo, especialmente carnes, hortalizas y prendas de vestir. La leve baja en los precios del transporte no logró contrarrestar los aumentos en alimentos ni en servicios.

Con una inflación interanual que ya supera el 5%, el seguimiento del IPC se vuelve una herramienta clave para hogares, comerciantes y actores económicos que deben ajustar sus estrategias ante un panorama que sigue siendo incierto.

Del sobreprecio al ajuste técnico: el nuevo paradigma de Ancap y sus efectos

En tiempos donde el precio del combustible incide de manera directa sobre la vida cotidiana, la producción, el transporte y el empleo, entender cómo se fijan esas tarifas es clave para el desarrollo de un país. Desde 2021, Uruguay adoptó un cambio estructural en su política de precios de los combustibles: la utilización del Precio de Paridad de Importación (PPI) como referencia técnica y transparente.

Este criterio, propuesto por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), simula el costo que tendría importar combustibles ya refinados desde el exterior, y se eleva mensualmente al Poder Ejecutivo como sugerencia para fijar los precios locales. Su adopción implicó una reducción significativa de la discrecionalidad política que históricamente condicionó las tarifas.

Sin embargo, la reciente conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi, anunciando que Ancap cerró el año 2024 con pérdidas por 118 millones de dólares, volvió a encender el debate. ¿Está en riesgo la política tarifaria basada en el PPI? ¿Cuál es su verdadero impacto en la economía nacional?

Las pérdidas de Ancap: una mirada contextual

Según los estados contables publicados, Ancap registró pérdidas por US$ 118 millones en 2024. No obstante, este resultado no representa una novedad en la historia del ente. Desde 2005, hubo al menos nueve ejercicios con resultado negativo, siendo el peor de todos el 2014, con un déficit de US$ 338 millones.

El factor determinante en este último balance fue la parada técnica de la refinería, una operación programada cada cinco años. Pero en esta ocasión, el mantenimiento se prolongó más de lo previsto, debido principalmente a medidas sindicales, lo que generó un perjuicio mayor al ente.

A pesar de estas dificultades coyunturales, los pasivos en dólares corrientes de Ancap muestran una mejora relativa: en 2019 la deuda ascendía a US$ 866 millones, mientras que en 2024 bajó a US$ 762 millones. Una señal que no debe pasarse por alto en el análisis global de su situación financiera.

El rol del PPI: transparencia frente a discrecionalidad

El verdadero cambio de paradigma se inició en 2021, cuando se comenzó a aplicar el criterio PPI. Este modelo permite desligar el precio del combustible de las decisiones políticas del momento y anclarlo a una fórmula técnica vinculada al precio internacional del crudo.

Cuando el Poder Ejecutivo sigue al pie de la letra la sugerencia de Ursea, el precio interno refleja fielmente el costo del mercado internacional. Esto no solo promueve la transparencia, sino que obliga a la empresa estatal a enfocarse en la eficiencia interna: reducción de costos, modernización de procesos y una gestión sustentable a largo plazo.

Antes del PPI, las políticas de sobreprecio eran frecuentes. Entre 2011 y 2019, se calcula que Ancap recaudó al menos US$ 900 millones aplicando un precio por encima del costo real de importación. Esta práctica, si bien útil para reforzar las finanzas del ente, generaba un perjuicio en cadena para toda la economía.

Desde 2020 hasta 2024, en cambio, Ancap aplicó precios por debajo del PPI, lo que implicó una pérdida de ingresos estimada en US$ 500 millones. Esta decisión tuvo efectos positivos en sectores productivos y consumidores, aunque tensionó las finanzas del ente.

Efectos reales en la economía y la competitividad

El precio del combustible es un insumo transversal en múltiples sectores: transporte, agro, industria, logística y servicios. Aplicar precios por encima del valor técnico no solo afecta al consumidor final, sino que encarece la producción nacional y limita la competitividad de las empresas.

Diversos estudios han demostrado que esta sobrecarga en el precio genera efectos multiplicadores negativos: menor producción, caída del consumo, pérdida de empleo y, en última instancia, menor crecimiento económico.

En una coyuntura donde el país necesita imperiosamente crecer y generar empleo, mantener una política tarifaria basada en criterios técnicos como el PPI se vuelve estratégico. No se trata únicamente de una cuestión fiscal, sino de una apuesta al desarrollo sostenible.

Desafíos a futuro: competencia y eficiencia

Mirando hacia adelante, el debate no debería centrarse exclusivamente en las pérdidas coyunturales de Ancap, sino en cómo profundizar el camino iniciado con el PPI. Una de las alternativas que toma fuerza en el ámbito técnico es la desmonopolización de la importación de combustibles.

Permitir el ingreso de actores privados al mercado podría generar competencia directa, incentivar la eficiencia del sector estatal y ofrecer más opciones a consumidores y empresas. Esta medida, sin embargo, requerirá voluntad política, diálogo sectorial y un marco regulatorio sólido que asegure el interés público.

Patos, jabalíes y biodiversidad: Ambiente evalúa cambios en normativa de caza en Uruguay

El Ministerio de Ambiente de Uruguay ha comenzado un proceso de revisión integral de los decretos que regulan la caza deportiva y nocturna en el país, ante la creciente presión de organizaciones conservacionistas y la ausencia de evidencia científica que respalde su actual aplicación. Así lo confirmaron fuentes oficiales de la cartera a Ecos del Este, en momentos donde la biodiversidad y el impacto ecológico vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.

El ministro Edgardo Ortuño anunció al inicio de la Semana de Turismo que su gestión busca “renovar y actualizar” la normativa vigente, incluyendo la posible derogación de decretos adoptados durante la administración anterior. En un mensaje difundido por redes sociales, el jerarca hizo un llamado al cumplimiento responsable de las disposiciones actuales, mientras su equipo técnico trabaja en un nuevo marco legal basado en criterios científicos y de participación social.

Uno de los focos principales del análisis está puesto sobre el decreto 198/024, que habilita la caza nocturna de jabalíes y ciervos axis —especies consideradas exóticas invasoras— en todo el territorio nacional, exceptuando Montevideo. La medida, adoptada en 2023 por el expresidente Luis Lacalle Pou, fue duramente criticada por colectivos ambientalistas, que alertaron sobre riesgos a especies nativas y la falta de controles eficaces.

Asimismo, se revisará el decreto 104/2000, que regula la caza deportiva general y que en su momento extendió esta práctica a todo el país, salvo la capital. Según explicaron desde el Ministerio, el foco estará puesto especialmente en las especies de anátidas (patos), cuya situación poblacional requiere, según expertos, un estudio más profundo antes de autorizar su captura.

Ciencia antes que percepción

Desde la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), organismo encargado de velar por la vida silvestre, se insistió en la necesidad de construir una normativa que se base “en estudios poblacionales sólidos y estadísticas confiables”.

“No se puede autorizar una temporada de caza sin tener un panorama claro de cuántas especies hay, cómo se comportan, en qué zonas están presentes y con qué frecuencia son cazadas”, sostuvo una fuente del ministerio. “Los decretos actuales no se apoyan en ese insumo básico científico, lo que muestra serias debilidades en sus fundamentos”.

Por eso, la nueva administración busca no solo un sustento técnico más robusto, sino también abrir espacios de participación con actores de ambos lados del debate: tanto defensores de la conservación como promotores de la caza deportiva o de control poblacional. El objetivo es construir una propuesta que incorpore diferentes visiones y que pueda presentarse al ministro en el corto plazo.

Posibles cambios en el horizonte

Entre las modificaciones que se estudian figuran aspectos clave como los horarios, períodos y zonas habilitadas para la caza, así como la cantidad de ejemplares permitidos y las especies involucradas. También se analiza la posibilidad de establecer una normativa general marco sobre la actividad cinegética, aunque esta idea todavía se encuentra en fase de evaluación.

En particular, el caso de los patos genera gran preocupación. En 2023, el propio Ministerio de Ambiente elaboró un informe técnico que recomendaba prohibir su caza al menos por cinco años, tras detectar riesgos sobre sus poblaciones. El informe nunca fue implementado, pero ahora vuelve a cobrar relevancia en el nuevo proceso de revisión.

Riesgos de la caza nocturna

Una de las críticas más recurrentes hacia la caza nocturna es la dificultad para identificar con precisión las especies en la oscuridad, lo que podría derivar en la captura accidental de animales nativos no autorizados. Organizaciones como Vida Silvestre y otras asociaciones científicas han alertado sobre este riesgo desde que se promulgó el decreto.

“La revisión de los decretos también implica evaluar estos argumentos. Algunas de las organizaciones conservacionistas han generado información científica de calidad, que será analizada por nuestros técnicos para determinar su validez y utilidad en la toma de decisiones”, afirmaron desde Dinabise.

El Ministerio, por su parte, trabaja en evaluaciones paralelas con sus propios equipos técnicos, con el fin de generar una base de evidencia independiente y compatible con estándares internacionales de conservación.

El camino hacia una nueva normativa

A poco de asumir, la administración de Ortuño dio señales de apertura al diálogo y comenzó a recibir propuestas de distintos sectores. Aunque el proceso de revisión aún está en curso, se espera que en las próximas semanas el ministro tenga sobre su escritorio un documento con opciones concretas de modificación o derogación.

“Queremos alejarnos de regulaciones basadas en percepciones o intereses particulares. Uruguay necesita una política de caza seria, técnica y sostenible, que proteja la biodiversidad sin dejar de considerar a quienes practican esta actividad”, concluyó la fuente consultada.

Informe de siniestralidad 2025: 10 fallecidos en la Semana de Turismo

El informe preliminar del Ministerio del Interior revela una baja del 9% en fallecimientos respecto a 2024. La mayoría de las víctimas fueron motociclistas.

Durante la Semana de Turismo 2025, se registraron 10 personas fallecidas en siniestros de tránsito en Uruguay, lo que representa una disminución del 9% respecto al mismo período del año anterior (11 fallecidos en 2024). Así lo indica el informe preliminar publicado por el Ministerio del Interior a través del Sistema de Información Nacional de Tránsito (SINATRÁN).

Perfil de las víctimas
Del total de fallecidos:

6 murieron en el lugar del siniestro, mientras que 4 fallecieron en centros asistenciales.

7 de las 10 víctimas fueron usuarios vulnerables: seis motociclistas y un peatón.

6 de los fallecidos eran hombres.

Jurisdicción y causas
Los fallecimientos se distribuyeron casi equitativamente entre jurisdicciones departamentales (60%) y nacionales (40%).

Entre los incidentes fatales se incluyen:

Colisiones en rutas nacionales como la Ruta 3, 20, 35, 101 y el anillo perimetral en Cerro Largo.

Siniestros urbanos en Colonia, Montevideo, Tacuarembó y Canelones.

Contexto histórico
Comparado con los últimos años, el número de fallecidos durante Semana de Turismo muestra una tendencia oscilante. En 2023 fueron 15, en 2022 ocho, y en 2020 apenas ocho, en parte influenciado por la pandemia.