En un contexto económico marcado por la incertidumbre, el gobierno argentino ha tomado una posición contundente al confirmar que no acelerará el ritmo de devaluación del peso, desoyendo tanto los consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la mayoría de los economistas locales.
El encarecimiento en dólares de los precios argentinos ha sido evidente durante la semana santa, impulsando un furor de compras en el exterior. Esta situación ha generado presiones para que el gobierno aumente la tasa de devaluación, actualmente fijada en un 2% mensual.
Sin embargo, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de economía, Luis Caputo, han argumentado en entrevistas televisivas que no consideran necesario acelerar la devaluación, ya que prefieren no ir en contra de las tendencias del mercado.
El Banco Central ha estado adquiriendo dólares a un promedio de 350 millones diarios en los últimos días, y aún no ha comenzado la temporada de liquidación de las exportaciones agrícolas. Desde el gobierno, se sostiene que esto no indica que el tipo de cambio esté atrasado y que acelerar la devaluación podría poner en riesgo el freno observado en la inflación.
El ministro Caputo ha adelantado que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo se ubicará en poco más del 10%, una cifra inferior a las proyecciones de las consultoras privadas. Se ha observado incluso una caída nominal de precios en algunos rubros, producto de ajustes preventivos realizados por empresarios ante expectativas de una devaluación mayor.
En cuanto a la política monetaria, el ministro sugirió la posibilidad de continuar con el recorte de tasas de interés, lo que implicaría que los ahorristas seguirían recibiendo una rentabilidad negativa en términos reales.
Estas decisiones han generado controversia, ya que si bien la inflación parece estar desacelerando, la contrapartida podría ser una profundización de la crisis económica. Datos recientes han mostrado una caída en las ventas de las pymes y una disminución real en la recaudación de impuestos.
El gobierno también ha generado polémica al no avalar subas salariales que superen ampliamente las proyecciones de inflación, lo que ha llevado a tensiones con poderosos gremios como el camionero. Esta situación podría desencadenar un conflicto en un momento crítico, justo cuando el puerto de Rosario experimenta una importante afluencia de camiones para embarcar las exportaciones de soja.
En conclusión, el gobierno argentino enfrenta desafíos económicos significativos y ha optado por una postura cautelosa ante las presiones por devaluar el peso, buscando mantener la estabilidad en un contexto de incertidumbre y tensiones laborales.
