Un plan piloto impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para implementar cámaras de reconocimiento facial en el Liceo José Luis Invernizzi desató una fuerte controversia esta semana. El proyecto, que busca automatizar el control de asistencia estudiantil a través de videovigilancia, generó un rechazo inmediato por parte de los docentes agremiados, que ya anunciaron un paro con ocupación a partir del 1º de setiembre si no se revoca la medida.
¿Cómo funciona el sistema?
Según un folleto difundido por ANEP, el sistema convierte características faciales únicas—como la distancia interocular o la forma de la mandíbula—en un código matemático único, que se guarda e identifica sin almacenar imágenes originales. Este código sería lo único que se transmite por internet, en un intento de garantizar la privacidad al evitar la exposición de fotografías directas.
ANEP justifica el piloto argumentando que busca una forma “ágil, rápida y segura” de registrar la asistencia, permitiendo que las autoridades cuenten con información precisa y en tiempo real sobre ausentismo. La iniciativa se enmarcaría en la estrategia para mejorar la calidad educativa, aunque fuentes sindicales criticaron que no fue discutida en ningún ámbito bipartito ni comunicada previamente.
Reacción del sindicato y medidas anunciadas
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) expresó su rechazo inmediato mediante un comunicado, calificando el plan de “vulneración de la privacidad y las libertades individuales” y alertando sobre la “afectación a la soberanía de datos”. El sindicato consideró que el proyecto omite causas profundas del ausentismo —como pobreza, trabajo adolescente o salud— y prioriza tecnología sobre recursos pedagógicos esenciales.
En asamblea, los docentes del liceo se declararon “en conflicto” y anunciaron un paro con ocupación del centro educativo a partir del próximo lunes 1 de septiembre, salvo que se suspenda la implementación y se retiren las cámaras. Fenapes también advirtió que esta medida podría replicarse en todo Maldonado e incluso a nivel nacional.
Opiniones y críticas públicas
El senador colorado Robert Silva calificó la iniciativa como “un disparate que mezcla vigilancia masiva, alto costo, cero resultado, afectación de la privacidad” y advirtió sobre los riesgos de almacenar datos biométricos sensibles que, en caso de filtración, no pueden reemplazarse como una contraseña. Recordó que en lugares como Suecia, Reino Unido y Estados Unidos se han prohibido sistemas similares.
En su artículo de opinión, Silva también señaló que la Ley Nº 18.331 exige una evaluación de impacto previa para cualquier tratamiento de datos biométricos sensibles, y subrayó la necesidad de justificar la medida, transparentar costos, controlar los datos y evaluar alternativas menos intrusivas.
Preguntas sin responder
Medios locales señalaron que aún no está claro si se solicitó o entendería consentimidento por parte de los padres, una exigencia legal cuando se trata de menores. Tampoco se conoce las condiciones de contrato ni la seguridad del almacenamiento de datos.
El anuncio del gobierno de implementar cámaras con reconocimiento facial en el Liceo de Piriápolis para controlar la asistencia ha generado una fuerte movilización sindical, cuestionamientos legales y críticas políticas. El debate gira en torno a la vigilancia biométrica de menores, el derecho a la privacidad y la necesidad de alternativas educativas más inclusivas y menos invasivas. Con la amenaza de paro y ocupación en ciernes, el conflicto pone a prueba la capacidad del sistema educativo para resolver tensiones entre tecnología, derechos y democracia.
