La jueza Silvana García y el fiscal Sebastián Robles negaron este martes la solicitud del conductor argentino Nicolás Rocca, imputado por el siniestro vial en Manantiales que dejó dos jóvenes modelos argentinas fallecidas en enero de 2023, para viajar a Buenos Aires del 23 de diciembre al 3 de enero de 2025.
Rocca había solicitado permiso para salir de Uruguay argumentando “razones humanitarias”. Según sus abogados, Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, el viaje tenía como fin conocer a tres hermanos adoptados recientemente por su padre, quienes no pueden cruzar las fronteras argentinas debido a restricciones legales.
Tras analizar el pedido, la jueza García y el fiscal Robles determinaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de Rocca al país. Esto debido a que los tratados internacionales en los que Uruguay participa no incluyen acuerdos que aseguren la extradición de imputados bajo medidas restrictivas de libertad.
Además, la defensa había solicitado el levantamiento de la prisión domiciliaria total, medida que también fue rechazada por la Justicia. Rocca deberá continuar cumpliendo la restricción en territorio uruguayo mientras avanza el proceso judicial.
El caso: tragedia en la ruta 104
El accidente ocurrió el 4 de enero de 2023, cuando Rocca conducía su camioneta por la ruta 104 tras haber asistido a una fiesta nocturna. Según la Fiscalía, el joven manejaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes, a una velocidad mayor a la permitida, e invadió la senda contraria. El impacto frontal contra otro vehículo dejó como saldo la muerte de Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), además de varios heridos, entre ellos, amigos del imputado que viajaban con él.
Rocca fue imputado por homicidio culpable calificado, y la Fiscalía, a cargo del doctor Robles, solicita una condena de ocho años de prisión. Los abogados de las familias de las víctimas, Emiliano Chimuris y Joaquín Abal, han insistido en que el caso debe mantenerse dentro del marco legal para evitar cualquier posibilidad de fuga del acusado.
El rechazo del pedido de Rocca ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes temían que la salida del imputado dificultara el proceso judicial. Este caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias y de la importancia de que la justicia actúe con firmeza para garantizar que las víctimas obtengan reparación.
Rocca permanece bajo prisión domiciliaria total mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio oral.
Un reciente estudio realizado por el Programa de Lectura y Escritura Académica (LEA) de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República (Udelar) reveló que el 41% de los estudiantes que ingresan a la institución no logran realizar al menos la mitad de las tareas relacionadas con lectura crítica de mayor complejidad.
La evaluación, aplicada a 7.803 estudiantes en tres centros universitarios regionales y cinco facultades, expuso la necesidad urgente de fortalecer las competencias lectoras para garantizar un desempeño adecuado en el ámbito académico.
El estudio, titulado “La lectura crítica en ingresantes a la Udelar. Un posible diálogo entre lo esperado y lo empírico”, fue elaborado por Matías Núñez, Lucía Marroco, Elizabeth García y Leonardo Moreno. En él se destaca que las habilidades esperadas en los egresados de Bachillerato según el Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN) no están completamente desarrolladas en casi la mitad de los ingresantes.
Los resultados revelan que las principales dificultades están asociadas al nivel 3 de la evaluación LEA, que incluye:
Interpretar citas y posturas autorales complejas: Identificar ironías, parodias y compromisos del autor con las ideas presentadas.
Reconocer relaciones entre textos: Analizar, comparar y evaluar posiciones temáticas entre diferentes autores.
Contrastar y evaluar argumentos: Detectar falacias y debilidades en las posturas presentadas, identificando estrategias persuasivas.
En promedio, la mediana de respuestas correctas fue del 59%, lo que significa que muchos estudiantes aún no alcanzan el nivel esperado para enfrentar la lectura de textos académicos de manera crítica y reflexiva.
Según los autores del estudio, este déficit evidencia que la lectura crítica debe ser trabajada de manera más intensiva dentro del marco universitario, especialmente en los primeros años de formación. “Se requiere un apoyo de la universidad para que los estudiantes puedan apropiarse de la lectura académica, acceder a experiencias lectoras nuevas y enriquecer su capital cultural”, señala el informe.
El Programa LEA subraya la heterogeneidad en las prácticas lectoras de los ingresantes, lo que representa un desafío para los docentes al abordar la diversidad de competencias de los estudiantes.
Los investigadores plantean que este fenómeno podría estar relacionado, en parte, con los efectos de la pandemia de covid-19, que alteró los procesos de aprendizaje y evaluación en secundaria. Asimismo, el estudio abre nuevas líneas de investigación, como:
¿Cómo evolucionan las habilidades de lectura crítica en las distintas generaciones de ingresantes?
¿Qué tareas específicas presentan mayores dificultades?
¿Qué aspectos de los textos influyen en la capacidad de resolución de los estudiantes?
Estas preguntas buscan orientar futuras investigaciones y políticas educativas que permitan cerrar la brecha en competencias lectoras.
Nicolás Rocca, el joven argentino imputado por el accidente de tránsito en el que fallecieron las modelos Josefina Ferrero (27) y Micaela Trinidad (26), solicitó a la Justicia uruguaya autorización para viajar a Buenos Aires durante las fiestas de fin de año. El siniestro ocurrió en enero de 2023 en la ruta 104, a la altura de Manantiales, Maldonado, y dejó a Rocca con prisión domiciliaria tras ser acusado de un delito de homicidio culpable calificado.
Los abogados de Rocca, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, argumentaron en su solicitud que el joven necesita viajar a Argentina por «razones de humanidad». Según explicaron en el escrito, un familiar cercano enfrenta una enfermedad terminal, y otro pariente adoptó tres niños que Rocca aún no ha conocido.
En la solicitud, los abogados propusieron medidas para garantizar su regreso a Uruguay:
Aportar una suma de dinero en dólares como caución, que permanecería embargada en el país.
Firmar una vez al día en una seccional cercana a su domicilio en Buenos Aires para demostrar que no se fugó.
El abogado Andrés Ojeda, representante de las familias de las víctimas, expresó en una entrevista radial que este martes se llevará a cabo una audiencia judicial para resolver la solicitud.
El 4 de enero de 2023, cerca de las 13:30, Nicolás Rocca conducía una camioneta matriculada en Argentina por la ruta 104, en dirección sur, luego de haber asistido durante toda la noche a eventos bailables y un “after” en una chacra. Según la Fiscalía, el joven manejaba “a una velocidad mayor a la permitida” y, además, había consumido alcohol y drogas.
Al llegar al kilómetro 1 de la ruta, Rocca invadió la senda contraria y chocó de frente contra otro vehículo argentino conducido por Josefina Ferrero. En el impacto, Ferrero y su acompañante, Micaela Trinidad, fallecieron de forma inmediata.
El choque involucró a otros seis testigos, quienes también resultaron heridos. Entre ellos estaban Melanie Larraburu y Camila Palacios, que viajaban con las víctimas, y Nazarena Sierra, Milena Antún, Josefina Elissondo y Juan Pablo Sentero, quienes iban en el vehículo con Rocca.
La Fiscalía de Maldonado acusó a Rocca de homicidio culpable calificado y pidió una condena de ocho años de cárcel. Según los documentos presentados, se sostiene que el joven conducía en condiciones peligrosas tras haber consumido sustancias, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de terceros.
Las audiencias de control de acusación se encuentran en curso, un paso previo al juicio oral en el que se determinará qué pruebas serán admitidas.
El caso ha generado opiniones encontradas. Mientras los abogados de Rocca apelan a razones familiares y garantizan que su cliente regresará al país, los familiares de las víctimas temen que el viaje facilite su fuga. “Se trata de un caso que todavía busca justicia. Lo que se pide no es solo justicia para las familias, sino también que se respete el proceso judicial”, afirmó Ojeda.
Por su parte, las audiencias han puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de la seguridad vial y las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
La Suprema Corte de Justicia confirmó recientemente una sentencia que obliga a la empresa de transporte Chadre S.A., integrante del Grupo Agencia Central, a indemnizar con más de US$ 60.000 a una pareja afectada por un trágico accidente ocurrido en 2017. El siniestro dejó como saldo al conductor fallecido y varios pasajeros heridos, algunos de gravedad.
El 19 de junio de 2017, un ómnibus de Chadre S.A. partió desde la ciudad de Dolores rumbo a Montevideo. Durante su recorrido por la Ruta 55, alrededor de las 03:30 de la madrugada, el vehículo volcó en una curva pronunciada. Según testimonios de los pasajeros, el conductor realizó una maniobra brusca al intentar girar a la derecha, lo que provocó el vuelco del ómnibus.
El conductor, de 29 años, perdió la vida en el accidente, mientras que de los 23 pasajeros a bordo, más de diez sufrieron lesiones leves y tres resultaron gravemente heridos. Entre ellos se encontraba un hombre que, junto con su pareja, demandó a la empresa por daños y perjuicios.
El hombre sufrió severas heridas en el brazo derecho que le requirieron 11 cirugías, además de permanecer internado durante más de un mes. Según la sentencia judicial, «parte del antebrazo desapareció» debido al impacto, dejando consecuencias permanentes en su movilidad.
La pareja presentó la demanda bajo dos fundamentos legales: el hombre lo hizo por responsabilidad contractual, argumentando el incumplimiento de la obligación de seguridad propia del transporte de personas; mientras que su pareja lo hizo por responsabilidad extracontractual, alegando daño moral derivado del accidente.
La empresa Chadre S.A. compareció en 2021, rechazando las acusaciones y argumentando que el conductor no era su empleado directo, sino dependiente de otra sociedad comercial propietaria del vehículo. También señaló que el chofer no iba a exceso de velocidad y que el demandante no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que, según la defensa, agravó sus lesiones.
El juez de primera instancia, sin embargo, falló a favor de los demandantes y condenó a la empresa a pagar US$ 45.000 más $254.184 (unos US$ 6.000) al hombre, y US$ 10.000 adicionales a su pareja por el daño moral.
Uno de los aspectos más controvertidos de la resolución fue la forma de calcular los intereses legales. La Suprema Corte de Justicia determinó que estos deben calcularse desde la fecha del accidente, y no desde el inicio de la demanda, como solicitaba la empresa. Este ajuste podría aumentar significativamente el monto total que Chadre S.A. deberá abonar.
Aunque este caso ha llegado a su resolución, otros episodios similares aún esperan justicia. El abogado Rafael Silva, que representa a víctimas de accidentes recientes como el de un ómnibus de la línea 121 de Cutcsa y otro de Copsa en 2023, subrayó la importancia de investigaciones exhaustivas para determinar las causas de los siniestros.
“Necesitamos que la calidad de la investigación sea la mejor posible para garantizar justicia a las víctimas”, dijo Silva. Según él, esto tendrá un impacto directo en las decisiones que tome la Fiscalía, ya sea para formalizar responsabilidades o archivar los casos.
Este fallo marca un precedente importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de accidentes de transporte en Uruguay. Sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las empresas de transporte y de garantizar una respuesta más ágil por parte del sistema judicial.
El caso de Chadre S.A. no solo refleja las fallas en la prevención de accidentes, sino también los largos tiempos procesales que enfrentan las víctimas y sus familias, quienes deben esperar años para obtener una resolución que alivie, al menos en parte, las consecuencias de estas tragedias.
En un contexto político marcado por escándalos de alto perfil y cuestionamientos a la transparencia institucional, Uruguay enfrenta importantes desafíos para consolidar su gobernabilidad democrática y fortalecer sus políticas anticorrupción. Así lo revela el último informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), que analiza el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en las Cumbres de las Américas de Lima (2018) y Los Ángeles (2022).
A pesar de ciertos avances en áreas como la digitalización gubernamental, los resultados generales reflejan serias carencias en la implementación de políticas que garanticen transparencia, participación ciudadana y protección a denunciantes, pilares fundamentales para combatir la corrupción de manera efectiva.
1.Falta de perspectiva inclusiva
El informe señala la ausencia de un enfoque de género e interseccionalidad en las políticas anticorrupción, dejando desprotegidos a sectores vulnerables como mujeres, comunidades LGBTIQA+, pueblos originarios y personas con discapacidad. Esto pone en evidencia la falta de iniciativas para reconocer y abordar los impactos diferenciados de la corrupción en estas poblaciones.
2. Casos emblemáticos de corrupción
El período reciente estuvo marcado por dos grandes escándalos que sacudieron la confianza ciudadana. El primero, relacionado con Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, involucró actividades ilícitas como espionaje y tráfico de influencias. El segundo, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, evidenció fallas graves en la entrega de pasaportes y terminó con la renuncia de altos funcionarios.
Ambos casos reflejan cómo la debilidad institucional permite la repetición de conductas corruptas sin consecuencias claras.
3. Órganos de control debilitados
La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Fiscalía de la Nación son señaladas por su limitada autonomía financiera y operativa. A pesar de ser los principales organismos encargados de combatir la corrupción, carecen de recursos suficientes para cumplir sus funciones.
Por otro lado, la reciente Ley de Financiamiento Político representa un avance para regular los fondos de los partidos y campañas electorales, aunque todavía enfrenta desafíos para garantizar su implementación efectiva.
4. Compras públicas sin cláusulas anticorrupción
La falta de normativas específicas para evitar irregularidades en contrataciones públicas sigue siendo una deuda pendiente. Aunque se han adoptado decisiones aisladas en casos sensibles, como el escándalo Astesiano, no existe una política clara que promueva la transparencia en este ámbito.
A pesar de las críticas, Uruguay mantiene ciertos avances significativos. El país ha logrado posicionarse como referente regional en digitalización gracias a su Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y datos abiertos, liderada por AGESIC. Además, su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto ha permitido cocrear cinco planes de acción nacional, impulsando la transparencia y la participación ciudadana en línea.
También se destacan esfuerzos en la implementación de herramientas como portales de transparencia y simplificación de trámites digitales, que promueven la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
El próximo gobierno: un llamado urgente El OCC insta al gobierno entrante, que asumirá en marzo de 2025, a priorizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Entre las recomendaciones clave destacan:
Fortalecer los órganos de control, dotándolos de recursos y autonomía.
Crear espacios de diálogo multiactor con la sociedad civil, academia y sector privado.
Incorporar un enfoque inclusivo que considere a las poblaciones vulnerables.
Implementar políticas claras para proteger a los denunciantes y garantizar justicia en los casos de corrupción.
Uruguay enfrenta un momento clave para redefinir su estrategia anticorrupción. La transparencia y la rendición de cuentas no solo son necesarias para combatir los delitos, sino también para reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones. Si bien los avances en digitalización y acceso a la información son significativos, es urgente abordar las debilidades estructurales que perpetúan la impunidad y debilitan la democracia.
En un importante operativo policial desarrollado en la ciudad de Maldonado, se desarticuló una red que comercializaba dispositivos conocidos como TV Box modificados para el acceso ilegal a señales de televisión protegidas por derechos de autor. Este procedimiento, que incluyó allanamientos simultáneos en dos locales del centro de la ciudad, fue llevado adelante por la Policía de Maldonado, con apoyo de Policía Científica y un perito especializado en tecnología.
La investigación comenzó a partir de publicaciones en redes sociales que denunciaban actividades sospechosas en tres comercios de la zona, los cuales ofrecían estos dispositivos modificados. Según el abogado Fernando Couto, representante legal de los principales canales de televisión de Montevideo y vicepresidente de la Cámara Uruguaya Antipiratería, los locales modificaban los dispositivos al instalarles un software que permitía a los compradores acceder de forma ilegal a señales de televisión.
La denuncia inicial fue presentada en la Seccional 1.ª de Maldonado, y el Comisario Romero, junto con su equipo, lideró la investigación. Tras reunir pruebas y coordinar con la Fiscalía, se solicitaron los allanamientos, los cuales se realizaron en la mañana del martes en dos locales ubicados en las inmediaciones de la Plaza San Fernando, en el centro de Maldonado.
Durante los procedimientos, los efectivos policiales y peritos especializados constataron la existencia de dispositivos modificados, así como el software instalado que facilitaba el acceso ilegal a señales de televisión. Policía Científica documentó minuciosamente los elementos incautados mediante fotografías, los cuales serán presentados como evidencia ante la Fiscalía.
La Dra. Paola Maeso, abogada que forma parte del equipo legal que trabaja en el caso, destacó la relevancia de este operativo como un paso clave en la lucha contra la piratería de contenido televisivo. Según explicó Maeso, el daño causado por estas prácticas ilegales afecta directamente a la industria audiovisual, perjudica a los titulares de derechos de autor y fomenta un mercado negro que atenta contra la legalidad.
Más allá de la infracción a los derechos de autor, el abogado Fernando Couto alertó sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos. Según Couto, estos TV Box modificados representan una amenaza para los usuarios, ya que el software instalado puede ser utilizado para el robo de datos personales.
“El gran riesgo de comprar este tipo de dispositivos es que, al conectarse a la red Wi-Fi del hogar, el software instalado tiene acceso a toda la información de esa red. Hemos constatado que muchos de estos aparatos recopilan datos sensibles, como credenciales bancarias o accesos a redes sociales, dejando a los usuarios expuestos a posibles estafas o robos de identidad. Nada es gratis, y lo barato muchas veces sale caro”, advirtió el abogado.
Este aspecto técnico convierte a los dispositivos en un doble problema: por un lado, generan pérdidas económicas para las empresas que producen contenidos legítimos; por otro, comprometen gravemente la seguridad digital de quienes los adquieren.
Los responsables de los locales involucrados enfrentan cargos por hurto de señal y violación de la ley de marcas, debido al uso indebido de los logotipos de las señales pirateadas. Estas acciones constituyen delitos que pueden ser sancionados con condenas de entre 8 y 10 meses de prisión. Sin embargo, al tratarse de infractores primarios, los imputados se acogieron al régimen de libertad a prueba.
La investigación continúa para determinar si existe una red más amplia detrás de esta actividad ilegal, ya que los dispositivos incautados podrían provenir de un esquema organizado de distribución y comercialización.
La piratería de señales de televisión, especialmente a través del sistema IPTV, es un problema que afecta tanto a empresas de medios como a los propios consumidores. Según Couto, estas prácticas desleales no solo representan un golpe financiero para las cadenas televisivas, sino que también promueven un entorno de inseguridad en el ámbito digital.
La Dra. Maeso destacó que estos dispositivos pueden ser vendidos de forma legítima si no incluyen contenido pirateado, pero al ser modificados para ofrecer señales de televisión sin autorización, violan las normativas nacionales e internacionales sobre derechos de autor y control de piratería.
“Los allanamientos fueron esenciales para recoger pruebas digitales y físicas que confirmen la infracción. Estos operativos no solo buscan frenar la venta de dispositivos ilegales, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de proteger los derechos de autor y combatir estas prácticas desleales”, señaló Maeso.
Las autoridades y los representantes legales hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite adquirir dispositivos TV Box modificados o servicios que prometan acceso barato a señales de televisión. Además, recomendaron desconfiar de ofertas publicadas en redes sociales que puedan estar relacionadas con la piratería.
En caso de detectar actividades sospechosas, se insta a realizar denuncias anónimas para contribuir al combate contra esta problemática. La protección de los derechos de autor y el respeto por la legalidad son fundamentales para garantizar un mercado justo y seguro tanto para empresas como para consumidores.
Este operativo, aunque significativo, es apenas un paso en la lucha contra la piratería tecnológica en Uruguay. Se espera que las investigaciones en curso permitan desarticular redes más amplias y reforzar la conciencia sobre los riesgos que implican estas prácticas ilegales.
Un proyecto histórico permitirá a San Carlos resolver sus necesidades de agua y saneamiento para los próximos 30 años.
La ciudad de San Carlos experimentará un cambio fundamental en su infraestructura con una inversión histórica de 30 millones de dólares destinados a dos obras clave: una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de abastecimiento de agua potable. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno departamental de Maldonado y apoyada por diversas entidades estatales y regionales, representa un salto cualitativo para el desarrollo sostenible de San Carlos.
El intendente de Maldonado, Ing. Agr. Enrique Antía, destacó que este proyecto permitirá que la ciudad continúe creciendo y resuelva los problemas de saneamiento que hasta ahora frenaban nuevos fraccionamientos. «Esta inversión era un sueño desde hace años, y hoy podemos decir que será una realidad que garantizará un crecimiento ordenado y sustentable para las próximas décadas», subrayó.
Según Antía, el proceso comenzó hace varios años con la expropiación de un terreno a la Asociación Rural de San Carlos, el cual fue posteriormente donado a OSE para la construcción de la planta. Este gesto de colaboración interinstitucional ha sido crucial para el avance del proyecto y demuestra un compromiso a largo plazo con el bienestar de los habitantes de San Carlos y sus futuras generaciones.
La planta de tratamiento de aguas residuales, diseñada para una capacidad de 48,000 personas, será un modelo de última generación. Jesús Bentancur, director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE, explicó que esta infraestructura no solo mejorará las condiciones sanitarias, sino que también contribuirá significativamente a la conservación del entorno natural, especialmente en la calidad del agua que fluye hacia el arroyo San Carlos y la costa de Maldonado.
El proyecto, que comenzará en 2025 y se extenderá durante aproximadamente tres años, incluye la construcción de un nuevo depósito de agua con capacidad de 2,840 metros cúbicos, superando ampliamente el actual depósito de 600 metros cúbicos. Este aumento permitirá satisfacer la demanda de agua en San Carlos durante las próximas tres décadas, garantizando una mejor calidad de vida para la población.
El financiamiento del proyecto, que asciende a 25.5 millones de dólares para obras de saneamiento y abastecimiento de agua, ha sido gestionado a través de un crédito con Fonplata, facilitado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y Conafisa. Gracias a la garantía soberana otorgada por el gobierno nacional, la intendencia de Maldonado pudo acceder a este crédito internacional, en una operación pionera en el ámbito de la descentralización de obras de saneamiento.
Carlos Pereira, alcalde de San Carlos, calificó el proyecto como un «antes y un después» para la ciudad y expresó su agradecimiento a todas las entidades involucradas en este logro. «Es una obra que proyecta a nuestra ciudad hacia el futuro, nos permitirá recibir nuevos fraccionamientos y asegurar un suministro de agua adecuado para los próximos 20 a 30 años», afirmó Pereira.
Este avance no solo representa una mejora en términos de infraestructura, sino que también trae consigo importantes beneficios ambientales y económicos para la región. Con un plan integral de saneamiento y abastecimiento de agua, San Carlos podrá enfrentar de manera sostenible el crecimiento poblacional y satisfacer la creciente demanda de recursos esenciales.
Con esta inversión y el compromiso conjunto de múltiples organismos, San Carlos no solo respira aliviado sino que también mira hacia el futuro con optimismo y determinación.
En un contexto global complejo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, resaltó los desafíos que enfrenta Uruguay en el ámbito del comercio agrícola. Según Mattos, los acuerdos multilaterales presentan dificultades debido a la necesidad de consenso entre casi 200 países, situación que muchas veces frena el avance de proyectos. “Siempre hay algún país que pone objeciones y el acuerdo no funciona”, comentó el ministro.
Mattos explicó que países como Australia, Nueva Zelanda y Chile han optado por acuerdos bilaterales, lo cual les ha permitido avanzar en su inserción en los mercados internacionales. En cambio, Uruguay, debido a su pertenencia al Mercosur, ha estado más restringido en su capacidad de establecer acuerdos fuera de la región. Este contexto lleva a Uruguay a explorar la cooperación con otros países que enfrentan desafíos similares en la agenda agrícola global.
Un aspecto central de los desafíos multilaterales actuales es el factor ambiental, el cual está cada vez más presente en las negociaciones agrícolas. Mattos subrayó que los indicadores ambientales, a diferencia de otros criterios técnicos como los residuos o los sistemas de vacunación, carecen de consenso científico global, lo que puede colocar a Uruguay en una posición de desventaja. La delegación uruguaya ha puesto énfasis en la importancia de establecer parámetros técnicos sólidos para evitar que estas cuestiones ambientales difusas limiten el comercio de productos agrícolas del país.
Para enfrentar estos retos, Mattos hizo un llamado a unir fuerzas con naciones afines en términos de comercio agrícola, enfatizando la necesidad de cohesión en el manejo de la agenda internacional. En un contexto de creciente proteccionismo y conflictos geopolíticos, el ministro destacó que la cooperación entre países será fundamental para hacer frente a los desafíos globales y aprovechar las oportunidades de comercio agrícola.
El Ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, mostró optimismo en relación a la próxima temporada de verano, destacando un fuerte interés tanto de turistas argentinos como brasileños. Según el ministro, el país se prepara para ofrecer una amplia variedad de eventos gastronómicos, musicales y deportivos que complementarán la tradicional oferta de sol y playa, lo que atraería a visitantes a todos los rincones de Uruguay.
El Ministerio de Turismo ha intensificado los esfuerzos para distribuir actividades por todo el país, con la intención de atraer a más turistas a destinos menos convencionales. La oferta incluirá una rica agenda de eventos deportivos, musicales y gastronómicos, diseñados para brindar experiencias inolvidables a los visitantes.
Otro de los temas destacados por Sanguinetti fue la conectividad aérea. Uruguay espera contar con vuelos directos adicionales para la temporada de verano, especialmente a Maldonado, como parte de una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso a los principales destinos turísticos. En cuanto a los cruceros, si bien el número de arribos podría reducirse en comparación con la temporada pasada, se espera que las llegadas a Punta del Este y Montevideo mantengan cifras similares a las de años recientes.
Sanguinetti subrayó que, tras la reciente estabilización de la economía en Argentina, Uruguay también ha implementado medidas para mejorar la competitividad en el sector turístico, beneficiando así a los visitantes. “Estamos dando mejores condiciones, y los operadores turísticos están ofreciendo más servicios y beneficios, lo que nos da una base sólida para una excelente temporada”, declaró el ministro.
Con una temporada que promete alta demanda y numerosas actividades, el Ministerio de Turismo se muestra confiado en que Uruguay experimentará uno de los mejores veranos de los últimos años, con una sólida afluencia de visitantes y una rica oferta de experiencias para disfrutar.
El Hemocentro Regional de Maldonado, liderado por el Dr. Jorge Curbelo, se ha consolidado como una de las instituciones de referencia en el país en lo que respecta a la donación y procesamiento de sangre. Gracias a sus innovaciones y su colaboración con otros centros de salud y organizaciones internacionales, el hemocentro ha optimizado sus procesos y reducido significativamente sus costos operativos, mejorando la calidad y accesibilidad de los productos hemoterapéuticos.
El Dr. Curbelo destacó la importancia de la centralización de los procedimientos en el hemocentro, lo que ha permitido abaratar costos al realizar compras a gran escala y garantizar la disponibilidad de equipamiento de alta tecnología. Esto asegura un procesamiento óptimo del plasma, plaquetas y otros derivados de la sangre, con un nivel de calidad comparable al de cualquier institución avanzada a nivel mundial.
El Hemocentro de Maldonado también ha alcanzado un nuevo acuerdo con la planta de fraccionamiento de Córdoba, Argentina. Este convenio, según explicó el Dr. Curbelo, permite acceder a una mayor variedad de productos hemoterapéuticos derivados del plasma, como el octaplex y factores de coagulación. “Pasamos de recolectar 10,000 kg de plasma anuales a cerca de 18,000 kg, una cifra que solo fue posible gracias a la centralización en el hemocentro”, destacó Curbelo.
Esta colaboración internacional no solo garantiza una mejora en la variedad y disponibilidad de productos sino que representa un significativo ahorro para el sistema de salud pública de Uruguay, que evita recurrir a costosos productos de la industria farmacéutica.
Para el Dr. Curbelo, el desarrollo del hemocentro es una muestra de cómo la centralización y la colaboración entre instituciones pueden impulsar un sistema de salud más eficiente, accesible y sostenible. “Hoy tenemos un hemocentro que puede compararse con cualquier centro en el mundo, con el mismo equipamiento que en ciudades como Barcelona o Nueva York, y eso es motivo de orgullo y una confirmación de que no nos equivocamos”, concluyó.
