La Fiscalía anunció los ejes centrales de su acusación contra el exsenador Gustavo Penadés en un caso que promete trascender por su magnitud y repercusiones. En la demanda formulada —que abarca hechos entre 1990 y 2022— se acusa a Penadés de dirigir una estructura organizada de explotación sexual de menores y otros delitos conexos. La Fiscalía ha solicitado una pena de 16 años de prisión para el exlegislador.
El caso incluye trece denunciantes, de los cuales solo cinco podrían acceder a una indemnización, debido a limitaciones legales ligadas a la fecha de promulgación de la ley de género Nº 19.580. Esa ley establece el derecho de las víctimas de delitos sexuales a ser compensadas, pero solo para aquellos casos ocurridos después de su entrada en vigencia.
De las trece denuncias, diez personas mantienen su identidad reservada, mientras que tres declararon bajo su nombre: Romina Celeste Papasso, Jonathan Mastropierro y un joven recién egresado de la Escuela de Policía, quien habría sido seguido por Penadés en Punta del Este. Sin embargo, estos tres no figuran entre los cinco que podrían recibir una indemnización, debido a que sus denuncias datan de antes de la vigencia de la ley.
Las denuncias abarcan distintos escenarios: algunos acusados relatan que Penadés ofrecía pagos a cambio de actos eróticos o sexuales; en otros casos, se denuncia abuso incluso si la víctima era mayor de edad. En uno de los hechos más recientes, un adolescente de 15 años, en 2018, afirma que fue contactado por Penadés mediante una aplicación, obligado a prácticas que no deseaba y dejado con apenas unos cigarrillos como pago.
Otro episodio involucra a cuatro jóvenes, amigos entre sí. Uno de ellos —denominado “D”— relata que fue invitado por un intermediario para hacer “un trabajito” que supuestamente le pagarían 2.000 pesos. Las versiones señalan que solo “D” se comunicaba directamente con el intermediario, lo cual ha sido cuestionado por la defensa por su improbabilidad. El teléfono que habría sido usado nunca apareció físicamente, y la defensa sostiene que fue “perdido” durante una mudanza.
Durante la investigación, surgieron intercambios de mensajes que vinculan a algunas víctimas con conversaciones posteriores a las denuncias, en los cuales se habla de dinero y presión para “confirmar” la acusación. Las víctimas han sido citadas nuevamente para aclarar esta relación en el juicio.
La Fiscalía acusa a Penadés de actuar como “jefe o promotor” de una asociación delictiva destinada a ocultar los abusos, minimizar riesgos procesales y controlar la difusión de denuncias. Se imputa también la utilización de una “investigación ilegal” que consistió en recabar nombres, domicilios, fotos y datos de víctimas potenciales con el fin de amenazar o disuadir su testimonio. En este contexto, ya hay siete personas condenadas vinculadas al caso —entre ellas tres policías y un exfuncionario del Parlasur— por su participación en las maniobras de encubrimiento y persecución.
Uno de los elementos que la Fiscalía pondrá en el centro del juicio es un flujograma que circulaba entre celulares, donde figuraban nombres y fotos de jóvenes relacionados con el caso, datos que habrían sido compartidos entre colaboradores de Penadés. Además, se halló en el teléfono del exlegislador una partida de nacimiento de una de las víctimas y la ficha carcelaria de un pariente de un preso que luego fue “trasladado ilegalmente”, circunstancia que se imputa a una maniobra de presión orquestada por la red.
Para sostener estos planteos, la Fiscalía pretende citar 54 testigos, entre policías, peritos, familiares, amigos de las víctimas, periodistas, un arquitecto vinculado al domicilio donde ocurrieron hechos y el exdiputado Álvaro Viviano. Este último fue citado por su conexión con el entorno de Penadés y por mencionar vínculos personales en audiencias previas. Además, se buscará incorporar escuchas telefónicas realizadas a colaboradores del exsenador como prueba de coordinación y estrategias de ocultamiento.
Penadés dispone de 30 días para responder a la acusación. Hasta el momento, mantiene su postura de inocencia y anuncia que pretende demostrarlo en juicio. Su defensa ya ha cuestionado la configuración de los casos, la credibilidad de los testigos y la viabilidad de algunas pruebas, particularmente los mensajes y la estructura narrativa usada por la Fiscalía.
Otra arista que podría inclinar la balanza es que muchos de los hechos denunciados preceden la vigencia de la ley que garantiza indemnización en casos de delitos sexuales. Esa limitación legal excluye a la mayoría de las víctimas del derecho a ser compensadas por el daño sufrido, incluso si el juicio final determina culpabilidad plena.
En cuanto al pedido de pena, la Fiscalía considera que debe imponerse la pena máxima esperable dado el volumen de casos, la gravedad de los crímenes y la conducta organizativa del imputado.
El juicio contra Penadés se perfila como uno de los más mediáticos y complejos en la historia judicial reciente. Las semanas previas seguramente estarán cargadas de debates sobre admisibilidad de pruebas, recusaciones, estrategias de prueba testimoniales y periciales, y controversias sobre límites legales y tiempos procesales.
Para las víctimas y la sociedad, el juicio simboliza una prueba de la capacidad institucional para juzgar a figuras poderosas por delitos de abuso y corrupción simbiótica. Si la Fiscalía logra probar su planteo riguroso, podría sentarse un precedente importante en materia de justicia penal, derecho de las víctimas y rendición de cuentas en el ámbito político.
