En una tensa nueva ronda de negociaciones, el Congreso de Intendentes (CI) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no lograron alcanzar consenso sobre la cifra y criterios para las transferencias presupuestales del gobierno central a los gobiernos departamentales, con vistas al proyecto de Presupuesto Nacional 2025‑2030. Ahora, la resolución final quedará en manos del presidente Yamandú Orsi, quien deberá mediar para destrabar el proceso antes del cierre constitucional del trámite
Las diferencias: millones en juego
La disputa gira en torno a una diferencia estimada entre US$ 18 millones y US$ 25 millones al año, en contraste con los más de US$ 4.100 millones que el gobierno propone como transferencia general a las 19 intendencias. A pesar de la voluntad de acercar posiciones por ambas partes, el grupo de intendentes considera insuficiente el monto asignado y reclama también una lógica redistributiva más equitativa
Los mandatarios alegan que las intendencias han asumido funciones adicionales —como gestión de policlínicas y mantenimiento de caminos rurales— que exceden sus competencias tradicionales, sin recibir compensación adecuada, lo que refuerza la exigencia por una mayor autonomía presupuestal
Propuestas estructurales
Los intendentes presentaron una contrapropuesta para modificar criterios de distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), fundada en el artículo 298 de la Constitución. Propusieron una regla de reparto con 60 % destinado a las intendencias y el restante 40 % a iniciativas ejecutadas por el Ejecutivo y organismos descentralizados, tras aprobación conjunta en una Comisión Sectorial de Desarrollo
Esos cambios, defienden, no implican necesariamente una cuantía mayor, sino una redistribución distinta, que permita a los gobiernos locales actuar con mayor margen y responder a realidades territoriales diversas.
El rol de Orsi
Tras dos reuniones sin acuerdo, el CI acordó un último esfuerzo: comunicar directamente con el presidente Orsi para que medie personalmente y logre un entendimiento. La instancia clave será una sesión del Congreso de Intendentes convocada este miércoles a las 11:00, en la que Orsi podría participar, aunque no se ha confirmado oficialmente su asistencia
De no llegar a un arreglo antes de que concluya el plazo constitucional —30 días previos a la entrega del Presupuesto al Parlamento— serán los legisladores quienes terminen definiendo los montos. El CI confía en que el Ejecutivo pueda evitar ese escenario con una intervención definida
Para la OPP, la propuesta actual representa el mayor nivel de transferencias a las intendencias en la historia reciente del país. Desde esa óptica, el Ejecutivo sostiene que debe preservarse una mirada nacional coordinada y evitar fragmentaciones ejecutivas, incluso en un contexto restrictivo en términos fiscales
Por su parte, los intendentes advierten sobre desequilibrios en criterios como el Fondo Metropolitano (beneficiando a Montevideo y Canelones) y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, sistema que termina concentrando recursos en áreas más pobladas, lo que limita la capacidad de municipios más pequeños de ejecutar obras y servicios en igualdad de condiciones
El conflicto representa una vieja tensión entre Montevideo y el interior: los intendentes plantean que el presidencial Orsi, exintendente de Canelones y oriundo del interior, podría encarnar una apertura real a una distribución más equitativa. Sin embargo, ahora en la cima de la estructura estatal, debe equilibrar la descentralización con las limitaciones macroeconómicas y la gobernabilidad nacional
¿Qué sigue?
- Hoy, el CI sesionará para evaluar el estado de la negociación y definir los próximos pasos.
- Orsi podría asistir o enviar un mensaje institucional con definiciones claras.
- Si no hay acuerdo: será el Parlamento quien reciba la propuesta formal o la contrapropuesta del CI, y decidirá los montos en comisión presupuestal.
La expectativa reside en si esta pulseada representará una victoria del interior sobre la centralidad montevideana, o si, por el contrario, terminará en un fallo técnico del sistema Legislativo.
