El hombre se encontraba en situación de calle y no tenía un domicilio donde ejecutar la medida cautelar. Finalmente fue trasladado a un dispositivo del Mides en Chuy.
Un hombre imputado por una rapiña cometida en La Paloma fue trasladado a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social en Chuy, después de que su situación de calle generara dificultades para aplicar la prisión domiciliaria ordenada por la Justicia.
La medida es cautelar y se mantendrá mientras continúa la investigación. La formalización no equivale a una condena y la responsabilidad penal definitiva dependerá de las pruebas y resoluciones posteriores.
Sin un domicilio donde cumplir la medida
El hombre había fijado inicialmente como residencia el refugio temporal de la Armada Nacional ubicado en el puerto de La Paloma. Sin embargo, el dispositivo proporciona alojamiento nocturno y no permite permanecer durante el día.
Ante esa situación, el imputado quedó transitoriamente en la comisaría local mientras las instituciones buscaban un lugar donde pudiera cumplir la prisión domiciliaria y ser controlado mediante un dispositivo electrónico.

Finalmente, durante la noche del viernes, se dispuso su traslado a un refugio del Mides en Chuy, según informó Rocha Noticias.
Continúa la evaluación judicial
El hombre había sido examinado por el Instituto Técnico Forense y estuvo internado en el área psiquiátrica del Hospital de Rocha. Luego recibió el alta médica.
La Justicia aguarda una pericia definitiva vinculada con su eventual imputabilidad. Esa evaluación deberá determinar si al momento del hecho comprendía el carácter ilícito de su conducta y podía actuar de acuerdo con esa comprensión.
Hasta que el informe sea incorporado al expediente, no corresponde anticipar su resultado ni atribuir el hecho a una condición de salud mental.
Un problema para la ejecución de medidas cautelares
El episodio expone una dificultad concreta del sistema judicial: la prisión domiciliaria presupone la existencia de un lugar estable donde permanecer. Cuando una persona se encuentra en situación de calle, su aplicación requiere coordinación entre el Poder Judicial, la Policía, el Mides y los servicios sanitarios.
La derivación a Chuy permite establecer un domicilio para ejecutar la medida, aunque el expediente permanece abierto. La situación procesal del imputado podrá modificarse cuando la Justicia reciba la pericia pendiente y evalúe el resto de las pruebas reunidas por Fiscalía.


