Exgerente de OSE critica que no se construyó la planta de Arazatí y apunta a falta de preparación ante emergencias

El exgerente general de OSE, Arturo Castagnino, cuestionó públicamente la cancelación del proyecto Arazatí, también conocido como Proyecto Neptuno, y expresó su preocupación por la falta de planes ante la posibilidad de emergencias en la planta de Aguas Corrientes. Sus declaraciones se dieron tras la publicación del análisis de riesgos encargado por el BID, que descartó soluciones como Arazatí y respaldó alternativas como la reserva de Casupá.

Castagnino advirtió que los estudios técnicos no incorporaron la posibilidad de un colapso parcial o total de la usina de Aguas Corrientes, situación que ya se vivió durante la crisis de 2024. “Nada dicen de cómo enfrentar una emergencia en la producción”, criticó el exgerente desde Arequipa, Perú, donde reside actualmente.

A su juicio, el enfoque actual vuelve al escenario planteado en 2013 y que consideró “equivocado”, ignorando los preceptos técnicos que exigían otra fuente más segura y fiable de abastecimiento.

Castagnino reafirmó su postura histórica: Uruguay debe construir dos obras complementarias — el proyecto Neptuno/Arazatí y la represa de Casupá — como garantía frente a futuras emergencias hídricas. “No tenemos nada que elegir: es necesario e impostergable construir ambas obras”, aseguró.

El Proyecto Neptuno implicaba una planta potabilizadora en Arazatí, tomando agua del Río de la Plata, mientras que Casupá sería una reserva en la cuenca del Río Santa Lucía capaz de almacenar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua dulce, sin los problemas de salinidad ni trihalometanos que preocupan a técnicos y ambientalistas.

El exgerente calificó como equivocadas y sesgadas las conclusiones del informe del BID, que destaca a Casupá como solución más “robusta” que Neptuno. Según Castagnino, dichos estudios parten de datos incompletos o inconsistentes, ignorando la capacidad real de Arazatí para funcionar como reserva continua y confiable.

La metodología del informe, dijo, no contempló escenarios extremos de sequía ni variaciones abruptas en caudales, y no reflejó antecedentes como los episodios de inundaciones de 2024 y la crisis de abastecimiento de 2023. El resultado sería un replanteo de políticas públicas que puede costarle al país un retroceso en la planificación hídrica.

Castagnino consideró que las autoridades, en su buena fe, “fueron sorprendidas por asesores técnicos que enredaron y confundieron las cosas”. Ahora, con el proyecto suspendido judicialmente y en revisión ambiental, advierte que el país no puede perder más tiempo.

Desde su óptica, consolidar un sistema seguro requiere separar etapas: primero asegurar una fuente confiable (Casupá); luego evaluar, de forma independiente, la construcción de una nueva planta potabilizadora como Neptuno