El oficialismo aprobó en solitario la construcción de edificios sobre la línea de ribera del Arroyo Maldonado

En una tensa sesión, la mayoría del Partido Nacional dio luz verde a una nueva excepción a la normativa de construcción. El proyecto habilita tres bloques en una zona sensible, pese al rechazo en bloque del Frente Amplio y el Partido Colorado, que alertaron sobre la falta de informes ambientales y el impacto en los humedales.

La Junta Departamental de Maldonado volvió a ser escenario de un duro enfrentamiento entre el modelo de desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental. En las últimas horas, la bancada del Partido Nacional (PN) hizo valer su mayoría para aprobar una excepción constructiva de alto impacto: un complejo de tres edificios que se erigirá en las márgenes del Arroyo Maldonado, una de las zonas de mayor fragilidad ecosistémica del departamento.

La votación, que culminó sin el apoyo de la oposición, habilita la construcción de tres bloques con alturas de 7, 8.6 y 12 metros respectivamente. El punto más crítico del debate —y el que encendió las alarmas de vecinos y ambientalistas— es que uno de los edificios se proyecta directamente sobre la línea de ribera, interviniendo una franja de protección costera fundamental para el equilibrio de los humedales.

Desde la oposición, la crítica fue feroz. El edil del Frente Amplio (FA), Juan Urdangaray, calificó la aprobación como un atropello al ordenamiento territorial. La bancada de izquierda argumentó que el expediente llegó al plenario con una carencia grave: la ausencia de informes ambientales técnicos que avalen una intervención de tal magnitud en un ecosistema protegido.

«Lo que se votó hoy afecta directamente a los humedales y viola reglas claras. Estamos ante un desastre ambiental potencial avalado sin estudios serios, priorizando el cemento sobre el patrimonio natural de los vecinos», sostuvo Urdangaray, remarcando que el FA se mantuvo alineado con los reclamos de las organizaciones barriales que se oponen a la obra.

Un hecho político relevante de la jornada fue la postura del Partido Colorado (PC). Distanciándose de sus socios de coalición a nivel nacional, los ediles colorados decidieron no acompañar la excepción.

Su negativa se fundamentó en los riesgos ambientales evidentes y la afectación irreversible del paisaje del Arroyo Maldonado. Esta decisión dejó al Partido Nacional votando en soledad, evidenciando que la preocupación por el avance sobre la faja costera trasciende las barreras ideológicas tradicionales.

Por su parte, el oficialismo defendió la aprobación bajo la bandera de la reactivación económica y la generación de empleo. La edil del Partido Nacional, Verónica Robaina, argumentó que detener este tipo de inversiones es frenar el motor del departamento.

«Las obras generan trabajo y desarrollo para Maldonado. No podemos decirle que no a la inversión que trae el pan a la mesa de los trabajadores de la construcción», expresó Robaina, minimizando el impacto ambiental en pos del dinamismo económico.

Expertos en urbanismo advierten que la acumulación de «excepciones» en Maldonado está desdibujando el Plan de Ordenamiento Territorial, transformando la regla en letra muerta. La construcción sobre la línea de ribera sienta un precedente complejo para la protección de las cuencas hídricas, en un momento donde la presión inmobiliaria sobre el este uruguayo alcanza niveles históricos.