Representantes de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) y de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUER) cuestionaron la modificación del IMESI para vehículos eléctricos. Sostienen que la medida cambia la política de Estado sobre electromovilidad y puede desacelerar el crecimiento del mercado.
La decisión del Gobierno de modificar el régimen del Impuesto Específico Interno (IMESI) para determinados vehículos eléctricos abrió un nuevo frente de debate sobre el futuro de la movilidad eléctrica en Uruguay.
A partir del 1.º de enero de 2027, los automóviles eléctricos que superen determinados valores de importación comenzarán a tributar el impuesto, una medida que fue cuestionada por organizaciones vinculadas al sector automotor y a las energías renovables, que consideran que el cambio envía una señal negativa para la transición energética.
Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), su gerente Ignacio Paz afirmó que el decreto representa un cambio de rumbo respecto a la estrategia que Uruguay venía desarrollando durante los últimos años para fomentar la incorporación de vehículos eléctricos.
Según explicó, el sector participó en distintas mesas de trabajo con autoridades nacionales, donde presentó propuestas técnicas y experiencias internacionales orientadas a consolidar el crecimiento de la electromovilidad. Sin embargo, sostuvo que el decreto fue aprobado sin que la versión final fuera discutida previamente con los actores involucrados.
El debate sobre qué vehículos serán alcanzados
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el umbral económico establecido para comenzar a aplicar el IMESI.
Desde ACAU entienden que el límite fijado por el Gobierno no afecta exclusivamente a vehículos de lujo, sino también a modelos familiares y utilitarios que hoy forman parte de la oferta habitual del mercado uruguayo.
Para la gremial, esto podría impactar directamente en consumidores particulares y empresas que evaluaban incorporar vehículos eléctricos por sus menores costos de operación y mantenimiento.
Energías renovables: «El problema es la señal que recibe el mercado»
En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUER), Diego Oroño, quien sostuvo que el principal efecto de la medida no radica únicamente en el aumento del costo de algunos vehículos, sino en el mensaje que transmite sobre la política energética nacional.
A su juicio, Uruguay construyó durante más de una década una estrategia reconocida internacionalmente por promover la descarbonización del transporte, por lo que introducir nuevos gravámenes podría afectar la previsibilidad que demanda un mercado aún en expansión.
Oroño señaló además que durante el proceso existieron diferencias de criterio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto al alcance de la medida.
Como resultado de las negociaciones, indicó que se acordó conformar una mesa de trabajo para analizar futuras modificaciones tributarias con criterios vinculados a la evolución real del mercado y no exclusivamente a objetivos recaudatorios.
Tres cambios que preocupan al sector
Las organizaciones empresariales sostienen que el nuevo IMESI llega en un contexto donde la movilidad eléctrica ya había recibido otros cambios que reducen su competitividad.
Entre ellos mencionan la modificación de beneficios vinculados a la patente de rodados y el aumento del costo de carga en la red pública, factores que —afirman— podrían desacelerar la incorporación de vehículos eléctricos en Uruguay.
No obstante, remarcan que la electromovilidad continúa siendo económicamente conveniente para muchos usuarios debido al menor costo operativo frente a los vehículos impulsados por combustibles fósiles.
Un mercado que aún está en desarrollo
Para los representantes del sector, el mercado uruguayo todavía atraviesa una etapa inicial de crecimiento y requiere reglas estables que permitan consolidar las inversiones realizadas en infraestructura, servicios y comercialización.
En ese sentido, advierten que un cambio en los incentivos podría ralentizar el cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones y de sustitución gradual de combustibles derivados del petróleo.
El debate ahora se traslada al impacto que tendrá la medida sobre las ventas durante los próximos años y sobre la estrategia energética que Uruguay ha impulsado como parte de sus compromisos ambientales.
