Megaoperativo policial en Río de Janeiro: deja 132 muertos y desata una crisis internacional por la política de «exterminio»
La cifra de fallecidos, confirmada por la Defensoría del Pueblo, convierte la incursión en los complejos Alemão y Penha en la operación policial más letal desde 1990. El gobernador Cláudio Castro defiende la acción contra los «narcoterroristas», mientras que la ONU y ONG exigen una investigación inmediata.
La guerra contra el crimen organizado en Brasil alcanzó este martes una cifra escalofriante, marcando un hito trágico en la historia de la seguridad pública de Río de Janeiro. Un megaoperativo coordinado por la Policía Civil y Militar contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los densamente poblados complejos de Alemão y Penha culminó con al menos 132 personas muertas y 81 detenidas, según la cifra actualizada un día después por la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales se cuentan cuatro valerosos policías, además de múltiples heridos, tanto agentes como residentes de las favelas.
El despliegue fue de una magnitud sin precedentes, involucrando a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro. El contingente, compuesto por efectivos del Comando de Operaciones Especiales (COE) y diversas comisarías especializadas, ejecutó más de 100 órdenes de arresto en una vasta área de 9 millones de metros cuadrados. El objetivo declarado era golpear la estructura del Comando Vermelho, una de las bandas de narcotraficantes más grandes de Brasil, que ha expandido su influencia a los 26 estados del país desde su nacimiento en una prisión carioca en los años 1970. La operación logró la detención de figuras clave, incluyendo a Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão, y a Nicolás Fernandes Soares, señalado como operador financiero de uno de los jefes del tráfico.
La Narrativa Oficial vs. El Repudio Internacional
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, no dudó en calificar la acción como «el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro». En una conferencia de prensa, Castro defendió la letalidad de la acción, producto de «una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días», y justificó la violencia al rotular a los delincuentes como «narcoterroristas». Como prueba de éxito, el gobernador mencionó el decomiso de más de 100 rifles y una gran cantidad de drogas.
No obstante, el dramático número de víctimas mortales desató una ola de críticas y repudio tanto a nivel nacional como internacional. Las denuncias de una violencia policial desmedida no se hicieron esperar:
- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró «horrorizada» por la cifra de fallecidos, y su despacho, dirigido por Volker Türk, denunció que esta operación mortal «refuerza la tendencia de consecuencias extremadamente letales derivadas de las operaciones policiales en comunidades marginadas de Brasil». La ONU exigió a Brasil una investigación «rápida y eficaz» de lo ocurrido, recordando las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
- El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal pidieron de inmediato explicaciones detalladas al gobernador Castro sobre la planificación y ejecución del operativo.
- Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Movimentos fustigaron la estrategia. César Muñoz, coordinador de Human Rights Watch en Brasil, denunció el «fracaso de las políticas de Río de Janeiro», que solo fomentan enfrentamientos que «victimizan a residentes y agentes de policía». Isabelly Damasceno, de Movimentos, fue más allá, sentenciando que «esta estrategia del gobierno no puede ser vista como una política de seguridad, es una política de exterminio».
El Historial Letal de la Política de Seguridad
El Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (UFF) subrayó la gravedad del suceso con datos históricos: este operativo es el más mortífero registrado en la región metropolitana de Río de Janeiro desde 1990. Sus investigaciones revelan que los tres procedimientos policiales más letales en este lapso han ocurrido precisamente durante la gestión del gobernador Castro, confirmando una política de seguridad centrada en la confrontación directa en las favelas.
Para el grupo de la UFF, esta estrategia, además de implicar costos humanos y sociales altísimos, «ha demostrado ser ineficiente en el control del crimen, incapaz de reducir los hechos delictivos y contener el avance del control territorial armado». Un informe del diario O Globo de 2024 refuerza esta crítica al señalar que, a pesar de estas incursiones, el Comando Vermelho ha logrado tomar el control de decenas de zonas en Río donde antes no tenía presencia.
«La recurrencia de incursiones policiales armadas con tiroteos en territorios densamente poblados revela el descuido del Estado con la preservación de vidas negras y favelas», sentenciaron los investigadores.
El Fuego Cruzado Político y la Situación Social
Los enfrentamientos, que incluyeron a criminales utilizando drones para lanzar bombas y montar barricadas con vehículos quemados, tuvieron un impacto paralizante en la vida cotidiana. Las clases fueron suspendidas en decenas de escuelas y universidades, y varias rutas de transporte público cesaron operaciones.
En medio de la polémica por las muertes, el gobernador Castro escaló la tensión al lamentar la falta de apoyo federal en la operación. «Nuestras policías están solas… lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales», se quejó, concluyendo que «Río de Janeiro está completamente solo».
La respuesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue inmediata y categórica. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, desmintió públicamente a Castro, asegurando que el gobierno federal nunca le había negado apoyo a las autoridades regionales y que el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes previas de empleo de la Fuerza Nacional. Lewandowski fue enfático: «No he recibido ninguna solicitud del gobernador de Río de Janeiro para esta operación, ni ayer ni hoy, absolutamente nada», lo que trasladó la responsabilidad de la gestión táctica y las consecuencias humanas del operativo enteramente a la administración estatal.
Con todos los batallones de Río de Janeiro en estado de alerta ante posibles represalias del Comando Vermelho, la ciudad queda sumida en la inseguridad y la incertidumbre, con expertos clamando por un cambio urgente en una política de seguridad que ha hecho de las «matanzas policiales la regla y no la excepción» en el estado.