Patos, jabalíes y biodiversidad: Ambiente evalúa cambios en normativa de caza en Uruguay
El Ministerio de Ambiente de Uruguay ha comenzado un proceso de revisión integral de los decretos que regulan la caza deportiva y nocturna en el país, ante la creciente presión de organizaciones conservacionistas y la ausencia de evidencia científica que respalde su actual aplicación. Así lo confirmaron fuentes oficiales de la cartera a Ecos del Este, en momentos donde la biodiversidad y el impacto ecológico vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El ministro Edgardo Ortuño anunció al inicio de la Semana de Turismo que su gestión busca “renovar y actualizar” la normativa vigente, incluyendo la posible derogación de decretos adoptados durante la administración anterior. En un mensaje difundido por redes sociales, el jerarca hizo un llamado al cumplimiento responsable de las disposiciones actuales, mientras su equipo técnico trabaja en un nuevo marco legal basado en criterios científicos y de participación social.
Uno de los focos principales del análisis está puesto sobre el decreto 198/024, que habilita la caza nocturna de jabalíes y ciervos axis —especies consideradas exóticas invasoras— en todo el territorio nacional, exceptuando Montevideo. La medida, adoptada en 2023 por el expresidente Luis Lacalle Pou, fue duramente criticada por colectivos ambientalistas, que alertaron sobre riesgos a especies nativas y la falta de controles eficaces.
Asimismo, se revisará el decreto 104/2000, que regula la caza deportiva general y que en su momento extendió esta práctica a todo el país, salvo la capital. Según explicaron desde el Ministerio, el foco estará puesto especialmente en las especies de anátidas (patos), cuya situación poblacional requiere, según expertos, un estudio más profundo antes de autorizar su captura.
Ciencia antes que percepción
Desde la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), organismo encargado de velar por la vida silvestre, se insistió en la necesidad de construir una normativa que se base “en estudios poblacionales sólidos y estadísticas confiables”.
“No se puede autorizar una temporada de caza sin tener un panorama claro de cuántas especies hay, cómo se comportan, en qué zonas están presentes y con qué frecuencia son cazadas”, sostuvo una fuente del ministerio. “Los decretos actuales no se apoyan en ese insumo básico científico, lo que muestra serias debilidades en sus fundamentos”.
Por eso, la nueva administración busca no solo un sustento técnico más robusto, sino también abrir espacios de participación con actores de ambos lados del debate: tanto defensores de la conservación como promotores de la caza deportiva o de control poblacional. El objetivo es construir una propuesta que incorpore diferentes visiones y que pueda presentarse al ministro en el corto plazo.
Posibles cambios en el horizonte
Entre las modificaciones que se estudian figuran aspectos clave como los horarios, períodos y zonas habilitadas para la caza, así como la cantidad de ejemplares permitidos y las especies involucradas. También se analiza la posibilidad de establecer una normativa general marco sobre la actividad cinegética, aunque esta idea todavía se encuentra en fase de evaluación.
En particular, el caso de los patos genera gran preocupación. En 2023, el propio Ministerio de Ambiente elaboró un informe técnico que recomendaba prohibir su caza al menos por cinco años, tras detectar riesgos sobre sus poblaciones. El informe nunca fue implementado, pero ahora vuelve a cobrar relevancia en el nuevo proceso de revisión.
Riesgos de la caza nocturna
Una de las críticas más recurrentes hacia la caza nocturna es la dificultad para identificar con precisión las especies en la oscuridad, lo que podría derivar en la captura accidental de animales nativos no autorizados. Organizaciones como Vida Silvestre y otras asociaciones científicas han alertado sobre este riesgo desde que se promulgó el decreto.
“La revisión de los decretos también implica evaluar estos argumentos. Algunas de las organizaciones conservacionistas han generado información científica de calidad, que será analizada por nuestros técnicos para determinar su validez y utilidad en la toma de decisiones”, afirmaron desde Dinabise.
El Ministerio, por su parte, trabaja en evaluaciones paralelas con sus propios equipos técnicos, con el fin de generar una base de evidencia independiente y compatible con estándares internacionales de conservación.
El camino hacia una nueva normativa
A poco de asumir, la administración de Ortuño dio señales de apertura al diálogo y comenzó a recibir propuestas de distintos sectores. Aunque el proceso de revisión aún está en curso, se espera que en las próximas semanas el ministro tenga sobre su escritorio un documento con opciones concretas de modificación o derogación.
“Queremos alejarnos de regulaciones basadas en percepciones o intereses particulares. Uruguay necesita una política de caza seria, técnica y sostenible, que proteja la biodiversidad sin dejar de considerar a quienes practican esta actividad”, concluyó la fuente consultada.