«Nos están mintiendo»: activista acusa al MSP de publicidad engañosa
El activista uruguayo plantea fuertes cuestionamientos a la campaña de vacunación infantil promovida por el Ministerio de Salud Pública y denuncia falta de controles, transparencia y garantías en el proceso.
En una entrevista brindada recientemente, el activista uruguayo Fernando Vega expuso una serie de críticas hacia la campaña de vacunación infantil contra el COVID-19, llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con ANEP, CAIF, escuelas y liceos. Vega afirma que estas instituciones “pretenden condicionar a los padres que no desean inocular a sus hijos”, amparándose en marcos jurídicos internacionales como el Tratado de Bioética de 2005.
Vega se define como “un ciudadano común y corriente”, sin formación médica ni legal, pero decidido a “dar una batalla en pro de las libertades individuales”. Según explicó, cuestiona la legalidad y legitimidad de la campaña, argumentando que el MSP no estaría cumpliendo con su rol de garantizar los derechos y la seguridad sanitaria de la población.
Uno de sus principales planteos es la falta de estudios comparativos entre niños vacunados y no vacunados en Uruguay. Señaló que, tras un pedido de acceso a la información pública, el MSP respondió que no cuenta con esos datos ni tiene como objetivo realizarlos. “Esto nos deja muy preocupados”, sostuvo.
Vega también cuestionó la seguridad de las vacunas, citando la ley 9202, que establece la obligación del MSP de verificar los componentes de los fármacos. En este sentido, mencionó una solicitud de acceso a la información realizada por el ciudadano Pablo Gaminara, en la que el ministerio habría admitido que no realiza controles químicos sobre las vacunas, limitándose a inspeccionar las etiquetas.
Otro de los puntos controvertidos es la eficacia de las vacunas. Vega mostró documentos en los que, según afirma, el MSP reconoció que la eficacia absoluta de la vacuna de Pfizer sería del 0,84%, mientras que los efectos adversos graves alcanzarían el 1,1%. “Se promocionó bajo el engaño”, aseguró, refiriéndose a la campaña inicial que hablaba de eficacias superiores al 90%. “Esto configura un delito de publicidad engañosa”, sentenció.
Finalmente, denunció la falta de un sistema de farmacovigilancia activa en el país. “Nos dicen que se preocupan por la seguridad, pero cuando preguntamos si hay seguimiento de los efectos adversos, la respuesta es que no se hace”, concluyó.
Las declaraciones de Vega reflejan un sector crítico de la ciudadanía que exige mayor transparencia, acceso a la información y participación en las decisiones sanitarias. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan promoviendo la vacunación como una herramienta clave en la protección de la salud pública.