La trama de los US$ 110 millones que salpica a la AFA en Uruguay
Una investigación conjunta revela cómo fondos de la Selección Argentina terminaron en una zona franca de Montevideo y paraísos fiscales. La «Ruta del Dinero» de Claudio Tapia pone en jaque la transparencia de la institución.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su hora más oscura. Mientras la Selección Argentina celebra éxitos deportivos, en los despachos judiciales de Buenos Aires se reconstruye un rompecabezas financiero que involucra empresas fachada en Estados Unidos, agentes de valores en Uruguay y cuentas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
El eje del escándalo son US$ 109,9 millones que, según documentos bancarios y judiciales, fueron desviados del flujo comercial de la AFA hacia una compleja estructura de triangulación internacional.
La investigación, encabezada por los periodistas Hugo Alconada Mon (La Nación) y Eduardo Preve en Uruguay, identifica a TourProDenter LLC como la pieza clave. Esta firma, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni —amigo íntimo de Claudio «Chiqui» Tapia—, es el agente exclusivo de los derechos comerciales de la Selección en el exterior.
Según las pruebas recolectadas, esta empresa remitió los casi 110 millones de dólares a Adcap Uruguay Agente de Valores, operadora instalada en el centro de negocios Zonamérica. Desde allí, el dinero habría saltado hacia las Islas Vírgenes Británicas bajo la figura de «custodia de valores», perdiéndose el rastro del beneficiario final en la opacidad de los paraísos fiscales.
No solo se investiga el flujo hacia Uruguay. La justicia ha detectado que otros US$ 42 millones fueron derivados a una red de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC) en Estados Unidos, tales como Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. Estas firmas comparten características alarmantes:
- Carecen de empleados y oficinas físicas.
- No presentan actividad comercial real declarada.
- Aparecen en los balances de la AFA de forma extemporánea solo tras la presión de los organismos de control.
Desde la sede de la calle Viamonte, la respuesta ha sido una contraofensiva mediática y política. El entorno de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino sostienen que la denuncia es una «campaña de difamación» orquestada para forzar la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.
En cuanto a la operativa en Uruguay, la defensa técnica de la AFA argumenta que el movimiento de fondos hacia Zonamérica fue una estrategia de «preservación de valor de activos» frente a la devaluación del peso argentino, negando cualquier irregularidad. Sin embargo, la justicia pone el foco en por qué esos fondos nunca ingresaron a las cuentas oficiales de la institución en el momento de su percepción.
A finales de diciembre de 2025, la situación escaló con allanamientos en el predio de Ezeiza y la interceptación de Javier Faroni en Aeroparque. El empresario, al momento de ser abordado por la PSA cuando intentaba viajar a Uruguay, intentó descartar un teléfono celular, gesto que la justicia interpretó como un intento de destrucción de evidencia.
La fiscalía ahora busca determinar si estos movimientos financieros constituyen delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal agravada. El «Efecto Uruguay» podría ser el hilo que termine por desarmar el entramado de poder que ha regido el fútbol en los últimos años.
