La cifra millonaria de aportes públicos a sindicatos que alimenta la polémica
Datos relevados por el diputado colorado Gabriel Gurméndez a través de pedidos de informes revelan que ministerios y entes autónomos transfirieron $41.6 millones de pesos en mayo por retención de cuotas. La investigación se centra en la «magnitud económica» del sistema y en las vulnerabilidades que permitieron escándalos como el del Fosvoc.
El debate sobre la gestión y transparencia de los fondos sindicales en Uruguay ha escalado al ámbito político y económico tras la difusión de cifras que dimensionan el flujo de dinero que canalizan los organismos estatales hacia los gremios.
Una investigación impulsada por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, promotor de un proyecto de ley de transparencia sindical, expuso que ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados del Estado giran conjuntamente poco más de US$ 1.000.000 al mes a las organizaciones sindicales, producto de la retención de las cuotas de los salarios de los funcionarios públicos.
El monto total relevado en el mes de mayo, que sirvió como muestra de la magnitud del flujo, ascendió a $ 41.619.598 de pesos uruguayos (tomando el valor promedio del dólar de ese mes).
Gurméndez explicó que el objetivo de realizar decenas de pedidos de informes a varios organismos era conocer la «magnitud económica del manejo de la cuota sindical en el sector público». Si bien la muestra obtenida por el legislador, a través de respuestas de 13 entidades, abarcó aproximadamente el 58% del funcionariado público, la cifra ya resulta impactante y pone en perspectiva la escala del financiamiento gremial.
La Distribución de los Fondos: ANEP a la Cabeza
El relevamiento mostró una concentración significativa de las retenciones en el sector educativo, que es el más masivo en cuanto a funcionarios afiliados.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sumando los organismos que la componen (Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación), fue la principal fuente de ingresos sindicales, transfiriendo $ 12.908.802 (aproximadamente US$ 309.697) en mayo. Este monto provino de la retención a 24.022 afiliados, una cifra que, de hecho, podría ser mayor, ya que no incluye a los funcionarios de UTU.
Otros organismos con retenciones millonarias:
- ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado): Giró $ 8.156.650 (cerca de US$ 195.688) a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), correspondientes a 9.963 trabajadores afiliados.
- Universidad de la República (Udelar): Transfirió $ 5.080.078 (alrededor de US$ 121.877) de sus 12.809 trabajadores sindicalizados. Dentro de la Udelar, los mayores montos se destinaron a la Agremiación Federal de Funcionarios y la Asociación de Docentes.
- INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay): Su sindicato recibió $ 3.779.092 (US$ 90.665) de 3.126 afiliados.
- Antel: Envió $ 3.016.986 (US$ 72.381) al Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) por 3.018 trabajadores.
- Suprema Corte de Justicia (SCJ): Giró $ 2.853.381 (US$ 68.456) a distintos gremios judiciales.
- OSE (Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado): Transfirió $ 1.283.076 (US$ 30.782) a su federación de funcionarios.
Vulnerabilidades y el Peligro del Giro a «Personas Físicas»
El informe del diputado Gurméndez no solo se centró en la cantidad de dinero, sino en las formas de transferencia, encontrando un «caldo de cultivo» para futuras irregularidades. El legislador halló que en «muchos casos» el dinero retenido por los organismos estatales era enviado a una cuenta bancaria de persona física en lugar de una entidad jurídica.
Para el diputado, esta práctica es una vulnerabilidad que «debe avanzar» en su instrumentación de medidas, pues «resulta evidente se van a volver a generar episodios como los que se vivieron».
Esta preocupación se enmarca en los recientes escándalos que han sacudido al sindicalismo:
- Caso Fosvoc: La investigación judicial sobre el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, que ya resultó en la condena de cuatro personas, incluida la exdirigente Stella Rey, quien reconoció haber cometido «un delito» afectando a los trabajadores.
- Irregularidades en FUS: La expulsión del histórico dirigente Jorge Bermúdez de la Federación Uruguaya de la Salud, a raíz de una auditoría que reveló, entre otras cosas, viáticos no rendidos.
La Crítica al Liderazgo Sindical y la Necesidad de la Ley
Gurméndez utilizó los casos de corrupción para insistir en la necesidad de aprobar su proyecto de ley de transparencia. El legislador recordó que, en su momento, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había tildado el proyecto de «desastre» y «antisindical».
El diputado colorado respondió con dureza: «Los hechos han demostrado que lo que es un desastre y antisindical es que le roban la plata a los trabajadores con la cuota». Además, citando a la condenada Stella Rey, afirmó que este manejo de cifras «millonarias en dólares» necesita una rendición de cuentas con la firma de un contador, algo que su proyecto busca imponer.
Finalmente, Gurméndez anunció que la investigación en el Parlamento continuará, dado que aún faltan respuestas de organismos clave como el Ministerio del Interior, ANCAP y UTE. Asimismo, el Banco República (BROU) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) se ampararon en la ley de protección de datos personales para negar la información, un argumento que el legislador considera «no aplica» y ante el cual insistirá por vía parlamentaria.