El gobierno de Uruguay resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas (OPB), tras constatar “incumplimientos contractuales graves”, entre ellos la presentación de garantías falsas e inexistentes. La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Sandra Lazo y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.
Garantías “truchas” y presunto fraude
El eje de la rescisión está en las garantías contractuales. Según explicó Díaz, la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa fue emitida por una firma llamada Eurocommerce, que resultó ser una “empresa de papel”, sin actividad financiera ni domicilio real. El documento incluía instrumentos notariales falsos para simular autenticidad.
En paralelo, la garantía de reembolso —que debía respaldar los anticipos financieros realizados por el Estado— no era una póliza válida, sino un texto de “términos y condiciones” sin valor jurídico. Cuando se contactó a la aseguradora en España, la póliza real no coincidía con lo establecido en el contrato: permitía deducciones antes de la entrega del primer buque, algo expresamente prohibido.
El contrato establecía un plazo de 45 días para constituir las garantías. Sin embargo, transcurrieron 11 meses sin que se formalizaran correctamente ni existiera una resolución administrativa que justificara prórrogas.
Cuatro medidas inmediatas
El Ejecutivo anunció un paquete de acciones:
- Rescisión formal del contrato e inicio de demanda civil por daños y perjuicios.
- Acciones para recuperar el dinero adelantado y los activos construidos, que pasan a ser propiedad del Estado.
- Investigaciones administrativas para determinar responsabilidades individuales dentro del aparato estatal por la aceptación de documentación irregular.
- Continuar el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas por otras vías.
En paralelo, ya existe una denuncia penal por presunta estafa o fraude contra el Estado, presentada en 2024 y ampliada recientemente.
Incumplimientos técnicos
Aunque no fueron la causa formal de la rescisión, también se detectaron atrasos significativos y falta de planos esenciales en el proceso constructivo, según informes técnicos. El gobierno sostuvo que el astillero no realizó inversiones propias en Uruguay y que el contrato era de suministro, con pagos cumplidos por parte del Estado.
Nuevas opciones internacionales
La ministra Lazo aseguró que Uruguay contará con patrulleras oceánicas en esta administración. El gobierno explora alternativas con astilleros de Corea del Sur, India, Francia, Argentina y Colombia, y no descarta nuevas opciones en España, distintas a la empresa rescindida.
Además, se gestionan lanchas rápidas para reforzar la vigilancia costera y se analiza una propuesta de Estados Unidos para proveer un buque como “solución intermedia”.
“El país va a tener patrulleros oceánicos”, afirmó Orsi, quien subrayó que, aunque el contrato fue heredado de la administración anterior, las responsabilidades administrativas son personales y están bajo investigación.
La ruptura con Cardama abre ahora un frente judicial en dos vías —penal y civil— mientras el Ejecutivo busca recomponer un proceso clave para la defensa y soberanía marítima del país.
