3 de febrero de 2026
Latest:

Inicio

Sindicato de trabajadores de edificios en Punta del Este: el auge turístico no se traduce en empleo estable

A pesar de las expectativas por la temporada y el repunte de turistas, dirigentes sindicales de trabajadores de edificios señalan que el mercado laboral del sector no ha recuperado niveles prepandemia ni refleja mejoras salariales sustantivas. Las condiciones laborales y la informalidad preocupan al gremio ante la proximidad del pico de actividad estival.

El dirigente sindical César Teijón advirtió que el clima favorable para el turismo que se observa en el principal balneario uruguayo no se traduce en una recuperación significativa del empleo formal entre los trabajadores de edificios de la ciudad, según declaraciones difundidas por el medio La Diaria.

Aunque el movimiento turístico en Punta del Este apunta a un aumento de visitantes y consultas en reservas de alquileres —impulsado por la recuperación del turismo regional y la anticipación de una buena temporada estival—, esta situación no se refleja de forma proporcional en los contratos laborales ni en la calidad de empleo en el rubro edilicio, explicó el dirigente.

Según Teijón, el sector continúa con niveles de contratación por debajo de los registrados antes de la pandemia de COVID-19, y muchos trabajadores siguen enfrentando salarios temporales insuficientes y condiciones precarias, a pesar de los anuncios de dinamismo económico en el departamento de Maldonado.

A juicio de los representantes sindicales, la informalidad y la falta de estabilidad en los contratos son dos de los factores que más dificultan que el repunte de la actividad turística —que ya muestra señales de recuperación con expectativas de alcanzar cifras cercanas a las de años prepandemia— se traduzca en mejoras tangibles para los trabajadores.

La Intendencia de Maldonado y operadores del sector turístico han reportado un incremento en reservas y consultas anticipadas, impulsadas por la llegada de turistas principalmente de Argentina y Brasil, lo que ha alimentado expectativas de una temporada estival más activa que la anterior.

No obstante, esa mayor afluencia previsional aún no se traduce en una expansión significativa de empleo formal en diversos sectores ligados al turismo, incluido el de mantenimiento y administración de edificios, donde muchas contrataciones son eventuales o de temporada y no garantizan continuidad laboral.

El contraste entre el crecimiento esperado en el turismo y la persistencia de condiciones laborales precarias pone de manifiesto desafíos estructurales del mercado laboral en zonas de alta estacionalidad, como Punta del Este. La situación enfrenta a sectores productivos y sindicales a replantear mecanismos que puedan mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad, incluso en períodos de alta actividad económica.

Con la llegada del verano, las demandas de mejores condiciones laborales, estabilidad y remuneraciones más equitativas cobrarán centralidad en el debate público y sindical en Maldonado, marcando un punto de atención sobre cómo se traduce el éxito turístico en beneficios socioeconómicos para los trabajadores locales.

Ancap anuncia inversión de 30 millones de dólares para intentar recuperar la competitividad de su industria cementera

La empresa estatal presentó un plan que destinará recursos a la producción de cemento portland en un contexto de elevados costos internos, competencia privada y décadas de resultados negativos. Sindicatos y sectores políticos advierten sobre la viabilidad de la iniciativa.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) presentó recientemente un plan de inversión cercano a 30 millones de dólares orientado a reactivar su negocio cementero, que enfrenta un escenario de altos costos internos y pérdidas acumuladas históricamente. La medida fue dada a conocer ante autoridades y actores vinculados al sector productivo y político en diciembre de 2025.

El plan contempla un desembolso progresivo de fondos durante los próximos años: aproximadamente 5,35 millones en 2026, 11,89 millones en 2027 y 12,39 millones en 2028, parte de un esquema de inversiones que busca modernizar y reorganizar la producción de cemento portland.

Contexto económico y productivo

El negocio del cemento portland de Ancap ha registrado resultados deficitarios por varias décadas, con pérdidas operativas que ascienden a cientos de millones de dólares desde 2000. El segmento también contribuyó de forma significativa al balance negativo total de la empresa en 2024.

Una de las principales dificultades del sector radica en que el costo de producción en las plantas de Ancap supera con creces el precio de mercado del cemento, situación que ha erosionado la competitividad frente a empresas privadas.

Este contexto se agrava por una capacidad instalada que supera ampliamente la demanda interna y una utilización reducida de las plantas, factores que elevan los costos unitarios y dificultan la rentabilidad.

Estrategia y objetivos de la inversión

El plan oficial presentado por Ancap busca concentrar la producción de clínker —el insumo base del cemento— en la planta de Minas, considerada más eficiente, mientras que la de Paysandú pasará a desempeñar funciones logísticas y de molienda en lugar de producción propia, según han señalado representantes políticos vinculados al proyecto.

La estrategia apunta a reducir costos, aumentar la eficiencia operativa y mantener la participación del ente en el mercado nacional, donde compite con empresas como Cementos Artigas y Cielo Azul, que cuentan con mayores recursos tecnológicos y menores costos productivos.

Reacciones y críticas

Sectores sindicales han expresado rechazos a la propuesta, advirtiendo que podría implicar un “cierre encubierto” de la planta de Paysandú y poniendo en duda la viabilidad de sostener la producción en el largo plazo.

Por su parte, legisladores de diferentes fuerzas políticas han cuestionado la estrategia enfocada en una única planta productiva, señalando que la redistribución de funciones podría afectar la actividad industrial en Paysandú y su entorno social y económico.

Desafíos estructurales

Analistas señalan que el sector cementero uruguayo opera con una capacidad instalada muy superior a la demanda interna, lo que genera presión competitiva y reduce los márgenes en un mercado pequeño. Además, la incorporación de producción importada y la modernización tecnológica de competidores privados intensifican la competencia.

El plan de inversiones, además de abordar la reorganización productiva, incluye mejoras en seguridad, mantenimiento y eficiencia energética, con expectativas de impactar en la reducción de pérdidas y en la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.

Perspectivas y próximos pasos

La ejecución del plan implicará un seguimiento del desempeño operativo de Ancap y las discusiones parlamentarias sobre su eficacia y sostenibilidad. El debate público y político sobre el rol de la empresa estatal en actividades industriales no estratégicas continuará en 2026, en paralelo con la implementación de las inversiones comprometidas.

Oposición citará al Ministerio de Economía por modificaciones en la devolución de aportes al Fonasa

La bancada opositora del Parlamento uruguayo acordó citar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a comparecer ante la Comisión Permanente para brindar explicaciones sobre las modificaciones introducidas en el cálculo de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La decisión surge tras el anuncio del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre un decreto que ajusta la metodología utilizada para determinar dichos montos.

Críticas desde la oposición

El diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, fue el principal impulsor de la iniciativa. A través de su cuenta en la red social X, fundamentó la citación señalando que “cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple tecnicismo, es un cambio de derechos”. El legislador afirmó que la convocatoria busca esclarecer el impacto real de la medida y establecer si corresponde su tratamiento en el ámbito legislativo.

Desde la oposición también surgieron críticas más duras. El senador Sebastián Da Silva calificó las modificaciones como un “afane” y acusó al oficialismo de trasladar a la ciudadanía “errores de planificación” sin que quienes los generaron asuman responsabilidad. Asimismo, sostuvo que la clase media sería uno de los sectores más afectados por la redistribución de las devoluciones de Fonasa.

Los cambios anunciados y sus efectos

El origen de la polémica se remonta a un anuncio informal realizado por el presidente Orsi a fines de diciembre, en el que adelantó que, a partir de 2026, se implementarían cambios en la forma en que se calcula la devolución de aportes al Fonasa. Según voceros oficiales, el decreto modifica el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro clave para determinar el tope anual de aportes y, por ende, las devoluciones que pueden recibir los contribuyentes.

El ajuste, que entraría en vigor el próximo 1.º de enero, tiene efectos diferenciados según el año de liquidación. Para las devoluciones correspondientes a aportes realizados en 2025, que se abonarían en 2026, se mantendría la metodología vigente, beneficiando a cerca de 155.000 personas, según fuentes gubernamentales. No obstante, con el nuevo cálculo que regiría desde 2027, se estima que la cantidad de beneficiarios se reduciría a unas 81.000 personas, casi la mitad.

Repercusiones y próximos pasos

La convocatoria del MEF ante la Comisión Permanente representa un desafío político para el gobierno, que deberá justificar el alcance y la motivación de los cambios ante representantes de diferentes bancadas. La oposición sostiene que se trata de una alteración de derechos adquiridos, mientras que desde el oficialismo se argumenta que los ajustes buscan corregir errores de diseño en el cálculo y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.

La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de otros integrantes del equipo económico aún no tiene fecha definida, aunque se espera que sea programada en los próximos días por la Mesa de la Comisión Permanente.

El mapa del riesgo: INUMET sitúa a casi todo el país bajo alerta roja por incendios forestales

La combinación de altas temperaturas, baja humedad y falta de lluvias coloca al Índice de Peligro de Incendio (FWI) en niveles críticos. Las autoridades recuerdan que rige la prohibición total de quemas en todo el territorio.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió un informe de actualización sobre el Índice de Peligro de Incendios Forestales (FWI), confirmando un escenario preocupante para el cierre del año. Según el mapa técnico, el color rojo predomina en la cartografía nacional, indicando un riesgo «Muy Alto» de ocurrencia y propagación de fuegos, especialmente en la franja sur, el litoral oeste y la zona este del país.

Este indicador no es una simple advertencia, sino una herramienta técnica basada en el sistema canadiense que cruza variables como la temperatura del aire, la velocidad del viento y la humedad de la vegetación. Con valores que superan los 20 puntos en la escala FWI, cualquier foco ígneo iniciado hoy tendría un comportamiento explosivo y una velocidad de propagación que desafía la capacidad de respuesta de las dotaciones de Bomberos.

El factor climático: El combustible está listo

La situación actual no es casual. Uruguay atraviesa un diciembre marcado por una anomalía térmica y precipitaciones dispersas que no han logrado hidratar profundamente el suelo.

«Cuando el índice llega a niveles de riesgo ‘Muy Alto’, el material fino, como pastizales y hojarasca, actúa como un combustible inmediato», explican expertos en meteorología. En este contexto, el viento —que se espera mantenga ráfagas moderadas durante las tardes— funciona como un oxigenador natural para las llamas, permitiendo que un pequeño fuego se transforme en un incendio de interfaz en cuestión de minutos.

Prohibición y marco legal

Desde la Dirección Nacional de Bomberos se recordó que está plenamente vigente el Decreto 436/007. Esta norma prohíbe la realización de fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre. Las multas por incumplimiento son severas y, en caso de generarse un siniestro con daños a terceros o al medio ambiente, las responsabilidades pueden derivar en la justicia penal.

La mayor preocupación de las autoridades se centra en las zonas de veraneo y en la «interfaz», aquellos lugares donde la vegetación densa convive con viviendas. El llamado a los turistas es claro: no utilizar pirotecnia en zonas arboladas y asegurar que los restos de carbón de los asados queden totalmente extinguidos y cubiertos con tierra o agua.

UTE y Antel por debajo de la inflación mientras OSE lidera los aumentos

Los directorios de los entes estatales enviaron sus propuestas al Poder Ejecutivo. OSE aplicará una suba del 8,5%, justificando la necesidad de equilibrar sus finanzas y mantener inversiones.

El panorama de los servicios públicos para el inicio de 2026 ya está trazado. Los directorios de UTE, Antel y OSE elevaron sus informes técnicos al Poder Ejecutivo con los porcentajes de ajuste que regirán a partir del 1 de enero. Mientras que la energía y las telecomunicaciones se mantendrán alineadas o por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC), el servicio de agua potable tendrá un incremento real por encima del costo de vida.

OSE: Un ajuste por encima del promedio

El Directorio de OSE aprobó un aumento general del 8,5% en sus tarifas de agua potable y saneamiento. Esta cifra destaca por estar sensiblemente por encima de la inflación proyectada para el año.

Desde el organismo se señaló que este incremento responde a la necesidad de atender el déficit operativo y asegurar la sostenibilidad de las obras de infraestructura. Sin embargo, se estableció una excepción para los sectores más vulnerables:

  • Tarifa Social: El ajuste será del 4,8%.
  • Impacto: Para estos usuarios, el incremento se traducirá en un costo adicional de entre 10 y 21 pesos mensuales.

UTE y Antel: Incrementos moderados

En contraste, las empresas de energía y telecomunicaciones presentaron ajustes que buscan no perder terreno frente a la inflación, pero sin generar una carga extra excesiva para el consumidor.

UTE (Energía Eléctrica)

El ente energético propuso un esquema diferenciado según el tipo de consumo:

  • Tarifa Residencial Simple: Aumento del 2,93% (afecta a la mayoría de los hogares).
  • Resto de tarifas: (Comerciales, industriales y planes de doble/triple horario) tendrán un ajuste cercano al 4%.

Antel (Telecomunicaciones)

La compañía estatal de telefonía definió un ajuste promedio del 3,5%. Este porcentaje se aplicará de manera general a los servicios de datos (internet) y telefonía móvil, siguiendo la línea de los últimos años de ajustes moderados.

OSE8,5%Por encima de la inflación; tarifa social sube 4,8%.
Antel3,5%Aplica a móviles e internet.
UTE2,93% – 4%2,93% para la mayoría de los hogares.

¿Qué sigue ahora?

Tras la aprobación de los directorios de cada empresa, los informes técnicos están ahora en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Poder Ejecutivo.

Se espera que en los próximos días el gobierno firme los decretos correspondientes para ratificar estas cifras. Históricamente, el Ejecutivo suele validar las propuestas de los entes, aunque mantiene la potestad de realizar modificaciones de último momento antes de su publicación en el Diario Oficial.

Científicos advierten que Uruguay expone su fauna marina con protocolos «insuficientes» ante la nueva ola de exploración sísmica

Mientras el país avanza en la búsqueda de hidrocarburos en su Zona Económica Exclusiva, la academia y organizaciones ambientales denuncian que las normativas de mitigación de impacto son obsoletas y permisivas en comparación con los estándares internacionales.

En medio del renovado impulso por encontrar petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya, una advertencia de la comunidad científica ha puesto en jaque la sostenibilidad de estas operaciones. Investigadores y biólogos marinos han alzado la voz para señalar que Uruguay está autorizando exploraciones sísmicas bajo protocolos de protección de fauna que resultan «mínimos» e ineficaces frente a la magnitud del impacto acústico que estas actividades generan.

El conflicto: Tecnología de punta vs. Normativa vieja

La exploración sísmica offshore utiliza buques equipados con cañones de aire comprimido (airguns) que disparan ondas sonoras al lecho marino cada 10 o 15 segundos, las 24 horas del día, durante semanas. Estas ondas penetran la corteza terrestre para mapear posibles yacimientos.

Sin embargo, el reporte científico destaca una brecha alarmante:

  • El impacto: Los disparos generan niveles de ruido que pueden superar los 250 decibeles, una potencia capaz de causar desde lesiones auditivas permanentes hasta la muerte en cetáceos, tortugas y peces, además de enmascarar su comunicación vital.
  • La regulación: Mientras países vecinos como Brasil o referentes globales como Nueva Zelanda exigen Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) obligatorio y zonas de exclusión estrictas, Uruguay opera con guías que dependen mayoritariamente de la observación visual.

«No se puede depender de un observador con binoculares en la cubierta de un barco para proteger a las ballenas, menos de noche o con mar picado. Sin tecnología acústica obligatoria, estamos operando a ciegas y poniendo en riesgo la biodiversidad», explican fuentes vinculadas a la investigación marina.

Un «colador» regulatorio

El artículo de referencia expone que los protocolos actuales de la ANCAP y el Ministerio de Ambiente se basan en directrices genéricas que no contemplan la especificidad de la fauna local.

Entre las falencias detectadas se enumeran:

  1. Ausencia de Línea de Base Acústica: Se desconoce el nivel de ruido natural del mar uruguayo antes de intervenir, lo que impide medir el daño real posterior.
  2. Falta de Paradas Automáticas: En normativas avanzadas, si se detecta un animal a cierta distancia (zona de exclusión), la operación debe detenerse inmediatamente. En Uruguay, la aplicación de esta medida es laxa o queda a criterio del operador.
  3. Temporadas Sensibles: No existen restricciones temporales firmes que prohíban la sísmica durante las épocas de migración de la Ballena Franca Austral, especie amenazada que utiliza nuestras costas.

¿Por qué importa ahora?

Uruguay ha adjudicado varios bloques offshore a gigantes petroleros internacionales. Estas empresas, aunque poseen tecnología de mitigación, suelen regirse por la normativa del país anfitrión. Si la vara uruguaya es baja, los costos operativos bajan, pero el pasivo ambiental aumenta.

La comunidad científica no exige necesariamente el cese de la búsqueda de recursos, sino la actualización urgente del marco regulatorio para equipararlo a los estándares de «Mejores Prácticas Internacionales», garantizando que el desarrollo energético no signifique el sacrificio del patrimonio natural oceánico.

Víctor Trezza advierte sobre la injerencia de bandas de Cerro Norte y la «ausencia del Estado» en zonas críticas

El Jefe de Policía de Maldonado, Crio. Gral. (R) Víctor Trezza, realizó un duro diagnóstico sobre la realidad operativa del departamento. Confirmó el desplazamiento de criminalidad capitalina hacia el este y la necesidad de recuperar el territorio en barrios donde la autoridad se había replegado.

El Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, sacudió la agenda pública al ofrecer un balance crudo y directo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad en el departamento fernandino. En declaraciones recientes, el jerarca policial no solo confirmó la operación de células narco provenientes de Montevideo, sino que apuntó a una debilidad estructural con la que se encontró al asumir el mando: una marcada «ausencia del Estado» en territorios clave.

Trezza, quien asumió la jefatura en marzo de este año tras su gestión en Canelones, subrayó que uno de los principales obstáculos para la seguridad ciudadana ha sido el repliegue de la autoridad en ciertas zonas periféricas.

«Al llegar, nos encontramos con una ausencia del Estado en lugares donde el control territorial estaba debilitado. Ese vacío es el que aprovechan las organizaciones criminales para instalarse», explicó Trezza, reafirmando su política de saturación y patrullaje de alta visibilidad para revertir esta situación.

Uno de los puntos más alarmantes revelados por la inteligencia policial bajo el mando de Trezza es la confirmación del desplazamiento delictivo. Las investigaciones han detectado que la violencia en el departamento no es meramente local, sino que está siendo importada por grupos organizados.

El Jefe de Policía fue específico al señalar la presencia de delincuentes vinculados a facciones de Cerro Norte (Montevideo) operando en Maldonado. Según el análisis de Jefatura, estos grupos migran hacia el este buscando:

  1. Nuevos territorios de venta en un mercado de mayor poder adquisitivo.
  2. Refugio ante la presión policial en la capital.
  3. Imponer lógicas violentas para desplazar a los distribuidores locales («bocas») en ciudades como San Carlos y la capital departamental.

Frente a este escenario, la gestión de Trezza ha intensificado la coordinación con la Guardia Republicana y las unidades de investigación. El objetivo es claro: cortar los nexos logísticos entre la capital y el este, y evitar que estas células foráneas echen raíces profundas en la estructura social de Maldonado de cara a la temporada de verano.

La IDM evalúa acciones penales por apertura ilegal de calles en las Sierras del Tirol

La Intendencia de Maldonado (IDM) advirtió que no tolerará intervenciones urbanísticas sin autorización en zonas protegidas. La Dirección General de Asuntos Legales analiza llevar ante la Justicia el trazado de caminos detectado en una zona de alta sensibilidad ecosistémica.

La Intendencia de Maldonado (IDM) ha puesto la lupa sobre una serie de intervenciones irregulares detectadas en las Sierras del Tirol, una de las áreas de mayor valor paisajístico y ambiental del departamento. Tras la detección de la apertura de calles y el trazado de caminos sin los permisos correspondientes, el gobierno departamental advirtió que podría elevar una denuncia ante la Justicia contra los responsables.

Una advertencia contundente desde el área legal

La directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la IDM, la Dra. Adriana Graziuso, fue clara al respecto. Según la jerarca, estas acciones no solo violan las normativas de urbanismo vigentes, sino que representan un riesgo para la preservación de los recursos naturales de la zona.

«Estamos analizando la situación de cerca. Si se comprueba que se han realizado movimientos de tierra y apertura de vías sin la debida anuencia, la Intendencia procederá judicialmente para detener estas obras y exigir la reparación del daño causado», señalaron fuentes municipales.

Impacto en las Sierras del Tirol: ¿Por qué es una zona crítica?

Las Sierras del Tirol no son cualquier terreno. Se trata de un ecosistema que requiere cuidados especiales debido a su:

  • Topografía accidentada: Cualquier movimiento de suelo mal planificado genera erosión y afecta el drenaje natural del agua.
  • Valor paisajístico: El departamento de Maldonado protege estas vistas como parte de su patrimonio turístico y natural.
  • Regulación urbanística: La normativa prohíbe fraccionamientos o aperturas de calles que no pasen por un riguroso proceso de aprobación técnica y ambiental.

El procedimiento de la IDM ante irregularidades

Desde la administración del intendente Enrique Antía se ha mantenido una política de «tolerancia cero» a los fraccionamientos clandestinos y las obras «de hecho». El protocolo habitual en estos casos incluye:

  1. Inspección técnica: Funcionarios de Urbanismo y Medio Ambiente constatan los daños en el lugar.
  2. Notificación de cese: Se ordena la detención inmediata de cualquier maquinaria o trabajo.
  3. Vía Judicial: Si los responsables persisten o si el daño ambiental es irreversible, el caso pasa a la órbita penal.

Qué deben saber los potenciales compradores

Desde la Intendencia también se hace un llamado a la responsabilidad de la población. Adquirir terrenos en zonas donde no existen servicios garantizados o donde la apertura de calles es ilegal puede derivar en un grave problema patrimonial para el comprador, ya que nunca se podrá regularizar la propiedad ni obtener permisos de edificación.

Presupuesto Nacional: ¿Cómo afectan las novedades tributarias a empresas y contribuyentes en Uruguay?

La aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 incorporó una serie de cambios tributarios que comenzarán a regir, en su mayoría, a partir del 1.º de enero de 2026. Las modificaciones impactan tanto en empresas nacionales y multinacionales como en personas físicas, especialmente en materia de impuestos, regímenes de importación, facilidades de pago y fiscalización.

El nuevo marco legal busca adaptar el sistema tributario uruguayo a estándares internacionales, fortalecer la recaudación y mejorar los mecanismos de control, sin dejar de contemplar incentivos para la inversión y el desarrollo económico.

Impacto directo en empresas y grupos multinacionales

Uno de los cambios más relevantes es la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que apunta principalmente a grandes grupos multinacionales con presencia en Uruguay. Este tributo asegura que dichas empresas tributen una tasa efectiva mínima del 15% sobre sus rentas locales cuando, por beneficios o regímenes especiales, su carga impositiva sea inferior.

El impuesto se aplicará a entidades que integren grupos con ingresos consolidados globales iguales o superiores a 750 millones de euros, en línea con los acuerdos impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para estas compañías, el nuevo esquema implica una revisión de su planificación fiscal y un eventual aumento de la carga tributaria efectiva.

Cambios en la tributación de operaciones internacionales

La Ley de Presupuesto amplía el concepto de fuente de renta uruguaya, lo que puede afectar operaciones vinculadas a la transferencia de participaciones en entidades del exterior. Determinadas rentas obtenidas por no residentes quedarán gravadas en Uruguay cuando exista una conexión económica sustancial con activos situados en el país.

Este ajuste impacta especialmente en estructuras societarias, operaciones de compraventa empresarial y reorganizaciones corporativas, reforzando los mecanismos antiabuso y el control fiscal sobre transacciones internacionales.

Compras en el exterior: qué cambia para los contribuyentes

Otro punto que genera impacto directo en los consumidores es la modificación del régimen de envíos postales internacionales. A partir de la nueva normativa, se mantiene una franquicia anual de hasta 800 dólares para compras en el exterior, pero los envíos dejan de estar exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El IVA se aplicará según el valor del producto, con un mínimo de 20 dólares por envío, siempre que no supere los límites establecidos de peso y valor. Alternativamente, los contribuyentes podrán optar por un régimen simplificado que consiste en el pago del 60% del valor de la factura, que sustituye todos los tributos.

Esta modificación impacta especialmente en quienes realizan compras frecuentes a través de plataformas internacionales y obliga a recalcular el costo final de las importaciones personales.

Más control y nuevas reglas con la DGI

La Ley de Presupuesto introduce cambios en los procedimientos de la Dirección General Impositiva (DGI). A partir de ahora, las notificaciones se realizarán exclusivamente a través del domicilio electrónico fiscal, eliminando la posibilidad de constituir un domicilio físico para esos efectos.

Esto refuerza el control administrativo y exige a empresas y contribuyentes mantener actualizados sus canales digitales, ya que las comunicaciones electrónicas tendrán plena validez legal.

Facilidades de pago y regularización de deudas

En materia de cumplimiento fiscal, el nuevo marco amplía las facilidades de pago, permitiendo financiar deudas tributarias en plazos de hasta 72 meses. Se habilitan distintos mecanismos de cancelación, incluyendo cuotas variables y retenciones, lo que representa una herramienta relevante para empresas y personas con obligaciones pendientes.

Esta medida apunta a mejorar la recaudación sin recurrir exclusivamente a sanciones, favoreciendo la regularización voluntaria.

Incentivos y créditos fiscales

El Presupuesto también prevé la posibilidad de otorgar créditos fiscales a empresas que realicen inversiones productivas, generen empleo o impulsen innovación y tecnología. Si bien los detalles quedarán sujetos a reglamentación, el objetivo es mantener incentivos para sectores estratégicos de la economía.

Un nuevo escenario tributario

En conjunto, las novedades tributarias de la Ley de Presupuesto 2025-2029 configuran un escenario que exige mayor planificación fiscal, tanto para empresas como para contribuyentes individuales. El énfasis está puesto en la transparencia, el alineamiento internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control, con impactos que se sentirán progresivamente a partir de 2026.

Compras por internet: regirá nuevo impuesto para los envíos desde Temu

El Parlamento aprobó esta semana el Presupuesto quinquenal, que incorpora un cambio tributario relevante para las compras por internet realizadas a través de plataformas como Temu. Entre las modificaciones se estableció que los envíos desde el exterior deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), un cambio que se vincula directamente con el fuerte crecimiento de operaciones de comercio electrónico en Uruguay.

Según lo dispuesto en el articulado, la aplicación del nuevo régimen impositivo comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. La medida afecta principalmente a las mercancías adquiridas mediante la plataforma china, que no forman parte de un acuerdo comercial internacional que los exima del pago de IVA. Uruguay mantiene un convenio con Estados Unidos —el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA)— que permite ciertas exenciones, pero esto no rige para importaciones desde China, por lo que las compras por Temu quedarán sujetas al tributo.

Qué cambios introduce el nuevo régimen

El régimen de franquicias para encomiendas internacionales también fue modificado. Bajo las normas vigentes, los consumidores podían realizar compras por internet sin pagar ciertos impuestos si se respetaban los topes establecidos. Con las reformas introducidas en el Presupuesto, se estableció que las compras a través de Temu deberán pagar IVA, aunque el texto también contempla condiciones excepcionales en caso de acuerdos comerciales específicos.

Para acogerse al régimen, el documento aprobado exige que el beneficiario autorice a las entidades administradoras de tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago a proporcionar a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la información necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de encomiendas. Esto apunta a asegurar la trazabilidad de las operaciones y la aplicación efectiva de la normativa fiscal.

Boom de compras por Temu y preocupaciones del comercio local

La irrupción de Temu en Uruguay a mediados del año pasado provocó un notable aumento de las compras desde el exterior. Entre enero y septiembre de 2025, se realizaron 1.459.796 operaciones con un incremento del 156,7% respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento acelerado fue impulsado, en gran medida, por la masiva adopción de la plataforma entre consumidores uruguayos.

La tendencia había generado inquietud entre comerciantes locales, que argumentan que la competencia no se da en condiciones equitativas, debido a las exenciones fiscales que tradicionalmente aplicaban las operaciones de comercio digital internacional. Organizaciones empresariales habían reclamado una revisión de las normas para equilibrar las condiciones de mercado.

Aplicación a partir de 2026

Con el Presupuesto aprobado, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, aunque las autoridades competentes deberán reglamentar detalles operativos antes de esa fecha. Esto incluye la coordinación entre organismos como la DNA y la Dirección General Impositiva (DGI), así como la definición de los mecanismos de control y declaración electrónica para los usuarios que realicen compras en plataformas como Temu.

El cambio representa un ajuste en la política impositiva del país frente a la explosión del comercio electrónico global, y marca una nueva etapa en la regulación de las compras internacionales por internet, buscando equilibrar la competencia entre comercio local y plataformas digitales extranjeras.