4 de febrero de 2026
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INEFOP: cómo funcionan las nuevas capacitaciones de Uruguay Impulsa en todo el país

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) puso en marcha una iniciativa de alcance nacional que busca mejorar la empleabilidad de miles de personas: en el marco del programa Uruguay Impulsa, 5.000 participantes comenzarán cursos de formación en 88 localidades de todo el país, orientados a potenciar tanto habilidades blandas como técnicas.

Uruguay Impulsa —coordinado por INEFOP junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes— fue diseñado para ofrecer una salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad. El programa combina trabajo temporal, prestación mensual, y sobre todo, capacitaciones para facilitar el ingreso o reinserción laboral.

El requisito era claro: personas de 18 a 65 años que no recibieran prestaciones públicas ni estuvieran empleadas formal o informalmente. Más de 160.000 uruguayos se inscribieron entre el 18 y 26 de agosto de 2025. Tras un sorteo, unas 5.000 personas resultaron seleccionadas para formar parte del programa.

El componente educativo a cargo de INEFOP —y en muchos casos en conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) o entidades acreditadas— contempla un trayecto de 22 jornadas distribuidas entre octubre y diciembre de 2025. Las capacitaciones combinan tres ejes principales: competencias transversales, formación técnica y herramientas para la búsqueda activa de empleo.

  • Competencias transversales: comunicación, trabajo en equipo, aprendizaje continuo — fundamentales para adaptarse a distintas formas de empleo.
  • Capacitación técnica: oficios y sectores con demanda laboral current — construcción, logística, comercio, gastronomía, administración, servicios.
  • Talleres de inserción laboral: armado de currículum, preparación para entrevistas, orientación de proyecto laboral.

Además, existe una modalidad opcional —la llamada “Ruta Digital”— destinada a nivelar competencias informáticas para quienes lo necesiten. Y para más de 2.000 participantes también se habilita un proceso de acreditación de saberes: quienes no completaron Primaria o Educación Media, pueden regularizar su situación educativa.

Una de las fortalezas del programa es su cobertura geográfica. Las capacitaciones se dictan en 88 localidades, muchas de ellas fuera de los grandes centros urbanos —lo que permite incluir a personas de contextos rurales o localidades pequeñas, acercando la oferta educativa a quienes más la necesitan.

INEFOP y UTU informan que la implementación contó con un despliegue logístico importante, con más de 1.200 docentes y acompañamiento institucional para asegurar accesibilidad, incluso en zonas remotas o menos favorecidas.

Para las autoridades del instituto, el programa representa un cambio de paradigma: pasar de medidas asistenciales o puntuales —como los tradicionales jornales solidarios— a una estrategia de largo plazo que combine capacitación, inserción laboral y desarrollo de capacidades. Así lo expresó su director general: es, dijo, “un viraje” en la forma de entender la formación y el empleo.

El énfasis no está solo en ofrecer una salida inmediata, sino en dotar a las personas de herramientas reales para insertarse en el mercado laboral, mejorar sus condiciones, y aumentar sus oportunidades a futuro.

El programa Uruguay Impulsa con INEFOP al frente representa una apuesta ambiciosa por la inclusión social, la reducción de vulnerabilidades y la promoción del empleo decente. Pero también enfrenta retos:

  • Que las capacitaciones se traduzcan en empleos reales y sostenibles, no en soluciones temporales.
  • Que las empresas valoren las habilidades y certificaciones brindadas.
  • Que el acompañamiento institucional se mantenga para asegurar la inserción efectiva.
  • Que existan políticas complementarias: acceso al transporte, incentivos laborales, acompañamiento social — especialmente en zonas rurales o apartadas.

Si todo marcha como prevén sus responsables, Uruguay podría ver un cambio estructural en varios segmentos de la población: más personas capacitadas, mejor empleabilidad, menos informalidad, y una fuerza laboral más cualificada.

INALE advierte déficit de $25 millones para 2026 y reclama mayor presupuesto al Estado

El organismo estatal encargado de regular y promover la producción láctea uruguaya, INALE, emitió recientemente una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para recibir un refuerzo presupuestal que permita cubrir un déficit proyectado en torno a 25 millones de pesos para el año 2026.

Según fuentes internas del Instituto, la combinación de factores —incluyendo el aumento de costos operativos, la necesidad de sostener subsidios al sector lechero, servicios de control, asistencia técnica y otras funciones básicas de regulación y fomento— ha llevado a una brecha que, sin un aporte extraordinario, comprometería su funcionamiento normal durante el próximo ejercicio.

El pedido al MEF surge cuando el gobierno nacional define su plan de asignaciones para el presupuesto 2025-2029, instancia en la que INALE espera que sus necesidades sean atendidas. En ese marco, la demanda se presenta como prioritaria para sostener el entramado productivo y evitar una crisis en la cadena láctea.

Desde su creación, INALE ha jugado un rol central en la regulación del mercado lechero, control de calidad, apoyo a productores, promoción de exportaciones y seguimiento técnico de toda la cadena. En un país donde la producción de leche es uno de los pilares del agro, su operativa resulta clave para garantizar estabilidad, seguridad alimentaria y competitividad internacional.

Con recursos adecuados, el organismo puede mantener subsidios, controles sanitarios, pruebas de calidad, financiamiento de programas de desarrollo productivo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores. La falta de fondos podría traducirse en menos controles, menor respaldo al productor y riesgos sobre la calidad e inocuidad del producto.

La hipótesis de un recorte o insuficiente refuerzo presupuestal genera preocupación en el sector: podría provocar reducción de subsidios, demoras en inspecciones, dificultades para mantener programas de asistencia técnica, e incluso limitaciones para el control sanitario y de inocuidad que garantizan la calidad de la leche.

Además, en un contexto de competencia internacional y volatilidad de precios, la presión sobre productores ya expuestos puede incrementarse. Si INALE no cuenta con recursos suficientes, el costo podría recaer en los eslabones más vulnerables de la cadena: pequeños productores y cooperativas.

Gremiales del sector lechero se vienen manifestando desde hace meses en favor de una reforma del financiamiento de INALE. Un planteo recurrente —presentado ante la Cámara de Senadores en 2025— sugiere que parte del impuesto a las exportaciones de productos lácteos (actualmente destinado al LATU) sea redirigido para fortalecer los fondos del instituto.

Ese planteo gana fuerza frente a la inevitable caída de los márgenes lecheros en un contexto de costos elevados, y ante la urgencia de asegurar liquidez institucional que garantice continuidad de funciones esenciales.

INELE espera definiciones en las próximas negociaciones presupuestales. El refuerzo solicitado no es un monto simbólico, sino necesario para cerrar el año 2026 con las cuentas equilibradas y garantizar que el organismo pueda cumplir con sus obligaciones regulatorias, sanitarias y de apoyo al sector.

El MEF, al presentar su mensaje de presupuesto para 2025-2029, estableció prioridades claras (salud, educación, protección social, infancia/adolescencia), lo cual aumenta la presión para que INALE demuestre la relevancia estratégica del sector lechero para la economía uruguaya.

El desenlace definirá no solo la suerte institucional del instituto, sino también la sostenibilidad del sector lácteo en un país históricamente dependiente de esta actividad productiva.

Udelar insiste con su histórico reclamo del 6+1 para impulsar la educación pública

En los últimos días, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, reiteró el histórico reclamo de la institución: que la inversión pública en educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que a su vez se destine un 1 % del PIB a ciencia e investigación. La expectativa está puesta sobre la próxima instancia de Rendición de Cuentas, que el gobierno enviará al Parlamento.

La demanda no es nueva: desde hace décadas el sistema universitario y los gremios docentes del país sostienen que ese piso de financiamiento —conocido como la fórmula “6 + 1” — es clave para garantizar una educación pública de calidad, mantener la excelencia académica, sostener la infraestructura, fomentar la investigación científica, afrontar la matrícula creciente, y asegurar condiciones dignas para docentes y estudiantes.

Según las autoridades de Udelar, la propuesta presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento mantendría una asignación insuficiente para la universidad: en lugar de acercarse al 6 % del PIB, los recursos destinados a la educación estarían en un nivel que rondaría el 4 % para los próximos años.

Ese escenario implica que la relación presupuesto/PIB de la Udelar —y, por extensión, de todo el sistema de educación pública— continuaría lejísima de lo que la universidad y los actores del sistema educativo consideran necesario para cumplir con sus funciones: docencia, investigación, extensión, infraestructura, becas, salarios, mantenimiento edilicio, laboratorios, entre otros.

En lo inmediato, esta situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria: desde informaciones sobre “situación de emergencia” para atender la demanda creciente de estudiantes, hasta advertencias de riesgo de desbordes en carreras, deterioro de calidad educativa y limitaciones para sostener la investigación.

Ante este contexto, el rector Cancela sostuvo que el reclamo del 6 % del PIB para educación y 1 % para investigación no debe verse como una exigencia puntual, sino como un proyecto estratégico para el país. Según sus palabras, la meta responde al imperativo de garantizar una “universidad pública, de calidad, pública y gratuita, con capacidad de recibir a más estudiantes, atender la demanda nacional y sostener la investigación científica”.

En ese sentido, la Udelar ya presentó una propuesta presupuestal para el período 2025–2029, estimada en unos US$ 330 millones adicionales frente al monto actual, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, descentralizar la oferta educativa, mejorar las condiciones docentes, ampliar la investigación en todo el país y garantizar becas para estudiantes con bajos recursos.

El rector remarcó que —aunque reconoce las limitaciones fiscales del país— considera que existe “voluntad política suficiente” en diferentes sectores parlamentarios para avanzar hacia ese objetivo. En encuentros recientes, destacó la importancia de mantener el compromiso del 6 % + 1 % como “una apuesta estructural” que trasciende gobiernos.

La carencia de recursos suficientes no afecta únicamente los salarios o la infraestructura: tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, el acceso para estudiantes de bajos recursos, la investigación científica, la extensión universitaria y la capacidad de la universidad de responder a los cambios sociales y tecnológicos.

Según advertencias de la universidad y sus gremios, la insuficiencia presupuestal podría derivar en:

  • Recortes en becas y apoyos estudiantiles, afectando el acceso igualitario.
  • Deterioro de la infraestructura y atraso en mantenimiento de edificios, laboratorios y equipamiento.
  • Menor capacidad de contratar cargos docentes, técnicos y de servicio, lo que impacta en la calidad educativa y el volumen de estudiantes por docente.
  • Restricciones a la investigación científica, básica y aplicada, con efectos negativos en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.
  • Posible limita­ción en la expansión de la oferta académica, especialmente en el interior del país, lo que condiciona la descentralización universitaria.

Con la Rendición de Cuentas a la vista, la Udelar presiona políticamente para que se incluyan incrementos significativos que se acerquen al reclamo histórico. Como parte de ese camino, la institución elevó su propuesta presupuestal al Parlamento, y algunos sectores del oficialismo y oposición han expresado apertura al diálogo.

Para las autoridades universitarias, la clave está en que ese ajuste no sea esporádico, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. Además, plantean que una inversión real en educación e investigación no debe considerarse un gasto: es una inversión en capital humano, desarrollo científico, innovación, equidad social y futuro colectivo.

No obstante, reconocen las tensiones: las restricciones fiscales, la presión por equilibrar las cuentas públicas, la competencia por recursos y la necesidad de priorizar otras áreas del Estado hace que alcanzar el 6+1 sea una decisión política compleja.

Logo del Ministerio del Interior

De discurso a política pública: las claves del nuevo Plan Nacional de Seguridad que entra en vigor en 2026

El pasado lunes, en la reunión de la Mesa Política de Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció oficialmente que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El plan, promovido por el gobierno nacional, busca consolidar un enfoque estructural, de largo plazo y basado en evidencia para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia, crimen organizado y políticas de control de armas.

La decisión marca un hito en la historia reciente de la gestión pública en materia de seguridad: después de años de medidas parciales, operativas o reactivas, el Estado apunta a una “política de Estado” con horizonte a 10 años, con metas claras, instrumentación permanente y participación social.

El PNSP 2025–2035 fue presentado oficialmente en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, encabezado por Negro. Su esencia radica en abandonar el paradigma de “emergencia permanente” para establecer un marco estratégico que combine prevención, disuasión, rehabilitación, uso de evidencia y participación ciudadana.

Entre los ejes prioritarios del plan figuran la reducción de homicidios, el combate contra el crimen organizado, el control más estricto del mercado ilegal de armas y municiones, una reforma penitenciaria integral, políticas de violencia de género, prevención social del delito y acciones de rehabilitación.

El plan se diseña en cinco fases: diagnóstico de la criminalidad y violencia; encuentros participativos con actores políticos, sociales y académicos; propuesta técnica, definición política de medidas concretas; y validación social. El diseño culminaría en enero de 2026. Luego, la implementación se pondría en marcha formalmente. Aunque la primera etapa operativa había sido anunciada para marzo de 2026, el anuncio del ministro Negro indica que muchos de sus componentes comenzarán a regir desde enero, lo que adelanta el punto de partida oficial.

El gobierno actual enfatiza que la seguridad ya no puede concebirse como un problema aislado o de gestión coyuntural, sino como una cuestión estructural que requiere políticas integrales y sostenidas. Negro ha señalado que “no se trata de hacer más de lo mismo”, sino de aplicar herramientas modernas, planificación, inteligencia, inversión institucional y participación democrática.

La construcción del plan implicó un proceso de consulta: partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, academia, especialistas en seguridad y actores del Estado participaron en los llamados “Encuentros por Seguridad”, espacio de debate desde julio hasta diciembre de 2025.

Así, el PNSP aspira a superar el escepticismo que genera en algunos sectores la idea de una política de seguridad sustentada solo en represión, proponiendo un enfoque multidimensional: prevención social, control policial focalizado, mejora de políticas penitenciarias, regulación del arma y fortalecimiento institucional, entre otros componentes.

Aunque el plan contempla su plena implementación a lo largo de 2026 y en adelante, con un monitoreo gradual y evaluaciones periódicas, el anuncio anticipa que desde comienzos del año próximo comenzarán a operar algunas de las medidas prioritarias. Entre ellas:

  • La estrategia de reducción de homicidios. El plan ya ha iniciado talleres con expertos internacionales y autoridades nacionales para definir protocolos, mapas de riesgo y estrategias focalizadas por zonas.
  • Fortalecimiento del control de armas y municiones mediante registro digital, trazabilidad y regulación más estricta.
  • Incremento de la presencia policial focalizada en zonas críticas, con un enfoque en la prevención y disuasión del delito.
  • Políticas de prevención social y comunitaria, abordando causas de la violencia estructural: programas sociales, rehabilitación, salud mental, inclusión, escuelas, reinserción, entre otros.
  • Uso de inteligencia, tecnología, monitoreo, estadísticas y evidencia científica para medir resultados y ajustar las estrategias.

A pesar del consenso político alrededor del plan, varios desafíos emergen:

  • Que la política trascienda el ciclo de gobierno: un plan a 10 años depende de continuidad institucional, recursos y consenso social.
  • Garantizar que las reformas estructurales —regulación de armas, reforma penitenciaria, prevención social— se implementen de manera coherente y no queden reducidas a medidas simbólicas.
  • Coordinar múltiples actores: Poder Ejecutivo, Parlamento, policías, justicia, sociedad civil, municipios, academia — una articulación compleja en un país diverso.
  • Transparencia y rendición de cuentas: monitorear resultados, evaluar indicadores, publicar estadísticas, corregir errores. Si no, el plan corre riesgo de volverse letra muerta.
  • Resistencia social y política: la seguridad suele generar debates polarizados; cualquier reforma profunda encontrará oposición, desconfianza o resistencia de ciertos sectores.

Para gran parte de la población —especialmente quienes viven en zonas vulnerables, barrios con altos índices de delitos, o víctimas de violencia— el PNSP representa una esperanza de cambio profundo, una apuesta a largo plazo, con institucionalidad y planificación. Si el plan se implementa con coherencia, podría modificar la percepción de inseguridad, mejorar la calidad de vida, reducir homicidios y reconstruir confianza en las instituciones.

Pero también será una prueba de madurez democrática: la ciudadanía deberá exigir resultados, participación, transparencia y seguimiento. El plan no será útil si se queda en discursos o promesas.

Para las autoridades, la responsabilidad es doble: deben traducir un diseño ambicioso en políticas reales, con presupuesto, recursos humanos, tecnología y control, asegurando que la seguridad —tan reclamada por la sociedad— deje de ser “sensación” y se convierta en políticas públicas efectivas.

Imagen de Yamandú Orsi cae y sale del podio en ranking regional

El presidente uruguayo Yamandú Orsi experimentó un revés en su imagen positiva a nivel regional. Según una encuesta reciente de la consultora argentina CB Opinión Pública, difundida en noviembre de 2025, Orsi perdió una posición en el ranking de presidentes sudamericanos más valorados y quedó fuera del podio.

Retroceso en la aprobación

Durante el mes analizado, Orsi obtuvo una aprobación del 46,1 %, según el informe de CB. Este resultado lo dejó en el cuarto lugar del ranking, por detrás de Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina).

En la encuesta se midió la imagen general del mandatario: un 15,0 % de los encuestados expresó que tiene una valoración “muy buena” de Orsi, mientras que un 31,1 % la describió como “buena”. Por otro lado, 23,4 % consideró su imagen “muy mala” y 28,6 % la calificó como “mala”.

Comparación con valores anteriores

Este retroceso no es aislado. En mediciones anteriores, Orsi había ocupado posiciones más altas:

  • En octubre de 2025, figuraba en tercer lugar con un 45,5% de imagen positiva.
  • En agosto de 2025, según otra encuesta de CB, Orsi también bajó un puesto, pasando al segundo lugar con un 48,9% de aprobación.
  • En octubre, según otro informe, bajó dos puestos para ubicarse en tercer lugar con un 45,5%.

Este vaivén refleja una dinámica complicada para el presidente uruguayo, que ha visto fluctuaciones en su popularidad desde su asunción.

Contexto político

La caída de Orsi en el ranking se produce en un momento de alta expectativa para su gestión. Al asumir, generó optimismo en algunos sectores políticos gracias a su acercamiento a temas como el bienestar social, la negociación política y la estabilidad institucional. Pero mantener una imagen favorable en toda la región —no solo en Uruguay— es un desafío creciente.

El hecho de que líderes como Paz, Lula y Milei lo hayan superado en esta encuesta podría responder a varias razones: distintos ritmos de gestión, decisiones políticas recientes, o simplemente las percepciones cambiantes de los ciudadanos frente a sus gobiernos.

Importancia de la medición

Estas encuestas son relevantes porque ofrecen una foto de cómo perciben los ciudadanos no solo a sus propios mandatarios, sino también a los de la región. Para Orsi, especialmente, es un termómetro útil: más allá del 46,1%, la caída refleja un posible desgaste o una falta de alineamiento entre expectativas y acciones.

Además, el margen de error de la medición es de ± 3 %, lo que significa que existe una variabilidad inherente en los resultados, pero el trend es claro: la valoración de Orsi ha disminuido lo suficiente para afectar su posición en el ranking.

¿Qué implica para su gobernabilidad?

La baja en la imagen podría tener implicaciones políticas más profundas: un presidente menos valorado puede tener más dificultades para impulsar su agenda, especialmente si su coalición o su base social requiere mostrar resultados positivos para sostener el apoyo.

Además, en un contexto regional donde otros mandatarios están subiendo —como Milei, según algunos informes recientes—, Orsi necesitará demostrar gobernabilidad, eficacia y una estrategia comunicacional consistente para revertir tendencias negativas y volver a escalar en la percepción pública.

¿Está Uruguay preparado para una crisis tipo 2002? ¿cuánto cubren las reservas del Banco Central uruguayo?

A más de dos décadas de la crisis financiera de 2002 —marcada por una corrida bancaria, un fuerte shock cambiario y problemas de liquidez para hacer frente a la deuda pública—, Uruguay evalúa con cautela si su actual nivel de reservas internacionales sería suficiente para soportar un temporal similar hoy. El Banco Central del Uruguay (BCU) realiza simulaciones periódicas, y sus conclusiones muestran una situación mucho más robusta que en aquel entonces.

El antecedente que dejó cicatrices

En 2002, el país sufrió una de sus peores crisis económicas: bancos cerrados, depósitos retirados en masa y una demanda de dólares que las reservas no pudieron sostener. Esa experiencia ha quedado marcada en la memoria institucional y financiera del país.

Para evitar un escenario similar, el BCU utiliza un modelo que denomina “reservas de confort”: un nivel precautorio de activos externos (principalmente dólares) diseñado para soportar una combinación de choques simultáneos, como los de 2002: corrida bancaria, presión cambiaria y falta de acceso al financiamiento.

Escenario hipotético: ¿cuánto se necesitaría hoy?

Según los cálculos más recientes del BCU, en un escenario extremo similar al de 2002, la entidad central requeriría aproximadamente US$ 16.140 millones para hacer frente a todos los riesgos analizados.

Ese monto se desglosa de la siguiente manera:

  • Para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios, serían necesarios US$ 8.384 millones, de los cuales US$ 7.781 millones corresponderían al servicio de deuda del propio BCU.
  • En cuanto al sector público no financiero —gobierno central y Banco de Previsión Social—, se estiman riesgos por US$ 3.035 millones, producto del pago de deuda más un déficit primario simulado en un contexto de crisis.
  • Finalmente, para cubrir el sistema financiero (corrida bancaria) se requieren US$ 4.722 millones adicionales.

¿Y las reservas actuales?

Al 31 de agosto de 2025, el stock de activos de reserva del BCU alcanzaba los US$ 18.488 millones, según su último Informe de Política Monetaria. Esto implica una holgura de US$ 2.348 millones por sobre lo estimado para el escenario más adverso. El informe interpreta esto como una “posición financiera muy sólida”.

En cuanto a vencimientos de deuda, el perfil proyectado no arroja presión inmediata: más de dos tercios de la deuda deben pagarse después de 2028, lo que da margen ante posibles tensiones.

Cómo invierte el BCU sus reservas

Las reservas no están simplemente “guardadas”: el BCU las distribuye en cuatro fondos con diferentes propósitos:

  1. Fondo Liquidez (en dólares y otras monedas) — para permitir intervención rápida.
  2. Fondo Precautorio (US$) — reservado para riesgos extremos.
  3. Fondo Inversión (US$) — para generar retorno a mediano plazo.
  4. Fondo Especial, con activos en diferentes monedas (dólar, yuan, reales, pesos mexicanos) y en instrumentos más diversificados (bonos ESG, MBS, corporativos, etc.).

Al 30 de septiembre de 2025, estas carteras gestionaban unos US$ 18.521 millones. Del total, más de US$ 7.500 millones estaban en el fondo de liquidez, que es clave para reaccionar rápido ante crisis.

¿Qué función cumplen estas reservas?

No solo son un “colchón para emergencias”: el BCU las considera una especie de seguro. Permiten:

  • Tener liquidez en dólares lista para vender si se necesita intervenir en el mercado cambiario.
  • Garantizar el servicio de la deuda externa del propio Banco Central.
  • Mejorar la percepción de riesgo por parte de los inversores: cuanto mayor sea el nivel de reservas, menor es la prima de riesgo país.

De acuerdo con el BCU, sus reservas “exceden en general el volumen de liquidez requerido para lo que puede considerarse la operativa diaria”, lo que refuerza su carácter precautorio.

¿Conclusión? Más preparación que en 2002, pero no inmunidad

El ejercicio de simulación del BCU sugiere que Uruguay cuenta hoy con un colchón mucho más robusto que hace más de veinte años, y que sus reservas actuales podrían resistir un choque múltiple como el vivido en 2002.

Sin embargo, ese “seguro” no implica inmunidad total: usar esas reservas en un escenario real de crisis requeriría decisiones difíciles, como vender dólares, enfrentar presiones sobre la tasa de interés, o asumir un déficit primario negativo.

Además, el costo de oportunidad de mantener reservas tan elevadas no es despreciable: esos recursos podrían usarse para inversiones o para otros fines.

En definitiva, Uruguay parece estar mejor equipado para capear un temporal económico-financiero que hace dos décadas. Pero la fortaleza no elimina los riesgos: la clave estará en cómo se gestionen esos recursos si llegara una crisis real.

Punta del Este en verano

¿Cómo impacta el envejecimiento de la población uruguaya en el mercado laboral y el consumo?

En un contexto económico donde a menudo los expertos se centran en variables macroeconómicas tradicionales —como tasas de interés, inversión o crecimiento del PIB—, un nuevo informe de la consultora Exante viene a subrayar un factor estructural clave: la dinámica demográfica de Uruguay. Según este estudio, el país enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado, una baja tasa de natalidad y un cambio en la composición por edades que tendrá efectos profundos en el mercado laboral, el consumo y las políticas públicas.

1. Un panorama demográfico en transformación

El reporte, titulado “Economía y empresas ante una nueva dinámica demográfica en Uruguay”, fue presentado por los socios de Exante Pablo Rosselli, Tamara Schandy y Florencia Carriquiry. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en el informe, Uruguay está en una trayectoria donde la población disminuye lentamente hacia las 3 millones de personas hacia 2070, debido a que las muertes podrían superar a los nacimientos.

La tasa de fecundidad en Uruguay se sitúa en torno a 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del reemplazo generacional. Al mismo tiempo, la esperanza de vida crece, lo que genera un desafío doble: más personas mayores, pero menos nacimientos para sostener la población activa.

De acuerdo con las proyecciones, la población mayor de 65 años pasará de representar aproximadamente el 15,6% en 2023 a un 24,5% en 2050. Esa transformación implicará que por cada 10 personas en edad para trabajar (15-64 años), habrá 6,5 personas “dependientes”, es decir, fuera de esa franja productiva.

2. Impacto en el mercado laboral

Para Exante, uno de los retos más acuciantes es cómo la economía uruguaya absorberá esa composición etaria cambiante. Según el documento, la Población en Edad de Trabajar (PET) crecerá hasta alrededor de 3,01 millones en 2033, pero después comenzará a descender hasta proyectarse en 2,72 millones hacia 2070.

Actualmente, la tasa de actividad —el porcentaje de personas en edad laboral que trabajan o buscan trabajo— es del 64,3%. La tasa de empleo, por su parte, es del 59%, con una informalidad del 21,7%. Exante señala además que un 28% de las horas trabajadas las aportan personas mayores de 50 años, lo que evidencia el peso creciente de los trabajadores senior.

Para contrarrestar estos desafíos, el estudio propone tres pilares clave:

  • Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes.
  • Incrementar la participación laboral de las mujeres, que en muchos casos asumen cargas de cuidado.
  • Extender la vida laboral, promoviendo que más personas mayores sigan activas laboralmente y también que sean más productivas.

3. Cambios en los patrones de consumo

Otro efecto relevante de la nueva estructura demográfica se verá en el consumo. Según Exante, los adultos mayores tienden a consumir más que otros grupos: en algunos mercados, su consumo per cápita supera en un 20 % al promedio. Aunque para Uruguay no hay datos exactos desagregados, se puede inferir una transformación en la demanda futura.

De acuerdo con la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, los uruguayos destinan gran parte de sus gastos a alimentos y bebidas no alcohólicas (27%); transporte y vivienda representan otro 14% cada uno; y recreación y cultura alcanzan un 8%.

Además, las proyecciones poblacionales muestran que los hogares de mayores de 60 años ganarán peso significativo: hacia 2070, casi 40% de la población podría tener más de 60 años, mientras que los niños representarán menos del 10%.

Este desplazamiento demográfico tiene implicaciones para empresas y emprendedores: quienes diseñan productos, servicios y estrategias de mercado deberán tener en cuenta este cambio estructural para anticipar nuevas demandas (salud, vivienda, ocio, tecnología, ahorro).

4. Implicaciones para políticas públicas

Desde el punto de vista de las políticas, Exante identifica varios desafíos estructurales. Uno de ellos es que el PIB uruguayo ha crecido en promedio solo un 1% anual en la última década, un ritmo que, según los analistas, es insuficiente para mejorar significativamente la calidad de vida de la población.

Para revertir esto, los expertos proponen combinar un aumento de la productividad con una mayor inversión, junto con una estrategia para elevar la oferta laboral (a través del empleo femenino, mayor inserción de mayores y migrantes). La educación también aparece como un factor esencial: Exante señala deficiencias en el sistema educativo y advierte que, si bien habrá menos alumnos en las escuelas en el futuro, esa puede ser una oportunidad para mejorar la calidad y la eficacia.

En paralelo, el informe sugiere que Uruguay podría beneficiarse de una política migratoria más activa: la llegada de inmigrantes en edad laboral podría compensar parte del envejecimiento poblacional y fortalecer el sistema productivo. Para eso, advierten, hace falta un diseño serio de incentivos para atraer y retener trabajadores.

5. Riesgos y oportunidades para las empresas

El estudio de Exante no solo identifica amenazas, sino también oportunidades para las empresas. A medida que la estructura etaria cambia, las compañías que sepan adaptarse podrán aprovechar nuevos nichos: servicios para adultos mayores, bienes de consumo especializados, turismo senior, atención médica y estrategias de exportación más sofisticadas.

Sin embargo, para ello es necesario que las empresas contemplen en sus planes de mediano y largo plazo estos cambios demográficos. Según el informe, la estabilidad de Uruguay es una ventaja, pero también puede ser un freno para la transformación rápida. Rosselli, uno de los analistas, señala que muchas veces la estabilidad “hace que abordemos pocas cosas a la vez”.

Además, el nuevo mapa poblacional —no solo por edad, sino también por distribución geográfica— podría reconfigurar dónde se consumen determinados bienes. Zonas como Canelones o Maldonado, que han crecido en población, pueden volverse más atractivas para cierto tipo de oferta, mientras que otros lugares deben replantear su estrategia para adaptarse a una población que envejece.

Uruguay confirmado en el Bombo 2: conozca a los posibles rivales de la celeste en el sorteo del Mundial

El cierre de la última Fecha FIFA es clave para definir la posición de las 48 selecciones clasificadas. La ubicación de Uruguay en el Pote 2 asegura un rival cabeza de serie potente y excluye a varias potencias. El ranking ELO, similar al ajedrez, ordena los bolilleros.

El Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comienza a tomar forma de cara al sorteo de la fase de grupos. Con la última ventana de partidos internacionales finalizada, la Selección de Uruguay ya tiene definida su ubicación: estará en el Bombo 2 (Pote 2).

Esta posición, determinada por el Ranking FIFA ELO, tiene implicaciones directas en la composición de su grupo, garantizando un rival cabeza de serie de máximo nivel, pero excluyendo la posibilidad de enfrentar a otras potencias que también se encuentran en el segundo bolillero.

Cómo se Definen los Bombos y el Rol del Ranking ELO

El sorteo del Mundial 2026 repartirá a las 48 selecciones clasificadas en cuatro bombos de 12 equipos cada uno. La clasificación se basa en el Ranking FIFA, con una metodología conocida como ELO, similar a la utilizada en el ajedrez.

A diferencia de fórmulas anteriores, el sistema ELO pondera el valor de cada partido según la fuerza del rival y la instancia de la competición (una Eliminatoria vale más que un amistoso; una final vale más que una fase de grupos). Este sistema clasifica a 42 equipos, mientras que los seis restantes provendrán de las repescas intercontinentales.

La regla clave del sorteo establece que las selecciones no podrán compartir grupo con otras de su misma confederación, con una excepción: la UEFA podrá tener hasta dos equipos en la misma zona.

Los Bombos y los Posibles Rival de Uruguay

Uruguay, posicionado en el Bombo 2 con 1677.62 puntos, tendrá que enfrentar obligatoriamente a un rival del Bombo 1 (Cabezas de Serie). Por otro lado, enfrentará a una selección del Bombo 3 y a otra del Bombo 4.

Pote 1: Los Cabezas de Serie (Posibles Rivales de la Celeste)

El grupo más fuerte está compuesto por los tres anfitriones y los mejores clasificados del ranking ELO:

  • Anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
  • Potencias del Ranking:España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
    • Nota: Uruguay no podrá enfrentar a Argentina ni a Brasil en la fase de grupos.

Pote 2: La Ubicación de Uruguay (Rivales Excluidos)

Al estar la Celeste en este bolillero, se asegura que no enfrentará a ninguna de las siguientes potencias en la fase de grupos:

  • Potencias Excluidas: Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Austria y Ecuador.

Pote 3: Los Rival a Evitar (y a Buscar)

El Bombo 3 está conformado por selecciones con puntajes intermedios, incluyendo rivales africanos, asiáticos y sudamericanos que Uruguay no puede enfrentar (Paraguay). Los posibles rivales incluyen:

  • Rival de Riesgo: Noruega (que tuvo un gran ascenso en puntos).
  • Otros Opciones: Australia, Egipto, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica y Honduras.

Pote 4: El Último Rival (Incluye Repescas)

El último bolillero incluye los equipos peor rankeados que ya están clasificados y los equipos que vendrán de las repescas intercontinentales y europeas.

  • Clasificados Directos: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Surinam.
  • Repechajes: Incluye a los ganadores de las repescas de Europa (donde participan potencias como Italia, si no logran clasificación directa) y los clasificados intercontinentales.

El sorteo final será el momento de la verdad, pero la posición de Uruguay en el Bombo 2 ya establece el marco para la composición del Grupo Celeste.

Más allá de la Proteína: Guía esencial de hábitos y nutrientes para reforzar hormonas, músculo y metabolismo en elhombre

En el mes del Día Internacional del Hombre y de concientización prostática, expertos explican cómo la alimentación, el movimiento y la gestión de porciones impactan en la testosterona, la energía y la prevención de enfermedades crónicas, desmitificando la búsqueda de soluciones rápidas.

En un mes dedicado a la concientización sobre la salud masculina —celebrándose el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre) y la campaña por la prevención del cáncer de próstata—, la atención se centra en cómo los hábitos cotidianos pueden ser la herramienta más potente para el bienestar a largo plazo.

Contrariamente a la tendencia de buscar soluciones rápidas o enfocarse solo en «comer más proteína», la salud masculina es un complejo equilibrio que depende de un enfoque integrador: la interacción entre hormonas, masa muscular, metabolismo, calidad del descanso, estrés y, fundamentalmente, la alimentación diaria.

El desafío para muchos hombres es superar el patrón de esperar resultados inmediatos, lo que a menudo lleva al consumo de ultraprocesados y a dietas pobres en fibra y micronutrientes esenciales.

El Secreto Está en la Consistencia, No en la Sofisticación

La nutrición ya no se mira solo como un listado de «superalimentos» sino como un patrón de consistencia. El primer paso propuesto por los expertos es priorizar los alimentos frescos y naturales antes que las soluciones rápidas.

  • Evitar los ultraprocesados: El consumo frecuente de comidas rápidas y productos con exceso de sal y poca fibra afecta la inflamación y el metabolismo.
  • Patrón Natural: La estrategia básica pero poderosa incluye sumar verduras en cada comida, consumir frutas como colación, incorporar pescados semanalmente y tener frutos secos a mano.

La Regla de Oro: Regular Porciones y Evitar Excesos Nocturnos

Un punto crítico en la alimentación masculina suele ser la porción. Muchos hombres comen rápidamente, en platos demasiado abundantes y sin registrar la saciedad, sobre todo durante la noche. Este hábito impacta directamente en el peso, la inflamación y la calidad del sueño.

La intervención simple para un gran cambio es:

  1. Comer más lento.
  2. Servir porciones moderadas.
  3. Evitar que la última comida del día sea la más pesada.

Estos ajustes no solo mejoran los marcadores metabólicos en pocas semanas, sino que generan cambios visibles rápidamente en el hombre, lo que se convierte en un gran motivador para sostener los nuevos hábitos.

Nutrición y Músculo: Un Dúo Inseparable

La salud masculina no puede sostenerse sin movimiento. A partir de los 30 años, se produce una pérdida natural de masa muscular, lo que afecta directamente la energía, la postura y aumenta el riesgo cardiovascular.

El entrenamiento de fuerza, aunque sea solo dos veces por semana, no solo mantiene la masa muscular, sino que ayuda al cuerpo a aprovechar mejor la proteína, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación. Nutrición y ejercicio se potencian mutuamente y deben dejar de verse como dos objetivos separados.

En cuanto a la proteína, la clave no es la cantidad bruta, sino la distribución adecuada y su asociación con el entrenamiento. Es fundamental incluir fuentes de calidad (carnes magras, huevos, lácteos, legumbres y pescados) en patrones equilibrados, lejos de las dietas extremas.

Los Aliados Olvidados: Fibra y Micronutrientes Estratégicos

La inflamación crónica, a menudo causada por el estrés, el sedentarismo y la mala alimentación, es un factor de riesgo silencioso. Los expertos señalan que el punto más descuidado en la dieta del hombre es la fibra y los fitoquímicos.

  • Fibra Soluble y Crucífaras: Ayudan al intestino, equilibran hormonas y regulan el colesterol.
  • Zinc (Regulador Masculino): Esencial para la función hormonal, la testosterona y la salud prostática. Su déficit empeora la recuperación muscular y debilita el sistema inmune. Se encuentra en carnes, mariscos, semillas y frutos secos.
  • Vitamina D (Termómetro General): Los niveles bajos son comunes en Uruguay y se asocian con baja energía y alteraciones hormonales. Es vital chequear sus valores para ajustar la suplementación si es necesario.
  • Omega-3 (Antiinflamatorio): Combaten el estrés oxidativo, los triglicéridos altos y el riesgo cardiovascular. Se incorporan con la ingesta regular de pescado, semillas de chía y nueces.
  • Licopeno (Para la Próstata): Sus beneficios son un tema de hábito: consumir tomate cocido varias veces a la semana o en salsa casera aporta este antioxidante asociado a un menor riesgo de enfermedad prostática.

En resumen, cuidar la salud masculina de forma efectiva requiere ir más allá de los suplementos y las modas dietéticas. Implica revisar cómo, qué y cuándo se come, priorizando alimentos reales, moviéndose con regularidad y controlando los excesos nocturnos. Es una mejora progresiva que impacta directamente en la energía, la prevención y la calidad de vida.

Trump cede a la presión y ordena a los Republicanos apoyar la difusión de los archivos Epstein

Tras semanas de campaña para detener la votación, Donald Trump cedió ante la presión de su propio partido y pidió en redes sociales la difusión de los documentos vinculados al delincuente sexual. El cambio de postura ocurre en medio de la publicación de correos que apuntan a sus propios vínculos con Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un dramático y repentino cambio de postura, instando públicamente a los miembros republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de una medida que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Este giro marca el fin de una intensa campaña de presión por parte de la Casa Blanca, que buscaba sofocar la disidencia republicana y detener la votación que se esperaba para esta misma semana en el Congreso.

La Presión Interna y el Mensaje en Redes

El anuncio de Trump se realizó a través de sus redes sociales, donde afirmó sin ambages que los republicanos deberían apoyar la publicación de los archivos «porque no tenemos nada que ocultar«. Este mensaje contrasta con los esfuerzos de la última semana, en los que el presidente contactó personalmente a legisladores republicanos —llegando incluso a convocar a uno de ellos a la Sala de Crisis de la Casa Blanca junto a su fiscal general y el director del FBI— en un intento desesperado por detener la iniciativa.

El contexto de esta rectificación es la creciente posibilidad de que decenas de legisladores republicanos votaran a favor de la medida, a pesar de la oposición inicial de la administración. Líderes republicanos, como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, predijeron un apoyo «importante» y aseguraron que era necesario «terminar con esto y seguir adelante».

Trump intentó enmarcar su cambio de postura como una victoria política: «Es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano».

El Factor Clave: Los Correos Electrónicos y la Vinculación con Trump

El repentino respaldo presidencial a la transparencia se produce en un momento de renovado escrutinio sobre sus propios lazos con Jeffrey Epstein. La semana pasada, la divulgación de más de 20.000 correos electrónicos pertenecientes al delincuente sexual convicto avivó el escándalo.

Estos emails incluían afirmaciones de Epstein de que Trump estaba al tanto de sus actividades e incluso que el presidente pasó horas en su casa con una joven que luego acusó a Epstein de abuso sexual y tráfico.

Aunque Trump desestimó los correos electrónicos como un «engaño», la publicación de los documentos aumentó significativamente la presión sobre la mayoría republicana y su líder en la Cámara.

El Drama Republicano: La Enemistad con Taylor Greene

La tensión generada por los archivos de Epstein no solo expuso la división entre los legisladores, sino que también provocó un distanciamiento público entre Trump y una de sus aliadas más cercanas, la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene.

Greene, que ha sido una de las voces republicanas que presionan para la publicación de los archivos, ha chocado con Trump por diversos temas (incluidos los bombardeos en Irán y el apoyo a Ucrania).

Horas después de su rectificación pública sobre los archivos de Epstein, Trump intensificó sus ataques contra Greene, declarando en redes sociales que ella «se esfuerza al máximo por presentarse como una víctima cuando, en realidad, ella misma es la causante de todos sus problemas». A raíz de estos ataques, que incluyeron calificarla de «traidora», Greene anunció que dejará la «política tóxica» y expresó su deseo de reconciliarse con el presidente.

El Camino por Delante en el Senado

Aunque el proyecto de ley para la difusión de los archivos parece encaminarse a ser aprobado en la Cámara de Representantes gracias al apoyo de los republicanos disidentes y el visto bueno de último momento de Trump, su futuro en el Senado es más complejo.

La medida necesitaría 60 votos para ser llevada a votación. Dado que los demócratas cuentan con 47 escaños, se requeriría el apoyo de al menos 13 republicanos, lo que augura un debate más arduo en la cámara alta. Sin embargo, la acción de Trump, si bien tardía, podría acelerar el proceso de divulgación por parte del Departamento de Justicia, independientemente del resultado de la votación legislativa.