4 de febrero de 2026
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Adicciones: Darío Pérez cuestiona desequilibrio en la gestión compartida del Jagüel

El Director de Adicciones de la Intendencia de Maldonado, Dr. Darío Pérez, realizó declaraciones contundentes respecto a la gestión del centro de atención a personas con consumo problemático de drogas El Jagüel, y criticó duramente el esquema actual de gobernanza compartida entre la Junta Nacional de Drogas, el INAU y el gobierno departamental.

Pérez, quien ha estado al frente de políticas vinculadas a la atención de personas con adicciones en la región este, señaló diferencias marcadas entre la gestión anterior de la Junta Nacional de Drogas, liderada por el Dr. Daniel Radío, y el enfoque actual con el Dr. Diego Rossi al frente.

“El nuevo secretario de la Junta, el Dr. Rossi, escribió un libro que se llama Adolescencia y Marihuana. Eso me hizo pensar que podríamos tener un diálogo más fluido. Ya hemos tenido algunas reuniones, y hay coincidencias”, comentó Pérez, aunque también reconoció que hubo “chisporroteos” por el cambio de autoridades en El Jagüel.

Desequilibrio en el convenio actual

El Dr. Pérez hizo foco en lo que considera un claro desequilibrio en el convenio tripartito que administra el centro El Jagüel. Según explicó, la Intendencia de Maldonado aporta significativamente más que el resto de los actores involucrados, pero tiene escaso margen de decisión sobre el funcionamiento del centro.

“La Intendencia pone mucho, pero decide poco”, afirmó. «Aporta agua, luz, edificio, mantenimiento, funcionarios, artículos de limpieza y hasta papel higiénico. Son 38.000 pesos mensuales, además de personal, mientras que la Junta pone 18.000 pesos y cuatro funcionarios.»

El convenio actual está firmado entre la Intendencia, el INAU y la Junta Nacional de Drogas. A pesar del esfuerzo material y humano que realiza el gobierno departamental, la dirección y decisiones centrales se toman fuera del alcance de la comuna.

Cambios previstos para 2026

Pérez anunció que ya fue comunicado el deseo de modificar el convenio vigente, aunque aclaró que los plazos legales impiden cambios inmediatos.

“Queremos incidir de otra manera en lo que se hace en El Jagüel. El convenio se puede cambiar recién en 2026, porque hay que avisar con 60 días de antelación antes de su vencimiento.”

Mientras tanto, la dirección de Adicciones intentará mantener vínculos operativos con las nuevas autoridades del centro, aunque admite que el contacto se ha visto reducido en comparación con gestiones anteriores.

Reclamo por una nueva gobernanza

El director de Adicciones fue tajante al afirmar que, de no haber modificaciones, deberá cambiarse la estructura de gobernanza de El Jagüel. Según su visión, el modelo actual no es justo ni funcional.

“Mirá para arriba como un pajarito, a ver qué deciden otros. Eso no está bien”, sentenció Pérez. “Tiene que haber un cambio en la gobernanza del Jagüel, porque como está ahora no sirve.”

El tema promete mantenerse en la agenda política y técnica de Maldonado, en un contexto donde la atención a las adicciones es un eje central de las políticas sociales del departamento.

Luis Otero (AFUTU): “Nos estamos reuniendo cada 15 días, hay avances importantes”

El gremio de funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), AFUTU, resaltó la continuidad y efectividad del ámbito bipartito que mantiene con la administración actual, al tiempo que reivindicó los logros alcanzados en las mesas de negociación colectiva y subrayó desafíos aún pendientes de resolución.

El próximo miércoles tendrá lugar una nueva instancia de negociación en Montevideo, en la sede de AFUTU, en el marco de este espacio bipartito que, según el dirigente Luis Otero, representa una de las características más destacadas de la actual gestión institucional.

“Nos estamos reuniendo prácticamente cada tres semanas o incluso cada 15 días. Hay muchísimas cosas por hacer, pero también hemos avanzado muchísimo”, sostuvo Otero.

Uno de los principales avances mencionados por el sindicalista fue la resolución parcial de los casos de docentes que quedaron sin horas como consecuencia de la unificación de áreas en el período anterior.

“En un acuerdo bipartito logramos una solución paliativa para este año, y ya estamos trabajando para mejorarla de cara al próximo”, aseguró.

Este trabajo conjunto con la Dirección General también permitió reactivar ámbitos de negociación clave como los traslados de funcionarios y los procesos administrativos de gestión y servicio para personal no docente.
Según Otero, en la última reunión se logró actualizar cerca de 30 llamados, destrabando una acumulación de más de 150 carpetas que no habían sido analizadas en la administración anterior.

“En el gobierno pasado, los traslados se daban por discrecionalidad del Director General. Ahora estamos recuperando el tratamiento institucional y transparente de estos pedidos”, remarcó.

Participación en la revisión curricular

El dirigente sindical también valoró la participación activa del gremio en la revisión de planes y programas educativos de varios niveles de la UTU, incluyendo:

  • Formación Profesional Básica
  • Bachillerato Tecnológico
  • Bachillerato Tecnológico Profesional
  • Propuesta de Educación Media Básica

Estas instancias, indicó, son parte del compromiso de AFUTU por mejorar la calidad educativa desde una mirada crítica y constructiva.

“Desde el sindicato estamos trabajando muy duramente para que algunas modificaciones puedan implementarse ya en 2026. Queremos revertir algunos reveses que hemos tenido en la educación técnica en estos años”, expresó.

AFUTU celebra la apertura al diálogo de la actual administración y reconoce el valor de haber retomado herramientas institucionales que habían sido dejadas de lado. Sin embargo, también deja en claro que aún hay camino por recorrer, especialmente en la mejora de condiciones laborales y salariales de los funcionarios de la UTU.

“Esperamos que este trabajo continúe y se traduzca en soluciones concretas para quienes sostienen el funcionamiento diario de la educación técnica y tecnológica del país”, concluyó Otero.

Presupuesto departamental se presentará en agosto con eje en prioridades sociales y convenio colectivo

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Dr. Álvaro Villegas, confirmó que el Ejecutivo Departamental presentará a fines de agosto el proyecto de presupuesto ante la Junta Departamental. Si bien el plazo constitucional para su remisión vence en enero de 2026, el equipo de gobierno apuesta por adelantar los tiempos y marcar una hoja de ruta clara para los próximos años.

Villegas evaluó como “muy positivo” este primer mes de gestión del intendente Miguel Abella, destacando los avances en varios frentes:

“Se ha dado un reordenamiento administrativo importante, con una transformación de la estructura orgánica que nos permite priorizar áreas sensibles como salud, adicciones y convivencia ciudadana”, subrayó el jerarca.

Esta reorganización interna ha sido acompañada por una activa agenda de diálogo con distintos niveles del Estado, logrando un acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el sistema de transferencias que impactan directamente en el presupuesto del departamento.

Convenio colectivo con trabajadores: una señal de estabilidad

Otro de los hitos señalados por Villegas es el acuerdo alcanzado con el sindicato de funcionarios municipales, tras una negociación colectiva que calificó como “ágil, positiva y de buena tónica”.

Las asambleas sindicales ya dieron su aval a los lineamientos acordados, lo que permitirá que el nuevo convenio colectivo quede incorporado en el próximo presupuesto.

“Esto aporta previsibilidad y estabilidad para todo el quinquenio. Se trató de una negociación rápida, pero con contenido, lo que habla del compromiso de ambas partes”, expresó el secretario general.

El presupuesto como herramienta política y social

Si bien el plazo para enviar el presupuesto rige hasta comienzos de 2026, el Ejecutivo Departamental ya trabaja con la meta de presentarlo antes de que finalice agosto, adelantó Villegas.

“Queremos que esté vigente desde enero. En ese documento se van a volcar los créditos presupuestales necesarios para el quinquenio, el contenido del acuerdo con los trabajadores y las prioridades marcadas por el intendente”, explicó.

Asimismo, en línea con una gestión de diálogo interpartidario, se anunció que en junio de 2026 se presentará una readecuación presupuestal, que podría reflejar ideas y aportes surgidos desde las comisiones que se instalarán en diálogo con los partidos políticos.

“El intendente ha sido claro: queremos ser ejecutivos, pero también tener una gran apertura al diálogo. Ese es el tono que nos marca y que estamos implementando”, concluyó Villegas.

Maldonado avanza hacia una movilidad moderna con pruebas de semáforos inteligentes

El intendente Miguel Abella mantuvo una reunión clave con la ministra de Transporte y Obras Públicas en Montevideo, abordando varios temas prioritarios para el departamento. Al finalizar el encuentro, el jefe comunal detalló el alcance de los temas tratados, destacando la colaboración entre ambas instituciones, aunque remarcó que muchas de las decisiones más esperadas dependen directamente del gobierno nacional.

Uno de los temas en agenda fue la posible ampliación de zonas portuarias en Punta del Este, un proyecto que se encuentra bajo estudio del área de Hidrografía del Ministerio. “Nosotros estamos para ayudar, pero no tenemos injerencia directa. Sabemos que es una necesidad planteada por los operadores náuticos como Ferreira, pero por lo que la ministra nos manifestó, no será una obra para este verano”, aclaró Abella.

Según indicó, hay dos propuestas de ampliación portuaria en carpeta, aunque aún sin resolución definitiva. “Es un tema que debe definir el Ministerio, pero estamos atentos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance”, aseguró.

Consultado sobre una eventual iniciativa privada para el desarrollo de un punto de embarque y desembarque de cruceros en la zona de La Delicia, el intendente afirmó no tener información oficial. “Esa carpeta no está en manos de la intendencia. Por lógica, si se trata de una iniciativa privada, debe estar radicada en Presidencia”, señaló, aunque reconoció que «se ha acercado gente a comentar sobre el tema».

Avances en movilidad y ciudades inteligentes

Uno de los ejes más fuertes del actual gobierno departamental es la movilidad urbana. En este sentido, Abella confirmó que se está iniciando una prueba piloto de semáforos inteligentes en la Avenida Lavalleja. “Maldonado tiene actualmente 72 semáforos, y en ese eje vial hay cinco que formarán parte de este experimento. Queremos saber si los resultados son positivos para avanzar con el modelo”, detalló.

La propuesta se enmarca dentro de la visión de “ciudad inteligente”, buscando mejorar la eficiencia del tránsito mediante semáforos con sensores que respondan al flujo vehicular real. “Estamos en el camino correcto, pero primero hay que probar y evaluar cómo rinde”, añadió.

Respecto al estado actual de las terminales de Maldonado y Punta del Este, el intendente informó que ambas están concesionadas y que se está llevando adelante un estudio desde la órbita de la intendencia. “Es una concesión que tenemos que analizar a fondo. Queremos ver cómo están funcionando realmente y si hay margen para mejorar la prestación de servicios”, señaló.

Abella también anticipó que en las próximas horas se firmará un convenio marco con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el cual permitirá canalizar herramientas y apoyo técnico desde la cartera nacional hacia la comuna fernandina. “La ministra se mostró dispuesta a colaborar, y creo que podremos avanzar juntos en varios frentes vinculados al transporte y la infraestructura urbana”, concluyó.

Colegio de Abogados de Maldonado advierte que, pese a mejoras, la nueva ley de la Caja Profesional aún genera impactos

El presidente del Colegio de Abogados de Maldonado, Dr. Luis Carlos De León, se refirió a la reciente aprobación de la ley que reforma el sistema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Caja Profesional), destacando que si bien el proyecto final es menos perjudicial que el original, aún genera impactos significativos en los aportes y jubilaciones de los profesionales.

De León recordó que la asamblea del Colegio había emitido un comunicado oponiéndose al proyecto inicial presentado por el gobierno. Sin embargo, valoró que la movilización de activos y pasivos logró atenuar las consecuencias de la propuesta original.

“Nuestra asamblea sacó un comunicado en su momento y se opuso al proyecto que había enviado el gobierno. Finalmente salió una ley que, a grandes rasgos, hace menos daño que el proyecto original. Creo que la lucha de todos los profesionales y jubilados valió la pena”, afirmó el presidente del Colegio.

De León explicó que el proyecto inicial proponía un esquema de financiación en tercios (un tercio a cargo de los activos, un tercio de los pasivos y un tercio del Estado a través de Rentas Generales). El texto aprobado finalmente modifica esa distribución.

“Terminó siendo, a grandes rasgos, una financiación por mitades. Eso reduce un poco el impacto sobre activos y pasivos, aunque igualmente hay una afectación”, precisó.

A pesar de esta mejora, De León advirtió que la nueva normativa sigue teniendo consecuencias:

“Bajan los aportes, bajan las jubilaciones y también hay un impacto en Rentas Generales. Pero al menos se logró reducir el daño del proyecto inicial”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados opinó que, más allá de las diferencias públicas entre los partidos políticos, existía un consenso para aprobar una reforma.

“Si me preguntan, yo creo que en el fondo había un consenso que terminó plasmado en la ley, más allá de los gritos tribuneros de los dos bloques”, sostuvo.

De León remarcó que lo que realmente permitió mejorar el proyecto fue la movilización de los profesionales:

“Lo que más sirvió acá fue la movilización de activos y pasivos de la Caja Profesional, que dieron batalla y lograron mejorar el proyecto. Eso fue clave”, señaló.

Aunque el dirigente valoró los cambios obtenidos, advirtió que la reforma actual es solo una solución parcial y que se deben seguir estudiando medidas para asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo.

“Esta ley puede servir para el tiempo inmediato, para los próximos 10, 15 o 20 años, pero hay que continuar estudiando el tema para que no vuelva a repetirse una crisis similar. Es fundamental ensanchar la base de aportantes y dar credibilidad al sistema”, expresó De León.

En ese sentido, mencionó que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial pueden ser herramientas importantes para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

“La credibilidad es la base principal de cualquier sistema. El profesional que recién empieza necesita confiar en que el sistema será sólido y viable cuando llegue el momento de jubilarse”, concluyó.

“El ministro no da respuestas”: Arias reclama medidas urgentes para la pesca y el sector lácteo

El edil de la Lista 43 del Partido Nacional, Andrés Arias, realizó una dura intervención en la Junta Departamental de Maldonado para denunciar la “grave crisis” que atraviesa el sector pesquero y el lácteo en el país. En su exposición, Arias cuestionó la inacción del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por lo que calificó como una “falta de medidas concretas” ante las pérdidas millonarias y la creciente conflictividad sindical.

Arias expresó su preocupación por la situación de la industria pesquera, que según dijo “sigue atravesando un problema muy grande” y que ya registra pérdidas económicas significativas que afectan directamente a los trabajadores.

El edil se refirió a una reciente solicitud del gremio de la pesca a la autoridad portuaria para instalar un contenedor como oficina fuera del puerto. Según Arias, la medida tiene el objetivo de disuadir el ingreso de trabajadores, algo que “atenta contra el derecho al trabajo”.

“Están fomentando que la gente no pueda entrar a trabajar, y eso no está permitido en nuestro país. ¿Cómo van a poner una oficina afuera del puerto explicando por qué no deben entrar a trabajar? Eso está mal”, afirmó el edil.

Arias reclamó que el ministro Juan Castillo se involucre de inmediato en la resolución del conflicto y cuestionó su silencio:

“Castillo no da respuestas. No sabemos dónde está ni cuáles son las medidas que piensa tomar. Su vínculo previo con el gremio parece estar condicionando sus decisiones”, dijo.

El edil nacionalista también alertó sobre los problemas que atraviesa el sector lácteo, donde productores “están siendo perjudicados por acciones sindicales que complican la producción y distribución”.

“Los tamberos producen, pero no tienen cómo desparramar el producto en todo el Uruguay, y Castillo sigue sin dar ninguna señal”, reclamó Arias, pidiendo que el ministro informe qué medidas adoptará para evitar que la crisis se agrave.

El dirigente blanco extendió sus críticas al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por lo que consideró un “desinterés” hacia los temas que afectan a la pesca y a los productores rurales.

“Fratti no se ha manifestado sobre la crisis de la pesca, pero sí ha sido el primero en oponerse a la exportación de ganado en pie, justo cuando la ganadería está en su mejor momento”, sostuvo Arias.

El edil recordó que cuando Fratti era presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC) “recorría el mundo defendiendo las bondades de la carne uruguaya y apoyando la exportación”.

“Ahora parece haber olvidado lo que decía. No entendemos cómo puede cambiar de opinión de esa manera. Los problemas de los frigoríficos no son culpa de los productores rurales”, agregó.

Arias pidió que el ministro Castillo y el ministro Fratti se manifiesten de manera oficial y detallen qué medidas se implementarán para reactivar la actividad pesquera y láctea.

“Necesitamos saber qué están haciendo para evitar que las pérdidas sigan creciendo. No podemos permitir que los trabajadores y productores paguen el precio de la inacción”, concluyó Arias.

El edil solicitó que sus palabras sean remitidas formalmente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

144 años de historia: la creación del departamento de Rocha y su separación de Maldonado

Hoy se cumplen 144 años de la segregación de Rocha del departamento de Maldonado, un hecho histórico que modificó la geografía política y administrativa del país. El 1º de agosto de 1881, mediante una ley sancionada por el Parlamento, se decidió la creación del departamento de Rocha, separando su territorio de lo que hasta ese momento era jurisdicción de Maldonado.

Un poco de contexto histórico

Durante gran parte del siglo XIX, el departamento de Maldonado comprendía un extenso territorio que abarcaba lo que hoy conocemos como Rocha. La distancia con la capital departamental, sumada a las dificultades de comunicación y transporte de la época, generaba serios inconvenientes en la administración de justicia, el comercio y la seguridad.

Estas razones, sumadas a la identidad creciente de las poblaciones asentadas al noreste, llevaron a que se planteara la necesidad de crear un nuevo departamento. Así, el 1º de agosto de 1881, la ley nacional dispuso la segregación de Rocha, que se convirtió en el departamento número 13 de Uruguay.

Rocha, un departamento con identidad propia

Con la separación administrativa, Rocha comenzó a desarrollar una identidad política y económica más definida. La nueva capital departamental se fijó en la ciudad de Rocha, que en ese entonces ya contaba con un número significativo de habitantes y era un centro de actividad comercial para la región.

La delimitación de sus fronteras permitió un mayor control del territorio, que se extendía desde el océano Atlántico hasta la frontera con Brasil, abarcando zonas estratégicas por su cercanía con el país vecino y por la importancia de su producción agropecuaria.

La segregación de Rocha de Maldonado no significó un quiebre entre ambos territorios, sino una reorganización administrativa que buscaba mejorar la gestión del Estado. A lo largo de los años, Rocha y Maldonado han mantenido un estrecho vínculo económico, social y cultural, compartiendo rutas turísticas, redes comerciales y tradiciones que se fortalecen cada verano.

Hoy, 144 años después, el departamento de Rocha es reconocido por su riqueza natural –que incluye playas de renombre internacional, como La Paloma y Cabo Polonio–, su producción agropecuaria y su cercanía con Brasil, que lo convierte en un punto estratégico para el comercio y el turismo.

Maldonado, por su parte, continuó su desarrollo con Punta del Este como epicentro turístico, consolidando al departamento como uno de los motores de la economía uruguaya. La historia compartida entre ambos sigue siendo motivo de orgullo para los habitantes de la región esteña.

Logo del Ministerio del Interior

Cómo anotarse al llamado laboral en Rocha que ofrece $61.175 por 48 horas semanales

El Ministerio del Interior abrió un nuevo llamado laboral para cubrir cargos de agente ejecutivo o eventual en la Jefatura de Policía del departamento de Rocha, dirigido exclusivamente a personas residentes en esa zona. El llamado destaca por ofrecer un salario de $61.175 mensuales por una carga horaria de 48 horas semanales, incentivos incluidos.

El concurso se realiza bajo modalidad de oposición y méritos e incluye distintas etapas eliminatorias: pruebas físicas, exámenes culturales, evaluación médica y psicológica. Los postulantes que avancen participarán de un curso de formación obligatorio, durante el cual percibirán un salario equivalente al salario mínimo nacional (actualmente $23.604).

Una vez aprobado el curso, los agentes ingresarán a una lista de prelación con vigencia de seis meses, y desempeñarán tareas vinculadas al orden público, prevención del delito y control policial, conforme la Ley Orgánica Policial Nº 19.315.

Requisitos obligatorios

El llamado exige que los postulantes:

  • Sean ciudadanos uruguayos naturales o legalizados con al menos cinco años de ejercicio y entre 18 y 35 años al inicio del curso.
  • Residan en el departamento de Rocha, aunque se permiten excepciones contempladas en las bases.
  • Posean Ciclo Básico completo de enseñanza secundaria o UTU, credencial cívica vigente, constancia de voto, Jura de la Bandera, certificado de antecedentes judiciales, ficha médica con ECG, y vacuna antitetánica o hepatitis B al día.
  • No exhibir piercings, escarificaciones o modificaciones corporales que alteren la presentación uniforme.

Fechas y postulación

La inscripción estará abierta desde el 9 hasta el 25 de agosto de 2025. Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario en el sitio web del Ministerio del Interior o Uruguay Concursa y recibirán una constancia web que los identificará en todo el proceso. Solo se considera válida la última inscripción realizada.

Se habilitan canales de consulta vía correo electrónico (jprocha‑personal@minterior.gub.uy) o al teléfono 2030 5312

Remuneración y beneficios

  • Durante la capacitación previa: salario por curso equivalente al salario mínimo nacional vigentes (~$23.600).
  • Tras completar la formación: $61.175 mensuales, incluyendo presentismo y compromiso de gestión.
  • Jornada semanal de 48 horas, contrato presupuestado renovable, tareas operativas en seguridad pública y prevención del delito.

El llamado apunta a fortalecer la plantilla de la Policía en el departamento de Rocha, donde se busca incorporar nuevas generaciones con capacidad y formación. La propuesta aprovecha la oportunidad para promover empleo remunerado con contrato anual, dirigido a jóvenes locales que cumplan los requisitos.

Con este tipo de convocatorias, el Ministerio del Interior busca descentralizar oportunidades laborales y mejorar respuesta territorial en materia de seguridad. Los interesados pueden consultar las bases completas del llamado en la plataforma Uruguay Concursa o en el sitio oficial del Ministerio

Exgerente de OSE critica que no se construyó la planta de Arazatí y apunta a falta de preparación ante emergencias

El exgerente general de OSE, Arturo Castagnino, cuestionó públicamente la cancelación del proyecto Arazatí, también conocido como Proyecto Neptuno, y expresó su preocupación por la falta de planes ante la posibilidad de emergencias en la planta de Aguas Corrientes. Sus declaraciones se dieron tras la publicación del análisis de riesgos encargado por el BID, que descartó soluciones como Arazatí y respaldó alternativas como la reserva de Casupá.

Castagnino advirtió que los estudios técnicos no incorporaron la posibilidad de un colapso parcial o total de la usina de Aguas Corrientes, situación que ya se vivió durante la crisis de 2024. “Nada dicen de cómo enfrentar una emergencia en la producción”, criticó el exgerente desde Arequipa, Perú, donde reside actualmente.

A su juicio, el enfoque actual vuelve al escenario planteado en 2013 y que consideró “equivocado”, ignorando los preceptos técnicos que exigían otra fuente más segura y fiable de abastecimiento.

Castagnino reafirmó su postura histórica: Uruguay debe construir dos obras complementarias — el proyecto Neptuno/Arazatí y la represa de Casupá — como garantía frente a futuras emergencias hídricas. “No tenemos nada que elegir: es necesario e impostergable construir ambas obras”, aseguró.

El Proyecto Neptuno implicaba una planta potabilizadora en Arazatí, tomando agua del Río de la Plata, mientras que Casupá sería una reserva en la cuenca del Río Santa Lucía capaz de almacenar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua dulce, sin los problemas de salinidad ni trihalometanos que preocupan a técnicos y ambientalistas.

El exgerente calificó como equivocadas y sesgadas las conclusiones del informe del BID, que destaca a Casupá como solución más “robusta” que Neptuno. Según Castagnino, dichos estudios parten de datos incompletos o inconsistentes, ignorando la capacidad real de Arazatí para funcionar como reserva continua y confiable.

La metodología del informe, dijo, no contempló escenarios extremos de sequía ni variaciones abruptas en caudales, y no reflejó antecedentes como los episodios de inundaciones de 2024 y la crisis de abastecimiento de 2023. El resultado sería un replanteo de políticas públicas que puede costarle al país un retroceso en la planificación hídrica.

Castagnino consideró que las autoridades, en su buena fe, “fueron sorprendidas por asesores técnicos que enredaron y confundieron las cosas”. Ahora, con el proyecto suspendido judicialmente y en revisión ambiental, advierte que el país no puede perder más tiempo.

Desde su óptica, consolidar un sistema seguro requiere separar etapas: primero asegurar una fuente confiable (Casupá); luego evaluar, de forma independiente, la construcción de una nueva planta potabilizadora como Neptuno

Agosto en Uruguay: descanso obligatorio por el 25 de agosto y paga especial por trabajar

Uruguay tendrá un fin de semana largo en agosto gracias al feriado no laborable del lunes 25, día en que se conmemora la Declaratoria de la Independencia de 1825. Este año, el día no se traslada, por lo que los ciudadanos disfrutarán de tres días seguidos de descanso, desde sábado 23 hasta lunes 25

¿Qué se celebra y qué significa?

  • El 25 de agosto de 1825 marcó la independencia de la Provincia Oriental del dominio extranjero; eventos históricos que consolidaron el nacimiento del Uruguay moderno
  • En virtud de la Ley N° 12.590, el feriado es no laborable y con remuneración, lo que implica que si alguien trabaja ese día debe ser pagado doble: su día normal más un adicional

Calendario de feriados en 2025

El año 2025 presenta una particularidad: ningún feriado no laborable fue adaptado ni trasladado, ya que todos coinciden con fines de semana o siguen su fecha fija. El lunes 25 de agosto es uno de los pocos feriados nacionales que aplica a todos los trabajadores, sin movibilidad

Los feriados no laborables fijos en Uruguay para este año son:

  • 1 de mayo – Día de los Trabajadores
  • 18 de julio – Jura de la Constitución
  • 25 de agosto – Declaratoria de la Independencia
  • 25 de diciembre – Navidad

Implicaciones laborales y cierre de servicios

  • Sector público y privado deben otorgar el día libre y pagar normalmente como si fuese jornada habitual.
  • Si se trabaja, se aplican tarifas dobles, según lo estipulado por la ley laboral
  • El feriado se enmarca dentro de la política oficial de fines de semana largos para promover el turismo interno y el descanso ciudadano.

Contexto y efectos económicos

  • El feriado representa una ventana de oportunidad para el turismo interno, ya que muchos uruguayos planean escapadas cortas entre el sábado y el lunes.
  • Dada la reciente declaratoria del Bicentenario de la Independencia (2025), se espera que haya eventos conmemorativos en diferentes localidades, impulsados por el Comité Ejecutivo nacional
  • También es la noche previa un evento tradicional: la Noche de la Nostalgia, celebrada el 24 de agosto con música y festejos previos al 25

Recomendaciones para el ciudadano

  • Planificar con antelación viajes o actividades el fin de semana largo.
  • Verificar con los empleadores si corresponde remuneración diferenciada por eventual trabajo durante el feriado.
  • Disfrutar de eventos culturales o turísticos locales que coinciden con el Bicentenario nacional.

Con este único feriado no laborable en agosto Uruguay designa un espacio de descanso obligatorio y reforzado por ley; una jornada que invita a reflexionar sobre la independencia y a desconectarse en comunidad.