Formalizaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado y existe orden de captura para un tercero

En la jornada de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, acusados por presunto fraude especialmente agravado y falsificación ideológica en el marco de un esquema de facturación falsa que habría desviado fondos públicos por más de $1.474.000.

La investigación encabezada por el fiscal Jorge Vaz expuso que el ex presidente José Luis Sánchez solicitó a un empresario conocido facturas para cobrar periódicamente a la Junta Departamental por supuestas obras que nunca se realizaron. Los pagos se giraban a cuentas a nombre de su hijo, Facundo Sánchez, quien luego transfería el dinero a su padre sin advertir la maniobra fraudulenta.

Según Fiscalía, esta operativa se mantuvo durante las presidencias de Darwin Correa (2022-2023) y Alexandro Infante (2023-2024), quienes autorizaron el pago de varias de estas facturas. En total, se abonaron diez documentos, nueve mediante transferencia y uno con cheque.

El fiscal Vaz presentó pruebas del propio hijo de Sánchez, además del levantamiento del secreto bancario, que confirmaron el circuito del dinero. Incluso, el empresario Ramón Sosa —titular de la firma utilizada en las facturas— declaró ante Fiscalía que nunca realizó obras en el edificio legislativo y que prestó sus talonarios a Sánchez a pedido de este.

Durante la audiencia, la jueza Gabriela Azpiroz hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía e imputó a Darwin Correa como presunto autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica como funcionario público. José Luis Sánchez fue imputado por los mismos delitos en calidad de coautor. Ambos deberán cumplir medidas cautelares durante 90 días: fijación de domicilio, presentación semanal en seccional policial y prohibición de salir del país con retención de documentos.

En tanto, el ex presidente Alexandro Infante no se presentó a la audiencia. Fiscalía solicitó que fuera declarado en rebeldía y la magistrada libró una orden de detención. Según supo este medio, Infante habría cruzado a Argentina junto a su familia en la mañana de este miércoles, por lo que será detenido en frontera al regresar al país.

Las defensas de los imputados cuestionaron la investigación fiscal, sosteniendo que las obras fueron contratadas por el mecanismo de compra directa y que los montos no superaban los límites legales. Además, rechazaron la acusación de que existiera una sociedad con fines de fraude.

El caso ahora continuará en etapa investigativa. Fiscalía cuenta con un plazo de un año, prorrogable por otro, para solicitar audiencia de sentencia. En caso de ser condenados, los delitos imputados prevén penas que van de 12 meses a 6 años de prisión por fraude, y de 2 a 8 años por falsificación ideológica.