3 de febrero de 2026
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Negocios

El movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo cae cerca de 30% en 2025

El principal puerto uruguayo enfrenta una fuerte contracción en la actividad de contenedores durante 2025, afectado por decisiones de navieras, competencia regional y conflictos sindicales. Aunque otras cargas y segmentos crecieron, la reducción de contenedores en tránsito plantea desafíos para la competitividad logística del país.

La actividad vinculada al movimiento de contenedores en el Puerto de Montevideo registra una caída sustancial en 2025, con una reducción estimada en torno al 30% en el volumen de TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) respecto al año previo.

Según datos oficiales y estimaciones, en 2024 el puerto movilizó alrededor de 1.100.000 TEUs, mientras que para 2025 se proyecta que ese número se reducirá a aproximadamente 850.000 TEUs, reflejando la contracción del tráfico contenerizado.

Causas de la caída

El descenso en el movimiento de contenedores está asociado principalmente al retiro de servicios de tránsito de cargas por parte de importantes navieras internacionales, entre ellas Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hapag-Lloyd, que optaron por otros puertos en la región para sus operaciones de transbordo y tránsito de mercancías.

Este cambio en las rutas de las líneas navieras se suma a mejoras operativas en puertos argentinos, como el de Buenos Aires, que han agilizado sus procedimientos aduaneros y logísticos, atrayendo parte de los tráficos que históricamente pasaban por Montevideo.

Además, la implementación de controles aduaneros más estrictos, que implican la inspección del 100% de los contenedores provenientes de Paraguay, ha generado demoras operativas y dificultades para mantener los volúmenes de carga en tránsito.

Conflictos y gestión interna

Durante 2025, el puerto también enfrentó varios episodios de conflictividad sindical, con paros y asambleas que, según representantes del sector, afectaron la fluidez operativa. La presidenta del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, destacó que estos conflictos figuran como uno de los factores que limitan una mayor actividad portuaria, y que las negociaciones con gremios continuarán en enero de 2026.

El rol de la Administración Nacional de Puertos (ANP) también fue foco de tensiones políticas el año pasado, con remociones y reemplazos de jerarcas que, según críticos, generaron incertidumbre administrativa en un momento clave para las operaciones marítimas.

Contrastes positivos

A pesar de la caída en los movimientos de contenedores, otras modalidades de carga mostraron desempeños positivos, compensando parcialmente los resultados globales del puerto. Incrementos se registraron en cargas de graneles, minerales, vehículos, madera, celulosa y pasajeros, e incluso algunas terminales especializadas alcanzaron récords históricos en volumen movilizado en 2025.

La Terminal de Graneles Montevideo (TGM), por ejemplo, cerró el año con un volumen récord de 1.686.000 toneladas movilizadas, lo que atenuó el impacto de la caída contenerizada y contribuyó a equilibrar la performance general del recinto portuario.

Desafíos para la competitividad

Expertos y operadores del sector advierten que la pérdida de volúmenes de contenedores —especialmente los vinculados a tránsito regional— puede afectar la posición estratégica del puerto de Montevideo como hub logístico en el Cono Sur, reduciendo la captación de cargas que generan actividad comercial y empleo.

La reanudación de obras de expansión en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el impulso a la modernización de infraestructura figuran entre las prioridades para revertir tendencias negativas. Sin embargo, la competitividad portuaria dependerá de la coordinación entre autoridades estatales, operadores privados y gremios para mejorar la eficiencia y atraer nuevamente tránsitos de cargas internacionales.

Perspectivas hacia 2026

Mientras se trabaja en soluciones estructurales, incluyendo negociaciones con navieras y mejoras técnicas en la logística portuaria, el sector mira con atención al próximo año en busca de señales de recuperación. El desafío será recuperar la confianza de los operadores regionales, minimizar los obstáculos administrativos y fortalecer la posición de Montevideo frente a puertos competidores en Argentina y Brasil.

Gobierno impulsa decreto para que los precios se exhiban en moneda nacional, aunque también puedan verse en dólares

El Poder Ejecutivo, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU), trabaja en un decreto que exigirá que los precios de bienes y servicios sean presentados en pesos o Unidades Indexadas (UI), aun cuando continúen mostrando su valor en dólares. La medida forma parte de un paquete orientado a promover la desdolarización de la economía uruguaya y fortalecer el uso de la moneda local en transacciones y ahorro.

El Gobierno nacional prepara la promulgación de un decreto que establecerá la obligación de exhibir los precios de bienes y servicios en moneda nacional, ya sea en pesos uruguayos o en Unidades Indexadas (UI), aunque se podrá complementar con la presentación en dólares estadounidenses.

La iniciativa, que aún no cuenta con una fecha definida para su entrada en vigencia, forma parte de una batería de medidas coordinadas entre el MEF y el BCU con el objetivo de fomentar el uso de la moneda local y reducir la dolarización de la economía, una característica estructural de mercados como el inmobiliario y el de bienes durables.

Según fuentes oficiales, el decreto buscará que los consumidores puedan comparar precios y elegir la moneda en la cual desean efectuar una compra, con la garantía de que la moneda de curso legal —el peso uruguayo— esté presente en la exhibición de los valores.

La normativa alcanzaría distintos rubros de bienes durables, incluyendo electrodomésticos y automóviles, que tradicionalmente se ofertan en dólares en Uruguay. El proyecto también contempla que los precios de inmuebles se muestren en Unidades Indexadas, una unidad que ajusta semanalmente de acuerdo con la inflación, aunque no impedirá la doble visualización con el dólar.

Las autoridades entienden que la costumbre de exhibir valores solo en dólares puede inducir a los consumidores a ahorrar en esa divisa, aun cuando ello implique un riesgo de pérdida de poder adquisitivo frente a bienes cuya cotización real se ajusta por inflación o con mayor estabilidad en moneda nacional.

La medida se suma a otras políticas impulsadas por el BCU para desincentivar el uso de depósitos en dólares y favorecer los instrumentos financieros en pesos. Entre estas se encuentran recientes cambios en el régimen de encajes bancarios que reducen la rentabilidad de depósitos en moneda extranjera y favorecen los realizados en pesos —un cambio previsto para comenzar a regir en el primer trimestre de 2026—.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha señalado en anteriores intervenciones que al alinear precios, ahorro y crédito en moneda nacional, se reduce la exposición a riesgos cambiarios y se fortalece la estabilidad macroeconómica.

Fuentes oficiales han señalado que aún resta un período de diálogo con el sector empresarial para considerar las circunstancias operativas antes de la redacción final del decreto. Asimismo, se prevé un tiempo de adaptación para las empresas, por lo que la aplicación efectiva podría demorarse tras la aprobación formal de la norma.

El Gobierno contempla que la medida no será inmediata, y que su implementación gradual permitirá a las empresas ajustar sus sistemas de exhibición de precios sin generar distorsiones abruptas en los mercados.

La propuesta ha abierto un debate entre economistas y empresarios sobre el impacto que puede tener en la inflación de precios, en la elección de moneda por parte de los consumidores y en la competitividad de los mercados. Algunos analistas sostienen que obligar a mostrar precios en moneda local puede fortalecer la demanda de pesos y reducir la preferencia por activos y transacciones en dólares, mientras que otros advierten sobre posibles costos de adaptación para las empresas y cambios en la estructura de precios de bienes durables.

Para varios sectores del comercio y la industria, la medida podría demandar inversiones en sistemas de exhibición y actualización de precios, así como una adaptación de la comunicación comercial con los consumidores. Tanto el MEF como el BCU mantienen abierto el canal de diálogo con representantes del sector privado para consensuar líneas de implementación que permitan minimizar costos transaccionales y cumplir con los objetivos de política económica.

Con esta iniciativa, el Gobierno ratifica su apuesta por fortalecer la moneda nacional como eje de referencia en la economía, en un contexto en que la exhibición y utilización de precios en dólares se mantiene como práctica extendida, especialmente en sectores de bienes durables y transacciones de alto valor. La medida se perfila como un componente clave dentro de un esquema más amplio de políticas monetarias y cambiarias destinadas a impulsar la desdolarización y promover la estabilidad financiera en el mediano plazo.

Ancap anuncia inversión de 30 millones de dólares para intentar recuperar la competitividad de su industria cementera

La empresa estatal presentó un plan que destinará recursos a la producción de cemento portland en un contexto de elevados costos internos, competencia privada y décadas de resultados negativos. Sindicatos y sectores políticos advierten sobre la viabilidad de la iniciativa.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) presentó recientemente un plan de inversión cercano a 30 millones de dólares orientado a reactivar su negocio cementero, que enfrenta un escenario de altos costos internos y pérdidas acumuladas históricamente. La medida fue dada a conocer ante autoridades y actores vinculados al sector productivo y político en diciembre de 2025.

El plan contempla un desembolso progresivo de fondos durante los próximos años: aproximadamente 5,35 millones en 2026, 11,89 millones en 2027 y 12,39 millones en 2028, parte de un esquema de inversiones que busca modernizar y reorganizar la producción de cemento portland.

Contexto económico y productivo

El negocio del cemento portland de Ancap ha registrado resultados deficitarios por varias décadas, con pérdidas operativas que ascienden a cientos de millones de dólares desde 2000. El segmento también contribuyó de forma significativa al balance negativo total de la empresa en 2024.

Una de las principales dificultades del sector radica en que el costo de producción en las plantas de Ancap supera con creces el precio de mercado del cemento, situación que ha erosionado la competitividad frente a empresas privadas.

Este contexto se agrava por una capacidad instalada que supera ampliamente la demanda interna y una utilización reducida de las plantas, factores que elevan los costos unitarios y dificultan la rentabilidad.

Estrategia y objetivos de la inversión

El plan oficial presentado por Ancap busca concentrar la producción de clínker —el insumo base del cemento— en la planta de Minas, considerada más eficiente, mientras que la de Paysandú pasará a desempeñar funciones logísticas y de molienda en lugar de producción propia, según han señalado representantes políticos vinculados al proyecto.

La estrategia apunta a reducir costos, aumentar la eficiencia operativa y mantener la participación del ente en el mercado nacional, donde compite con empresas como Cementos Artigas y Cielo Azul, que cuentan con mayores recursos tecnológicos y menores costos productivos.

Reacciones y críticas

Sectores sindicales han expresado rechazos a la propuesta, advirtiendo que podría implicar un “cierre encubierto” de la planta de Paysandú y poniendo en duda la viabilidad de sostener la producción en el largo plazo.

Por su parte, legisladores de diferentes fuerzas políticas han cuestionado la estrategia enfocada en una única planta productiva, señalando que la redistribución de funciones podría afectar la actividad industrial en Paysandú y su entorno social y económico.

Desafíos estructurales

Analistas señalan que el sector cementero uruguayo opera con una capacidad instalada muy superior a la demanda interna, lo que genera presión competitiva y reduce los márgenes en un mercado pequeño. Además, la incorporación de producción importada y la modernización tecnológica de competidores privados intensifican la competencia.

El plan de inversiones, además de abordar la reorganización productiva, incluye mejoras en seguridad, mantenimiento y eficiencia energética, con expectativas de impactar en la reducción de pérdidas y en la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Perspectivas y próximos pasos

La ejecución del plan implicará un seguimiento del desempeño operativo de Ancap y las discusiones parlamentarias sobre su eficacia y sostenibilidad. El debate público y político sobre el rol de la empresa estatal en actividades industriales no estratégicas continuará en 2026, en paralelo con la implementación de las inversiones comprometidas.

Compras por internet: regirá nuevo impuesto para los envíos desde Temu

El Parlamento aprobó esta semana el Presupuesto quinquenal, que incorpora un cambio tributario relevante para las compras por internet realizadas a través de plataformas como Temu. Entre las modificaciones se estableció que los envíos desde el exterior deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), un cambio que se vincula directamente con el fuerte crecimiento de operaciones de comercio electrónico en Uruguay.

Según lo dispuesto en el articulado, la aplicación del nuevo régimen impositivo comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. La medida afecta principalmente a las mercancías adquiridas mediante la plataforma china, que no forman parte de un acuerdo comercial internacional que los exima del pago de IVA. Uruguay mantiene un convenio con Estados Unidos —el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA)— que permite ciertas exenciones, pero esto no rige para importaciones desde China, por lo que las compras por Temu quedarán sujetas al tributo.

Qué cambios introduce el nuevo régimen

El régimen de franquicias para encomiendas internacionales también fue modificado. Bajo las normas vigentes, los consumidores podían realizar compras por internet sin pagar ciertos impuestos si se respetaban los topes establecidos. Con las reformas introducidas en el Presupuesto, se estableció que las compras a través de Temu deberán pagar IVA, aunque el texto también contempla condiciones excepcionales en caso de acuerdos comerciales específicos.

Para acogerse al régimen, el documento aprobado exige que el beneficiario autorice a las entidades administradoras de tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago a proporcionar a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la información necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de encomiendas. Esto apunta a asegurar la trazabilidad de las operaciones y la aplicación efectiva de la normativa fiscal.

Boom de compras por Temu y preocupaciones del comercio local

La irrupción de Temu en Uruguay a mediados del año pasado provocó un notable aumento de las compras desde el exterior. Entre enero y septiembre de 2025, se realizaron 1.459.796 operaciones con un incremento del 156,7% respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento acelerado fue impulsado, en gran medida, por la masiva adopción de la plataforma entre consumidores uruguayos.

La tendencia había generado inquietud entre comerciantes locales, que argumentan que la competencia no se da en condiciones equitativas, debido a las exenciones fiscales que tradicionalmente aplicaban las operaciones de comercio digital internacional. Organizaciones empresariales habían reclamado una revisión de las normas para equilibrar las condiciones de mercado.

Aplicación a partir de 2026

Con el Presupuesto aprobado, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, aunque las autoridades competentes deberán reglamentar detalles operativos antes de esa fecha. Esto incluye la coordinación entre organismos como la DNA y la Dirección General Impositiva (DGI), así como la definición de los mecanismos de control y declaración electrónica para los usuarios que realicen compras en plataformas como Temu.

El cambio representa un ajuste en la política impositiva del país frente a la explosión del comercio electrónico global, y marca una nueva etapa en la regulación de las compras internacionales por internet, buscando equilibrar la competencia entre comercio local y plataformas digitales extranjeras.

INALE advierte déficit de $25 millones para 2026 y reclama mayor presupuesto al Estado

El organismo estatal encargado de regular y promover la producción láctea uruguaya, INALE, emitió recientemente una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para recibir un refuerzo presupuestal que permita cubrir un déficit proyectado en torno a 25 millones de pesos para el año 2026.

Según fuentes internas del Instituto, la combinación de factores —incluyendo el aumento de costos operativos, la necesidad de sostener subsidios al sector lechero, servicios de control, asistencia técnica y otras funciones básicas de regulación y fomento— ha llevado a una brecha que, sin un aporte extraordinario, comprometería su funcionamiento normal durante el próximo ejercicio.

El pedido al MEF surge cuando el gobierno nacional define su plan de asignaciones para el presupuesto 2025-2029, instancia en la que INALE espera que sus necesidades sean atendidas. En ese marco, la demanda se presenta como prioritaria para sostener el entramado productivo y evitar una crisis en la cadena láctea.

Desde su creación, INALE ha jugado un rol central en la regulación del mercado lechero, control de calidad, apoyo a productores, promoción de exportaciones y seguimiento técnico de toda la cadena. En un país donde la producción de leche es uno de los pilares del agro, su operativa resulta clave para garantizar estabilidad, seguridad alimentaria y competitividad internacional.

Con recursos adecuados, el organismo puede mantener subsidios, controles sanitarios, pruebas de calidad, financiamiento de programas de desarrollo productivo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores. La falta de fondos podría traducirse en menos controles, menor respaldo al productor y riesgos sobre la calidad e inocuidad del producto.

La hipótesis de un recorte o insuficiente refuerzo presupuestal genera preocupación en el sector: podría provocar reducción de subsidios, demoras en inspecciones, dificultades para mantener programas de asistencia técnica, e incluso limitaciones para el control sanitario y de inocuidad que garantizan la calidad de la leche.

Además, en un contexto de competencia internacional y volatilidad de precios, la presión sobre productores ya expuestos puede incrementarse. Si INALE no cuenta con recursos suficientes, el costo podría recaer en los eslabones más vulnerables de la cadena: pequeños productores y cooperativas.

Gremiales del sector lechero se vienen manifestando desde hace meses en favor de una reforma del financiamiento de INALE. Un planteo recurrente —presentado ante la Cámara de Senadores en 2025— sugiere que parte del impuesto a las exportaciones de productos lácteos (actualmente destinado al LATU) sea redirigido para fortalecer los fondos del instituto.

Ese planteo gana fuerza frente a la inevitable caída de los márgenes lecheros en un contexto de costos elevados, y ante la urgencia de asegurar liquidez institucional que garantice continuidad de funciones esenciales.

INELE espera definiciones en las próximas negociaciones presupuestales. El refuerzo solicitado no es un monto simbólico, sino necesario para cerrar el año 2026 con las cuentas equilibradas y garantizar que el organismo pueda cumplir con sus obligaciones regulatorias, sanitarias y de apoyo al sector.

El MEF, al presentar su mensaje de presupuesto para 2025-2029, estableció prioridades claras (salud, educación, protección social, infancia/adolescencia), lo cual aumenta la presión para que INALE demuestre la relevancia estratégica del sector lechero para la economía uruguaya.

El desenlace definirá no solo la suerte institucional del instituto, sino también la sostenibilidad del sector lácteo en un país históricamente dependiente de esta actividad productiva.

¿Está Uruguay preparado para una crisis tipo 2002? ¿cuánto cubren las reservas del Banco Central uruguayo?

A más de dos décadas de la crisis financiera de 2002 —marcada por una corrida bancaria, un fuerte shock cambiario y problemas de liquidez para hacer frente a la deuda pública—, Uruguay evalúa con cautela si su actual nivel de reservas internacionales sería suficiente para soportar un temporal similar hoy. El Banco Central del Uruguay (BCU) realiza simulaciones periódicas, y sus conclusiones muestran una situación mucho más robusta que en aquel entonces.

El antecedente que dejó cicatrices

En 2002, el país sufrió una de sus peores crisis económicas: bancos cerrados, depósitos retirados en masa y una demanda de dólares que las reservas no pudieron sostener. Esa experiencia ha quedado marcada en la memoria institucional y financiera del país.

Para evitar un escenario similar, el BCU utiliza un modelo que denomina “reservas de confort”: un nivel precautorio de activos externos (principalmente dólares) diseñado para soportar una combinación de choques simultáneos, como los de 2002: corrida bancaria, presión cambiaria y falta de acceso al financiamiento.

Escenario hipotético: ¿cuánto se necesitaría hoy?

Según los cálculos más recientes del BCU, en un escenario extremo similar al de 2002, la entidad central requeriría aproximadamente US$ 16.140 millones para hacer frente a todos los riesgos analizados.

Ese monto se desglosa de la siguiente manera:

  • Para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios, serían necesarios US$ 8.384 millones, de los cuales US$ 7.781 millones corresponderían al servicio de deuda del propio BCU.
  • En cuanto al sector público no financiero —gobierno central y Banco de Previsión Social—, se estiman riesgos por US$ 3.035 millones, producto del pago de deuda más un déficit primario simulado en un contexto de crisis.
  • Finalmente, para cubrir el sistema financiero (corrida bancaria) se requieren US$ 4.722 millones adicionales.

¿Y las reservas actuales?

Al 31 de agosto de 2025, el stock de activos de reserva del BCU alcanzaba los US$ 18.488 millones, según su último Informe de Política Monetaria. Esto implica una holgura de US$ 2.348 millones por sobre lo estimado para el escenario más adverso. El informe interpreta esto como una “posición financiera muy sólida”.

En cuanto a vencimientos de deuda, el perfil proyectado no arroja presión inmediata: más de dos tercios de la deuda deben pagarse después de 2028, lo que da margen ante posibles tensiones.

Cómo invierte el BCU sus reservas

Las reservas no están simplemente “guardadas”: el BCU las distribuye en cuatro fondos con diferentes propósitos:

  1. Fondo Liquidez (en dólares y otras monedas) — para permitir intervención rápida.
  2. Fondo Precautorio (US$) — reservado para riesgos extremos.
  3. Fondo Inversión (US$) — para generar retorno a mediano plazo.
  4. Fondo Especial, con activos en diferentes monedas (dólar, yuan, reales, pesos mexicanos) y en instrumentos más diversificados (bonos ESG, MBS, corporativos, etc.).

Al 30 de septiembre de 2025, estas carteras gestionaban unos US$ 18.521 millones. Del total, más de US$ 7.500 millones estaban en el fondo de liquidez, que es clave para reaccionar rápido ante crisis.

¿Qué función cumplen estas reservas?

No solo son un “colchón para emergencias”: el BCU las considera una especie de seguro. Permiten:

  • Tener liquidez en dólares lista para vender si se necesita intervenir en el mercado cambiario.
  • Garantizar el servicio de la deuda externa del propio Banco Central.
  • Mejorar la percepción de riesgo por parte de los inversores: cuanto mayor sea el nivel de reservas, menor es la prima de riesgo país.

De acuerdo con el BCU, sus reservas “exceden en general el volumen de liquidez requerido para lo que puede considerarse la operativa diaria”, lo que refuerza su carácter precautorio.

¿Conclusión? Más preparación que en 2002, pero no inmunidad

El ejercicio de simulación del BCU sugiere que Uruguay cuenta hoy con un colchón mucho más robusto que hace más de veinte años, y que sus reservas actuales podrían resistir un choque múltiple como el vivido en 2002.

Sin embargo, ese “seguro” no implica inmunidad total: usar esas reservas en un escenario real de crisis requeriría decisiones difíciles, como vender dólares, enfrentar presiones sobre la tasa de interés, o asumir un déficit primario negativo.

Además, el costo de oportunidad de mantener reservas tan elevadas no es despreciable: esos recursos podrían usarse para inversiones o para otros fines.

En definitiva, Uruguay parece estar mejor equipado para capear un temporal económico-financiero que hace dos décadas. Pero la fortaleza no elimina los riesgos: la clave estará en cómo se gestionen esos recursos si llegara una crisis real.

Punta del Este en verano

¿Cómo impacta el envejecimiento de la población uruguaya en el mercado laboral y el consumo?

En un contexto económico donde a menudo los expertos se centran en variables macroeconómicas tradicionales —como tasas de interés, inversión o crecimiento del PIB—, un nuevo informe de la consultora Exante viene a subrayar un factor estructural clave: la dinámica demográfica de Uruguay. Según este estudio, el país enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado, una baja tasa de natalidad y un cambio en la composición por edades que tendrá efectos profundos en el mercado laboral, el consumo y las políticas públicas.

1. Un panorama demográfico en transformación

El reporte, titulado “Economía y empresas ante una nueva dinámica demográfica en Uruguay”, fue presentado por los socios de Exante Pablo Rosselli, Tamara Schandy y Florencia Carriquiry. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en el informe, Uruguay está en una trayectoria donde la población disminuye lentamente hacia las 3 millones de personas hacia 2070, debido a que las muertes podrían superar a los nacimientos.

La tasa de fecundidad en Uruguay se sitúa en torno a 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del reemplazo generacional. Al mismo tiempo, la esperanza de vida crece, lo que genera un desafío doble: más personas mayores, pero menos nacimientos para sostener la población activa.

De acuerdo con las proyecciones, la población mayor de 65 años pasará de representar aproximadamente el 15,6% en 2023 a un 24,5% en 2050. Esa transformación implicará que por cada 10 personas en edad para trabajar (15-64 años), habrá 6,5 personas “dependientes”, es decir, fuera de esa franja productiva.

2. Impacto en el mercado laboral

Para Exante, uno de los retos más acuciantes es cómo la economía uruguaya absorberá esa composición etaria cambiante. Según el documento, la Población en Edad de Trabajar (PET) crecerá hasta alrededor de 3,01 millones en 2033, pero después comenzará a descender hasta proyectarse en 2,72 millones hacia 2070.

Actualmente, la tasa de actividad —el porcentaje de personas en edad laboral que trabajan o buscan trabajo— es del 64,3%. La tasa de empleo, por su parte, es del 59%, con una informalidad del 21,7%. Exante señala además que un 28% de las horas trabajadas las aportan personas mayores de 50 años, lo que evidencia el peso creciente de los trabajadores senior.

Para contrarrestar estos desafíos, el estudio propone tres pilares clave:

  • Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes.
  • Incrementar la participación laboral de las mujeres, que en muchos casos asumen cargas de cuidado.
  • Extender la vida laboral, promoviendo que más personas mayores sigan activas laboralmente y también que sean más productivas.

3. Cambios en los patrones de consumo

Otro efecto relevante de la nueva estructura demográfica se verá en el consumo. Según Exante, los adultos mayores tienden a consumir más que otros grupos: en algunos mercados, su consumo per cápita supera en un 20 % al promedio. Aunque para Uruguay no hay datos exactos desagregados, se puede inferir una transformación en la demanda futura.

De acuerdo con la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, los uruguayos destinan gran parte de sus gastos a alimentos y bebidas no alcohólicas (27%); transporte y vivienda representan otro 14% cada uno; y recreación y cultura alcanzan un 8%.

Además, las proyecciones poblacionales muestran que los hogares de mayores de 60 años ganarán peso significativo: hacia 2070, casi 40% de la población podría tener más de 60 años, mientras que los niños representarán menos del 10%.

Este desplazamiento demográfico tiene implicaciones para empresas y emprendedores: quienes diseñan productos, servicios y estrategias de mercado deberán tener en cuenta este cambio estructural para anticipar nuevas demandas (salud, vivienda, ocio, tecnología, ahorro).

4. Implicaciones para políticas públicas

Desde el punto de vista de las políticas, Exante identifica varios desafíos estructurales. Uno de ellos es que el PIB uruguayo ha crecido en promedio solo un 1% anual en la última década, un ritmo que, según los analistas, es insuficiente para mejorar significativamente la calidad de vida de la población.

Para revertir esto, los expertos proponen combinar un aumento de la productividad con una mayor inversión, junto con una estrategia para elevar la oferta laboral (a través del empleo femenino, mayor inserción de mayores y migrantes). La educación también aparece como un factor esencial: Exante señala deficiencias en el sistema educativo y advierte que, si bien habrá menos alumnos en las escuelas en el futuro, esa puede ser una oportunidad para mejorar la calidad y la eficacia.

En paralelo, el informe sugiere que Uruguay podría beneficiarse de una política migratoria más activa: la llegada de inmigrantes en edad laboral podría compensar parte del envejecimiento poblacional y fortalecer el sistema productivo. Para eso, advierten, hace falta un diseño serio de incentivos para atraer y retener trabajadores.

5. Riesgos y oportunidades para las empresas

El estudio de Exante no solo identifica amenazas, sino también oportunidades para las empresas. A medida que la estructura etaria cambia, las compañías que sepan adaptarse podrán aprovechar nuevos nichos: servicios para adultos mayores, bienes de consumo especializados, turismo senior, atención médica y estrategias de exportación más sofisticadas.

Sin embargo, para ello es necesario que las empresas contemplen en sus planes de mediano y largo plazo estos cambios demográficos. Según el informe, la estabilidad de Uruguay es una ventaja, pero también puede ser un freno para la transformación rápida. Rosselli, uno de los analistas, señala que muchas veces la estabilidad “hace que abordemos pocas cosas a la vez”.

Además, el nuevo mapa poblacional —no solo por edad, sino también por distribución geográfica— podría reconfigurar dónde se consumen determinados bienes. Zonas como Canelones o Maldonado, que han crecido en población, pueden volverse más atractivas para cierto tipo de oferta, mientras que otros lugares deben replantear su estrategia para adaptarse a una población que envejece.

Economía: proyecciones de URSEA y la baja del crudo abren el escenario a una reducción en los combustibles en Noviembre

El mercado internacional del petróleo, caracterizado por una marcada volatilidad en el último trimestre, ha abierto un escenario favorable para los consumidores uruguayos. Según los informes técnicos y proyecciones preliminares basados en el mecanismo del Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), el Poder Ejecutivo contaría con el margen necesario para aplicar una rebaja en los precios de la nafta y el gasoil a partir de noviembre.

Este ajuste tarifario, que se realiza de forma mensual en Uruguay, se fundamenta principalmente en el retroceso del precio del petróleo crudo a nivel global durante el mes de octubre.

La Variable Clave: El Mercado del Petróleo

La política de precios de los combustibles en Uruguay se basa en el sistema del PPI, que busca reflejar los costos de importar los productos terminados, incluyendo fletes e impuestos. El mercado de referencia para las gasolinas y el gasoil es la Costa del Golfo de México (USGC). Sin embargo, la tendencia general es marcada por el crudo de referencia global, el Brent.

  • Retroceso del Crudo en Octubre: Durante octubre de 2025, el precio del barril de Brent promedió en torno a los 65 dólares, lo que representa una baja significativa respecto a los más de 70 dólares registrados en el trimestre anterior.
  • A fines de octubre de 2025, la cotización del Brent se situó alrededor de los $63.77 a $64.83 por barril, manteniendo la tendencia a la baja que habilita el margen para la revisión de precios en el surtidor.

Proyecciones de URSEA: Las Disminuciones Proyectadas

Las estimaciones preliminares que analizan la evolución de los precios internacionales hasta el cierre de la ventana de URSEA indican que, de aplicarse estrictamente la paridad de importación, los combustibles deberían registrar una baja.

  • Nafta: Analistas coinciden en que la nafta podría bajar entre $ 1 y $ 2 por litro. El retroceso del crudo habilita un margen para mantener o incluso reducir los precios al público.
  • Gasoil: El gasoil mostraría una reducción algo mayor que la nafta.
  • Ajustes Anteriores (Ejemplo): Si bien los datos específicos para noviembre de 2025 están en proceso, los cálculos de la URSEA para el período anterior (septiembre a octubre) ya reflejaban disminuciones proyectadas, como la baja del 1,68% para la nafta Súper 95 y del 1,77% para el gasoil 50S, lo que sienta un precedente para la tendencia de baja del crudo.

La Decisión Final y el Factor ANCAP

Es fundamental recordar que la URSEA calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI), pero los precios máximos de venta al consumidor final son fijados por el Poder Ejecutivo. La decisión final sobre si se traslada la baja proyectada por el PPI al surtidor y en qué magnitud dependerá de la voluntad política del Gobierno y de la estrategia financiera de ANCAP, incluyendo su política hacia fin de año y cómo administre el subsidio al supergás (GLP).

Aunque el retroceso del crudo internacional habilita el margen, factores geopolíticos y decisiones internas (como el tope de ajustes bimestrales del 7% y la composición de impuestos) siempre pueden influir en la decisión final del Ejecutivo.

Frente Amplio y Cabildo dan luz verde a nuevos tributos: qué implican Temu e Imposición Global

La Cámara de Diputados aprobó este viernes dos medidas tributarias clave incluidas en el proyecto de presupuesto quinquenal: el denominado “Impuesto Temu” y el Impuesto Mínimo Global. Gracias al respaldo de la bancada del Frente Amplio (FA) junto con los dos representantes de Cabildo Abierto, las reformas tributarias avanzaron en la cámara baja a pesar del rechazo unánime de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

Según se informó, Cabildo Abierto condicionó su voto favorable a que se incorporen reasignaciones presupuestales que beneficien principalmente a las Fuerzas Armadas, con aumentos salariales, y mayores recursos para la sanidad militar.

¿Qué implican los nuevos tributos?

Impuesto Temu / IVA Temu

Este impuesto incide sobre el comercio electrónico internacional, un segmento que ha crecido de forma exponencial. Bajo la propuesta, las compras internacionales por hasta US$ 800 anuales —hoy el umbral es US$ 600— seguirán exentas de aranceles aduaneros, pero estarán sujetas a IVA del 22 % sobre el valor declarado o facturado, con una tributación mínima de US$ 20 por envío y un límite de tres compras exentas al año. Las adquisiciones que excedan esa franquicia seguirán tributando con la tasa del 60 %.

No obstante, el impuesto no se aplicará a aquellos productos originados de Estados Unidos, debido a un acuerdo comercial vigente que exime ciertos envíos. En la práctica, esta medida busca equilibrar la competencia entre el comercio local, que ya tributa IVA, y las plataformas internacionales que antes operaban con ventajas tributarias.

Impuesto Mínimo Global / IMCD

El Impuesto Mínimo Global apunta a que grandes grupos multinacionales paguen al menos un 15 % de impuesto sobre sus rentas en cada país donde operan. El proyecto establece que solo estarán alcanzadas aquellas multinacionales con ingresos consolidados anuales mayores a US$ 750 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió que al menos el 80 % de los impuestos aprobados serán neutrales para el contribuyente común, asegurando que los ajustes no afectarán las clases medias y bajas de forma directa.

Críticas y rechazo de la oposición

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente votaron en bloque en contra de estas medidas. Argumentan que durante la campaña electoral se había prometido no aumentar impuestos, por lo que catalogan estas reformas como una traición al electorado.

El diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) sostuvo que algunas reasignaciones anunciadas por el Frente Amplio son “mejoras entre comillas” porque no alteran la situación estructural de problemas en la educación u otros sectores, y denunció que no se ha consignado ningún peso adicional para ANEP.

Desde el Frente Amplio y el Ministerio de Economía, en cambio, se enfatiza que estas medidas buscan modernizar el sistema tributario, cerrar lagunas, y alinear a Uruguay con estándares internacionales, sin recargar los hombros de los ciudadanos comunes.

Equilibrando reacciones políticas

La aprobación de estos impuestos representa una jugada política de peso para el oficialismo, que busca mostrar capacidad de acción tras la sanción del presupuesto. Sin embargo, también puede generar desgaste, pues el malestar opositor podría traducirse en presión política que complique su implementación práctica.

Además, la exigencia de Cabildo Abierto sobre reasignaciones militares evidencia que el oficialismo necesitaba el voto aliado, pero ese apoyo se obtuvo con demandas que podrían condicionar el uso de esos recursos. La negociación interna puede dejar tensiones políticas posteriores si dichas reorientaciones no satisfacen las expectativas del partido aliado.

Durante la sesión parlamentaria, no se detallaron aún todas las reorientaciones presupuestales que acompañarán estas reformas tributarias. Se prevé que en las próximas etapas de la tramitación del presupuesto se definan esos ajustes, y que el debate alcance también el Senado.

Loureiro preside la CCE con agenda marcada por innovación y desarrollo

La designación del ingeniero Leonardo Loureiro como nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) marca un nuevo capítulo en la agenda del sector productivo uruguayo. En una entrevista reciente con En Perspectiva, Loureiro esbozó una visión del desarrollo centrada en la economía del conocimiento, la innovación y la internacionalización, dentro del esquema de la Agenda para el Desarrollo 2025‑2030 que promueve la entidad

Loureiro afirmó: “Uruguay tiene historia, talento y estabilidad. Lo que falta es audacia. Si nos animamos a repensar la educación […] no hay razón para no aspirar al desarrollo pleno”. Su enfoque estratégico plantea el fortalecimiento del sector tecnológico, una mayor productividad y la transformación del país en una economía referente regional del conocimiento.

La nueva presidencia coincide con una etapa de negociación salarial, revisión del sistema de seguridad social y desafíos laborales. En ese marco, la CCE busca posicionarse como interlocutor clave en el diálogo social, participando activamente en las rondas del Consejo de Salarios y en mesas de consenso entre el Estado, sindicatos y el empresariado

Entre los ejes destacados de su gestión figura la internacionalización de empresas uruguayas, especialmente del sector TIC, así como la articulación con organismos públicos para generar misiones tecnológicas que movilicen recursos y talento. La CCE ya viene colaborando con diversas gremiales para promover acuerdos y proyectos vinculados a la agenda digital y productiva

Loureiro también reivindica el rol del empresariado en el planteo de una transformación social: “¿Qué rol tendrá el empresariado en la construcción de un Uruguay más desarrollado y competitivo?” es una pregunta que interpela no solo a los líderes sino a toda sociedad. La nueva etapa pretende romper el statu quo e impulsar políticas públicas y privadas alineadas con una visión de crecimiento sostenible y con énfasis en la innovación tecnológica

Con una lectura estimada de 2 minutos, la nota ofrece una mirada amplia sobre los desafíos inmediatos: transformación educativa, diálogo social, modernización productiva e impulso del talento uruguayo. Loureiro y la CCE se presentan como actores centrales en un momento crítico para la definición del rumbo económico del país.