3 de febrero de 2026
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De discurso a política pública: las claves del nuevo Plan Nacional de Seguridad que entra en vigor en 2026

El pasado lunes, en la reunión de la Mesa Política de Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció oficialmente que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El plan, promovido por el gobierno nacional, busca consolidar un enfoque estructural, de largo plazo y basado en evidencia para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia, crimen organizado y políticas de control de armas.

La decisión marca un hito en la historia reciente de la gestión pública en materia de seguridad: después de años de medidas parciales, operativas o reactivas, el Estado apunta a una “política de Estado” con horizonte a 10 años, con metas claras, instrumentación permanente y participación social.

El PNSP 2025–2035 fue presentado oficialmente en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, encabezado por Negro. Su esencia radica en abandonar el paradigma de “emergencia permanente” para establecer un marco estratégico que combine prevención, disuasión, rehabilitación, uso de evidencia y participación ciudadana.

Entre los ejes prioritarios del plan figuran la reducción de homicidios, el combate contra el crimen organizado, el control más estricto del mercado ilegal de armas y municiones, una reforma penitenciaria integral, políticas de violencia de género, prevención social del delito y acciones de rehabilitación.

El plan se diseña en cinco fases: diagnóstico de la criminalidad y violencia; encuentros participativos con actores políticos, sociales y académicos; propuesta técnica, definición política de medidas concretas; y validación social. El diseño culminaría en enero de 2026. Luego, la implementación se pondría en marcha formalmente. Aunque la primera etapa operativa había sido anunciada para marzo de 2026, el anuncio del ministro Negro indica que muchos de sus componentes comenzarán a regir desde enero, lo que adelanta el punto de partida oficial.

El gobierno actual enfatiza que la seguridad ya no puede concebirse como un problema aislado o de gestión coyuntural, sino como una cuestión estructural que requiere políticas integrales y sostenidas. Negro ha señalado que “no se trata de hacer más de lo mismo”, sino de aplicar herramientas modernas, planificación, inteligencia, inversión institucional y participación democrática.

La construcción del plan implicó un proceso de consulta: partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, academia, especialistas en seguridad y actores del Estado participaron en los llamados “Encuentros por Seguridad”, espacio de debate desde julio hasta diciembre de 2025.

Así, el PNSP aspira a superar el escepticismo que genera en algunos sectores la idea de una política de seguridad sustentada solo en represión, proponiendo un enfoque multidimensional: prevención social, control policial focalizado, mejora de políticas penitenciarias, regulación del arma y fortalecimiento institucional, entre otros componentes.

Aunque el plan contempla su plena implementación a lo largo de 2026 y en adelante, con un monitoreo gradual y evaluaciones periódicas, el anuncio anticipa que desde comienzos del año próximo comenzarán a operar algunas de las medidas prioritarias. Entre ellas:

  • La estrategia de reducción de homicidios. El plan ya ha iniciado talleres con expertos internacionales y autoridades nacionales para definir protocolos, mapas de riesgo y estrategias focalizadas por zonas.
  • Fortalecimiento del control de armas y municiones mediante registro digital, trazabilidad y regulación más estricta.
  • Incremento de la presencia policial focalizada en zonas críticas, con un enfoque en la prevención y disuasión del delito.
  • Políticas de prevención social y comunitaria, abordando causas de la violencia estructural: programas sociales, rehabilitación, salud mental, inclusión, escuelas, reinserción, entre otros.
  • Uso de inteligencia, tecnología, monitoreo, estadísticas y evidencia científica para medir resultados y ajustar las estrategias.

A pesar del consenso político alrededor del plan, varios desafíos emergen:

  • Que la política trascienda el ciclo de gobierno: un plan a 10 años depende de continuidad institucional, recursos y consenso social.
  • Garantizar que las reformas estructurales —regulación de armas, reforma penitenciaria, prevención social— se implementen de manera coherente y no queden reducidas a medidas simbólicas.
  • Coordinar múltiples actores: Poder Ejecutivo, Parlamento, policías, justicia, sociedad civil, municipios, academia — una articulación compleja en un país diverso.
  • Transparencia y rendición de cuentas: monitorear resultados, evaluar indicadores, publicar estadísticas, corregir errores. Si no, el plan corre riesgo de volverse letra muerta.
  • Resistencia social y política: la seguridad suele generar debates polarizados; cualquier reforma profunda encontrará oposición, desconfianza o resistencia de ciertos sectores.

Para gran parte de la población —especialmente quienes viven en zonas vulnerables, barrios con altos índices de delitos, o víctimas de violencia— el PNSP representa una esperanza de cambio profundo, una apuesta a largo plazo, con institucionalidad y planificación. Si el plan se implementa con coherencia, podría modificar la percepción de inseguridad, mejorar la calidad de vida, reducir homicidios y reconstruir confianza en las instituciones.

Pero también será una prueba de madurez democrática: la ciudadanía deberá exigir resultados, participación, transparencia y seguimiento. El plan no será útil si se queda en discursos o promesas.

Para las autoridades, la responsabilidad es doble: deben traducir un diseño ambicioso en políticas reales, con presupuesto, recursos humanos, tecnología y control, asegurando que la seguridad —tan reclamada por la sociedad— deje de ser “sensación” y se convierta en políticas públicas efectivas.

Imagen de Yamandú Orsi cae y sale del podio en ranking regional

El presidente uruguayo Yamandú Orsi experimentó un revés en su imagen positiva a nivel regional. Según una encuesta reciente de la consultora argentina CB Opinión Pública, difundida en noviembre de 2025, Orsi perdió una posición en el ranking de presidentes sudamericanos más valorados y quedó fuera del podio.

Retroceso en la aprobación

Durante el mes analizado, Orsi obtuvo una aprobación del 46,1 %, según el informe de CB. Este resultado lo dejó en el cuarto lugar del ranking, por detrás de Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina).

En la encuesta se midió la imagen general del mandatario: un 15,0 % de los encuestados expresó que tiene una valoración “muy buena” de Orsi, mientras que un 31,1 % la describió como “buena”. Por otro lado, 23,4 % consideró su imagen “muy mala” y 28,6 % la calificó como “mala”.

Comparación con valores anteriores

Este retroceso no es aislado. En mediciones anteriores, Orsi había ocupado posiciones más altas:

  • En octubre de 2025, figuraba en tercer lugar con un 45,5% de imagen positiva.
  • En agosto de 2025, según otra encuesta de CB, Orsi también bajó un puesto, pasando al segundo lugar con un 48,9% de aprobación.
  • En octubre, según otro informe, bajó dos puestos para ubicarse en tercer lugar con un 45,5%.

Este vaivén refleja una dinámica complicada para el presidente uruguayo, que ha visto fluctuaciones en su popularidad desde su asunción.

Contexto político

La caída de Orsi en el ranking se produce en un momento de alta expectativa para su gestión. Al asumir, generó optimismo en algunos sectores políticos gracias a su acercamiento a temas como el bienestar social, la negociación política y la estabilidad institucional. Pero mantener una imagen favorable en toda la región —no solo en Uruguay— es un desafío creciente.

El hecho de que líderes como Paz, Lula y Milei lo hayan superado en esta encuesta podría responder a varias razones: distintos ritmos de gestión, decisiones políticas recientes, o simplemente las percepciones cambiantes de los ciudadanos frente a sus gobiernos.

Importancia de la medición

Estas encuestas son relevantes porque ofrecen una foto de cómo perciben los ciudadanos no solo a sus propios mandatarios, sino también a los de la región. Para Orsi, especialmente, es un termómetro útil: más allá del 46,1%, la caída refleja un posible desgaste o una falta de alineamiento entre expectativas y acciones.

Además, el margen de error de la medición es de ± 3 %, lo que significa que existe una variabilidad inherente en los resultados, pero el trend es claro: la valoración de Orsi ha disminuido lo suficiente para afectar su posición en el ranking.

¿Qué implica para su gobernabilidad?

La baja en la imagen podría tener implicaciones políticas más profundas: un presidente menos valorado puede tener más dificultades para impulsar su agenda, especialmente si su coalición o su base social requiere mostrar resultados positivos para sostener el apoyo.

Además, en un contexto regional donde otros mandatarios están subiendo —como Milei, según algunos informes recientes—, Orsi necesitará demostrar gobernabilidad, eficacia y una estrategia comunicacional consistente para revertir tendencias negativas y volver a escalar en la percepción pública.

El «casi» primer año del gobierno de Orsi: ¿cumplió con las expectativas económicas?

Casi al cumplirse el primer año de gobierno de Yamandú Orsi, surgen múltiples interrogantes sobre el rumbo económico del país. Si bien su administración arrancó en marzo y heredó un presupuesto que no diseñó, el balance hasta ahora arroja una combinación de continuidad con los gobiernos previos, algunas innovaciones institucionales, y promesas esperanzadas en torno a crecimiento y transparencia.

1. Un año “corto”, pero con peso político y financiero

El presidente Orsi asumió con un equipo mayoritariamente nuevo, con pocos cuadros repetidos de administraciones anteriores, especialmente del Frente Amplio. Esto ha limitado la velocidad para implementar cambios profundos: su primer año fue “corto” no solo por el calendario, sino también porque debía lidiar con un presupuesto heredado.

Los críticos argumentan que esas restricciones políticas han condicionado la capacidad del gobierno para impulsar reformas más radicales. En ese sentido, la Rendición de Cuentas se presenta como una instancia clave para observar si se intensifican cambios o si se mantiene un perfil más moderado.

2. Consejos de Salarios: desindexación, pero poca novedad

Una de las políticas económicas centrales de este primer año ha sido la negociación salarial en los Consejos de Salarios. Según el análisis, el gobierno ha logrado cierta sintonía entre el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y el MTSS (Ministerio de Trabajo), algo que generó expectativas de estabilidad.

Destaca, en particular, la desindexación salarial, es decir, la desvinculación de los aumentos automáticos por inflación (“gatillos”). Se estima que, durante los próximos dos años, ese mecanismo dejará de operar tal como se conocía.

Sin embargo, más allá de esa novedad, los acuerdos salariales han sido calificados como marginales: gran parte del esquema salarial vigente mantiene rasgos heredados, según algunos expertos, lo cual sugiere que el consenso ha primado por sobre la transformación estructural.

3. Presupuesto y política fiscal: optimismo y riesgos

El presupuesto aprobado para este primer año apunta a un crecimiento económico ambicioso, cercano al 13%. Esa proyección se basa tanto en un aumento en el empleo como en una mejora del salario real.

Se prevé que en la segunda mitad del período —y especialmente hacia el final del mandato— las cuentas públicas mejoren gracias a un mayor ingreso tributario, una recaudación más eficiente y un crecimiento más sólido. No obstante, advierten analistas, si ese crecimiento no se materializa, habrá riesgo de tener que subir impuestos o recortar gasto justo cuando se avecina una campaña electoral.

Además, el presupuesto introduce ajustes en la institucionalidad fiscal: refuerza el Consejo Fiscal Asesor y pone énfasis en una regla fiscal más moderna, con aportes de técnicos externos. También hay un avance en transparencia, especialmente sobre qué inversiones se informan al Parlamento. Pero algunos observadores consideran que el “tope de deuda prudente” podría estar planteado en un nivel demasiado alto.

4. Política monetaria y desafío de la desdolarización

En cuanto al frente monetario, el gobierno ha mantenido una estrategia contractiva, con el objetivo de controlar la inflación a través del “atraso cambiario”. Ese enfoque requiere consistencia entre las políticas salarial, fiscal y monetaria.

Uno de los logros más destacados ha sido la gestión de las Letras de Regulación Monetaria, cuyo rendimiento ha caído notablemente (alrededor de un 2% en los últimos seis meses), lo que podría estar allanando el camino para una baja en la Tasa de Política Monetaria.

No obstante, el gran desafío de fondo es la desdolarización de la economía: aunque hay voluntad, el análisis del primer año apunta a que no habrá avances significativos y profundos, especialmente si no cambia la mentalidad dolarizada de una parte importante de la sociedad.

5. Restricciones políticas y realismo en las demandas

Al evaluar este primer año, es importante reconocer que no todo depende de la economía. El análisis señala con acierto que la política muchas veces limita lo que podría hacerse desde el plano técnico: no es lo mismo soñar con reformas profundas que tener que lidiar con el peso de coaliciones, compromisos y presupuestos heredados.

Además, se destaca que al hacer un balance no se debe exigir al gobierno lo que no prometió: Orsi no llegó con un mandato claro de reducir el gasto público de forma provocativa, a diferencia de su antecesor. Esa realidad condiciona la calza entre lo prometido y lo ejecutado.

El Frente Amplio repudia duras declaraciones de edil blanco que calificó a represores como «viejos servidores públicos»

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) de Maldonado exige una condena pública de las autoridades departamentales tras los dichos del militar retirado Gaspar Barrabino, quien relativizó crímenes de lesa humanidad. El FA denuncia un intento de «justificar o atenuar la responsabilidad» de los condenados por terrorismo de Estado.

La tranquilidad política en la Junta Departamental de Maldonado se vio abruptamente interrumpida por una polémica que toca una de las fibras más sensibles de la historia uruguaya reciente: el terrorismo de Estado y la memoria histórica.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) de Maldonado emitió una declaración de «más profundo rechazo» ante las expresiones vertidas por el militar retirado y actual edil del Partido Nacional (PN), Gaspar Barrabino. El edil, refiriéndose a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, las calificó como “viejos servidores públicos que sufren el olvido de quienes los llamaron a actuar”.

Relativización de crímenes de lesa humanidad

Para la principal fuerza opositora en el departamento, estas declaraciones resultan «inadmisibles en el marco de un Estado democrático y de derecho». El comunicado subraya que las palabras de Barrabino tienen el efecto de relativizar crímenes de lesa humanidad, ofender directamente la memoria de las víctimas y desconocer los principios básicos de verdad, justicia y reparación que son pilares de la democracia uruguaya.

El FA recordó la magnitud de las violaciones de la dictadura, un período que dejó un saldo de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, presas o exiliadas por razones políticas.

La declaración contrasta la terminología utilizada por el edil con la realidad jurídica y ética: «Quienes fueron condenados por su participación en esos hechos no son ‘olvidados servidores’, sino responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sancionados con las garantías del debido proceso».

Preocupación por la pertenencia partidaria

El Frente Amplio expresó una «especialmente preocupante» sobre el hecho de que estas palabras provengan de un representante departamental, y más aún, de un integrante del partido de gobierno del intendente Miguel Abella.

El comunicado critica que un jerarca electo intente «justificar o atenuar la responsabilidad de quienes actuaron al margen de la ley y de la ética pública». Esta situación pone en entredicho los valores democráticos y de respeto a la institucionalidad que deben primar en el ámbito de gobierno local.

Exhortación a la condena interpartidaria

La Mesa Política del Frente Amplio de Maldonado reafirmó su compromiso «inquebrantable» con la memoria histórica, la verdad y la justicia, y rechazó «todo intento de revisar, negar o justificar el accionar del terrorismo de Estado».

El comunicado hizo hincapié en que la violencia de la dictadura no distinguió banderías políticas: «persiguió, torturó y asesinó a uruguayos pertenecientes a todas las colectividades políticas del país, incluso del partido al que este edil representa en la Junta Departamental».

Por este motivo, el FA exhortó a las autoridades de todos los partidos políticos departamentales, en particular al Partido Nacional, a pronunciarse «con claridad» frente a las manifestaciones de Barrabino. El objetivo es deslindar cualquier apoyo institucional a discursos que «ofendan la memoria colectiva y los valores democráticos del pueblo uruguayo». La oposición busca una condena clara y transversal que marque la línea divisoria entre el accionar político y la justificación de la violencia de Estado.

Crisis ética y política: la oposición carga contra la JUTEP y denuncia «salvataje político» a Danza pese a su renuncia a la actividad privada

Tras el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que desestimó la incompatibilidad del presidente de ASSE, Álvaro Danza, la oposición lo tildó de «comité de base del FA» y advirtió que «si pasa esto, pasa todo». Danza, por su parte, anunció que suspenderá su actividad privada a pedido de la ministra Lustemberg, quien calificó la controversia de «excesiva mediatización»

El caso que involucra al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, escaló a una crisis institucional profunda luego de la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). El organismo concluyó, con los votos del oficialismo, que «no existe incompatibilidad» entre el cargo de Danza y su desempeño como médico y docente en el sector privado.

Sin embargo, el fallo, que contradice un informe técnico previo de la propia asesoría letrada de la Jutep, desató la furia de la oposición, que lo calificó de «salvataje político» y denunció que lo político primó «por encima de lo jurídico».

La Oposición Deslegitima a la JUTEP: «Comité de Base del FA»

El directorio del Partido Nacional (PN) y legisladores de la coalición opositora no tardaron en reaccionar, apuntando directamente contra la credibilidad de la Jutep.

Álvaro Delgado, presidente del directorio del PN, escribió en su cuenta de X que la resolución era un «salvataje político a Danza», señalando que el informe contundente de la asesoría jurídica y el voto disidente del director del PN, Luis Calabria, fueron «dejados de lado» para «blindarlo» políticamente.

El diputado blanco Pablo Abdala fue uno de los más duros, al sostener que el gobierno está dando señales «propias de un gobierno totalitario» al «adueñarse del organismo competente en materia de ética pública para apuntalar [una] mentira». Abdala insistió que la Jutep, con esta decisión, ha «construido un concepto de ética frenteamplista» y «se expone a perder la confianza de la oposición, del sistema político y del país».

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani sentenció que lo de la Jutep «es vergonzoso, y se ha transformado en un comité de base del Frente Amplio».

«Si Pasa Esto, Pasa Todo»: La Gravedad Institucional

El cuestionamiento ético y jurídico se centró en la noción de conflicto de intereses. El diputado colorado Conrado Rodríguez afirmó que la decisión «es vergonzosa, claramente política y no jurídica», pues existe una «notoria evidencia de la incompatibilidad de Danza de dirigir una institución que luego contrata con las mutualistas en las que él es un dependiente subordinado». Sentenció: «No se puede estar de los dos lados del mostrador, la Constitución prohíbe la existencia de este conflicto de intereses».

El interpelante y diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, advirtió sobre la gravedad del precedente, afirmando que «si pasa esto, pasa todo». Subrayó que, al «blindar conductas corruptas y opacas» pese al informe jurídico, la Jutep demuestra una «situación de institucionalidad extremadamente delicada, porque no hay antecedentes».

El senador Rodrigo Blás (PN) reforzó esta crítica, advirtiendo que el pronunciamiento de la Jutep «desconoce fundamentos jurídicos ampliamente aceptados» y se transforma en «un aval político a una inconstitucionalidad evidente». Blás concluyó que la Jutep «ha perdido legitimidad al actuar con criterios políticos y no técnicos» y que este episodio erosiona la confianza ciudadana al hacer que los organismos de transparencia actúen como «brazos políticos».

Danza Suspende su Actividad Privada: Un «Gesto de Sacrificio» o Reconocimiento de Incompatibilidad

Pocas horas después del polémico fallo de la Jutep, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

A pesar de que la Jutep lo avaló, Lustemberg anunció que le había propuesto a Danza que «suspenda sus actividades privadas» durante su mandato para dedicarse «de forma exclusiva» a ASSE. La ministra valoró esta decisión como un «gesto de sacrificio y de entrega al servicio público», que implicará la renuncia a unos $366.000 pesos mensuales y a sus cargos en mutualistas como CAMS de Soriano, la Asociación Española y la Médica Uruguaya.

Danza aceptó la propuesta, afirmando que, si bien la Jutep demostró que no incurrió en «ninguna irregularidad ni en ninguna incompatibilidad», decidió «optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ASSE». El jerarca, sin embargo, se reservó su cargo docente en la Facultad de Medicina, tomándose una licencia de «índole personal».

La oposición interpretó esta acción como una admisión tácita de la incompatibilidad. El senador Blás lo resumió así: «Si la ministra le pidió al doctor Danza que renuncie a sus actividades privadas, es porque reconoce que existe incompatibilidad. Pretender lo contrario es colocar lo político por encima de lo jurídico».

La Interpelación Sigue en Pie y la «Mediatización Excesiva»

A pesar de la renuncia de Danza a la actividad privada, la oposición reafirmó que la interpelación a la ministra Lustemberg, que estará a cargo del diputado Sotelo, sigue siendo «totalmente necesaria» y «toma mayor relevancia». El diputado Abdala aseguró que, «con Danza o sin Danza» en ASSE, su credibilidad está «definitivamente destruida» y «el desgaste que ha sufrido no tiene retorno».

Lustemberg, por su parte, defendió la conducta de Danza y criticó la «excesiva mediatización y personalización» del caso. La ministra afirmó que la controversia, que comenzó como una «duda técnica atendible», se desvió hacia «ataques personales» y una «batalla que desvió el foco de lo que debería ser verdaderamente importante para todo el arco político de la gestión de ASSE», que es la mejora del servicio que atiende a un millón y medio de usuarios.

Con la interpelación en el horizonte y la credibilidad de la JUTEP en el punto más bajo de su historia reciente, el caso Danza se consolida como uno de los conflictos institucionales más delicados para el gobierno.

De prometer transparencia a firmar contratos directos: las contradicciones del intendente Jiménez en Lavalleja

El programa “La Pecera” conducido por Ignacio “Nacho” Álvarez en Azul FM 101.9, volvió a poner a la Intendencia de Lavalleja en el centro del debate público, tras la intervención de la economista Verónica Acosta, oriunda de Minas. En diálogo con Álvarez, la especialista presentó documentación oficial que evidencia contrataciones directas, compensaciones salariales y vínculos personales en la administración que encabeza el intendente Daniel Jiménez, del Frente Amplio.

Jiménez, médico cirujano reconocido y actual jefe comunal, había prometido durante su campaña un nuevo tiempo de transparencia y profesionalización del ingreso público, defendiendo la Ley de Concursos para intendencias como un avance histórico. Sin embargo, las resoluciones recientes de su gobierno parecen ir en dirección contraria.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la intendencia emitió varias resoluciones de arrendamiento de obra profesional, sin llamado a concurso, con montos elevados y plazos extensos.
Entre los casos destacados se encuentra el del arquitecto Juan Martín Frazchia, quien, según la documentación analizada, renunció a su cargo como encargado de edificios comunales —con un salario menor— y fue recontratado directamente como arquitecto por $120.000 mensuales más IVA, por un plazo de once meses. El total de la contratación asciende a $1.320.000 más impuestos.

Otro caso señalado fue el de Analía Grande, conocida organizadora de eventos en Minas. Hasta hace poco cumplía tareas como asesora honoraria, sin percibir remuneración. Sin embargo, fue contratada formalmente por tres meses a $100.000 mensuales más IVA.
Su caso cobró relevancia política porque, según versiones recogidas por Acosta, Grande es cuñada de la senadora blanca Alexandra Insaurralde, quien no apoyó al candidato oficialista del Partido Nacional en las últimas elecciones departamentales. El hecho ha generado comentarios sobre posibles acercamientos políticos entre sectores tradicionalmente opuestos.

En la misma línea, Leticia Martínez fue también contratada por $100.000 más IVA durante diez meses para tareas de organización de eventos, lo que sugiere una duplicidad de funciones en un área cultural cuyo presupuesto no parece justificar dos contratos de ese nivel.

Entre las designaciones más comentadas, figura la de José Gabriel Galvona Rodríguez, quien recibe una compensación de $74.000 mensuales “por permanencia a la orden”.
Según los documentos, Galvona habría sido designado en el área de Tránsito, pero vecinos y funcionarios lo identifican acompañando al director del área como guardaespaldas, lo que genera dudas sobre su rol real.
Más llamativo aún es que, tras ser reasignado al área de mantenimiento de edificios públicos, la compensación se mantuvo activa, pese a no cumplir las tareas originales.

Acosta destacó además que Galvona no es oriundo de Lavalleja, sino de Cerro Largo, lo que alimenta cuestionamientos sobre la selección de personal local.
“¿No hay en Lavalleja gente capacitada para esos cargos?”, se preguntó irónicamente la economista al aire.

La suma de las contrataciones directas supera los $500.000 mensuales, y en varios casos los montos totales exceden el tope legal de $987.000 para compras directas ampliadas.
Esto implica que algunas designaciones deberían haberse tramitado mediante licitación o concurso público, tal como prevé la normativa.
Acosta cuestionó si el Tribunal de Cuentas intervendrá ante estos casos: “Estas observaciones se repiten. Los jerarcas suelen resolver repetir el gasto y mantener los contratos. Es un sistema que requiere urgente corrección”.

En el programa se recordó que Jiménez había sido cuestionado antes de asumir, por irregularidades en la regularización catastral de su vivienda —una propiedad con piscina declarada por apenas 102 m² cuando en realidad tenía 321 m²—.
“De quien se presentó como ejemplo de transparencia, esperábamos otra conducta administrativa”, señaló Álvarez durante la emisión.

En un contexto de déficit financiero reconocido por la propia intendencia, las designaciones generan preocupación y malestar entre funcionarios que temen por el pago de sueldos y aguinaldos a fin de año.
El intendente admitió públicamente que deberán solicitar una línea de crédito al Banco República para afrontar las obligaciones salariales de diciembre.

“¿Será esta la forma de gobernar con honestidad que prometió?”, se preguntó Acosta al cierre de su exposición.

La desaprobación al gobierno de Orsi supera ligeramente a la aprobación

A pocos meses de asumir, el gobierno del Dr. Yamandú Orsi ha ingresado en una fase de «normalización» de la opinión pública, con las encuestas más recientes marcando una tendencia de deterioro, aunque leve, en el respaldo ciudadano. Los datos, publicados en las últimas horas, muestran una gestión que aún no logra consolidar la aprobación de una mayoría.

Si bien la aprobación del presidente se mantiene en niveles significativos dentro de su base, los resultados de la consultora Opción Consultores evidencian un quiebre simbólico: por primera vez desde el inicio del mandato, la desaprobación a la gestión del gobierno nacional supera apenas a la aprobación.

El Punto de Inflexión: Cifras del Tercer Trimestre

El informe de Opción Consultores, que abarca el tercer trimestre de gestión (septiembre-octubre de 2025), sitúa la aprobación total (Muy buena y Buena) en 26%, mientras que la desaprobación total (Mala y Muy mala) alcanza el 29%. Esto deja un saldo neto negativo de -3 puntos. En la medición anterior, la aprobación se ubicaba en 29% y la desaprobación en 22%, lo que subraya el cambio de tendencia en el último período.

La gran mayoría de la población, sin embargo, se mantiene cauta o indecisa. El 40% de los encuestados calificó la gestión como «ni buena ni mala», indicando que una parte sustancial del país aún observa el rumbo del gobierno sin emitir un juicio definitivo.

Polarización: La Desaprobación Viene de la Oposición

Los datos de las encuestadoras coinciden en que la evaluación de la gestión está fuertemente determinada por la afiliación política, un patrón habitual en la opinión pública uruguaya:

  • Votantes del Frente Amplio (FA): La gestión de Orsi recibe un alto respaldo. El 52% aprueba su trabajo, mientras que solo un 4% lo desaprueba.
  • Votantes de la Coalición Republicana (Oposición): El rechazo es mayoritario. Apenas un 8% aprueba la gestión, mientras que el 53% la desaprueba.

El progresivo aumento en los niveles de desaprobación se explica, por lo tanto, por las mayores críticas entre los votantes opositores, un proceso que suele darse una vez terminados los primeros meses de lo que se conoce como «luna de miel».

El Contraste con el Primer Semestre

Aunque Opción registra un saldo negativo, la consultora Equipos Consultores había reportado un panorama diferente al finalizar el primer semestre (junio), con un 44% de aprobación frente a un 21% de desaprobación, dejando un saldo positivo de +23 puntos. La divergencia en las cifras refleja distintos momentos de la gestión y metodologías, pero la tendencia general apunta a una gestión que ha perdido el margen de seguridad que tuvo en sus primeros 180 días.

En un contexto histórico, el nivel de aprobación de Orsi a esta altura del mandato se sitúa en un lugar intermedio, sin alcanzar los altos picos de apoyo que tuvieron sus antecesores (como José Mujica, Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez) en momentos similares, muchas veces influenciados por crisis o situaciones extraordinarias como la pandemia.

La Coalición Republicana critica el silencio del gobierno y del FA tras el Nobel de la Paz a Corina

La Coalición Republicana, principal bloque opositor en Uruguay, salió al cruce del gobierno y del Frente Amplio por su aparente falta de pronunciamiento tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la activista venezolana María Corina Machado. En una declaración pública, los opositores fustigaron el silencio oficial y exigieron que el Estado uruguayo exprese un reconocimiento formal, reflejando una división política sobre la postura frente al régimen chavista.

Según el artículo publicado en El País, fuentes oficiales indicaron que desde Presidencia no estaba previsto emitir pronunciamiento alguno sobre el Nobel. La decisión de guardar silencio ha sido interpretada por la oposición como una señal de complicidad o de tibieza frente a dictaduras.

El senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) calificó la distinción como un acto de justicia, destacando que María Corina “representa una idea” que merece el máximo reconocimiento. Exigió que el gobierno uruguayo rompa el silencio y felicite públicamente a Machado.

Por su parte, Álvaro Delgado, exsenador y dirigente blanco, advirtió que el silencio oficial es “increíble” y se preguntó: “¿Qué se le debe al régimen de Maduro?” Para Delgado, el Nobel otorgado a Machado es un reconocimiento simbólico a la resistencia frente a la dictadura.

Otro respaldo al reclamo vino del senador Javier García (Partido Nacional), quien manifestó que el Estado uruguayo, como parte del continente, debería felicitar públicamente a Machado “porque indirectamente, no hacerlo, es oponerse a lo que ella representa”.

El Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que saluda la distinción otorgada a Machado, definió su trayectoria como “coherente, de coraje cívico y compromiso con valores republicanos” y dijo que su ejemplo trasciende fronteras.

La figura de María Corina Machado ha sido emblemática en la oposición venezolana. El artículo recuerda que Machado lleva años en lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, y su reconocimiento con el Nobel ha sido respondido con elogios de figuras políticas uruguayas como el expresidente Luis Lacalle Pou, quien la felicitó públicamente y dijo que lo merece el pueblo venezolano por su resistencia.

Desde el Partido Independiente, el exministro Pablo Mieres también se pronunció: calificó el Nobel como “un enorme espaldarazo a la lucha del pueblo venezolano” y reprochó el silencio oficial de Uruguay, señalando que “no hay excusa para este silencio cómplice”.

El episodio pone en evidencia una tensión persistente en la política exterior uruguaya: el posicionamiento frente a crisis democráticas y regímenes autoritarios en América Latina. Para la Coalición Republicana, el silencio del Estado implica una falta de coherencia en la defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Por otro lado, la decisión de no pronunciarse podría obedecer a cálculos diplomáticos internos, consideraciones de política partidaria o evitar confrontaciones internacionales. De todos modos, el reclamo opositor genera presión pública para que Montevideo defina su postura formal frente al Nobel.

En los próximos días, podría esperarse que presidentes de partidos, el poder ejecutivo o la cancillería emitan declaraciones, ya sea para saludar el premio o para explicar la ausencia de pronunciamiento. La controversia refleja cómo el reconocimiento internacional a una líder venezolana puede reabrir debates internos sobre política exterior, memoria democrática y solidaridad hemisférica.

Formalizaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado y existe orden de captura para un tercero

En la jornada de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización contra tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, acusados por presunto fraude especialmente agravado y falsificación ideológica en el marco de un esquema de facturación falsa que habría desviado fondos públicos por más de $1.474.000.

La investigación encabezada por el fiscal Jorge Vaz expuso que el ex presidente José Luis Sánchez solicitó a un empresario conocido facturas para cobrar periódicamente a la Junta Departamental por supuestas obras que nunca se realizaron. Los pagos se giraban a cuentas a nombre de su hijo, Facundo Sánchez, quien luego transfería el dinero a su padre sin advertir la maniobra fraudulenta.

Según Fiscalía, esta operativa se mantuvo durante las presidencias de Darwin Correa (2022-2023) y Alexandro Infante (2023-2024), quienes autorizaron el pago de varias de estas facturas. En total, se abonaron diez documentos, nueve mediante transferencia y uno con cheque.

El fiscal Vaz presentó pruebas del propio hijo de Sánchez, además del levantamiento del secreto bancario, que confirmaron el circuito del dinero. Incluso, el empresario Ramón Sosa —titular de la firma utilizada en las facturas— declaró ante Fiscalía que nunca realizó obras en el edificio legislativo y que prestó sus talonarios a Sánchez a pedido de este.

Durante la audiencia, la jueza Gabriela Azpiroz hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía e imputó a Darwin Correa como presunto autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica como funcionario público. José Luis Sánchez fue imputado por los mismos delitos en calidad de coautor. Ambos deberán cumplir medidas cautelares durante 90 días: fijación de domicilio, presentación semanal en seccional policial y prohibición de salir del país con retención de documentos.

En tanto, el ex presidente Alexandro Infante no se presentó a la audiencia. Fiscalía solicitó que fuera declarado en rebeldía y la magistrada libró una orden de detención. Según supo este medio, Infante habría cruzado a Argentina junto a su familia en la mañana de este miércoles, por lo que será detenido en frontera al regresar al país.

Las defensas de los imputados cuestionaron la investigación fiscal, sosteniendo que las obras fueron contratadas por el mecanismo de compra directa y que los montos no superaban los límites legales. Además, rechazaron la acusación de que existiera una sociedad con fines de fraude.

El caso ahora continuará en etapa investigativa. Fiscalía cuenta con un plazo de un año, prorrogable por otro, para solicitar audiencia de sentencia. En caso de ser condenados, los delitos imputados prevén penas que van de 12 meses a 6 años de prisión por fraude, y de 2 a 8 años por falsificación ideológica.

Encuesta revela fuerte incertidumbre: el 49 % no juzga la gestión de Orsi como buena ni mala

A seis meses del inicio del primer mandato de Yamandú Orsi como presidente, la consultora Opción Consultores publicó los resultados más recientes sobre la percepción ciudadana de su gestión. La encuesta revela una fuerte presencia de opiniones intermedias: el 49 % de la población califica la administración como “ni buena ni mala” o directamente no emite juicio. 

Sólo el 29 % de los uruguayos expresa aprobación de la labor gubernamental, mientras que el 22 % se posiciona en el extremo opuesto: un 14 % la considera “mala” y un 8 % la califica como “muy mala”  . Si bien la aprobación es similar a la registrada en el primer trimestre (30 %), la desaprobación presenta una ligera alza de tres puntos porcentuales

El peso del “más neutral que neutro”

El verdadero indicador del momento político fue el elevado porcentaje de aprobación neutra: “Este predominio del segmento intermedio no había sido registrado en nuestras encuestas referidas a gobiernos anteriores”, subrayan desde Opción

Al indagar en los motivos, descubrieron que el 58 % de quienes se mantienen neutrales considera que “todavía es demasiado pronto para evaluarlo”, mientras que el 20 % dice “no observar cambios respecto al pasado”, el 15 % mantiene una opinión más negativa que positiva, y el 7 % admite estar poco informado para opinar

Este escenario contrasta con el desempeño político habitual, donde las administraciones suelen generar valoraciones más definidas desde los primeros meses, apuntan los expertos. Tan es así que Orsi no ha sufrido una pérdida clara del “capital político”, aunque enfrenta el desafío de movilizar a ese bloque entusiasta pero pasivo

Desglose por áreas clave

Economía: la evaluación coincide con la percepción general: 27 % aprueba, 19 % desaprueba y el 48 % califica el desempeño como neutro, mientras que un 6 % no se pronuncia  . Seguridad pública: se convierte en el talón de Aquiles del gobierno. El 53 % desaprueba la gestión en esta área, frente a apenas el 17 % que la aprueba —obteniendo un saldo negativo de 35 puntos—  . El electorado frenteamplista también muestra críticas: 35 % desaprueba contra un 27 % que aprueba  . Personas en situación de calle: la gestión recibió una evaluación mayoritariamente positiva: 43 % aprueba (7 % muy buena, 36 % buena), mientras que el 29 % la desaprueba (20 % mala, 9 % muy mala). El 25 % fue neutral y un 3 % no opinó

¿Luz amarilla o ventana para crecer?

El alto porcentaje de aprobación neutra representa tanto una alerta como una oportunidad para el gobierno. Por un lado, alerta sobre una debilidad en consolidar el apoyo de su propio electorado; por otro, sugiere que, con medidas públicas claras y visibles —como el debate del presupuesto—, se podría virar buena parte de ese voto hacia la aprobación