US$ 2 millones en pérdidas y 24 meses de vigilancia: la sentencia al dueño de Transhotel
El empresario fue procesado por apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo tras un colapso en 2022. La condena, que incluye tareas comunitarias, se dictó a través de un acuerdo abreviado. El Fiscal Romano defendió la pena, mientras las víctimas lamentan no recuperar la totalidad de sus ahorros.
El caso de la quiebra de la agencia de viajes Transhotel, que dejó una profunda frustración y pérdidas económicas a cientos de uruguayos, cerró su etapa penal con la condena del dueño de la empresa. La jueza suplente Bettina Dutter dictó una pena de 24 meses de libertad vigilada al empresario, por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.
La condena se formalizó mediante un acuerdo abreviado entre la Fiscalía, representada por Fernando Romano, y las defensoras públicas del imputado. Según la Fiscalía, la empresa acumuló una deuda cercana a los US$ 2 millones, afectando a más de 500 denunciantes que vieron frustrados sus viajes y perdidos sus ahorros.
El relato fiscal reconstruyó los eventos que llevaron al colapso de la agencia, que se había reactivado en 2022 tras la pausa por la pandemia. Según Romano, el empresario había comprado la compañía arrastrando ya una deuda de US$ 200.000 con el anterior propietario.
La reactivación de los viajes en 2022 generó un «colapso muy importante», ya que Transhotel no pudo afrontar las obligaciones comprometidas, que incluían paquetes turísticos y entradas para eventos internacionales, como el concierto de Coldplay en Argentina.
El punto de inflexión fue un viaje que se postergó una semana, lo que llevó a un afectado a publicar un mensaje en redes sociales acusando a la empresa de estafa. El fiscal Romano ejemplificó lo que siguió como una «corrida bancaria». Los incidentes se agravaron con el ingreso de acreedores a las instalaciones de la agencia, lo que culminó con el «grave error» de Transhotel: cerrar sus puertas.
«Cuando la gente vio que habían cerrado sus puertas, se sintió plenamente estafada», explicó Romano, quien también señaló que la empresa no pudo levantarse porque, a pesar de las gestiones, el Ministerio de Turismo frustró un crédito del Banco de la República (BROU) y el Itaú al confirmar que la agencia ya tenía «adeudos».
El fiscal Fernando Romano compartió un detalle revelador durante la audiencia en el Club Welcome, donde se reunió con más de 100 víctimas. Además del «mal manejo empresarial», sugirió que existieron «voluntades que no permitieron que Transhotel pudiera salir». Romano aclaró que, si bien esta afirmación corre por su cuenta y no pudo ser probada, cree que hubo intenciones de impedir que el condenado accediera a fondos que le hubieran permitido seguir operando y cumpliendo con sus deudas.
Respecto a la pena dictada, el empresario deberá cumplir 24 meses de libertad vigilada, con la obligación de firmar semanalmente en la seccional policial y realizar tareas comunitarias durante 10 meses.
Romano defendió la decisión, señalando que, aunque el «grito» inicial pedía cárcel, su Fiscalía optó por una línea consecuente, asegurando que el dueño de la empresa ahora tiene antecedentes penales. Además, el fiscal enfatizó que su Fiscalía de Flagrancia, con más de 500 denunciantes, hizo lo «humanamente posible», pero no está «en condiciones de poder analizar con todos los mecanismos de control un caso» de estas características.
Las víctimas, representadas por varios abogados, manifestaron una satisfacción «no absoluta» con el cierre del caso penal.
Los letrados señalaron que, si bien valoran el trabajo comunitario impuesto al condenado y la reivindicación del rol de la víctima en el proceso penal, el plano concursal es la mayor preocupación. «El remate seguramente no alcance a cubrir todos los pagos», lamentó la abogada María Izaguirre.
Las víctimas lograron, a través de un seguro del Ministerio de Turismo, recuperar una pequeña parte de lo pagado, un 15,58%. Sin embargo, la posibilidad de recuperar la totalidad de sus ahorros es difícil. La apelación presentada por los abogados de algunas víctimas ante la jueza, por la negativa a conceder un embargo por la deuda restante, viró en una discusión sobre el fuero competente, si penal o civil.
El cierre de esta etapa judicial deja al empresario condenado con un antecedente, pero a los más de 500 afectados con la dolorosa realidad de haber perdido una inversión significativa, en muchos casos, los ahorros de toda una vida.