El director por el sector empresarial del Banco de Previsión Social, José “Pepe” Pereyra, cuestionó el funcionamiento del organismo, planteó revisar todas las prestaciones y advirtió por el alto nivel de informalidad en el departamento.
El Banco de Previsión Social (BPS) recaudó 35 millones de dólares en enero en Maldonado, mientras que las prestaciones alcanzaron los 43 millones, según informó el director por el sector empresarial, José “Pepe” Pereyra. La diferencia entre ingresos y egresos volvió a instalar el debate sobre la sostenibilidad del sistema.
Durante una entrevista en un móvil televisivo, Pereyra sostuvo que es necesario revisar integralmente el funcionamiento del organismo, incluyendo el destino de los recursos y las prestaciones que actualmente brinda.
“No estamos en contra de discutir, queremos discutirlo todo”, afirmó.
El jerarca planteó cuestionamientos sobre algunos beneficios otorgados por el BPS, señalando que existen desigualdades en el acceso.
Como ejemplo, mencionó prestaciones como lentes o apoyos específicos que alcanzan tanto a trabajadores de altos ingresos como a sectores más vulnerables, mientras que en algunos casos los jubilados acceden mediante préstamos.
Además, hizo referencia a programas como turismo social o iniciativas puntuales que, a su entender, deberían ser revisadas dentro del esquema general del organismo.
Pereyra también apuntó a la concentración de servicios en Montevideo, especialmente en materia de salud, lo que obliga a traslados desde el interior del país.
En ese sentido, cuestionó:
- La centralización de hospitales del BPS
- Las condiciones de traslado de pacientes con patologías complejas
- La ejecución de viviendas para jubilados sin controles directos del organismo
Asimismo, remarcó que el BPS, como ente autónomo, no cuenta con los mismos mecanismos de control parlamentario que otros organismos estatales.
Otro de los puntos abordados fue la situación del mercado laboral en Maldonado. Según los datos mencionados en la entrevista, el departamento registra una informalidad del 23,8%, superior al promedio nacional.
Pereyra vinculó este fenómeno al costo del Estado y la carga impositiva, y sostuvo que la informalidad “es una forma de subsistencia” en determinados contextos.
También cuestionó el enfoque de las inspecciones del BPS, indicando que suelen concentrarse en períodos de alta actividad económica, como la temporada de verano.
En relación a los debates actuales, el director se refirió a dos temas centrales:
- Reducción de la jornada laboral: señaló que debe analizarse con cautela y advirtió sobre posibles impactos negativos en la productividad y en la competitividad empresarial.
- Edad de jubilación: consideró inviable fijarla en 60 años, argumentando que muchas personas ya postergan su retiro debido a los bajos ingresos jubilatorios.
Pereyra afirmó que el sistema previsional actual presenta problemas de transparencia y que existe una fuerte dependencia del Estado.
En ese marco, planteó la necesidad de discutir no solo la edad de retiro o los parámetros jubilatorios, sino también el modelo general de financiamiento, el rol del Estado y la distribución de los recursos.
Finalmente, advirtió sobre un escenario complejo para el sector privado, con cierres de empresas, aumento de costos laborales y conflictos judiciales, factores que —según indicó— inciden en la actividad económica y en la sostenibilidad del sistema.
