24 de enero de 2026
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Gobierno

Menos devolución y nuevos topes: Guía para entender los cambios en el FONASA desde 2026

El Poder Ejecutivo firmó un decreto que modifica la forma en que se calculan los aportes al Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes dejan de cobrar la devolución y por qué ahora el «tope» es más alto? Te lo explicamos de forma sencilla.

El sistema de salud uruguayo atraviesa un cambio estructural que se sentirá con fuerza en los próximos años. El reciente decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi ajusta las «reglas de juego» del FONASA, lo que ha generado un intenso debate entre el Gobierno, que busca sostenibilidad financiera, y la oposición, que lo califica como un «ajuste oculto».

Pero, más allá de la política, ¿qué significa esto para el trabajador o el jubilado común?

El cambio en el «Tope»: El corazón de la medida

Para entender la noticia, primero hay que recordar qué es el Costo Promedio Equivalente (CPE). Básicamente, es lo que el Estado calcula que «cuesta» tu atención médica y la de tus beneficiarios (hijos, cónyuge).

Hasta ahora, si tus aportes mensuales superaban ese costo promedio por un margen determinado, el Estado te devolvía el sobrante cada mes de septiembre.

¿Qué cambió?

El gobierno aumentó el tope anual de aporte. Según los datos actuales, el tope subirá de aproximadamente $57.936 a $80.316 anuales. Al ser el techo más alto, es mucho más difícil «pasarse» y, por lo tanto, habrá menos dinero para devolver.

2. ¿A quiénes afecta realmente?

No afecta a todos por igual. Los cambios están dirigidos a los sectores de ingresos medios-altos y altos:

  • Trabajadores: Aquellos que ganan por encima de los $113.167 nominales aproximadamente.
  • Jubilados y pensionistas: Quienes perciben más de $122.598 nominales.

Se estima que, para el año 2027 (cuando se liquide lo aportado en 2026), casi la mitad de las personas que hoy reciben devolución dejarán de hacerlo. De los 155.000 beneficiarios actuales, la cifra caería a unos 81.000.

3. ¿Por qué se tomó esta decisión?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumenta que el cálculo anterior era «poco realista». Se basaba en la idea de que todos los usuarios tenían cobertura desde el nacimiento hasta la edad promedio de vida, sin considerar que los tramos de mayor edad (donde están los jubilados) son mucho más costosos para el sistema.

Con esta nueva metodología, el sistema busca recaudar más dinero para tapar el déficit del FONASA y asegurar que las mutualistas puedan seguir operando ante el aumento de los costos de salud.

Resumen: ¿Qué pasará con mi dinero?

SituaciónAntes de la reformaCon el nuevo decreto (desde 1° de enero)
Aportes mensualesSe mantienen iguales (4.5%, 6%, etc., según el caso).Se mantienen iguales, pero el tope anual sube.
Devolución en 2026Cobrarás lo acumulado en 2025 (sin grandes cambios).Sin cambios, el impacto es sobre lo aportado a partir de 2026.
Devolución en 2027Muchos esperaban cobrar un monto similar.Gran impacto: Miles de personas dejarán de cobrar o cobrarán mucho menos.

En palabras simples…

Imagina que el FONASA es una «alcancía compartida». Antes, si ponías más de lo que el sistema decía que «gastabas», te devolvían el cambio a fin de año. Ahora, el Gobierno ha decidido que lo que «gastas» es más caro de lo que se pensaba. Por lo tanto, aunque pongas la misma cantidad de plata, el sistema se quedará con una parte mayor para cubrir los gastos de salud de todos, y habrá menos «cambio» para devolverte en septiembre.

Simulador: Impacto Devolución FONASA 2026

*Cálculo basado en el nuevo tope anual de $80.316. Los montos son estimaciones anuales ilustrativas.

Científicos advierten que Uruguay expone su fauna marina con protocolos «insuficientes» ante la nueva ola de exploración sísmica

Mientras el país avanza en la búsqueda de hidrocarburos en su Zona Económica Exclusiva, la academia y organizaciones ambientales denuncian que las normativas de mitigación de impacto son obsoletas y permisivas en comparación con los estándares internacionales.

En medio del renovado impulso por encontrar petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya, una advertencia de la comunidad científica ha puesto en jaque la sostenibilidad de estas operaciones. Investigadores y biólogos marinos han alzado la voz para señalar que Uruguay está autorizando exploraciones sísmicas bajo protocolos de protección de fauna que resultan «mínimos» e ineficaces frente a la magnitud del impacto acústico que estas actividades generan.

El conflicto: Tecnología de punta vs. Normativa vieja

La exploración sísmica offshore utiliza buques equipados con cañones de aire comprimido (airguns) que disparan ondas sonoras al lecho marino cada 10 o 15 segundos, las 24 horas del día, durante semanas. Estas ondas penetran la corteza terrestre para mapear posibles yacimientos.

Sin embargo, el reporte científico destaca una brecha alarmante:

  • El impacto: Los disparos generan niveles de ruido que pueden superar los 250 decibeles, una potencia capaz de causar desde lesiones auditivas permanentes hasta la muerte en cetáceos, tortugas y peces, además de enmascarar su comunicación vital.
  • La regulación: Mientras países vecinos como Brasil o referentes globales como Nueva Zelanda exigen Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) obligatorio y zonas de exclusión estrictas, Uruguay opera con guías que dependen mayoritariamente de la observación visual.

«No se puede depender de un observador con binoculares en la cubierta de un barco para proteger a las ballenas, menos de noche o con mar picado. Sin tecnología acústica obligatoria, estamos operando a ciegas y poniendo en riesgo la biodiversidad», explican fuentes vinculadas a la investigación marina.

Un «colador» regulatorio

El artículo de referencia expone que los protocolos actuales de la ANCAP y el Ministerio de Ambiente se basan en directrices genéricas que no contemplan la especificidad de la fauna local.

Entre las falencias detectadas se enumeran:

  1. Ausencia de Línea de Base Acústica: Se desconoce el nivel de ruido natural del mar uruguayo antes de intervenir, lo que impide medir el daño real posterior.
  2. Falta de Paradas Automáticas: En normativas avanzadas, si se detecta un animal a cierta distancia (zona de exclusión), la operación debe detenerse inmediatamente. En Uruguay, la aplicación de esta medida es laxa o queda a criterio del operador.
  3. Temporadas Sensibles: No existen restricciones temporales firmes que prohíban la sísmica durante las épocas de migración de la Ballena Franca Austral, especie amenazada que utiliza nuestras costas.

¿Por qué importa ahora?

Uruguay ha adjudicado varios bloques offshore a gigantes petroleros internacionales. Estas empresas, aunque poseen tecnología de mitigación, suelen regirse por la normativa del país anfitrión. Si la vara uruguaya es baja, los costos operativos bajan, pero el pasivo ambiental aumenta.

La comunidad científica no exige necesariamente el cese de la búsqueda de recursos, sino la actualización urgente del marco regulatorio para equipararlo a los estándares de «Mejores Prácticas Internacionales», garantizando que el desarrollo energético no signifique el sacrificio del patrimonio natural oceánico.

El «casi» primer año del gobierno de Orsi: ¿cumplió con las expectativas económicas?

Casi al cumplirse el primer año de gobierno de Yamandú Orsi, surgen múltiples interrogantes sobre el rumbo económico del país. Si bien su administración arrancó en marzo y heredó un presupuesto que no diseñó, el balance hasta ahora arroja una combinación de continuidad con los gobiernos previos, algunas innovaciones institucionales, y promesas esperanzadas en torno a crecimiento y transparencia.

1. Un año “corto”, pero con peso político y financiero

El presidente Orsi asumió con un equipo mayoritariamente nuevo, con pocos cuadros repetidos de administraciones anteriores, especialmente del Frente Amplio. Esto ha limitado la velocidad para implementar cambios profundos: su primer año fue “corto” no solo por el calendario, sino también porque debía lidiar con un presupuesto heredado.

Los críticos argumentan que esas restricciones políticas han condicionado la capacidad del gobierno para impulsar reformas más radicales. En ese sentido, la Rendición de Cuentas se presenta como una instancia clave para observar si se intensifican cambios o si se mantiene un perfil más moderado.

2. Consejos de Salarios: desindexación, pero poca novedad

Una de las políticas económicas centrales de este primer año ha sido la negociación salarial en los Consejos de Salarios. Según el análisis, el gobierno ha logrado cierta sintonía entre el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y el MTSS (Ministerio de Trabajo), algo que generó expectativas de estabilidad.

Destaca, en particular, la desindexación salarial, es decir, la desvinculación de los aumentos automáticos por inflación (“gatillos”). Se estima que, durante los próximos dos años, ese mecanismo dejará de operar tal como se conocía.

Sin embargo, más allá de esa novedad, los acuerdos salariales han sido calificados como marginales: gran parte del esquema salarial vigente mantiene rasgos heredados, según algunos expertos, lo cual sugiere que el consenso ha primado por sobre la transformación estructural.

3. Presupuesto y política fiscal: optimismo y riesgos

El presupuesto aprobado para este primer año apunta a un crecimiento económico ambicioso, cercano al 13%. Esa proyección se basa tanto en un aumento en el empleo como en una mejora del salario real.

Se prevé que en la segunda mitad del período —y especialmente hacia el final del mandato— las cuentas públicas mejoren gracias a un mayor ingreso tributario, una recaudación más eficiente y un crecimiento más sólido. No obstante, advierten analistas, si ese crecimiento no se materializa, habrá riesgo de tener que subir impuestos o recortar gasto justo cuando se avecina una campaña electoral.

Además, el presupuesto introduce ajustes en la institucionalidad fiscal: refuerza el Consejo Fiscal Asesor y pone énfasis en una regla fiscal más moderna, con aportes de técnicos externos. También hay un avance en transparencia, especialmente sobre qué inversiones se informan al Parlamento. Pero algunos observadores consideran que el “tope de deuda prudente” podría estar planteado en un nivel demasiado alto.

4. Política monetaria y desafío de la desdolarización

En cuanto al frente monetario, el gobierno ha mantenido una estrategia contractiva, con el objetivo de controlar la inflación a través del “atraso cambiario”. Ese enfoque requiere consistencia entre las políticas salarial, fiscal y monetaria.

Uno de los logros más destacados ha sido la gestión de las Letras de Regulación Monetaria, cuyo rendimiento ha caído notablemente (alrededor de un 2% en los últimos seis meses), lo que podría estar allanando el camino para una baja en la Tasa de Política Monetaria.

No obstante, el gran desafío de fondo es la desdolarización de la economía: aunque hay voluntad, el análisis del primer año apunta a que no habrá avances significativos y profundos, especialmente si no cambia la mentalidad dolarizada de una parte importante de la sociedad.

5. Restricciones políticas y realismo en las demandas

Al evaluar este primer año, es importante reconocer que no todo depende de la economía. El análisis señala con acierto que la política muchas veces limita lo que podría hacerse desde el plano técnico: no es lo mismo soñar con reformas profundas que tener que lidiar con el peso de coaliciones, compromisos y presupuestos heredados.

Además, se destaca que al hacer un balance no se debe exigir al gobierno lo que no prometió: Orsi no llegó con un mandato claro de reducir el gasto público de forma provocativa, a diferencia de su antecesor. Esa realidad condiciona la calza entre lo prometido y lo ejecutado.

La cifra millonaria de aportes públicos a sindicatos que alimenta la polémica

Datos relevados por el diputado colorado Gabriel Gurméndez a través de pedidos de informes revelan que ministerios y entes autónomos transfirieron $41.6 millones de pesos en mayo por retención de cuotas. La investigación se centra en la «magnitud económica» del sistema y en las vulnerabilidades que permitieron escándalos como el del Fosvoc.

El debate sobre la gestión y transparencia de los fondos sindicales en Uruguay ha escalado al ámbito político y económico tras la difusión de cifras que dimensionan el flujo de dinero que canalizan los organismos estatales hacia los gremios.

Una investigación impulsada por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, promotor de un proyecto de ley de transparencia sindical, expuso que ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados del Estado giran conjuntamente poco más de US$ 1.000.000 al mes a las organizaciones sindicales, producto de la retención de las cuotas de los salarios de los funcionarios públicos.

El monto total relevado en el mes de mayo, que sirvió como muestra de la magnitud del flujo, ascendió a $ 41.619.598 de pesos uruguayos (tomando el valor promedio del dólar de ese mes).

Gurméndez explicó que el objetivo de realizar decenas de pedidos de informes a varios organismos era conocer la «magnitud económica del manejo de la cuota sindical en el sector público». Si bien la muestra obtenida por el legislador, a través de respuestas de 13 entidades, abarcó aproximadamente el 58% del funcionariado público, la cifra ya resulta impactante y pone en perspectiva la escala del financiamiento gremial.

La Distribución de los Fondos: ANEP a la Cabeza

El relevamiento mostró una concentración significativa de las retenciones en el sector educativo, que es el más masivo en cuanto a funcionarios afiliados.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sumando los organismos que la componen (Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación), fue la principal fuente de ingresos sindicales, transfiriendo $ 12.908.802 (aproximadamente US$ 309.697) en mayo. Este monto provino de la retención a 24.022 afiliados, una cifra que, de hecho, podría ser mayor, ya que no incluye a los funcionarios de UTU.

Otros organismos con retenciones millonarias:

  • ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado): Giró $ 8.156.650 (cerca de US$ 195.688) a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), correspondientes a 9.963 trabajadores afiliados.
  • Universidad de la República (Udelar): Transfirió $ 5.080.078 (alrededor de US$ 121.877) de sus 12.809 trabajadores sindicalizados. Dentro de la Udelar, los mayores montos se destinaron a la Agremiación Federal de Funcionarios y la Asociación de Docentes.
  • INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay): Su sindicato recibió $ 3.779.092 (US$ 90.665) de 3.126 afiliados.
  • Antel: Envió $ 3.016.986 (US$ 72.381) al Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) por 3.018 trabajadores.
  • Suprema Corte de Justicia (SCJ): Giró $ 2.853.381 (US$ 68.456) a distintos gremios judiciales.
  • OSE (Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado): Transfirió $ 1.283.076 (US$ 30.782) a su federación de funcionarios.

Vulnerabilidades y el Peligro del Giro a «Personas Físicas»

El informe del diputado Gurméndez no solo se centró en la cantidad de dinero, sino en las formas de transferencia, encontrando un «caldo de cultivo» para futuras irregularidades. El legislador halló que en «muchos casos» el dinero retenido por los organismos estatales era enviado a una cuenta bancaria de persona física en lugar de una entidad jurídica.

Para el diputado, esta práctica es una vulnerabilidad que «debe avanzar» en su instrumentación de medidas, pues «resulta evidente se van a volver a generar episodios como los que se vivieron».

Esta preocupación se enmarca en los recientes escándalos que han sacudido al sindicalismo:

  1. Caso Fosvoc: La investigación judicial sobre el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, que ya resultó en la condena de cuatro personas, incluida la exdirigente Stella Rey, quien reconoció haber cometido «un delito» afectando a los trabajadores.
  2. Irregularidades en FUS: La expulsión del histórico dirigente Jorge Bermúdez de la Federación Uruguaya de la Salud, a raíz de una auditoría que reveló, entre otras cosas, viáticos no rendidos.

La Crítica al Liderazgo Sindical y la Necesidad de la Ley

Gurméndez utilizó los casos de corrupción para insistir en la necesidad de aprobar su proyecto de ley de transparencia. El legislador recordó que, en su momento, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había tildado el proyecto de «desastre» y «antisindical».

El diputado colorado respondió con dureza: «Los hechos han demostrado que lo que es un desastre y antisindical es que le roban la plata a los trabajadores con la cuota». Además, citando a la condenada Stella Rey, afirmó que este manejo de cifras «millonarias en dólares» necesita una rendición de cuentas con la firma de un contador, algo que su proyecto busca imponer.

Finalmente, Gurméndez anunció que la investigación en el Parlamento continuará, dado que aún faltan respuestas de organismos clave como el Ministerio del Interior, ANCAP y UTE. Asimismo, el Banco República (BROU) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) se ampararon en la ley de protección de datos personales para negar la información, un argumento que el legislador considera «no aplica» y ante el cual insistirá por vía parlamentaria.

La desaprobación al gobierno de Orsi supera ligeramente a la aprobación

A pocos meses de asumir, el gobierno del Dr. Yamandú Orsi ha ingresado en una fase de «normalización» de la opinión pública, con las encuestas más recientes marcando una tendencia de deterioro, aunque leve, en el respaldo ciudadano. Los datos, publicados en las últimas horas, muestran una gestión que aún no logra consolidar la aprobación de una mayoría.

Si bien la aprobación del presidente se mantiene en niveles significativos dentro de su base, los resultados de la consultora Opción Consultores evidencian un quiebre simbólico: por primera vez desde el inicio del mandato, la desaprobación a la gestión del gobierno nacional supera apenas a la aprobación.

El Punto de Inflexión: Cifras del Tercer Trimestre

El informe de Opción Consultores, que abarca el tercer trimestre de gestión (septiembre-octubre de 2025), sitúa la aprobación total (Muy buena y Buena) en 26%, mientras que la desaprobación total (Mala y Muy mala) alcanza el 29%. Esto deja un saldo neto negativo de -3 puntos. En la medición anterior, la aprobación se ubicaba en 29% y la desaprobación en 22%, lo que subraya el cambio de tendencia en el último período.

La gran mayoría de la población, sin embargo, se mantiene cauta o indecisa. El 40% de los encuestados calificó la gestión como «ni buena ni mala», indicando que una parte sustancial del país aún observa el rumbo del gobierno sin emitir un juicio definitivo.

Polarización: La Desaprobación Viene de la Oposición

Los datos de las encuestadoras coinciden en que la evaluación de la gestión está fuertemente determinada por la afiliación política, un patrón habitual en la opinión pública uruguaya:

  • Votantes del Frente Amplio (FA): La gestión de Orsi recibe un alto respaldo. El 52% aprueba su trabajo, mientras que solo un 4% lo desaprueba.
  • Votantes de la Coalición Republicana (Oposición): El rechazo es mayoritario. Apenas un 8% aprueba la gestión, mientras que el 53% la desaprueba.

El progresivo aumento en los niveles de desaprobación se explica, por lo tanto, por las mayores críticas entre los votantes opositores, un proceso que suele darse una vez terminados los primeros meses de lo que se conoce como «luna de miel».

El Contraste con el Primer Semestre

Aunque Opción registra un saldo negativo, la consultora Equipos Consultores había reportado un panorama diferente al finalizar el primer semestre (junio), con un 44% de aprobación frente a un 21% de desaprobación, dejando un saldo positivo de +23 puntos. La divergencia en las cifras refleja distintos momentos de la gestión y metodologías, pero la tendencia general apunta a una gestión que ha perdido el margen de seguridad que tuvo en sus primeros 180 días.

En un contexto histórico, el nivel de aprobación de Orsi a esta altura del mandato se sitúa en un lugar intermedio, sin alcanzar los altos picos de apoyo que tuvieron sus antecesores (como José Mujica, Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez) en momentos similares, muchas veces influenciados por crisis o situaciones extraordinarias como la pandemia.

Maldonado: Abella apunta a mejorar infraestructura del Hogar Ginés Cairo Medina

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, visitó este lunes 13 de octubre las instalaciones del Hogar Ginés Cairo Medina, ubicado en la capital departamental, con el objetivo de conocer de primera mano la situación del centro y definir estrategias para su mejora. Durante la recorrida, Abella constató que la infraestructura del hogar, con más de 50 años de antigüedad, requiere inversiones significativas para mantenerse en condiciones óptimas y ofrecer una calidad de vida adecuada a sus usuarios.

El Hogar Ginés Cairo Medina alberga actualmente a 38 personas, aunque tiene capacidad para 60. La visita permitió al jefe comunal dialogar tanto con los adultos mayores como con el personal que los atiende, destacando la dedicación y compromiso del equipo. “Una cosa es mantenerlo como hacen hoy y otra es invertir para acondicionar la infraestructura, y vamos a tratar de encarar por ese lado para ayudar”, señaló Abella durante la rueda de prensa.

El intendente explicó que la Intendencia ya aporta un monto mensual de 150 mil pesos al hogar, pero que estos recursos no son suficientes para cubrir la modernización y mantenimiento integral de un edificio con más de medio siglo de antigüedad. Por eso, Abella adelantó que su estrategia se centrará en atraer inversores interesados en colaborar con el centro y participar en proyectos que permitan poner a punto la infraestructura. “Quienes hoy se encuentran en el hogar son personas que ayudaron a construir Maldonado, dejando bases sólidas, y merecen terminar sus últimos días con la mejor calidad de vida posible”, afirmó el intendente.

Durante la visita, Abella quedó gratamente sorprendido por la calidad humana del personal. Destacó que los trabajadores se esfuerzan diariamente por brindar atención de excelencia, aunque reconoció que sin una inyección de recursos económicos será difícil realizar las reformas necesarias para adecuar el hogar a los estándares actuales de confort y seguridad.

Por su parte, la presidente de la Comisión del Hogar, Shirley Robaina, manifestó que fue un honor recibir al intendente y que la institución está totalmente enfocada en recibir apoyo. Asimismo, remarcó la importancia de concientizar a la población sobre la posibilidad de colaborar con la institución y la necesidad de reformar sus instalaciones tras décadas de funcionamiento.

En la visita también estuvo presente la subdirectora general de Políticas Sociales, María José García, quien acompañó al intendente y pudo constatar personalmente las necesidades y el potencial del hogar para convertirse en un centro más moderno y funcional.

En síntesis, la jornada puso en evidencia tanto los desafíos como las oportunidades que enfrenta el Hogar Ginés Cairo Medina. Mientras el personal mantiene la atención con esfuerzo y dedicación, la intervención de la Intendencia y la búsqueda de inversores se presentan como elementos fundamentales para asegurar que los adultos mayores puedan disfrutar de un entorno más seguro, confortable y adecuado a sus necesidades. La intención de Abella de combinar recursos públicos y privados podría ser clave para transformar el hogar en un modelo de cuidado integral para la región.

Encuesta revela fuerte incertidumbre: el 49 % no juzga la gestión de Orsi como buena ni mala

A seis meses del inicio del primer mandato de Yamandú Orsi como presidente, la consultora Opción Consultores publicó los resultados más recientes sobre la percepción ciudadana de su gestión. La encuesta revela una fuerte presencia de opiniones intermedias: el 49 % de la población califica la administración como “ni buena ni mala” o directamente no emite juicio. 

Sólo el 29 % de los uruguayos expresa aprobación de la labor gubernamental, mientras que el 22 % se posiciona en el extremo opuesto: un 14 % la considera “mala” y un 8 % la califica como “muy mala”  . Si bien la aprobación es similar a la registrada en el primer trimestre (30 %), la desaprobación presenta una ligera alza de tres puntos porcentuales

El peso del “más neutral que neutro”

El verdadero indicador del momento político fue el elevado porcentaje de aprobación neutra: “Este predominio del segmento intermedio no había sido registrado en nuestras encuestas referidas a gobiernos anteriores”, subrayan desde Opción

Al indagar en los motivos, descubrieron que el 58 % de quienes se mantienen neutrales considera que “todavía es demasiado pronto para evaluarlo”, mientras que el 20 % dice “no observar cambios respecto al pasado”, el 15 % mantiene una opinión más negativa que positiva, y el 7 % admite estar poco informado para opinar

Este escenario contrasta con el desempeño político habitual, donde las administraciones suelen generar valoraciones más definidas desde los primeros meses, apuntan los expertos. Tan es así que Orsi no ha sufrido una pérdida clara del “capital político”, aunque enfrenta el desafío de movilizar a ese bloque entusiasta pero pasivo

Desglose por áreas clave

Economía: la evaluación coincide con la percepción general: 27 % aprueba, 19 % desaprueba y el 48 % califica el desempeño como neutro, mientras que un 6 % no se pronuncia  . Seguridad pública: se convierte en el talón de Aquiles del gobierno. El 53 % desaprueba la gestión en esta área, frente a apenas el 17 % que la aprueba —obteniendo un saldo negativo de 35 puntos—  . El electorado frenteamplista también muestra críticas: 35 % desaprueba contra un 27 % que aprueba  . Personas en situación de calle: la gestión recibió una evaluación mayoritariamente positiva: 43 % aprueba (7 % muy buena, 36 % buena), mientras que el 29 % la desaprueba (20 % mala, 9 % muy mala). El 25 % fue neutral y un 3 % no opinó

¿Luz amarilla o ventana para crecer?

El alto porcentaje de aprobación neutra representa tanto una alerta como una oportunidad para el gobierno. Por un lado, alerta sobre una debilidad en consolidar el apoyo de su propio electorado; por otro, sugiere que, con medidas públicas claras y visibles —como el debate del presupuesto—, se podría virar buena parte de ese voto hacia la aprobación  

Alejandro Nario: “La audiencia no es una votación, es una instancia de participación técnica”

El proyecto de exploración sísmica que se encuentra bajo evaluación ambiental ha generado un notable interés público, con más de 7.000 comentarios y opiniones recibidos a través de los canales oficiales. Así lo confirmó Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, quien detalló los pasos a seguir en este proceso.

Según explicó Nario, el proyecto fue clasificado como “Categoría C”, lo que implica la obligatoriedad de realizar una audiencia pública. Este encuentro servirá para que la ciudadanía, la academia, organizaciones civiles y otros actores puedan intercambiar información con los técnicos del Ministerio de Ambiente, a fin de detectar posibles aspectos no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que requieran un análisis más profundo.

El jerarca subrayó que esta instancia “no es una asamblea a favor o en contra del proyecto, sino un espacio de participación y relevamiento técnico”, donde la prioridad es identificar elementos que podrían no haber sido estudiados inicialmente.

En este caso particular, Nario recordó que la exploración sísmica, en un principio, no requería un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), se decidió incluir esta exigencia debido a la relevancia de la actividad y la necesidad de contar con un mayor conocimiento sobre sus posibles efectos.

Para ello, se organizaron varias mesas técnicas con especialistas en distintas áreas, como la afectación a especies marinas, incluyendo peces y ballenas. También se estableció contacto con expertos de Noruega, Reino Unido y Brasil, países con experiencia en este tipo de actividades.

El Ministerio generó, además, un canal específico para el diálogo con empresas pesqueras, a raíz de una audiencia previa en la que surgió la preocupación por eventuales impactos en la actividad pesquera. Estas conversaciones incluyeron la posibilidad de implementar un sistema de compensaciones económicas, en caso de comprobarse de forma fehaciente que la exploración sísmica provoca una disminución en la captura.

La propuesta fue discutida con representantes del sector en una reunión calificada como “muy positiva” por el propio Nario.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de revisión por parte de los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, quienes tienen experiencia en proyectos de alta complejidad. Su informe determinará si los impactos detectados son mitigables y controlables, lo que permitiría la aprobación del proyecto, o si, por el contrario, presentan un nivel de afectación que lo haga inviable.

“El informe técnico será determinante para definir el futuro de esta iniciativa”, afirmó Nario, dejando en claro que el Ministerio está comprometido con un análisis exhaustivo que contemple tanto la protección ambiental como la participación ciudadana.

Presupuesto departamental se presentará en agosto con eje en prioridades sociales y convenio colectivo

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Dr. Álvaro Villegas, confirmó que el Ejecutivo Departamental presentará a fines de agosto el proyecto de presupuesto ante la Junta Departamental. Si bien el plazo constitucional para su remisión vence en enero de 2026, el equipo de gobierno apuesta por adelantar los tiempos y marcar una hoja de ruta clara para los próximos años.

Villegas evaluó como “muy positivo” este primer mes de gestión del intendente Miguel Abella, destacando los avances en varios frentes:

“Se ha dado un reordenamiento administrativo importante, con una transformación de la estructura orgánica que nos permite priorizar áreas sensibles como salud, adicciones y convivencia ciudadana”, subrayó el jerarca.

Esta reorganización interna ha sido acompañada por una activa agenda de diálogo con distintos niveles del Estado, logrando un acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el sistema de transferencias que impactan directamente en el presupuesto del departamento.

Convenio colectivo con trabajadores: una señal de estabilidad

Otro de los hitos señalados por Villegas es el acuerdo alcanzado con el sindicato de funcionarios municipales, tras una negociación colectiva que calificó como “ágil, positiva y de buena tónica”.

Las asambleas sindicales ya dieron su aval a los lineamientos acordados, lo que permitirá que el nuevo convenio colectivo quede incorporado en el próximo presupuesto.

“Esto aporta previsibilidad y estabilidad para todo el quinquenio. Se trató de una negociación rápida, pero con contenido, lo que habla del compromiso de ambas partes”, expresó el secretario general.

El presupuesto como herramienta política y social

Si bien el plazo para enviar el presupuesto rige hasta comienzos de 2026, el Ejecutivo Departamental ya trabaja con la meta de presentarlo antes de que finalice agosto, adelantó Villegas.

“Queremos que esté vigente desde enero. En ese documento se van a volcar los créditos presupuestales necesarios para el quinquenio, el contenido del acuerdo con los trabajadores y las prioridades marcadas por el intendente”, explicó.

Asimismo, en línea con una gestión de diálogo interpartidario, se anunció que en junio de 2026 se presentará una readecuación presupuestal, que podría reflejar ideas y aportes surgidos desde las comisiones que se instalarán en diálogo con los partidos políticos.

“El intendente ha sido claro: queremos ser ejecutivos, pero también tener una gran apertura al diálogo. Ese es el tono que nos marca y que estamos implementando”, concluyó Villegas.

Gremiales rechazan proyecto de ley del gobierno para la Caja de Profesionales

Un grupo de nueve gremiales de profesionales, entre las que se incluyen importantes asociaciones de diversas áreas, ha expresado su rechazo al proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para abordar la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). A través de un comunicado conjunto, las gremiales consideran que la propuesta no resuelve las causas subyacentes de la crisis y podría empeorar la situación financiera de la Caja.

Las gremiales critican que el proyecto de ley no aborda adecuadamente los problemas estructurales del sistema y que sus medidas afectarán negativamente tanto a los profesionales activos como a los pasivos. Además, señalan que el proyecto no contempla un cambio significativo en la base de aportantes, lo cual es esencial para asegurar la viabilidad de la Caja.

Entre las principales propuestas de las gremiales se destacan varias modificaciones clave:

  1. Ajuste de los Timbres Profesionales: Las gremiales proponen que el valor de los timbres, actualmente ajustados por el Índice de Precios del Consumo (IPC), sea recalculado según el Índice Medio de Salarios (IMS), el cual consideran más adecuado, dado que refleja de manera más precisa las variaciones salariales. De acuerdo con los cálculos de las gremiales, la actualización de los timbres por el IPC ha provocado un descalce de alrededor del 70%, lo cual ha afectado tanto a los activos como a los pasivos.
  2. Ampliación de la Base de Aportantes: Un aspecto clave de las reformas propuestas es la inclusión de los profesionales dependientes, que actualmente son más de 110.000 en Uruguay, dentro del sistema de la Caja. Las gremiales proponen que estos profesionales comiencen a aportar a la Caja en la categoría 1, generando así una nueva fuente de ingresos para el sistema.
  3. Aportes desde Rentas Generales: Mientras las reformas sugeridas toman forma, las gremiales solicitan al Poder Ejecutivo que cumpla con el artículo 67 de la Constitución, garantizando que desde Rentas Generales se aporten los recursos necesarios para asegurar el pago de las pasividades hasta que el sistema se estabilice.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) también ha expresado su desacuerdo con el proyecto del gobierno. En su comunicado, el SAQ plantea que el aumento de los aportes de los profesionales activos podría desincentivar aún más la integración de los más de 100.000 profesionales que actualmente no aportan a la Caja, lo que podría agravar aún más el problema de financiación.

El SAQ también solicita al Parlamento que explore alternativas que no afecten negativamente a los profesionales activos y pasivos, y ha pedido ser recibido por las comisiones parlamentarias encargadas de estudiar el tema.

Las gremiales aseguran que, si se implementan sus propuestas, la situación financiera de la Caja de Profesionales podría mejorar significativamente. Sin embargo, advierten que las soluciones deben ser estructurales y no solo temporales, ya que la viabilidad del sistema depende de un cambio en la base de aportantes y de la corrección de los desajustes actuales en el sistema de timbres.

Por ahora, la discusión sobre la reforma de la Caja sigue siendo uno de los temas clave en la agenda política y económica de Uruguay, y se espera que el debate continúe en el Parlamento en los próximos meses.