La iniciativa encomienda a la Intendencia definir áreas para el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública y plantea excluir El Placer cuando exista otra zona autorizada.
Los ediles nacionalistas Adolfo Varela, Mariana Roviglio y Gabriel Mernies presentaron un proyecto destinado a regular territorialmente el ofrecimiento de trabajo sexual en la vía pública dentro del departamento de Maldonado.
La iniciativa propone encomendar a la Intendencia la delimitación de una o más zonas habilitadas para la actividad. El gobierno departamental dispondría de un plazo de 90 días para definir las áreas.
El texto plantea que El Placer quede excluido como lugar habilitado cuando exista al menos otra zona en la que pueda desarrollarse la actividad.
Una actividad legal
El proyecto reconoce que el trabajo sexual es una actividad lícita y que su regulación debe realizarse dentro del marco establecido por la legislación nacional.
La discusión no consiste en prohibir la actividad, sino en determinar en qué espacios y condiciones puede ofrecerse en la vía pública.
La iniciativa prevé consultas con la Policía, las autoridades sanitarias y organizaciones representativas de quienes ejercen el trabajo sexual.
La participación de estas organizaciones será necesaria para evaluar las consecuencias que un traslado puede tener sobre la seguridad, la salud y las condiciones laborales.
Reclamos en El Placer
La propuesta surge en un contexto de reclamos relacionados con la convivencia en El Placer.
Vecinos han planteado inquietudes por la actividad nocturna, la circulación de vehículos y otros episodios registrados en la zona. Sin embargo, esos problemas no deben atribuirse automáticamente a quienes ejercen el trabajo sexual.
Cada denuncia sobre delitos, violencia o alteraciones de la convivencia debe investigarse de manera individual y sobre la base de información policial comprobada.
Cómo se definirían las nuevas zonas
El proyecto no establece directamente dónde funcionarían las áreas habilitadas. Esa decisión quedaría en manos de la Intendencia.
Para seleccionar los lugares será necesario considerar la iluminación, el transporte, la distancia con zonas residenciales, la presencia de servicios sanitarios y las condiciones de seguridad.
También deberá definirse si existirán horarios específicos, controles institucionales y mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia o explotación.
Una simple relocalización podría trasladar los problemas hacia otro barrio y aumentar la vulnerabilidad si se eligen zonas aisladas o sin acceso a servicios.
Seguridad y derechos
Las organizaciones vinculadas al trabajo sexual advierten habitualmente que desplazar la actividad hacia lugares apartados puede incrementar la exposición a agresiones.
Por ese motivo, la seguridad no puede evaluarse exclusivamente desde la perspectiva de los vecinos. También debe contemplar la integridad de las personas que desarrollan la actividad y su acceso a asistencia policial, sanitaria y social.
La regulación deberá diferenciar el trabajo sexual voluntario de delitos como la explotación, la trata de personas y el proxenetismo. La existencia de una zona habilitada no sustituye la obligación de investigar esos delitos.
Próximos pasos
El proyecto deberá ser analizado por las comisiones correspondientes de la Junta Departamental antes de llegar a una votación.
Durante ese proceso deberían comparecer los ediles proponentes, autoridades de la Intendencia, Policía, Dirección Departamental de Salud, vecinos y organizaciones de trabajadoras sexuales.
La discusión determinará si la propuesta es jurídicamente viable y si la delimitación territorial constituye una respuesta adecuada a los problemas planteados.
