La movilización recorrió el centro de la ciudad y terminó frente a la Intendencia de Lavalleja. Los trabajadores reclaman certezas laborales después de recibir una prórroga de solamente 60 días.
Funcionarios municipales y vecinos marcharon durante la noche del lunes por el centro de Minas para reclamar estabilidad laboral y respuestas sobre los contratos que permanecen bajo revisión en la Intendencia de Lavalleja.

La movilización comenzó sobre las 19:00 en Luis Alberto de Herrera y 18 de Julio. El recorrido continuó por 25 de Mayo y Batlle hasta finalizar frente al edificio comunal. Participaron algo menos de cien personas y no se registraron incidentes, según la cobertura de Primera Página.
La situación de los contratos
El conflicto comenzó cuando la Intendencia resolvió extender por 60 días un grupo de contratos anuales que vencieron al finalizar julio. La decisión original incluyó por error a un conjunto mayor de trabajadores y posteriormente fue corregida.
Tras la modificación, la mayoría de los vínculos fue renovada por un año. Sin embargo, unos 140 funcionarios que habrían ingresado después de mayo de 2024 permanecen bajo una prórroga temporal de dos meses.
Durante ese período, el gobierno departamental analizará cada situación antes de resolver si los contratos continuarán. Por el momento no se informó públicamente qué criterios se aplicarán, cuántos vínculos podrían finalizar ni cuándo se comunicará una resolución definitiva.
Reclamo por la incertidumbre laboral
La marcha fue organizada por el funcionario municipal y comunicador local Román Nappa, quien aclaró que la convocatoria no fue realizada por un partido político ni por una organización sindical.
Al finalizar el recorrido se leyó una proclama que reclamó protección de las fuentes de trabajo y cuestionó la falta de certezas para las familias involucradas. Los organizadores también relacionaron la preocupación municipal con otras dificultades laborales registradas en el departamento, entre ellas las vinculadas con la industria y diferentes empresas públicas.
ADEOM había intervenido anteriormente para obtener la extensión de los contratos mientras continuaban las negociaciones. El tema también fue planteado en la Junta Departamental, donde ediles solicitaron considerar la antigüedad, las condiciones familiares y la situación administrativa de cada trabajador.
La corrección de la primera resolución permitió renovar una parte importante de los contratos, pero no cerró el conflicto. Los próximos dos meses serán determinantes para conocer qué decisión adopta la Intendencia sobre el grupo que continúa bajo revisión.


