El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado por el gobierno de Yamandú Orsi incluye un capítulo especial sobre cambios tributarios. Entre ellos, destaca el llamado “impuesto Temu”, una medida que busca aplicar el IVA del 22% a las compras realizadas a través de envíos exprés en plataformas extranjeras como Temu, Shein o AliExpress.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó que la iniciativa plantea una doble modificación: por un lado, se amplía el régimen de franquicias anuales de compras en el exterior de USD 600 a USD 800 (en hasta tres envíos por año); y por otro, se introduce un gravamen interno del 22% sobre el valor de esas adquisiciones, con un mínimo de USD 20 por operación.
De aprobarse el Presupuesto, la medida entrará en vigor el 1° de enero de 2026.
Desde el Poder Ejecutivo se argumenta que el objetivo es “equiparar horizontalmente” la carga tributaria entre productos importados y nacionales, respondiendo al reclamo de comerciantes uruguayos que denuncian pérdidas cercanas a los USD 15 millones mensuales por el auge de las compras en línea desde el exterior.
Sin embargo, la recaudación obtenida por este impuesto ingresará a Rentas Generales y no tendrá un destino específico de apoyo al comercio interno. En los primeros siete meses de 2025, se registraron 167 mil operaciones por USD 17 millones, lo que habría significado cerca de USD 3,7 millones en recaudación para el Estado de haberse aplicado este tributo.
En redes sociales, la medida se volvió tendencia bajo el nombre de “impuesto Temu”. Usuarios señalaron que, aún con el IVA del 22%, los precios de plataformas extranjeras seguirán siendo más competitivos que los del mercado local.
Especialistas también advierten que esta medida no garantiza una mejora real para el pequeño comercio, ya que no reduce costos internos ni aumenta su competitividad, sino que simplemente busca captar ingresos fiscales.
El impuesto no se aplicará a las compras realizadas desde Estados Unidos, debido al acuerdo TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) vigente desde 2007, que prevé evitar trabas impositivas de este tipo en el comercio bilateral.
¿Se trata de una política efectiva para proteger al comercio nacional o de un mecanismo de recaudación adicional para el Estado? ¿Realmente desincentivará las compras digitales de los uruguayos? La discusión parlamentaria del Presupuesto en los próximos meses será clave para responder esas preguntas.
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