El gobierno desactivó una ocupación cada ocho días desde la implementación de la LUC
Desde la entrada en vigor de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el gobierno ha desactivado una ocupación o un piquete cada ocho días en promedio, sumando un total de 163 casos desde la segunda mitad de 2020. Estas acciones se han concentrado mayormente en el sector público, con una notable presencia en los liceos de Montevideo.
Según un relevamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en los últimos 42 meses se han llevado a cabo 163 desactivaciones de ocupaciones y piquetes tanto en ámbitos públicos como privados, lo que equivale a casi cuatro por mes o una cada ocho días. Estos datos fueron recopilados hasta febrero y coinciden con la implementación de ciertos artículos de la LUC, ratificados tras un referéndum en el que el oficialismo obtuvo un estrecho margen de victoria.
Uno de los artículos clave de la LUC, el 392, garantiza la «libertad del trabajo» y establece el derecho al «ejercicio pacífico del derecho de huelga», así como el acceso de los no huelguistas a los lugares de trabajo y la libre circulación de la dirección de las empresas. Este artículo, junto con otros dos relacionados (el 468 y el 469), han sido fundamentales en la gestión de estas situaciones por parte del gobierno.
Las ocupaciones se han vuelto una constante, especialmente en el ámbito educativo, con un alto porcentaje de casos en los liceos de Montevideo. El argumento del gobierno ha sido corregir una «situación inequitativa» heredada de administraciones anteriores, particularmente en lo referente a las políticas sobre ocupaciones en lugares de trabajo.
La implementación de los cambios establecidos por la LUC ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo, con un aumento significativo de ocupaciones durante el año 2022. Sin embargo, el año 2023 mostró una disminución en la ocurrencia de estas situaciones.
Es importante destacar que la gran mayoría de las desactivaciones se han realizado de forma pacífica, aunque en algunos casos se ha requerido la intervención de la Policía para garantizar el cumplimiento de las órdenes de desalojo. A pesar de algunas situaciones de tensión, el informe del MTSS señala que en el 99% de los casos las acciones se llevaron a cabo sin incidentes violentos.
El gobierno continuará monitoreando y gestionando estas situaciones, buscando garantizar el ejercicio de los derechos laborales en un marco de orden y respeto por la ley.