La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves una ley de amnistía destinada a presos políticos, aunque con exclusiones y restricciones que han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores.
La normativa fue aprobada en una sesión en Caracas y busca otorgar amnistía a personas detenidas por motivos políticos en distintos episodios de crisis ocurridos entre 2002 y 2025, incluyendo protestas antigubernamentales y otros conflictos sociales. Sin embargo, explícitamente queda fuera del beneficio quienes participaron o promovieron acciones armadas, delitos graves o violaciones de derechos humanos, según el texto legislativo.
La ley no contempla amnistía para quienes hayan sido condenados o estén procesados por:
- promover u organizar acciones armadas contra la soberanía, el pueblo o la integridad territorial del país.
- delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio intencional, tráfico de drogas o corrupción.
El contenido fue enviado a la presidencia para su promulgación y publicación oficial.
Organizaciones como Foro Penal estiman que, pese a la aprobación, aún permanecen más de 600 presos políticos en Venezuela, tras las excarcelaciones que se han producido desde inicios del año.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado recientemente bajo la nueva normativa, un gesto que ha sido interpretado como un avance, aunque dirigentes opositores insisten en que la ley es insuficiente y no garantiza la libertad plena ni el regreso seguro de exiliados que quedaron fuera del alcance de la medida.
Desde sectores cercanos a derechos humanos, se ha señalado que, si bien la norma representa un cambio importante después de años de litigio político, sus exclusiones podrían limitar su impacto en la reconciliación nacional y dejar en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población detenida por motivos políticos.
Las críticas también advierten que la ley no restituye derechos políticos ni garantiza el levantamiento de sanciones o inhabilitaciones, lo que, según analistas, puede profundizar la percepción de que se trata de un arreglo limitado más que de una resolución integral al problema de los presos políticos.
