Del sobreprecio al ajuste técnico: el nuevo paradigma de Ancap y sus efectos
En tiempos donde el precio del combustible incide de manera directa sobre la vida cotidiana, la producción, el transporte y el empleo, entender cómo se fijan esas tarifas es clave para el desarrollo de un país. Desde 2021, Uruguay adoptó un cambio estructural en su política de precios de los combustibles: la utilización del Precio de Paridad de Importación (PPI) como referencia técnica y transparente.
Este criterio, propuesto por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), simula el costo que tendría importar combustibles ya refinados desde el exterior, y se eleva mensualmente al Poder Ejecutivo como sugerencia para fijar los precios locales. Su adopción implicó una reducción significativa de la discrecionalidad política que históricamente condicionó las tarifas.
Sin embargo, la reciente conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi, anunciando que Ancap cerró el año 2024 con pérdidas por 118 millones de dólares, volvió a encender el debate. ¿Está en riesgo la política tarifaria basada en el PPI? ¿Cuál es su verdadero impacto en la economía nacional?
Las pérdidas de Ancap: una mirada contextual
Según los estados contables publicados, Ancap registró pérdidas por US$ 118 millones en 2024. No obstante, este resultado no representa una novedad en la historia del ente. Desde 2005, hubo al menos nueve ejercicios con resultado negativo, siendo el peor de todos el 2014, con un déficit de US$ 338 millones.
El factor determinante en este último balance fue la parada técnica de la refinería, una operación programada cada cinco años. Pero en esta ocasión, el mantenimiento se prolongó más de lo previsto, debido principalmente a medidas sindicales, lo que generó un perjuicio mayor al ente.
A pesar de estas dificultades coyunturales, los pasivos en dólares corrientes de Ancap muestran una mejora relativa: en 2019 la deuda ascendía a US$ 866 millones, mientras que en 2024 bajó a US$ 762 millones. Una señal que no debe pasarse por alto en el análisis global de su situación financiera.
El rol del PPI: transparencia frente a discrecionalidad
El verdadero cambio de paradigma se inició en 2021, cuando se comenzó a aplicar el criterio PPI. Este modelo permite desligar el precio del combustible de las decisiones políticas del momento y anclarlo a una fórmula técnica vinculada al precio internacional del crudo.
Cuando el Poder Ejecutivo sigue al pie de la letra la sugerencia de Ursea, el precio interno refleja fielmente el costo del mercado internacional. Esto no solo promueve la transparencia, sino que obliga a la empresa estatal a enfocarse en la eficiencia interna: reducción de costos, modernización de procesos y una gestión sustentable a largo plazo.
Antes del PPI, las políticas de sobreprecio eran frecuentes. Entre 2011 y 2019, se calcula que Ancap recaudó al menos US$ 900 millones aplicando un precio por encima del costo real de importación. Esta práctica, si bien útil para reforzar las finanzas del ente, generaba un perjuicio en cadena para toda la economía.
Desde 2020 hasta 2024, en cambio, Ancap aplicó precios por debajo del PPI, lo que implicó una pérdida de ingresos estimada en US$ 500 millones. Esta decisión tuvo efectos positivos en sectores productivos y consumidores, aunque tensionó las finanzas del ente.
Efectos reales en la economía y la competitividad
El precio del combustible es un insumo transversal en múltiples sectores: transporte, agro, industria, logística y servicios. Aplicar precios por encima del valor técnico no solo afecta al consumidor final, sino que encarece la producción nacional y limita la competitividad de las empresas.
Diversos estudios han demostrado que esta sobrecarga en el precio genera efectos multiplicadores negativos: menor producción, caída del consumo, pérdida de empleo y, en última instancia, menor crecimiento económico.
En una coyuntura donde el país necesita imperiosamente crecer y generar empleo, mantener una política tarifaria basada en criterios técnicos como el PPI se vuelve estratégico. No se trata únicamente de una cuestión fiscal, sino de una apuesta al desarrollo sostenible.
Desafíos a futuro: competencia y eficiencia
Mirando hacia adelante, el debate no debería centrarse exclusivamente en las pérdidas coyunturales de Ancap, sino en cómo profundizar el camino iniciado con el PPI. Una de las alternativas que toma fuerza en el ámbito técnico es la desmonopolización de la importación de combustibles.
Permitir el ingreso de actores privados al mercado podría generar competencia directa, incentivar la eficiencia del sector estatal y ofrecer más opciones a consumidores y empresas. Esta medida, sin embargo, requerirá voluntad política, diálogo sectorial y un marco regulatorio sólido que asegure el interés público.