El nuevo Congreso Nacional de Intendentes (CNI) alcanzó un «principio de acuerdo» sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que regula el ingreso y ascenso en los gobiernos departamentales mediante concurso público o, en ciertos casos, sorteo. Sin embargo, los intendentes advierten que la normativa requiere ajustes para evitar que “tranque el funcionamiento” de las intendencias.
El texto, aprobado el 7 de mayo, establece que todo ingreso o ascenso de personal presupuestado o contratado deberá realizarse por concurso abierto, habilitando el sorteo cuando corresponda, y prohíbe nuevas designaciones en el último año del mandato departamental.
El presidente del organismo, Nicolás Olivera (intendente de Paysandú), expresó que si bien respaldan el espíritu de transparencia, es imprescindible considerar excepciones. “Estamos a favor de la transparencia”, sustentó, “pero hay que contemplar particularidades administrativas; es como si el presidente no pudiera nombrar a sus ministros”.
Entre las objeciones planteadas, los intendentes advierten que el texto actual impide incluso la contratación directa de cargos de confianza. Por ello, solicitan incluir cláusulas que permitan un porcentaje mínimo de plazas por fuera del concurso, pensado para atender urgencias o perfiles estratégicos, que cesarían al término del intendente saliente.
Aunque existe un borrador avanzado con la posición oficial del CNI, aún no se ha comunicado formalmente al Senado. Ese cuerpo —que requiere mayoría especial de dos tercios para aprobar la norma— permanece a la espera de recibir la postura de los intendentes para avanzar con la discusión en la comisión de Constitución.
Representantes del Partido Nacional y Frente Amplio habían cuestionado que el proyecto pudiera vulnerar la autonomía departamental, señalando posibles inconsistencias constitucionales. Esto obliga a que el texto final incorpore ajustes técnicos que resguarden la operatividad y la estructura de gobierno subnacional.
Esta instancia representa una oportunidad para consolidar mecanismos de ingreso más transparentes, garantizando igualdad de acceso al empleo público en los gobiernos departamentales, sin comprometer la gobernabilidad o la capacidad de gestión local. El texto deberá acordarse antes del 31 de julio para integrarse al proyecto de ley de ingresos públicos en el Senado, cuyo tratamiento dependerá de este posicionamiento final.
