El Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Con más de 240 artículos, la iniciativa apunta a desarmar monopolios de importación, eliminar burocracia histórica y aliviar la carga impositiva de las PyMEs. «Uruguay es un país caro y el corazón del problema está en los costos del Estado», sentenció el ministro Gabriel Odone.
En una señal política de fuerte impacto para el sector productivo y comercial, el Poder Ejecutivo uruguayo presentó los lineamientos generales del postergado Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. El texto, redactado de forma conjunta por los ministerios de Economía, Industria, Salud y Ganadería tras más de 40 reuniones con la sociedad civil, cámaras empresariales y sindicatos, será remitido formalmente al Senado la próxima semana.
La iniciativa fue calificada por las autoridades como la primera reforma estructural profunda de la gestión del Estado enfocada en la eficiencia desde el año 1995. El corazón del proyecto asume un diagnóstico crudo y compartido: Uruguay arrastra una inflación baja y estabilidad macroeconómica, pero sigue siendo un país excesivamente caro para producir y vivir debido a sus ineficiencias internas.
A continuación, analizamos los cuatro ejes de la reforma y cómo impactarán en el bolsillo de los ciudadanos, el entramado empresarial y las familias de menores recursos.
1. Adiós al papel y a las «irracionalidades» de los años 40
El proyecto propone una limpieza profunda del marco normativo, derogando exigencias que han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Como ejemplo de las contradicciones legales vigentes, el ministro de Economía, Gabriel Odone, citó una ley de 1941 que todavía prohíbe formalmente a las carnicerías abrir los domingos; una muestra de regulaciones que en la práctica cayeron en desuso pero que administrativamente seguían sumando burocracia.
La nueva ley introduce el desempapelamiento absoluto del comercio exterior, la obligatoriedad del notariado electrónico y la validación digital de estados contables y actas. Asimismo, las habilitaciones sanitarias y registros técnicos pasarán de durar 5 años a 10 años, permitiendo que las renovaciones se realicen mediante una simple declaración jurada si las condiciones del producto no cambiaron. También se elimina la costosa obligación de traducir al español manuales y documentos técnicos que ya vengan en inglés o portugués.
2. Un «perro guardián» autónomo contra los monopolios de góndola
Uno de los puntos más ambiciosos —catalogado como «buque insignia» por el gobierno— es la transformación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. El organismo dejará de ser una oficina dependiente del Ministerio de Economía y se convertirá en un Servicio Descentralizado, ganando total autonomía del poder político.
Con este cambio, la Comisión tendrá «dientes» para:
- Investigar de oficio: Ya no tendrá que esperar a que una PyME denuncie un abuso corporativo; podrá poner la lupa sobre mercados sospechados de cartelización por iniciativa propia.
- Frenar la concentración: Tendrá mayores facultades para exigir datos internos y vetar la fusión de grandes empresas que amenacen con monopolizar la canasta básica y fijar precios de manera abusiva.
En sintonía con esto, la ley ataca directamente a las figuras de los «distribuidores exclusivos». Mediante la flexibilización de registros, se habilitarán los importadores múltiples o importaciones paralelas. Si una empresa ya costeó y demostró la seguridad sanitaria de un producto en el país (como una marca de pasta de dientes o desinfectante), cualquier otro comerciante podrá ampararse en ese registro existente de forma exprés para importarlo de manera independiente. Se busca así romper márgenes de ganancia artificiales que encarecen el consumo masivo.
3. Un salvavidas para las MiPyMEs: El fin del «abismo tributario»
El 65% del empleo en Uruguay se concentra en micro, pequeñas y medianas empresas. Para este sector, la ley propone un cambio de paradigma impositivo: la graduación tributaria continua.
Actualmente, si un pequeño comercio bajo el régimen de Literal E (IVA Mínimo) supera el tope de facturación anual por un margen mínimo, el sistema lo obliga a saltar de forma abrupta al régimen general, multiplicando drásticamente sus costos. El nuevo proyecto elimina ese escalón y establece que el aumento en la carga tributaria sea estrictamente proporcional al crecimiento de la facturación.
Además, se implementará el Registro Único de Apoderados (un poder presentado ante un organismo público tendrá validez automática en el resto del Estado) y se obligará al Estado a proveer plataformas digitales y software de facturación electrónica totalmente gratuitos para las micro y pequeñas empresas, aliviando sus costos fijos mensuales.
El análisis de impacto: ¿Cómo llega esto a la gente?
Beneficios directos para los quintiles más bajos
Para las familias de menores ingresos (quintiles 1 y 2), que destinan la totalidad de su presupuesto diario al consumo básico de alimentos y artículos de higiene, el proyecto abre dos ventanas de alivio:
- Mayor transparencia en el supermercado: Se establece la obligatoriedad de exhibir en las góndolas el Precio por Unidad de Medida (ej. valor real por kilo o por litro). Esto busca neutralizar la trampa de la reduflación (envases más chicos al mismo precio) y permitir un control milimétrico del gasto.
- Facilidades a la producción familiar: El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, destacó la creación de un régimen simplificado para habilitar la elaboración artesanal de alimentos (quesos, chacinados, miel, conservas) y turismo rural, impulsando las economías locales en zonas periféricas e incentivando el empleo barrial.
El desafío del «derrame»
Consultado sobre si la ley asegura una rebaja inmediata en el costo de vida de los uruguayos, el ministro Odone fue cauto y tajante: «Aquí no hay ningún mecanismo que establezca rebajas automáticas de precios; la ley no los decreta. Lo que estamos promoviendo es un ambiente más competitivo y fácil para las empresas. Seremos nosotros, el gobierno y los propios ciudadanos como consumidores, quienes tendremos que estar vigilantes para que esas reducciones de costos estatales se trasladen efectivamente al precio final en la góndola».
El escenario parlamentario
El proyecto ingresará formalmente por la Cámara de Senadores para optimizar los tiempos legislativos, dado que la Rendición de Cuentas hará lo propio en Diputados. Al carecer el oficialismo de mayorías automáticas, el Poder Ejecutivo aseguró que no se trata de un «paquete cerrado» y manifestó total flexibilidad para negociar e incorporar modificaciones de todos los partidos políticos de la oposición durante el debate que, estiman, se extenderá a lo largo de todo este año.
