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INEFOP inauguró nueva sede en Maldonado con enfoque en la mejora del acceso a la formación laboral

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) inauguró una nueva sede en Maldonado, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el instituto. Pablo Darscht, director de INEFOP, destacó que esta nueva ubicación representaba un avance significativo para la atención del público, ya que facilitaba tanto el acceso físico a las instalaciones como el acceso a la orientación educativa y laboral, un servicio clave para quienes buscaban mejorar sus perspectivas de empleo.

“Este nuevo espacio resultó ser más cómodo tanto para los usuarios como para el equipo de trabajo. Además, nos permitió realizar reuniones con el comité departamental, lo cual fue esencial para recibir directamente las necesidades y sugerencias de la comunidad sobre las áreas de formación y empleo que debíamos priorizar”, explicó Darscht durante la inauguración. El comité, integrado por diversos actores locales, tenía como objetivo acercar las propuestas de INEFOP a las realidades y desafíos específicos de Maldonado, mejorando así la respuesta institucional.

Con una estructura más moderna y eficiente, la nueva sede prometió una mejor experiencia tanto para los ciudadanos que buscaban asesoramiento como para los equipos encargados de ejecutar los programas de formación. Darscht también hizo hincapié en el trabajo realizado por los equipos en Maldonado, quienes “siempre cumplieron con las metas establecidas, atendiendo a las personas y ofreciendo cursos que mejoraron la empleabilidad local”. Esto permitió a INEFOP realizar un seguimiento cercano de los avances y cumplir con los objetivos de capacitación en la región.

En cuanto al balance de este año, Darscht destacó que 2024 fue un período de grandes avances para INEFOP, ya que, por primera vez, la institución operó bajo su nueva estructura. “Este año trabajamos en ajustar los recursos y procesos. Los resultados ya fueron evidentes, con más de 55,000 personas capacitadas a nivel nacional”, comentó. En Maldonado, más de 2,000 personas participaron en capacitaciones durante 2024, sumando más de 2,500 cursos realizados.

Uno de los logros más importantes de este año fue el éxito del convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que permitió llevar formación laboral a las personas privadas de libertad. INEFOP tenía como objetivo capacitar a 2,000 reclusos durante el bienio 2024-2025, un objetivo que se cumplió antes de tiempo. “No solo logramos nuestro objetivo, sino que también aumentamos el presupuesto destinado a este programa, lo que permitió continuar con esta iniciativa el próximo año”, dijo Darscht, quien resaltó el compromiso del equipo con los más vulnerables.

Este 2024 fue, sin duda, un año de consolidación para INEFOP, con una estructura renovada que no solo se orientó a la mejora de la capacitación, sino también a la inclusión y al desarrollo de nuevos programas que abordaron las demandas de cada territorio. Con la inauguración de la nueva sede en Maldonado, INEFOP reforzó su presencia en el departamento y continuó apostando por la mejora de las oportunidades de empleo y la capacitación en todo el país.

Pensamiento crítico y creatividad: los nuevos objetivos en la era de la IA

La inteligencia artificial (IA) generativa, una tecnología que ha revolucionado la forma en que interactuamos con el conocimiento, está transformando rápidamente los sistemas educativos en todo el mundo. Según Fengchun Miao, jefe de la Unidad de Tecnología e IA en Educación de la Unesco, esta tecnología plantea la necesidad de redefinir lo que se espera de los estudiantes en términos de aprendizaje.

Durante su reciente visita a Uruguay, en el marco del congreso regional sobre IA en la educación organizado por Ceibal y el Banco Mundial, Miao analizó los efectos actuales y futuros de esta tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según el experto, la IA generativa puede ser vista como un “supercargador” para el procesamiento de información, ayudando a los humanos a analizar, interpretar y comprender datos de formas nunca antes posibles.

Miao destacó que la IA ya ha superado a los seres humanos en tareas básicas de memorización y almacenamiento de datos, permitiendo que las personas puedan destinar su energía a habilidades de mayor complejidad, como el análisis crítico y el pensamiento creativo. “La IA puede apoyar a los estudiantes en procesos más profundos, como el aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de la creatividad, promoviendo un aprendizaje más investigativo”, afirmó.

Este cambio, sin embargo, exige ajustes en los sistemas educativos. En lugar de evaluar únicamente el conocimiento básico o de «orden inferior», Miao aboga por metodologías que impulsen habilidades de pensamiento analítico, crítico y creativo. Esto incluye diseñar nuevas estrategias de evaluación que midan la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos y aplicar sus conocimientos en escenarios diversos.

El uso responsable de la IA generativa es otro de los grandes desafíos. Miao enfatizó la necesidad de regulaciones claras que garanticen un uso ético de estas herramientas, tanto dentro como fuera del sistema educativo. Desde la perspectiva de la Unesco, es fundamental que las plataformas de IA respeten los derechos humanos, protejan la diversidad cultural y lingüística, y promuevan la seguridad de sus usuarios.

El experto también señaló la importancia de formar a docentes y estudiantes en el uso adecuado de estas tecnologías. Esto incluye enseñarles a identificar problemas en las herramientas de IA, comprender los derechos de autor relacionados con el contenido generado y garantizar la privacidad y seguridad en el uso de estos recursos.

Un enfoque local para un impacto global

En el caso de Uruguay, Miao resaltó la importancia de adaptar estas tecnologías al contexto cultural y lingüístico local. Según afirmó, no es suficiente aplicar modelos desarrollados en otros países, como Estados Unidos; es necesario entrenar y reentrenar los algoritmos con material que refleje las características propias de cada nación, preservando su identidad y diversidad.

Azucena Arbeleche fue la ministra mejor evaluada del gabinete, según encuesta empresarial

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se posicionó como la mejor evaluada del gabinete en la Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales.

El relevamiento incluyó la opinión de 117 dueños, presidentes, gerentes y directivos de empresas privadas, quienes analizaron la macroeconomía, sus planes empresariales y el desempeño de los ministros del gobierno saliente.

Arbeleche fue destacada como la mejor ministra por 80 de los encuestados y obtuvo la mejor evaluación en todos los sectores empresariales, excepto en el agro, donde el canciller Omar Paganini fue el más valorado, y en la construcción, donde igualó en menciones con Pablo Mieres (Trabajo) y José Luis Falero (Transporte).

En términos generales, Pablo Mieres fue el segundo ministro mejor evaluado, con 60 menciones, principalmente respaldado por empresarios del comercio, servicios e industria. Omar Paganini, por su parte, fue destacado por 48 encuestados, superando ligeramente al exministro de Salud, Daniel Salinas, quien recibió 46 menciones por su gestión al frente de la cartera durante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el otro extremo, Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, fue señalado como el peor jerarca del gabinete, con 53 menciones. Le siguieron Irene Moreira (46 menciones), quien dejó el Ministerio de Vivienda tras una polémica adjudicación de una vivienda a una militante de su partido, y Francisco Bustillo (39 menciones), quien renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores luego de verse involucrado en el caso del narcotraficante Sebastián Marset y el manejo de su pasaporte.

El cuarto lugar en el ranking de peores ministros fue para Germán Cardoso, exministro de Turismo, quien acumuló 20 menciones. Cardoso dejó el cargo en agosto de 2021, tras denuncias por presuntas irregularidades en gastos de publicidad del ministerio.

Juan Castillo: “El desafío es lograr salarios dignos y trabajo estable para todos”

Juan Castillo, quien asumirá como Ministro de Trabajo el próximo 1° de marzo bajo el nuevo gobierno del Frente Amplio, compartió su perspectiva sobre los principales desafíos laborales del país. Durante una entrevista reciente, destacó la necesidad de garantizar salarios dignos y condiciones laborales estables, especialmente en departamentos como Maldonado, que presentan características particulares en el ámbito económico y social.

“El problema más grande que tiene la sociedad uruguaya es que hay casi 600,000 personas que apenas llegan a los $25,000 por mes. Eso es una vergüenza. No podemos hablar de trabajo digno si los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas”, afirmó Castillo, subrayando la urgencia de abordar esta problemática.

Respecto a Maldonado, el futuro ministro resaltó el crecimiento de la construcción como motor económico, pero enfatizó que es necesario buscar políticas que generen trabajos perdurables y que incluyan a todos en los beneficios del desarrollo. «Maldonado no puede ser visto solo como un lugar de crecimiento económico, sino también como un lugar donde las oportunidades laborales y salariales sean iguales para todos», agregó.

Además, Castillo puso énfasis en la importancia de políticas que equilibren las oportunidades entre Montevideo y el interior del país: “El poder adquisitivo y los precios son iguales para todos, pero no las oportunidades de acceso al trabajo o al salario. Es algo que debemos analizar”.

En cuanto al turismo, una de las principales fuentes de empleo en el departamento, Castillo señaló la necesidad de diversificar y extender esta industria más allá de los meses de verano: “La industria del turismo necesita generar más oportunidades de trabajo durante todo el año y no solo en la temporada alta. Es un desafío que deberá atender el próximo ministro de Turismo”.

Castillo concluyó destacando la importancia de escuchar las demandas de los trabajadores y de generar políticas activas que apunten a un desarrollo equilibrado y sostenible para todo el país.

El crecimiento poblacional y el turismo desafían la infraestructura de agua en Maldonado

Jesús Bentancur, director de OSE UGD Maldonado, ofreció detalles sobre el estado actual de la infraestructura de agua potable en el departamento y las previsiones para la temporada de verano. Aunque se han realizado importantes avances en la renovación de cañerías y en la preparación de la red, Bentancur advirtió que algunas zonas enfrentarán problemas de presión debido al crecimiento poblacional y turístico que experimenta Maldonado.

Bentancur destacó que se han realizado obras de sustitución de cañerías como parte del fideicomiso vigente. Estos trabajos comenzaron en San Carlos y Piriápolis, con planes de extenderse el próximo año a Maldonado y Punta del Este. Sin embargo, subrayó que la instalación de maquinaria para la planta potabilizadora depende de equipos importados, lo que puede demorar hasta un año y medio en completarse.

“Este tipo de maquinaria muchas veces requiere fabricación específica o importación, lo que genera demoras inevitables”, explicó Bentancur.

A pesar de las mejoras, se espera que algunas áreas, como el este del arroyo Maldonado, enfrenten problemas de presión de agua debido a la alta demanda estacional. Bentancur señaló que se recurrirá a camiones cisterna para abastecer a las zonas más afectadas.

“Hay lugares donde la cantidad de gente y el desarrollo están avanzando más rápido que nuestra capacidad de respuesta inmediata”, afirmó.

Bentancur también resaltó los resultados del último censo, que colocan a Maldonado como el departamento de mayor crecimiento poblacional del país, con un incremento del 24% en los últimos años. Sin embargo, señaló que este porcentaje no refleja por completo el impacto del desarrollo inmobiliario en la región, con un aumento significativo en la construcción de fraccionamientos, edificios, casas y chacras turísticas.

“La expansión inmobiliaria va incluso por delante del crecimiento poblacional, con muchas viviendas utilizadas como residencias de verano o para las vacaciones”, agregó.

OSE Maldonado encara el verano con un balance entre los avances realizados y los desafíos que aún persisten. Si bien las obras en curso buscan mejorar la infraestructura a largo plazo, la alta demanda turística y el crecimiento sostenido plantean la necesidad de soluciones inmediatas y estratégicas para garantizar el suministro de agua potable.

Imputado por choque en ruta 104 no podrá viajar a Argentina por las fiestas

La jueza Silvana García y el fiscal Sebastián Robles negaron este martes la solicitud del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado por el siniestro vial en Manantiales que dejó dos jóvenes modelos argentinas fallecidas en enero de 2023, para viajar a Buenos Aires del 23 de diciembre al 3 de enero de 2025.

Rocca había solicitado permiso para salir de Uruguay argumentando “razones humanitarias”. Según sus abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, el viaje tenía como fin conocer a tres hermanos adoptados recientemente por su padre, quienes no pueden cruzar las fronteras argentinas debido a restricciones legales.

Tras analizar el pedido, la jueza García y el fiscal Robles determinaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de Rocca al país. Esto debido a que los tratados internacionales en los que Uruguay participa no incluyen acuerdos que aseguren la extradición de imputados bajo medidas restrictivas de libertad.

Además, la defensa había solicitado el levantamiento de la prisión domiciliaria total, medida que también fue rechazada por la Justicia. Rocca deberá continuar cumpliendo la restricción en territorio uruguayo mientras avanza el proceso judicial.

El caso: tragedia en la ruta 104

El accidente ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando Rocca conducía su camioneta por la ruta 104 tras haber asistido a una fiesta nocturna. Según la Fiscalía, el joven manejaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, a una velocidad mayor a la permitida, e invadió la senda contraria. El impacto frontal contra otro vehículo dejó como saldo la muerte de Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), además de varios heridos, entre ellos, amigos del imputado que viajaban con él.

Rocca fue imputado por homicidio culpable calificado, y la Fiscalía, a cargo del doctor Robles, solicita una condena de ocho años de prisión. Los abogados de las familias de las víctimas, Emiliano Chimuris y Joaquín Abal, han insistido en que el caso debe mantenerse dentro del marco legal para evitar cualquier posibilidad de fuga del acusado.

El rechazo del pedido de Rocca ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes temían que la salida del imputado dificultara el proceso judicial. Este caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias y de la importancia de que la justicia actúe con firmeza para garantizar que las víctimas obtengan reparación.

Rocca permanece bajo prisión domiciliaria total mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio oral.

Lectura crítica en la Udelar: 41% de los ingresantes no logran realizar tareas complejas

Un reciente estudio realizado por el Programa de Lectura y Escritura Académica (LEA) de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República (Udelar) reveló que el 41% de los estudiantes que ingresan a la institución no logran realizar al menos la mitad de las tareas relacionadas con lectura crítica de mayor complejidad.

La evaluación, aplicada a 7.803 estudiantes en tres centros universitarios regionales y cinco facultades, expuso la necesidad urgente de fortalecer las competencias lectoras para garantizar un desempeño adecuado en el ámbito académico.

El estudio, titulado “La lectura crítica en ingresantes a la Udelar. Un posible diálogo entre lo esperado y lo empírico”, fue elaborado por Matías Núñez, Lucía Marroco, Elizabeth García y Leonardo Moreno. En él se destaca que las habilidades esperadas en los egresados de Bachillerato según el Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN) no están completamente desarrolladas en casi la mitad de los ingresantes.

Los resultados revelan que las principales dificultades están asociadas al nivel 3 de la evaluación LEA, que incluye:

  • Interpretar citas y posturas autorales complejas: Identificar ironías, parodias y compromisos del autor con las ideas presentadas.
  • Reconocer relaciones entre textos: Analizar, comparar y evaluar posiciones temáticas entre diferentes autores.
  • Contrastar y evaluar argumentos: Detectar falacias y debilidades en las posturas presentadas, identificando estrategias persuasivas.

En promedio, la mediana de respuestas correctas fue del 59%, lo que significa que muchos estudiantes aún no alcanzan el nivel esperado para enfrentar la lectura de textos académicos de manera crítica y reflexiva.

Según los autores del estudio, este déficit evidencia que la lectura crítica debe ser trabajada de manera más intensiva dentro del marco universitario, especialmente en los primeros años de formación. “Se requiere un apoyo de la universidad para que los estudiantes puedan apropiarse de la lectura académica, acceder a experiencias lectoras nuevas y enriquecer su capital cultural”, señala el informe.

El Programa LEA subraya la heterogeneidad en las prácticas lectoras de los ingresantes, lo que representa un desafío para los docentes al abordar la diversidad de competencias de los estudiantes.

Los investigadores plantean que este fenómeno podría estar relacionado, en parte, con los efectos de la pandemia de covid-19, que alteró los procesos de aprendizaje y evaluación en secundaria. Asimismo, el estudio abre nuevas líneas de investigación, como:

  • ¿Cómo evolucionan las habilidades de lectura crítica en las distintas generaciones de ingresantes?
  • ¿Qué tareas específicas presentan mayores dificultades?
  • ¿Qué aspectos de los textos influyen en la capacidad de resolución de los estudiantes?

Estas preguntas buscan orientar futuras investigaciones y políticas educativas que permitan cerrar la brecha en competencias lectoras.

El conductor imputado por accidente en Manantiales pide viajar a Argentina por Navidad

Nicolás Rocca, el joven argentino imputado por el accidente de tránsito en el que fallecieron las modelos Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), solicitó a la Justicia uruguaya autorización para viajar a Buenos Aires durante las fiestas de fin de año. El siniestro ocurrió en enero de 2023 en la ruta 104, a la altura de Manantiales, Maldonado, y dejó a Rocca con prisión domiciliaria tras ser acusado de un delito de homicidio culpable calificado.

Los abogados de Rocca, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, argumentaron en su solicitud que el joven necesita viajar a Argentina por «razones de humanidad». Según explicaron en el escrito, un familiar cercano enfrenta una enfermedad terminal, y otro pariente adoptó tres niños que Rocca aún no ha conocido.

En la solicitud, los abogados propusieron medidas para garantizar su regreso a Uruguay:

  • Aportar una suma de dinero en dólares como caución, que permanecería embargada en el país.
  • Firmar una vez al día en una seccional cercana a su domicilio en Buenos Aires para demostrar que no se fugó.

El abogado Andrés Ojeda, representante de las familias de las víctimas, expresó en una entrevista radial que este martes se llevará a cabo una audiencia judicial para resolver la solicitud.

El 4 de enero de 2023, cerca de las 13:30, Nicolás Rocca conducía una camioneta matriculada en Argentina por la ruta 104, en dirección sur, luego de haber asistido durante toda la noche a eventos bailables y un “after” en una chacra. Según la Fiscalía, el joven manejaba “a una velocidad mayor a la permitida” y, además, había consumido alcohol y drogas.

Al llegar al kilómetro 1 de la ruta, Rocca invadió la senda contraria y chocó de frente contra otro vehículo argentino conducido por Josefina Ferrero. En el impacto, Ferrero y su acompañante, Micaela Trinidad, fallecieron de forma inmediata.

El choque involucró a otros seis testigos, quienes también resultaron heridos. Entre ellos estaban Melanie Larraburu y Camila Palacios, que viajaban con las víctimas, y Nazarena Sierra, Milena Antún, Josefina Elissondo y Juan Pablo Sentero, quienes iban en el vehículo con Rocca.

La Fiscalía de Maldonado acusó a Rocca de homicidio culpable calificado y pidió una condena de ocho años de cárcel. Según los documentos presentados, se sostiene que el joven conducía en condiciones peligrosas tras haber consumido sustancias, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de terceros.

Las audiencias de control de acusación se encuentran en curso, un paso previo al juicio oral en el que se determinará qué pruebas serán admitidas.

El caso ha generado opiniones encontradas. Mientras los abogados de Rocca apelan a razones familiares y garantizan que su cliente regresará al país, los familiares de las víctimas temen que el viaje facilite su fuga. “Se trata de un caso que todavía busca justicia. Lo que se pide no es solo justicia para las familias, sino también que se respete el proceso judicial”, afirmó Ojeda.

Por su parte, las audiencias han puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de la seguridad vial y las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Empresa de transporte deberá pagar más de US$ 60.000 a una pareja por accidente fatal

La Suprema Corte de Justicia confirmó recientemente una sentencia que obliga a la empresa de transporte Chadre S.A., integrante del Grupo Agencia Central, a indemnizar con más de US$ 60.000 a una pareja afectada por un trágico accidente ocurrido en 2017. El siniestro dejó como saldo al conductor fallecido y varios pasajeros heridos, algunos de gravedad.

El 19 de junio de 2017, un ómnibus de Chadre S.A. partió desde la ciudad de Dolores rumbo a Montevideo. Durante su recorrido por la Ruta 55, alrededor de las 03:30 de la madrugada, el vehículo volcó en una curva pronunciada. Según testimonios de los pasajeros, el conductor realizó una maniobra brusca al intentar girar a la derecha, lo que provocó el vuelco del ómnibus.

El conductor, de 29 años, perdió la vida en el accidente, mientras que de los 23 pasajeros a bordo, más de diez sufrieron lesiones leves y tres resultaron gravemente heridos. Entre ellos se encontraba un hombre que, junto con su pareja, demandó a la empresa por daños y perjuicios.

El hombre sufrió severas heridas en el brazo derecho que le requirieron 11 cirugías, además de permanecer internado durante más de un mes. Según la sentencia judicial, «parte del antebrazo desapareció» debido al impacto, dejando consecuencias permanentes en su movilidad.

La pareja presentó la demanda bajo dos fundamentos legales: el hombre lo hizo por responsabilidad contractual, argumentando el incumplimiento de la obligación de seguridad propia del transporte de personas; mientras que su pareja lo hizo por responsabilidad extracontractual, alegando daño moral derivado del accidente.

La empresa Chadre S.A. compareció en 2021, rechazando las acusaciones y argumentando que el conductor no era su empleado directo, sino dependiente de otra sociedad comercial propietaria del vehículo. También señaló que el chofer no iba a exceso de velocidad y que el demandante no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que, según la defensa, agravó sus lesiones.

El juez de primera instancia, sin embargo, falló a favor de los demandantes y condenó a la empresa a pagar US$ 45.000 más $254.184 (unos US$ 6.000) al hombre, y US$ 10.000 adicionales a su pareja por el daño moral.

Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución fue la forma de calcular los intereses legales. La Suprema Corte de Justicia determinó que estos deben calcularse desde la fecha del accidente, y no desde el inicio de la demanda, como solicitaba la empresa. Este ajuste podría aumentar significativamente el monto total que Chadre S.A. deberá abonar.

Aunque este caso ha llegado a su resolución, otros episodios similares aún esperan justicia. El abogado Rafael Silva, que representa a víctimas de accidentes recientes como el de un ómnibus de la línea 121 de Cutcsa y otro de Copsa en 2023, subrayó la importancia de investigaciones exhaustivas para determinar las causas de los siniestros.

“Necesitamos que la calidad de la investigación sea la mejor posible para garantizar justicia a las víctimas”, dijo Silva. Según él, esto tendrá un impacto directo en las decisiones que tome la Fiscalía, ya sea para formalizar responsabilidades o archivar los casos.

Este fallo marca un precedente importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de accidentes de transporte en Uruguay. Sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las empresas de transporte y de garantizar una respuesta más ágil por parte del sistema judicial.

El caso de Chadre S.A. no solo refleja las fallas en la prevención de accidentes, sino también los largos tiempos procesales que enfrentan las víctimas y sus familias, quienes deben esperar años para obtener una resolución que alivie, al menos en parte, las consecuencias de estas tragedias.

Uruguay frente al espejo: ¿Estamos ganando la lucha contra la corrupción?

En un contexto político marcado por escándalos de alto perfil y cuestionamientos a la transparencia institucional, Uruguay enfrenta importantes desafíos para consolidar su gobernabilidad democrática y fortalecer sus políticas anticorrupción. Así lo revela el último informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), que analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en las Cumbres de las Américas de Lima (2018) y Los Ángeles (2022).

A pesar de ciertos avances en áreas como la digitalización gubernamental, los resultados generales reflejan serias carencias en la implementación de políticas que garanticen transparencia, participación ciudadana y protección a denunciantes, pilares fundamentales para combatir la corrupción de manera efectiva.

1.Falta de perspectiva inclusiva

El informe señala la ausencia de un enfoque de género e interseccionalidad en las políticas anticorrupción, dejando desprotegidos a sectores vulnerables como mujeres, comunidades LGBTIQA+, pueblos originarios y personas con discapacidad. Esto pone en evidencia la falta de iniciativas para reconocer y abordar los impactos diferenciados de la corrupción en estas poblaciones.

2. Casos emblemáticos de corrupción

El período reciente estuvo marcado por dos grandes escándalos que sacudieron la confianza ciudadana. El primero, relacionado con Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, involucró actividades ilícitas como espionaje y tráfico de influencias. El segundo, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, evidenció fallas graves en la entrega de pasaportes y terminó con la renuncia de altos funcionarios.

Ambos casos reflejan cómo la debilidad institucional permite la repetición de conductas corruptas sin consecuencias claras.

3. Órganos de control debilitados

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Fiscalía de la Nación son señaladas por su limitada autonomía financiera y operativa. A pesar de ser los principales organismos encargados de combatir la corrupción, carecen de recursos suficientes para cumplir sus funciones.

Por otro lado, la reciente Ley de Financiamiento Político representa un avance para regular los fondos de los partidos y campañas electorales, aunque todavía enfrenta desafíos para garantizar su implementación efectiva.

4. Compras públicas sin cláusulas anticorrupción

La falta de normativas específicas para evitar irregularidades en contrataciones públicas sigue siendo una deuda pendiente. Aunque se han adoptado decisiones aisladas en casos sensibles, como el escándalo Astesiano, no existe una política clara que promueva la transparencia en este ámbito.

A pesar de las críticas, Uruguay mantiene ciertos avances significativos. El país ha logrado posicionarse como referente regional en digitalización gracias a su Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y datos abiertos, liderada por AGESIC. Además, su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto ha permitido cocrear cinco planes de acción nacional, impulsando la transparencia y la participación ciudadana en línea.

También se destacan esfuerzos en la implementación de herramientas como portales de transparencia y simplificación de trámites digitales, que promueven la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

El próximo gobierno: un llamado urgente
El OCC insta al gobierno entrante, que asumirá en marzo de 2025, a priorizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Fortalecer los órganos de control, dotándolos de recursos y autonomía.
  • Crear espacios de diálogo multiactor con la sociedad civil, academia y sector privado.
  • Incorporar un enfoque inclusivo que considere a las poblaciones vulnerables.
  • Implementar políticas claras para proteger a los denunciantes y garantizar justicia en los casos de corrupción.

Uruguay enfrenta un momento clave para redefinir su estrategia anticorrupción. La transparencia y la rendición de cuentas no solo son necesarias para combatir los delitos, sino también para reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones. Si bien los avances en digitalización y acceso a la información son significativos, es urgente abordar las debilidades estructurales que perpetúan la impunidad y debilitan la democracia.