4 de febrero de 2026
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Fondo de Desarrollo del Interior: fracasó el acuerdo y el presidente Orsi asume el rol decisivo

En una tensa nueva ronda de negociaciones, el Congreso de Intendentes (CI) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no lograron alcanzar consenso sobre la cifra y criterios para las transferencias presupuestales del gobierno central a los gobiernos departamentales, con vistas al proyecto de Presupuesto Nacional 2025‑2030. Ahora, la resolución final quedará en manos del presidente Yamandú Orsi, quien deberá mediar para destrabar el proceso antes del cierre constitucional del trámite

Las diferencias: millones en juego

La disputa gira en torno a una diferencia estimada entre US$ 18 millones y US$ 25 millones al año, en contraste con los más de US$ 4.100 millones que el gobierno propone como transferencia general a las 19 intendencias. A pesar de la voluntad de acercar posiciones por ambas partes, el grupo de intendentes considera insuficiente el monto asignado y reclama también una lógica redistributiva más equitativa

Los mandatarios alegan que las intendencias han asumido funciones adicionales —como gestión de policlínicas y mantenimiento de caminos rurales— que exceden sus competencias tradicionales, sin recibir compensación adecuada, lo que refuerza la exigencia por una mayor autonomía presupuestal

Propuestas estructurales

Los intendentes presentaron una contrapropuesta para modificar criterios de distribución del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), fundada en el artículo 298 de la Constitución. Propusieron una regla de reparto con 60 % destinado a las intendencias y el restante 40 % a iniciativas ejecutadas por el Ejecutivo y organismos descentralizados, tras aprobación conjunta en una Comisión Sectorial de Desarrollo

Esos cambios, defienden, no implican necesariamente una cuantía mayor, sino una redistribución distinta, que permita a los gobiernos locales actuar con mayor margen y responder a realidades territoriales diversas.

El rol de Orsi

Tras dos reuniones sin acuerdo, el CI acordó un último esfuerzo: comunicar directamente con el presidente Orsi para que medie personalmente y logre un entendimiento. La instancia clave será una sesión del Congreso de Intendentes convocada este miércoles a las 11:00, en la que Orsi podría participar, aunque no se ha confirmado oficialmente su asistencia

De no llegar a un arreglo antes de que concluya el plazo constitucional —30 días previos a la entrega del Presupuesto al Parlamento— serán los legisladores quienes terminen definiendo los montos. El CI confía en que el Ejecutivo pueda evitar ese escenario con una intervención definida

Para la OPP, la propuesta actual representa el mayor nivel de transferencias a las intendencias en la historia reciente del país. Desde esa óptica, el Ejecutivo sostiene que debe preservarse una mirada nacional coordinada y evitar fragmentaciones ejecutivas, incluso en un contexto restrictivo en términos fiscales

Por su parte, los intendentes advierten sobre desequilibrios en criterios como el Fondo Metropolitano (beneficiando a Montevideo y Canelones) y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, sistema que termina concentrando recursos en áreas más pobladas, lo que limita la capacidad de municipios más pequeños de ejecutar obras y servicios en igualdad de condiciones

El conflicto representa una vieja tensión entre Montevideo y el interior: los intendentes plantean que el presidencial Orsi, exintendente de Canelones y oriundo del interior, podría encarnar una apertura real a una distribución más equitativa. Sin embargo, ahora en la cima de la estructura estatal, debe equilibrar la descentralización con las limitaciones macroeconómicas y la gobernabilidad nacional

¿Qué sigue?

  • Hoy, el CI sesionará para evaluar el estado de la negociación y definir los próximos pasos.
  • Orsi podría asistir o enviar un mensaje institucional con definiciones claras.
  • Si no hay acuerdo: será el Parlamento quien reciba la propuesta formal o la contrapropuesta del CI, y decidirá los montos en comisión presupuestal.

La expectativa reside en si esta pulseada representará una victoria del interior sobre la centralidad montevideana, o si, por el contrario, terminará en un fallo técnico del sistema Legislativo.

Exalcalde de Minas de Corrales se suicida mientras estaba en prisión preventiva por explotación sexual infantil

José Washington “Tixxe” González, exalcalde de Minas de Corrales —localidad ubicada en el norteño departamento de Rivera— fue hallado muerto este martes en su celda del centro penitenciario de Cerro Carancho, donde cumplía prisión preventiva tras ser imputado por delitos de explotación y abuso sexual de menores de edad. Según informó la fiscal Alejandra Domínguez, González se quitó la vida mientras permanecía detenido

El exjerarca fue detenido a fines de mayo de 2025 luego de que la fiscalía iniciara una investigación por casos de abuso sexual y explotación de al menos cinco a seis menores, de entre 13 y 17 años, en Minas de Corrales. La investigación incluyó a otros implicados —entre ellos, personal policial y funcionarios municipales— y culminó con la formalización de cargos por contribución a la explotación sexual, promesa o retribución a menores por actos sexuales y abuso sexual especialmente agravado

El propio González era objeto de una medida cautelar de prisión preventiva, la cual expiraba el 27 de agosto, fecha para la cual la fiscalía tenía previsto solicitar una prórroga

La causa judicial se activó tras una denuncia recogida en marzo de 2025. Las víctimas relataron cómo habrían sido inducidas a actos sexuales a cambio de dinero, regalos o beneficios materiales, situaciones que, según la fiscalía, habrían sido facilitadas por adultos, incluso figuras de autoridad local. Los relatos fueron presentados mediante entrevistas con apoyo psicológico y técnicas forenses, lo que permitió construir un marco probatorio sólido.

Una vez formalizada la imputación, la agrupación Altivo Esteves del Partido Colorado, vinculada al intendente Richard Sander, suspendió inmediatamente a González de sus filas. En un comunicado, el sector condenó los hechos como de «notoria gravedad», incompatible con los valores éticos y morales que deben regir la función pública. El Comité Ejecutivo Nacional del partido respaldó públicamente la suspensión y refrendó su compromiso con la legalidad, el respeto y los derechos de la niñez.

El hallazgo del cadáver en su celda sorprendió a las autoridades judiciales y penitenciarias. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles formales sobre investigaciones internas en la cárcel respecto a su fallecimiento, aunque el suicidio parece la hipótesis primaria. El impacto judicial del desenlace genera interrogantes sobre la continuidad de la investigación y posibles impedimentos al acceso de testigos y pruebas clave.

El caso se inserta en un contexto de creciente preocupación por delitos de explotación sexual en entornos pequeños y comunitarios. Aunque no se trata de una red a gran escala como la “Operación Océano” que puso en evidencia una red nacional de abuso, representa un episodio grave dentro de una localidad pequeña (aproximadamente 3.700 habitantes) donde autoridades locales estaban directamente involucradas

Con la muerte del imputado, la acusación enfrentará nuevos retos técnicos: ordenar testimonios, asegurar la presencia de testigos, preservación de pruebas y seguimiento con los coimputados. La fiscalía tendrá que revisar el plan de prosecución, pero sin la participación directa del acusado no habrá juicio oral tradicional. Lo que se decida en estos próximos días será clave para saber si la investigación seguirá su curso, se archivará, o tomará otra forma procesal.

Este caso abre cuestionamientos sobre el estado de la salud mental de detenidos que enfrentan causas graves, así como la responsabilidad del sistema penitenciario en su contención. También pone en relieve el compromiso pendiente de las autoridades políticas y judiciales con la protección de la infancia y el procedimiento frente a figuras públicas acusadas de estos delitos.

LINEA DE AYUDA

Línea Azul: 0800 5050

Línea gratuita para denunciar situaciones de maltrato físico, psicológico, abuso y explotación sexual, mendicidad, trata, graves vulneraciones de derechos de niños y adolescentes. Todo aquello que afecte la integridad o pongan en riesgo la vida, situaciones de violencia familiar, contenidos en los medios de comunicación o redes sociales, venta de alcohol, espectáculos que no serían indicados, es decir “todo aquello que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes”.

Horario: Lunes a viernes de 8 a 20 hs – Sábados y Domingo de 9 a 19 hs

Ante una emergencia llamar al 911

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Línea Vida Prevención del Suicidio: 0800 0767 – *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

Pereira admite errores de comunicación del FA para difundir logros del Ejecutivo

En su última intervención ante el Secretariado Ejecutivo, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, admitió que tanto el gobierno como el Partido han afrontado “dificultades” y “problemas” para capitalizar los anuncios realizados por la administración del presidente Yamandú Orsi, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes internas.

Pereira puso especial énfasis en la percepción pública de medidas clave como el incremento diferencial para jubilados de menores ingresos, la cancelación del proyecto Neptuno, la rebaja de $100 en la garrafa y el bono escolar de $2.500 para niños en situaciones vulnerables. A pesar de contar con respaldo político, el oficialismo reconoce que esos anuncios no alcanzaron la repercusión deseada más allá de los espacios afines.

Reconocimiento interno de una falla comunicativa

Fernando Pereira reconoció que los anuncios del gobierno no lograron generar el impacto esperado en la ciudadanía, especialmente en segmentos como los jóvenes, los residentes del interior y hombres, donde la resonancia fue significativamente menor. Subrayó que, aunque el oficialismo los celebra con entusiasmo, «la polea de transmisión», por ejemplo, no siempre funciona fuera de su base electoral.

También se puso en foco un episodio comunicacional que quedó marcado: la conferencia de prensa para anunciar la cancelación de la planta potabilizadora en Arazatí fue realizada durante un feriado no laborable, lo cual habría perjudicado su visibilidad en medios y relevancia pública.

Encuesta revela baja recordación de anuncios

Un estudio de la consultora Nómade, pautado por dirigencias del mismo partido, ofrece un panorama estadístico contundente: solo el 22,7 % de quienes participaron recordaban algún anuncio reciente del gobierno, cifra que cae hasta 16 % en el tramo etario de 18 a 34 años. En cambio, entre personas mayores de 60 años, la recordación sube a 28 %.

Según esa encuesta, más del 40 % opina que el gobierno debería haber hecho más anuncios, mientras otro 20 % responde opacamente. El conocimiento de medidas como el bono escolar fue más alto en Montevideo y entre votantes del propio Orsi, pero disminuyó marcadamente en el interior y entre sectores de la oposición.

La estrategia de difusión que propone el FA

En su alocución, Pereira adelantó que el Frente Amplio pretende sumar legisladores nacionales, ediles, alcaldes y concejales para amplificar las explicaciones de los “cambios sustantivos” incluidos en el proyecto de Presupuesto Nacional. Esa estrategia se enmarca dentro del nuevo Plan Político frentista, que busca posicionar al FA como una «herramienta transformadora de la sociedad uruguaya».

Contexto político: balance de Orsi a 100 días

Esta autocrítica ocurre en un contexto donde ya se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Orsi, periodo que según dirigentes del FA incluyó más de 80 anuncios públicos, aunque también varias “derrotas simbólicas” como renuncias y malos manejos comunicacionales.

El contraste entre el volumen de medidas y su baja absorción social preocupa internamente, especialmente considerando casos como la caída de figuras del gabinete o la falta de coordinación en actos públicos que generaron críticas.

Reflexión final: ¿por qué no impactan las medidas?

Desde el Frente Amplio identifican varios desafíos:

  • Sobresaturación en la agenda política, que reduce la capacidad de los ciudadanos para retener mensajes.
  • Uso de canales tradicionales menos efectivos para llegar a públicos jóvenes.
  • Déficit de coherencia narrativa institucional, donde distintas voces oficiales no alinean el mensaje.
  • Necesidad de un plan de puente político-comunitario que vincule los anuncios con efectos concretos en los territorios.

Según Pereira, el FA va a redoblar recursos y nivel de compromiso para revertir esta percepción, incluido un nuevo despliegue territorial que lleve las cifras del Ejecutivo hacia comunidades reales, más allá del alcance mediático formal.

Fiscalía designa a suplente en el caso Penadés ante licencia prolongada de Ghione

Mientras la fiscalía a cargo del caso Penadés sigue en un momento decisivo, la ausencia prolongada de Alicia Ghione por licencia médica ha provocado una modificación en la conducción del expediente. La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, resolvió designar a la fiscal Isabel Ithurralde como reemplazo para llevar adelante una de las investigaciones más complejas en curso en el país: la que involucra al exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

1. ¿Qué motivo el cambio?

La titular, Alicia Ghione, especialis­ta en delitos sexuales, se encuentra desde hace más de un mes de licencia médica por problemas de salud mental, con una extensión confirmada hasta, al menos, el 25 de agosto. Fuentes judiciales señalan que su retorno antes de esa fecha resulta poco probable, lo que obligó al relevo institucional.

2. ¿Quién es la nueva fiscal?

Isabel Ithurralde es fiscal suplente con rango de titular, quien hasta recientemente ocupaba la fiscalía en Rivera. Para habilitar su traslado, Ferrero dejó vacante dicha sede y coordinó las solicitudes de renovación de cargos en la zona. Ithurralde asumirá temporalmente la responsabilidad principal del caso Penadés, mientras se completan los nombramientos en Rivera y Tacuarembó según lo aprobado por el Parlamento.

3. Situación del caso Penadés: fechas clave

El juicio oral se encuentra próximo, y el plazo límite para presentar la acusación formal vence el 10 de octubre. Penadés está imputado por más de 30 delitos sexuales contra menores. Hasta el momento, los fiscales adjuntos Lucía Castro y Federico Fascioli venían conduciendo la investigación de forma asistida, pero las partes involucradas demandaban la figura de un fiscal titular con estabilidad durante ese tramo final .

4. Relevancia de la continuidad institucional

Representantes del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República han rechazado la rotación frecuente de subrogantes. La abogada Soledad Suárez afirmó que, aunque “los adjuntos son súper profesionales”, se requiere un apoyo institucional sólido para garantizar que la acusación sea presentada con calidad técnica y coherencia jurídica, dada la complejidad del caso .

5. La licencia médica y su impacto

Además de prolongar su descanso por salud mental, Alicia Ghione se encuentra en Italia, según reportó un medio local tras su publicación en redes sociales. El abogado de la fiscal, Gastón Chaves, confirmó que la licencia continúa, sin precisar su ubicación actual ni fecha de regreso.

6. Desafíos jurídicos pendientes

El gran desafío para Ithurralde será ordenar y estructurar la acusación final, que debe incluir:

  • definición de los hechos imputados,
  • calificaciones jurídicas,
  • listado de testigos a convocar.

Solo los mencionados en la demanda podrán ser citados a juicio. Esta etapa es clave y estratégica para la presentación de pruebas ante el fuero penal .

7. Contexto político y judicial

El Caso Penadés, iniciado en marzo de 2023, ha sacudido al ámbito político nacional. Gustavo Penadés fue desaforado por el Senado por denuncias de explotación sexual de menores y permanece en prisión preventiva. El proceso es de alto impacto y requiere rigor técnico y institucionalidad para garantizar justicia .

Fiscalización masiva: la DGI apunta a quien presta servicios sin relación laboral formal

La Dirección General Impositiva (DGI) ha lanzado una campaña de fiscalización dirigida a contribuyentes que prestan servicios personales fuera del marco de relación de dependencia, un régimen tributario que aplica a trabajadores autónomos, profesionales y quienes facturan por cuenta propia fuera del vínculo laboral tradicional

Alcance y metodología de la fiscalización

La selección de los contribuyentes objeto del control se realiza mediante un análisis de riesgo basado en datos internos disponibles en la DGI. Este sistema identifica patrones de posibles incumplimientos tributarios, como la subvaluación de ingresos, la sobrevaluación de gastos o la omisión de operaciones facturadas

La campaña incluye diversas acciones de gestión del cumplimiento, entre ellas:

  • Fiscalizaciones presenciales en territorio nacional
  • Entrevistas directas con los contribuyentes en oficinas de la DGI
  • Comunicaciones formales y seguimiento de conducta tributaria individual

Estas actividades se desarrollan de forma simultánea en múltiples municipios del país, con el objetivo de corregir de manera oportuna cualquier desviación o incumplimiento identificado.

¿A quiénes apunta la fiscalización y por qué?

La campaña se centra en individuos cuya actividad presenta mayores riesgos fiscales:

  • Profesionales o trabajadores independientes que facturan directamente al cliente.
  • Sujetos que podrían no registrar todos sus ingresos o declarar gastos inexistentes con el fin de reducir su obligación tributaria.
  • Personas que tributan IRPF por renta de servicios personales – régimen que permite también optar por tributar IRAE en ciertos casos

Según la normativa vigente, estas rentas se consideran rentas “puras de trabajo”, gravadas principalmente por el IRPF, aunque existe la opción de incluirse en el IRAE dependiendo del volumen de ingresos o de la elección del contribuyente

Principales incumplimientos detectados

De acuerdo con la DGI, los errores más comunes entre quienes prestan servicios personales fuera de dependencia incluyen:

  • Subdeclaración de ingresos, es decir, no reflejar todo lo facturado.
  • Sobrevaluación de créditos fiscales, al declarar gastos mayores a los reales.
  • Omisión de operaciones documentadas, realizando servicios adicionales que no se registran ante la autoridad tributaria

Estas prácticas llevan a evadir tributos como el IRPF, IASS o el IVA correspondiente a servicios personales, y representan un llamativo terreno de incumplimientos.

Objetivos institucionales de la iniciativa

La DGI busca con esta campaña:

  • Garantizar el cumplimiento tributario de todos los contribuyentes, corrigiendo desviaciones respecto a los estándares legales.
  • Promover buenas prácticas fiscales, incentivando la transparencia y la adecuada declaración de ingresos.
  • Disuadir conductas de evasión, demostrando capacidad de control y seguimiento por parte de la administración tributaria

Las acciones forman parte de una política más amplia de fortalecimiento de la gestión del cumplimiento en todo el país y con todos los segmentos de contribuyentes, en especial aquellos considerados de mayor riesgo.

¿Qué sigue para los contribuyentes fiscalizados?

La DGI continuará activando fiscalizaciones, entrevistas y comunicaciones formales durante los próximos meses, en el marco del programa de cumplimiento tributario. Se espera que este enfoque robusto tenga un efecto disuasorio y promueva una mayor formalidad y registro fiscal entre los independientes

También está previsto expandir el operativo a nuevas zonas y actualizar los criterios de análisis de riesgo conforme se registren nuevos datos tributarios. El mensaje de la DGI es claro: el no declarar en forma completa y veraz puede ser detectado, y conllevará sanciones, ajustes y eventuales requerimientos adicionales.

Reflexión final

En un contexto donde crece la contratación de servicios profesionales independientes y el teletrabajo aumenta la informalidad, esta campaña fiscal de la DGI representa un esfuerzo por cerrar brechas de cumplimiento y asegurar que todos los ciudadanos tributen según la normativa. Los prestadores de servicios deberán revisar su situación fiscal: declarar correctamente ingresos, mantener documentación respaldatoria y actualizar su régimen fiscal si corresponde.

El momento exige mayor responsabilidad tributaria de cada contribuyente, especialmente cuando la tecnología y los análisis de datos permiten a la DGI ejercer un control más eficiente y segmentado.

Informe de Ineed: varones, mayores y fuera de Montevideo, los más escépticos respecto a igualdad de género

Un reciente informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) revela que, entre 2018 y 2022, los estudiantes uruguayos del tercer año de educación media (hoy noveno) manifestaron un desplazamiento hacia posiciones más conservadoras en relación con la igualdad y la diversidad de género.

Si bien no se observa que los jóvenes sean más conservadores que sus padres, el análisis de los datos del Ineed muestra un retroceso significativo en los niveles de aceptación de la diversidad e igualdad. Las pruebas Aristas, aplicadas en liceos y UTU a lo largo de ese periodo, exponen un panorama preocupante respecto a la evolución del clima cultural dentro del sistema educativo.

Variables asociadas al cambio

El reporte del Ineed destaca grupos que presentaron actitudes más negativas:

  • Varones, en comparación con las mujeres.
  • Alumnos “extra edad”, esto es, con mayor edad que la esperada para su curso.
  • Quienes estudian fuera del área metropolitana.
  • Estudiantes con conductas externalizantes, como vandalismo, agresividad o conflictos sociales

Estos factores mantuvieron la asociación negativa incluso al controlar variables como el contexto educativo y socioeconómico.

Por contraste, otras variables favorecían mayor apertura a la diversidad: sentido de pertenencia al centro, sensación de seguridad y habilidades socioemocionales como la empatía. Sin embargo, el informe advierte que muchas de estas condiciones se deterioraron entre 2018 y 2022.

¿Por qué debería importar este fenómeno?

Uruguay promueve la igualdad de género y la diversidad como principios consagrados por la ley de Educación. Uno de los fines del sistema educativo es formar ciudadanos reflexivos, críticos, solidarios y no discriminadores. Según el Ineed, el retroceso en actitudes inclusivas no responde a ningún tipo de adoctrinamiento, sino a una debilidad del entorno educativo y familiar que no puede contrarrestarse sin colaboración comunitaria.

El estudio subraya que no basta con la acción de la escuela: es necesaria la articulación estrecha entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad para fomentar valores inclusivos y mejorar estos indicadores sociales.

Reflexiones y retos para el futuro

  • La brecha entre zonas: las diferencias entre estudiantes de Montevideo y del interior reflejan desigualdad en acceso a recursos, apoyo familiar y ambientes más inclusivos.
  • La edad como factor de riesgo: los estudiantes que repiten curso enfrentan mayor riesgo de desvinculación educativa y actitudes más rígidas.
  • La emergencia de conductas externalizantes puede ser una señal de necesidad de intervenciones pedagógicas y psicosociales.
  • La comunidad educativa como clave: factores como la pertenencia y la empatía resultan decisivos pero requieren fortalecerse continuamente, no asumirse por descontado.

El Ineed concluye que, para revertir esta tendencia, Uruguay debe reforzar políticas educativas que incluyan tanto la formación emocional como espacios de diálogo intergeneracional, combate a la desvinculación y estrategias de inclusión real.

Abella y Trezza apuestan a mejorar seguridad y calidad de vida en todo el departamento

Maldonado continúa profundizando su estrategia de seguridad y coordinación interinstitucional. Este martes, el intendente Enrique Antía (en este período representado por el secretario general Miguel Abella), junto a alcaldes de distintos municipios, recibió la visita del jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en el marco de un encuentro que tuvo como objetivo afianzar el trabajo conjunto entre la Intendencia Departamental (IDM), los gobiernos municipales y el Ministerio del Interior.

La instancia incluyó una recorrida por el Centro de Videovigilancia, considerado la mayor obra pública realizada por la Intendencia en los últimos 10 años. Con una inversión que superó los 25 millones de dólares y un sistema compuesto por 1.500 cámaras distribuidas en todo el territorio departamental, el centro ha sido un pilar clave en el control y la prevención del delito. Actualmente, la IDM financia mensualmente el servicio de visualizadores, aunque está previsto que la gestión total pase a manos del Ministerio del Interior a partir del año 2026.

Seguridad y cercanía como ejes de gestión

Durante la reunión, el secretario general Miguel Abella destacó la importancia de mantener una comunicación fluida entre las distintas instituciones involucradas. “Esta instancia ha sido de utilidad para contactarse entre las partes implicadas, además de conocer en qué ayudar desde la IDM para continuar trabajando en la seguridad”, subrayó.

En la misma línea, el jefe de Policía Víctor Trezza afirmó que la seguridad es una prioridad para Maldonado, no solo desde el punto de vista estadístico, sino también en cuanto a la percepción ciudadana.

“Nosotros nos comprometimos a estar presentes, a hacer una gestión de cercanía, evolucionar y escuchar todos los planteamientos recibidos a través de los distintos referentes sociales y políticos —como son los alcaldes, el intendente y distintos actores y organizaciones— para que los indicadores de los delitos mejoren, pero también que mejore la sensación de seguridad”, sostuvo Trezza.

Los municipios y el rol de la Mesa de Convivencia

El alcalde reelecto de Punta del Este, Javier Carballal, recordó que desde su período de gobierno anterior viene trabajando mediante la Mesa de Convivencia Ciudadana, una herramienta de articulación que reúne a representantes del Municipio, el Ministerio del Interior, Prefectura y Bomberos.

“Desde hoy se podrá expandir a todo el departamento en línea con el camino elegido por el intendente Abella en procura del acercamiento y el gobierno de cercanía”, señaló Carballal.

Por su parte, el alcalde de Maldonado, Damián Tort, planteó que los principales reclamos de los vecinos están relacionados con la presencia policial y la recorrida por los distintos barrios. “El Comando se compromete a algo y efectivamente lo cumple, y es bueno tener la respuesta del otro lado”, comentó.

Además, valoró positivamente la instancia de diálogo mantenida con la Jefatura de Policía. “Este tipo de reuniones son fructíferas para contar con pautas claras de cómo queremos trabajar desde la Intendencia, los municipios y la Jefatura”, añadió.

Un centro de videovigilancia de referencia nacional

La visita al Centro de Videovigilancia, ubicado en Maldonado, fue parte central de la actividad. Este complejo tecnológico se ha convertido en un referente a nivel nacional, no solo por el volumen de cámaras instaladas, sino también por su capacidad de respuesta y monitoreo en tiempo real.

Actualmente, el sistema opera las 24 horas del día y permite coordinar de manera inmediata con los equipos policiales que patrullan el departamento. El plan de trabajo prevé además seguir ampliando la cobertura en los puntos más sensibles, así como optimizar la calidad de las imágenes y los protocolos de respuesta.

El jefe de Policía subrayó que estas acciones tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. “Cuando el vecino percibe que el Estado está presente y que las instituciones trabajan coordinadas, la confianza aumenta y los barrios se sienten más seguros”, enfatizó.

Proyección a futuro

La IDM ya definió que a partir de 2026 el Ministerio del Interior asumirá por completo la operación del centro. Hasta entonces, la Intendencia continuará destinando recursos mensuales al pago del personal que realiza el monitoreo de las cámaras, al tiempo que coordina con los municipios para garantizar un gobierno de cercanía, con respuestas rápidas y presencia territorial.

La estrategia interinstitucional busca reforzar no solo la prevención del delito, sino también la atención de las demandas de los vecinos. Con la expansión de la Mesa de Convivencia Ciudadana a todo el departamento y la modernización constante del sistema de videovigilancia, Maldonado apuesta a consolidar un modelo de seguridad integral y sostenido en el tiempo.

Compromiso ambiental en Maldonado: prioridad para humedales y el cerro Pan de Azúcar

El Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, desarrolló una intensa agenda en Maldonado con el objetivo de consolidar políticas de preservación ambiental y coordinar acciones con autoridades departamentales y organizaciones civiles.

En conferencia posterior a los encuentros, Ortuño destacó que Maldonado es un departamento con “una riqueza ambiental muy importante”, que requiere de un trabajo coordinado a nivel local y nacional. “Nos reunimos con organizaciones que promueven la defensa de Punta Ballena y medidas de protección ambiental que compartimos plenamente”, afirmó.

Durante la jornada, el ministro mantuvo reuniones en la Junta Departamental con colectivos vinculados a la protección de los humedales y al desarrollo del Ecoparque. Allí se intercambiaron preocupaciones sobre el impacto de proyectos en la zona, como el depósito de escombros en el entorno de los humedales, el cual fue detenido en la administración anterior e incluso sancionado con multas por parte del Ministerio.

“Lo más importante es que el intendente entrante nos manifestó su voluntad de preservar los humedales para el uso de la comunidad, y que proyectos que afectaban su conservación, como la pista de picadas, no se concretarán”, señaló Ortuño.

Otro de los puntos destacados fue el compromiso de avanzar en acciones para preservar el Cerro Pan de Azúcar, considerado emblemático no solo para Maldonado sino también para todo el país. Además, se abordaron medidas de defensa de la franja costera y la necesidad de continuar fortaleciendo políticas de saneamiento y abastecimiento de agua potable en el departamento.

El ministro también informó que OSE llevará adelante importantes obras en Maldonado durante el actual período, lo que contribuirá a mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento en distintas localidades.

Finalmente, Ortuño remarcó la importancia de la coordinación interinstitucional: “Debemos trabajar respetando las autonomías de los departamentos, pero en sintonía con los intendentes, las juntas departamentales y los municipios. Solo así lograremos una protección ambiental efectiva y duradera”.

Maldonado pide más policías: «Somos el corazón del turismo»

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, resaltó los logros del primer semestre en materia de seguridad y reafirmó el compromiso del Ministerio del Interior y de la Intendencia para reforzar recursos humanos y tecnológicos.

Durante la visita del Ministro del Interior a la seccional 2ª de San Carlos, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, calificó el encuentro como una señal positiva de respaldo institucional. “Es fundamental sentir el apoyo para seguir trabajando con la vocación de servicio intacta”, aseguró Trezza, destacando que el balance del primer semestre ha sido muy bueno, con un marcado reconocimiento por parte de la ciudadanía.

Trezza señaló que si bien siempre surgen problemáticas, la seguridad sigue siendo el principal desafío del país. “Nosotros somos responsables de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Maldonado, y sentimos que vamos por buen camino”, indicó.

El jefe de Policía también subrayó la colaboración constante entre el Ministerio del Interior y la Intendencia Departamental, no solo durante la temporada turística, sino todo el año. En ese sentido, mencionó la necesidad de renovar convenios caídos, fortalecer herramientas clave como el Centro de Comando Unificado y optimizar los acuerdos de tránsito y seguridad estival.

Uno de los temas en agenda es la incorporación de nuevos efectivos. Según Trezza, están en curso las evaluaciones psicológicas de aspirantes a la Escuela de Policía y se espera cubrir los 60 cargos disponibles hacia fin de año. Además, adelantó que se insistirá con el pedido de 350 efectivos más, en el marco de la próxima ley presupuestal. “Maldonado ha crecido en población, infraestructura y tránsito. Es el corazón del turismo, y debemos protegerlo”, afirmó.

Trezza destacó la utilidad de las cámaras de videovigilancia, afirmando que han contribuido a una importante baja en los homicidios: “A esta altura del año pasado teníamos 19 homicidios; hoy tenemos 9. Hemos bajado exponencialmente ese indicador”, subrayó.

El trabajo de investigación y represión de delitos ha sido reforzado con el accionar de la Brigada de Homicidios y la División de Hechos Complejos, en coordinación estrecha con la Fiscalía. También se están promoviendo comisiones policiales para mejorar la cooperación ciudadana.

Finalmente, Trezza valoró la implementación continua de los operativos de saturación en todo el departamento y manifestó que han permitido una merma en los delitos. Asimismo, destacó la búsqueda de apoyo de la Junta Nacional de Drogas para dotar de más insumos a los equipos de investigación.

“Queremos seguir potenciando la seguridad del departamento. Se ha hecho un gran esfuerzo y vamos por el camino correcto”, concluyó.

Proyecto de ingresos por concurso: Intendentes respaldan, pero piden excepción para cargos de confianza

El nuevo Congreso Nacional de Intendentes (CNI) alcanzó un «principio de acuerdo» sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que regula el ingreso y ascenso en los gobiernos departamentales mediante concurso público o, en ciertos casos, sorteo. Sin embargo, los intendentes advierten que la normativa requiere ajustes para evitar que “tranque el funcionamiento” de las intendencias.

El texto, aprobado el 7 de mayo, establece que todo ingreso o ascenso de personal presupuestado o contratado deberá realizarse por concurso abierto, habilitando el sorteo cuando corresponda, y prohíbe nuevas designaciones en el último año del mandato departamental.

El presidente del organismo, Nicolás Olivera (intendente de Paysandú), expresó que si bien respaldan el espíritu de transparencia, es imprescindible considerar excepciones. “Estamos a favor de la transparencia”, sustentó, “pero hay que contemplar particularidades administrativas; es como si el presidente no pudiera nombrar a sus ministros”.

Entre las objeciones planteadas, los intendentes advierten que el texto actual impide incluso la contratación directa de cargos de confianza. Por ello, solicitan incluir cláusulas que permitan un porcentaje mínimo de plazas por fuera del concurso, pensado para atender urgencias o perfiles estratégicos, que cesarían al término del intendente saliente.

Aunque existe un borrador avanzado con la posición oficial del CNI, aún no se ha comunicado formalmente al Senado. Ese cuerpo —que requiere mayoría especial de dos tercios para aprobar la norma— permanece a la espera de recibir la postura de los intendentes para avanzar con la discusión en la comisión de Constitución.

Representantes del Partido Nacional y Frente Amplio habían cuestionado que el proyecto pudiera vulnerar la autonomía departamental, señalando posibles inconsistencias constitucionales. Esto obliga a que el texto final incorpore ajustes técnicos que resguarden la operatividad y la estructura de gobierno subnacional.

Esta instancia representa una oportunidad para consolidar mecanismos de ingreso más transparentes, garantizando igualdad de acceso al empleo público en los gobiernos departamentales, sin comprometer la gobernabilidad o la capacidad de gestión local. El texto deberá acordarse antes del 31 de julio para integrarse al proyecto de ley de ingresos públicos en el Senado, cuyo tratamiento dependerá de este posicionamiento final.