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San Carlos celebra su 3º Encuentro de Motorhome a beneficio de la Escuela Agraria y la Escuela 80

Este fin de semana, la ciudad carolina se convierte en el epicentro del turismo rodante con la llegada de viajeros de toda la región. El evento combina exhibición de vehículos, espectáculos musicales y una fuerte impronta solidaria.

Desde este viernes 12 y hasta el domingo 14 de diciembre, la ciudad de San Carlos acoge el 3º Encuentro de Motorhome, un evento que reúne a viajeros de todo Uruguay y países vecinos con un fin benéfico. Según detalló Gustavo Aquino, uno de los organizadores y referentes del sector, la actividad se realiza a total beneficio de dos instituciones locales: la Escuela Agraria de San Carlos y la Escuela Especial Nº 80.

El encuentro convoca a una gran cantidad de casas rodantes y motorhomes provenientes de diversos puntos del país, así como visitantes de Argentina y Brasil. Los participantes abonan un bono colaboración al ingresar, cuya recaudación se destina íntegramente a las instituciones beneficiarias.

Un evento abierto a la comunidad

Aquino destacó que el evento no es exclusivo para los rodanteros, sino que está abierto al público en general con entrada libre y gratuita. Los vecinos y visitantes pueden acercarse para recorrer el parque, conocer los vehículos por dentro y disfrutar de los espectáculos.

«Para el público en general la entrada es libre y gratuita; pueden entrar, ver los motores y el espectáculo», afirmó Aquino, aclarando que no hay costo de ingreso para los visitantes de a pie, aunque habrá bonos colaboración y rifas disponibles para quienes deseen ayudar.

La propuesta gastronómica estará a cargo de la propia Escuela Agraria, que gestionará la cantina ofreciendo productos elaborados por ellos mismos, siendo este otro canal de recaudación directa para el centro educativo.

En cuanto al entretenimiento, se ha dispuesto un escenario por el que pasarán diversas bandas invitadas que participan de forma solidaria. El cierre del domingo contará con la actuación de la Banda Municipal

La realidad del sector: turismo en crecimiento y desafíos normativos

Más allá del evento festivo, Gustavo Aquino aprovechó la oportunidad para analizar la situación actual del turismo de motorhome en la región este del país. Se estima que en Uruguay existen actualmente más de 5.000 motorhomes, una cifra que creció exponencialmente tras la pandemia.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos en cuanto a la circulación y estacionamiento en zonas turísticas clave como Piriápolis y Punta del Este. Aquino señaló que existen restricciones que, a su juicio, deberían revisarse mediante el diálogo con las autoridades. «Nosotros somos turistas, usamos todo lo mismo que un turista: vamos a restaurantes, supermercados; lo único que no consumimos es hotel», explicó.

El referente cuestionó la cartelería que prohíbe «estacionar» en lugar de «pernoctar», argumentando que los propietarios de estos vehículos pagan patentes, seguros e impuestos y tienen derecho a circular y detenerse como cualquier otro vehículo. «Creo que hay que empezar a hacer reuniones y hablar con las autoridades… es una cosa para charlarlo bien y llegar a un acuerdo», concluyó Aquino, abogando por una regulación que ordene sin excluir a este segmento turístico.

Alcalde de Garzón y José Ignacio repasa primeros seis meses de gestión y obras en marcha

El alcalde de Garzón y José Ignacio, Nazareno Lazo, realizó un balance de los primeros seis meses de su segundo período al frente del municipio y destacó el trabajo del equipo que continuó la gestión durante su ausencia. Según explicó, el funcionamiento ordenado permitió avanzar con las obras previstas y encaminar el cumplimiento del Plan Operativo (OP) hacia finales de diciembre.

Lazo señaló que uno de los principales proyectos en ejecución es el nuevo galpón municipal, una obra impulsada mediante fondos de OPP que se encuentra en su etapa final. El espacio será utilizado para tareas operativas y para mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal. “Es un galpón pensado para que los cursos trabajen con comodidad, con un lugar apropiado”, indicó.

Obras viales y atención en zonas rurales

En cuanto a infraestructura, el alcalde destacó los avances en la reparación de alcantarillas en diferentes áreas rurales, un punto que consideró prioritario debido a las dificultades que se generan cuando los pasos quedan anegados. Estas intervenciones buscan asegurar la conectividad en caminos donde, en épocas de lluvias, los vecinos pueden quedar aislados.

También informó que están culminando trabajos en Sunside y en otras zonas donde la mejora del drenaje y la transitabilidad es fundamental para residentes y productores.

Preparativos para la temporada en José Ignacio

De cara al verano, el municipio trabaja “a buen ritmo” en las áreas de iluminación, recolección de residuos y acondicionamiento urbano. Lazo sostuvo que recientemente la Dirección General de Obras intervino en diversas calles del casco del Faro y que, en paralelo, se llevan adelante tareas en La Juanita, incluyendo cordón cuneta, mantenimiento de pasarelas y repaso general de calles.

“Tenemos una parte pronta para asfaltar en La Juanita; en unos días estaremos dejando todo terminado para la temporada”, aseguró.

El alcalde se mostró optimista respecto al movimiento turístico previsto para los próximos meses: “La temporada va a ser muy buena y estamos esperando con expectativa”.

Nueva edición de la Vuelta del Pago

El próximo domingo 14 se realizará una nueva edición de la tradicional Vuelta del Pago, uno de los eventos culturales más importantes de la zona. Lazo explicó que existe “una grilla muy importante”, con un fuerte apoyo de la Intendencia de Maldonado y el trabajo conjunto de las agrupaciones locales.

Entre los artistas confirmados mencionó a Rogelio Correa y Pablo Santana, entre otros, mientras que el cierre estará a cargo de Martín Piña. “Para nosotros va a ser un éxito; esperamos que el clima acompañe”, expresó el alcalde.

Abusos a trabajadoras sexuales en Maldonado: ya son seis las víctimas que denunciaron al agresor

La investigación por una serie de abusos sexuales cometidos contra trabajadoras sexuales en el departamento de Maldonado continúa sumando testimonios y nuevas líneas de análisis. El caso, que tomó estado público hace pocos días, involucra a un hombre que fue formalizado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado y violencia privada. Actualmente cumple prisión preventiva por 180 días mientras avanzan las pericias y diligencias pendientes.

El abogado Leandro Arévalo, representante de varias de las víctimas, confirmó que inicialmente la imputación se realizó por cinco casos, pero una sexta denuncia se incorporó en las últimas horas. El profesional agregó que no se descarta que aparezcan más testimonios, dado que la investigación recién comienza y el caso se volvió público, lo que podría motivar a otras mujeres a declarar.

Según explicó Arévalo, el acusado contactaba a las trabajadoras a través de una página web y solicitaba sus servicios. Sin embargo, al concretar el encuentro, desviaba totalmente el acuerdo y las agredía sexual y físicamente.

El abogado detalló que, en varios hechos, las víctimas fueron asfixiadas con la mano o mediante bolsas colocadas en la cabeza, lo que generó situaciones de riesgo extremo. En ninguno de los casos hubo pago por los servicios solicitados y, en algunos episodios, el agresor grabó las agresiones para luego enviar los videos a las mujeres, exigiendo que los eliminaran.

Los ataques ocurrieron principalmente en espacios públicos oscuros o con escasa vigilancia, lo que facilitaba el accionar sin testigos ni cámaras de seguridad, señaló Arévalo.

La Justicia dispuso la prisión preventiva del acusado como medida cautelar por 180 días, mientras se procesan peritajes, informes forenses y otras diligencias. La Fiscalía trabaja para determinar si existen más víctimas y si en algunos casos hubo consecuencias más graves.

Consultado sobre el alcance del fenómeno, Arévalo expresó que no tiene evidencia directa de otros hechos en Maldonado, aunque mencionó que más de 300 trabajadoras sexuales de todo el país han manifestado haber vivido situaciones similares, lo que refleja la vulnerabilidad del sector y la dificultad para denunciar.

El avance de la investigación dependerá de los resultados periciales y de la eventual aparición de nuevas denuncias. La Fiscalía continúa reuniendo elementos probatorios para determinar si corresponde ampliar los delitos imputados o profundizar en otras conductas vinculadas.
La causa lleva menos de una semana desde su unificación y todavía se encuentra en una etapa inicial.

Sindicato de Casinos entra en conflicto y analiza paro tras discurso del director general

El sindicato que agrupa a los funcionarios de casinos estatales de Uruguay —ANFUCE— se declaró en conflicto con la administración de Dirección General de Casinos del Estado, a raíz de lo que considera una “falta de respeto“ a la negociación colectiva y medidas de “autoritarismo total” por parte del director general, Fernando Estévez.

Según el gremio, el último presupuesto enviado por la Dirección cambió radicalmente las condiciones de trabajo y eliminó grados en los escalafones sin discutirlo con los representantes sindicales, lo que vulnera acuerdos previos. La secretaria general de ANFUCE, Cecilia Alegre, declaró que, a pesar de haber solicitado reuniones al Ministerio de Trabajo, no se logró ningún avance: “No escuchan ningún planteo de los trabajadores”.

El conflicto escaló cuando, en una de esas reuniones, los delegados sindicales denunciaron haber sido destratados por Estévez, quien —según el sindicato— les dijo: “Nos dijo que éramos unos esquizofrénicos”. Esta frase fue repudiada por ANFUCE y se convirtió en el disparador del bloqueo a toda negociación.

Ante esta situación, el sindicato analiza convocar un paro general con cierre de salas en todo el país, sin fecha confirmada, pero con la posibilidad de que se concrete hacia fin de año, en plena temporada alta para el sector.

Reclamos y puntos de tensión

Además del descontento por la reestructuración del presupuesto, ANFUCE advirtió su preocupación por la falta de transparencia en el proyecto de regulación del juego online —que las autoridades del Estado y del sector privado estarían preparando en forma “secreta” sin incluir a los trabajadores.

El sindicato exige que cualquier cambio estructural, sea presupuesto, niveles salariales, escalafones o normativa del juego, esté sujeto a negociación colectiva y con participación de los empleados, para evitar decisiones unilaterales que afecten sus condiciones de trabajo.

Contexto histórico y antecedentes

No es la primera vez que ANFUCE advierte sobre deficiencias en la infraestructura o condiciones laborales en casinos estatales. En 2023, denunció que varias salas funcionaban con servicios inadecuados —aire acondicionado averiado, goteras, fallas en máquinas— y reclamó inversiones urgentes para evitar cierres parciales de locales.

La actual crisis revela una tensión mayor: mientras el sindicato pide participación en decisiones claves, la Dirección reafirma su prerrogativa administrativa, lo que deja en el centro del conflicto al diálogo entre Estado y trabajadores.

Qué sigue: expectativa de paro y presión sindical

ANFUCE ya trasladó su estado de “conflicto” al ámbito público y laboral, en espera de una señal de cambio. Si no obtiene respuestas satisfactorias —según afirman sus dirigentes— podrían llevar adelante medidas de fuerza que afectarían el funcionamiento de salas de casino en todo el país.

Además, reclaman que cualquier futura reapertura del debate sobre juego online considere criterios claros, transparencia en la regulación y participación activa de los trabajadores. Porque, advierten, de lo contrario la reconversión podría profundizar la precariedad laboral, en vez de mejorarla.

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF anuncia ingresos por US$ 67 millones anuales

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó los resultados de la licitación de derechos audiovisuales para el período 2026–2029, en un proceso que, según lo expuesto por su presidente Ignacio Alonso, permitirá cuadruplicar los ingresos anuales del fútbol uruguayo. La conferencia se realizó desde Estados Unidos y detalló cada instancia del mecanismo de evaluación, así como las empresas adjudicatarias de los distintos lotes.

Alonso informó que los ingresos totales anuales alcanzarán los 67.547.000 dólares, cifra que se mantendrá durante los cuatro años establecidos en la licitación. En total, la AUF proyecta un ingreso acumulado de 270.188.000 dólares por los lotes de derechos de transmisión, servicios y paquetes complementarios. Al monto bruto deberán descontarse costos operativos estimados entre 6 y 7 millones de dólares, lo que dejaría una cifra neta cercana a los 61 millones de dólares anuales.

Según el detalle ofrecido por Alonso, el procedimiento incluyó dos rondas de ofertas. En la segunda etapa participaron ocho empresas, que debieron presentar nuevas propuestas entre las 14:00 y las 18:00 del día 2 del mes indicado. La recepción de los sobres contó con la presencia del departamento de compliance, la Comisión de Transparencia de la AUF, la consultora IU y el escribano designado para certificar el acto.

Una vez cerrado el plazo, las ofertas fueron derivadas a las comisiones evaluadoras, que determinaron las puntuaciones finales y seleccionaron a las adjudicatarias. Alonso sostuvo que el proceso generó “gran alegría” dentro del Comité Ejecutivo y que los resultados significan un avance para jugadores, entrenadores, árbitros y demás actores del ecosistema del fútbol uruguayo.

La licitación se dividió en tres grandes bloques. El bloque 1 comprendió los derechos generadores de ingresos, con seis lotes que abarcan competencias profesionales, fútbol amateur, Copa Uruguay, competencias del interior, fútbol femenino, futsal y fútbol playa, así como un porcentaje destinado a infraestructura.

Los ingresos anuales por estos lotes suman los ya mencionados 67,5 millones de dólares, integrando tanto los derechos televisivos como las ofertas asociadas a infraestructuras y competencias amateurs.

En el bloque 2, correspondiente a la producción audiovisual, se adjudicó el servicio a la empresa La Corte. Por su parte, el bloque 3, destinado a la producción comercial, quedó en manos de Tenfield S.A., la cual también obtuvo el lote 4 (publicidad y merchandising) dentro del bloque de ingresos.

Alonso detalló uno por uno los adjudicatarios de los principales lotes:

Lote 1 (TV para abonados): DirecTV
Lote 2 (streaming): Consorcio Team – Click – Sport Media – Antel
Lote 3 (transmisión internacional): Mismo consorcio Team – Click – Sport Media – Antel
Lote 4 (publicidad y merchandising): Tenfield S.A.
Lote 5 (live feed, data feed y betting rights): Mediapro
Lote 6 (competencias amateurs y Copa Uruguay): Consorcio integrado por Telecom
Bloque 2 (producción audiovisual): La Corte
Bloque 3 (producción comercial): Tenfield S.A.

El presidente de la AUF señaló que once empresas participaron en los bloques vinculados a costos de producción, generando una competencia que contribuyó a mejorar las condiciones económicas para la organización y los clubes.

Alonso afirmó que el proceso llevó años de estudio de mercado, consultas con empresas internacionales y análisis técnico. Aseguró que los resultados obtenidos se ajustan a las proyecciones presentadas por la consultora contratada en 2024 y 2025.

Además, informó que los resultados serán enviados a Tenfield, empresa titular del contrato vigente, para el procedimiento correspondiente de igualación de oferta. La AUF prevé que, una vez completada esta etapa, se procederá a la firma de contratos con los adjudicatarios definitivos.

Según su exposición, la cifra proyectada representa un hito para el fútbol uruguayo y posiciona al sistema de competiciones nacionales en un escenario económico más sólido para los próximos años.

Punta del Este se consolida como destino de cruceros: 39 escalas previstas en la temporada 2025/2026

El inicio de la temporada de cruceros 2025/2026 en Uruguay trae buenas noticias especialmente para Punta del Este: se espera que este balneario reciba 39 escalas turísticas durante el período de verano, según anunciaron autoridades del sector.

Este anuncio, formalizado en el marco del lanzamiento de la temporada por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Administración Nacional de Puertos (ANP), resalta el fuerte compromiso del país para posicionar a Punta del Este como puerto de escala e impulsar su oferta turística en temporada alta.

Punta del Este como puerta de entrada turística

La apuesta por asignar parte de las recaladas a Punta del Este reconoce sus ventajas naturales, turísticas y logísticas: playas, infraestructura, atractivo veraniego y conectividad. El balance proyectado para la temporada 2025/2026 convierte a la ciudad en un nodo clave para captar turistas internacionales que arriban en crucero.

El arribo del primer crucero de la temporada, el de lujo Scenic Eclipse, ya marcó un precedente: sus pasajeros desembarcaron en Punta del Este el 21 de octubre, generando movimiento turístico y turístico-comercial en la zona, con traslados, tours y consumo local.

Ese tipo de recaladas —de barcos con perfil internacional o de lujo— puede potenciar la visibilidad del destino, atraer inversiones en servicios y ampliar las oportunidades del sector hotelero, gastronómico, recreativo y de comercio local. La ciudad, de esa forma, refuerza su posicionamiento en circuitos turísticos globales.

Impacto económico y expectativas

El turismo de cruceros representa una inyección de divisas importante para el país y, en particular, para destinos como Punta del Este. En presentaciones oficiales, se recordó que en la temporada anterior el sector generó más de US$ 14,6 millones en ingresos, cifra que impacta en servicios portuarios, turismo, transporte, comercio y empleo.

Para un balneario como Punta del Este —altamente dependiente del turismo de temporada— la llegada de cruceros implica no solo visitantes de paso, sino una posibilidad de conversión hacia estadías más largas, consumo de servicios locales, y un empuje económico en comercios, empresas turísticas y estructura hotelera.

Preparativos y desafíos logísticos

No obstante, recibir cruceros requiere preparación: servicios portuarios, transporte terrestre, atención turística, infraestructura para atender pasajeros, paseos, excursiones, guías, seguridad, etc. En tal sentido, desde la ANP y los organismos involucrados han subrayado la necesidad de una coordinación estrecha con los operadores turísticos locales y autoridades departamentales de Maldonado para asegurar una experiencia adecuada a los visitantes.

Uno de los desafíos históricos para Punta del Este ha sido que los cruceristas suelen permanecer poco tiempo en tierra —lo que limita su impacto si no existe una oferta atractiva, accesible y bien organizada que invite a quedarse más allá de unas horas.

Ahora, con la reactivación del crucerismo y una temporada que anticipa 39 escalas, hay expectativa de que se puedan articular medidas para potenciar los beneficios: rutas turísticas, servicios especializados, transporte interno, visitas guiadas, gastronomía regional, comercio, y oferta cultural.

Riqueza estratégica: más que un puerto, un destino

Punta del Este no solo aspira a ser una simple escala pasajera: busca consolidarse como destino preferido dentro de los itinerarios de cruceros que recorren la costa del Atlántico Sur. Si la estrategia turística —infraestructura, servicios, promoción— se sostiene, el balneario puede posicionarse como una puerta de entrada clave para quienes visitan Uruguay por mar.

En un país con vocación turística, la diversificación de puntos de ingreso —no solo Montevideo— puede representar una estrategia de descentralización. Para Maldonado y Punta del Este, esto significa oportunidades concretas de crecimiento económico, empleo estacional y fortalecimiento de su marca internacional.

En definitiva: la temporada 2025/2026 no solo traerá cruceros —traerá posibilidades. Y Punta del Este tiene la oportunidad —una vez más— de aprovecharlas.

BROU ratifica próximo desembolso a Cardama: cuándo y por qué se seguirá pagando al astillero

El proyecto de construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama —una compra destinada a reforzar la vigilancia marítima de Uruguay— vuelve a generar polémica. A pesar de una denuncia por posibles irregularidades y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Defensa Nacional y el BROU sostienen que los pagos comprometidos se mantienen, siempre que se cumplan los hitos técnicos acordados.

El presidente del banco estatal, Álvaro García, fue claro al afirmar que la obligación de desembolsar la siguiente cuota se mantiene mientras Cardama presente la documentación requerida para certificar el avance del contrato. “Si no cambia nada, los pagos hay que realizarlos.”

¿Qué pasó hasta ahora?

El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 y prevé la construcción de dos “offshore patrol vessels” (OPV) destinados a la flota de la Armada Nacional uruguaya. La financiación se canaliza mediante una carta de crédito a través del BROU, bajo la supervisión de un banco corresponsal europeo, que establece hitos específicos para los pagos progresivos.

El primer desembolso —un anticipo— ya fue realizado en 2024. Luego, la empresa debía avanzar en la construcción según el cronograma, presentando las certificaciones correspondientes (planos, aprobación de estructuras, etc.).

No obstante, en 2025 surgieron denuncias del gobierno sobre “graves irregularidades”: entre ellas, la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, irregularidades en permisos de construcción y falta de aprobación final de planos estructurales. Ese contexto motivó una denuncia penal y la intención de rescindir el contrato.

Pese a eso, autoridades del BROU insisten en que la carta de crédito y el contrato regulan el pago bajo condiciones técnicas claramente definidas: si se cumple con los hitos, el pago es “irrevocable”.

Lo que define el futuro inmediato: hitos técnicos y documentos

Según García, la única forma de frenar el pago sería la ausencia de los documentos exigidos o que estos no acrediten el avance de manera fehaciente. Mientras tanto, el banco considera que su rol es administrativo y financiero —no judicial ni técnico— por lo que no puede retener fondos bajo presión política.

El próximo hito que Cardama debe certificar es clave: si se comprueba la correspondiente fase de construcción —con la quilla colocada, planos aprobados y controles técnicos validados—, se autorizará el nuevo desembolso. Si no, el banco podría negarse.

Tensiones entre legalidad, confianza y política

Este episodio puso en evidencia las tensiones entre las exigencias técnicas, los compromisos institucionales y el escrutinio público. Para el gobierno, el contrato con Cardama ya no genera confianza. Al mismo tiempo, para el BROU, suspender pagos sin fundamento podría afectar su credibilidad internacional como entidad financiera que respeta las cartas de crédito irrevocables.

El ministro de Defensa y representantes del Ejecutivo han señalado que, en caso de no poder continuar con Cardama, buscarán otras alternativas —incluso otro astillero o un consorcio— para cumplir con el objetivo de dotar a la Armada de las patrulleras previstas.

¿Qué significa para Uruguay?

Para Uruguay, el proyecto de patrulleras representa un intento de modernizar su capacidad de vigilancia marítima, un área crítica para proteger su zona económica exclusiva, controlar pesca ilegal y ejercer soberanía en aguas jurisdiccionales. El fracaso del proyecto implicaría retrasos sustanciales en esa modernización.

Pero también el episodio pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, selección de proveedores, garantías efectivas y supervisión técnica de contratos multimillonarios. Que el pago esté condicionado al cumplimiento de hitos puede ser visto como una oportunidad para aplicar mayor transparencia, exigir responsabilidad al proveedor y redefinir criterios de contratación estatal.

La Armada Nacional sumará un tercer helicóptero: qué misiones cubrirá

La Armada Nacional dio un paso importante en su modernización al concretar la compra de un helicóptero de segunda mano, modelo AB412HP —fabricado por Leonardo S.P.A.—, adquirido en Italia. El contrato de compraventa se firmó formalmente a fines de noviembre de 2025, con lo que la flota aérea naval uruguaya pasará a contar con tres unidades de ese tipo. La aeronave estará operativa desde 2026 y se suma a otras dos similares ya en servicio.

El AB412HP es un helicóptero bimotor versátil, con amplia historia de uso militar y civil —en misiones de transporte, búsqueda y rescate, patrullaje marítimo, vigilancia, traslado sanitario, apoyo en emergencias, entre otras funciones.

Según informaron desde el Ministerio de Defensa Nacional, la aeronave adquirida pertenecía a la Guardia Costera italiana y posee menos de 2.000 horas de vuelo, lo que garantiza una vida útil estimada en alrededor de 20 años tras los ajustes correspondientes.

La compra significó una inversión de 1,5 millones de euros —unos US$ 1,7 millones al tipo de cambio actual—, un valor que representa alrededor del 30 % menos respecto al precio de mercado de aeronaves similares.

Qué prestaciones traerá a la flota uruguaya

El helicóptero será adaptado para cumplir distintas funciones estratégicas:

Búsqueda y rescate en alta mar o ríos.
Traslados sanitarios, especialmente en zonas costeras o de difícil acceso.
Fiscalización marítima, fluvial y lacustre: control de actividades pesqueras, vigilancia de costas, acciones en aguas jurisdiccionales.
Apoyo ante emergencias como incendios, contingencias en costas o rescates de personas.

El helicóptero cuenta con capacidades técnicas destacadas: podrá instalar radar y cámara electroóptica, posee cabina preparada para operar con lentes de visión nocturna —condición ideal para misiones nocturnas o en condiciones adversas— y tiene guinche para rescate.

Al ser un modelo ya conocido por la Armada —las otras dos unidades en servicio son del mismo fabricante y modelo— la integración operativa y logística será más ágil, lo que reduce costos de mantenimiento, capacitación de tripulaciones y asegura compatibilidad técnica.

Qué cambió con esta compra

Con esta adición, la Aviación Naval uruguaya fortalece considerablemente su capacidad operativa. Actualmente, la flota contaba con dos AB412; con el nuevo aparato se asegura que —incluso si una aeronave está en mantenimiento o capacitación— quede siempre disponible al menos una unidad operativa.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la baja cantidad de horas de vuelo de la aeronave y su buen estado garantizan un “periodo prolongado de operatividad confiable”, lo que se traduce en una inversión eficiente para la seguridad, protección costera y tareas humanitarias.

Se prevé que, luego de la revisión técnica en Italia (programada antes del traslado), una delegación de Aviación Naval viajará para la inspección definitiva, tras lo cual la nave será trasladada al país y puesta en servicio en los primeros meses de 2026.

Importancia estratégica para Uruguay

Uruguay, con una extenso litoral costero y áreas oceánicas de soberanía, necesita mantener una capacidad operativa aérea de respuesta rápida ante emergencias marítimas, rescates, control de pesca ilegal, vigilancia costera y protección del medio ambiente. La incorporación del AB412HP refuerza ese compromiso.

Además, en un contexto regional donde las amenazas a la seguridad marítima, la migración irregular, el tráfico ilícito y la necesidad de guardacostas eficientes son crecientes, esta adición representa una mejora concreta en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas uruguayas.

Para la población civil, significa mayor seguridad en operaciones de rescate, emergencias sanitarias, catástrofes naturales o accidentes en zonas costeras o remotas, lo que puede marcar la diferencia en tiempos críticos.

Udelar insiste con su histórico reclamo del 6+1 para impulsar la educación pública

En los últimos días, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, reiteró el histórico reclamo de la institución: que la inversión pública en educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que a su vez se destine un 1 % del PIB a ciencia e investigación. La expectativa está puesta sobre la próxima instancia de Rendición de Cuentas, que el gobierno enviará al Parlamento.

La demanda no es nueva: desde hace décadas el sistema universitario y los gremios docentes del país sostienen que ese piso de financiamiento —conocido como la fórmula “6 + 1” — es clave para garantizar una educación pública de calidad, mantener la excelencia académica, sostener la infraestructura, fomentar la investigación científica, afrontar la matrícula creciente, y asegurar condiciones dignas para docentes y estudiantes.

Según las autoridades de Udelar, la propuesta presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento mantendría una asignación insuficiente para la universidad: en lugar de acercarse al 6 % del PIB, los recursos destinados a la educación estarían en un nivel que rondaría el 4 % para los próximos años.

Ese escenario implica que la relación presupuesto/PIB de la Udelar —y, por extensión, de todo el sistema de educación pública— continuaría lejísima de lo que la universidad y los actores del sistema educativo consideran necesario para cumplir con sus funciones: docencia, investigación, extensión, infraestructura, becas, salarios, mantenimiento edilicio, laboratorios, entre otros.

En lo inmediato, esta situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria: desde informaciones sobre “situación de emergencia” para atender la demanda creciente de estudiantes, hasta advertencias de riesgo de desbordes en carreras, deterioro de calidad educativa y limitaciones para sostener la investigación.

Ante este contexto, el rector Cancela sostuvo que el reclamo del 6 % del PIB para educación y 1 % para investigación no debe verse como una exigencia puntual, sino como un proyecto estratégico para el país. Según sus palabras, la meta responde al imperativo de garantizar una “universidad pública, de calidad, pública y gratuita, con capacidad de recibir a más estudiantes, atender la demanda nacional y sostener la investigación científica”.

En ese sentido, la Udelar ya presentó una propuesta presupuestal para el período 2025–2029, estimada en unos US$ 330 millones adicionales frente al monto actual, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, descentralizar la oferta educativa, mejorar las condiciones docentes, ampliar la investigación en todo el país y garantizar becas para estudiantes con bajos recursos.

El rector remarcó que —aunque reconoce las limitaciones fiscales del país— considera que existe “voluntad política suficiente” en diferentes sectores parlamentarios para avanzar hacia ese objetivo. En encuentros recientes, destacó la importancia de mantener el compromiso del 6 % + 1 % como “una apuesta estructural” que trasciende gobiernos.

La carencia de recursos suficientes no afecta únicamente los salarios o la infraestructura: tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, el acceso para estudiantes de bajos recursos, la investigación científica, la extensión universitaria y la capacidad de la universidad de responder a los cambios sociales y tecnológicos.

Según advertencias de la universidad y sus gremios, la insuficiencia presupuestal podría derivar en:

Recortes en becas y apoyos estudiantiles, afectando el acceso igualitario.
Deterioro de la infraestructura y atraso en mantenimiento de edificios, laboratorios y equipamiento.
Menor capacidad de contratar cargos docentes, técnicos y de servicio, lo que impacta en la calidad educativa y el volumen de estudiantes por docente.
Restricciones a la investigación científica, básica y aplicada, con efectos negativos en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.
Posible limitación en la expansión de la oferta académica, especialmente en el interior del país, lo que condiciona la descentralización universitaria.

Con la Rendición de Cuentas a la vista, la Udelar presiona políticamente para que se incluyan incrementos significativos que se acerquen al reclamo histórico. Como parte de ese camino, la institución elevó su propuesta presupuestal al Parlamento, y algunos sectores del oficialismo y oposición han expresado apertura al diálogo.

Para las autoridades universitarias, la clave está en que ese ajuste no sea esporádico, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. Además, plantean que una inversión real en educación e investigación no debe considerarse un gasto: es una inversión en capital humano, desarrollo científico, innovación, equidad social y futuro colectivo.

No obstante, reconocen las tensiones: las restricciones fiscales, la presión por equilibrar las cuentas públicas, la competencia por recursos y la necesidad de priorizar otras áreas del Estado hace que alcanzar el 6+1 sea una decisión política compleja.

De discurso a política pública: las claves del nuevo Plan Nacional de Seguridad que entra en vigor en 2026

El pasado lunes, en la reunión de la Mesa Política de Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció oficialmente que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El plan, promovido por el gobierno nacional, busca consolidar un enfoque estructural, de largo plazo y basado en evidencia para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia, crimen organizado y políticas de control de armas.

La decisión marca un hito en la historia reciente de la gestión pública en materia de seguridad: después de años de medidas parciales, operativas o reactivas, el Estado apunta a una “política de Estado” con horizonte a 10 años, con metas claras, instrumentación permanente y participación social.

El PNSP 2025–2035 fue presentado oficialmente en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, encabezado por Negro. Su esencia radica en abandonar el paradigma de “emergencia permanente” para establecer un marco estratégico que combine prevención, disuasión, rehabilitación, uso de evidencia y participación ciudadana.

Entre los ejes prioritarios del plan figuran la reducción de homicidios, el combate contra el crimen organizado, el control más estricto del mercado ilegal de armas y municiones, una reforma penitenciaria integral, políticas de violencia de género, prevención social del delito y acciones de rehabilitación.

El plan se diseña en cinco fases: diagnóstico de la criminalidad y violencia; encuentros participativos con actores políticos, sociales y académicos; propuesta técnica, definición política de medidas concretas; y validación social. El diseño culminaría en enero de 2026. Luego, la implementación se pondría en marcha formalmente. Aunque la primera etapa operativa había sido anunciada para marzo de 2026, el anuncio del ministro Negro indica que muchos de sus componentes comenzarán a regir desde enero, lo que adelanta el punto de partida oficial.

El gobierno actual enfatiza que la seguridad ya no puede concebirse como un problema aislado o de gestión coyuntural, sino como una cuestión estructural que requiere políticas integrales y sostenidas. Negro ha señalado que “no se trata de hacer más de lo mismo”, sino de aplicar herramientas modernas, planificación, inteligencia, inversión institucional y participación democrática.

La construcción del plan implicó un proceso de consulta: partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, academia, especialistas en seguridad y actores del Estado participaron en los llamados “Encuentros por Seguridad”, espacio de debate desde julio hasta diciembre de 2025.

Así, el PNSP aspira a superar el escepticismo que genera en algunos sectores la idea de una política de seguridad sustentada solo en represión, proponiendo un enfoque multidimensional: prevención social, control policial focalizado, mejora de políticas penitenciarias, regulación del arma y fortalecimiento institucional, entre otros componentes.

Aunque el plan contempla su plena implementación a lo largo de 2026 y en adelante, con un monitoreo gradual y evaluaciones periódicas, el anuncio anticipa que desde comienzos del año próximo comenzarán a operar algunas de las medidas prioritarias. Entre ellas:

La estrategia de reducción de homicidios. El plan ya ha iniciado talleres con expertos internacionales y autoridades nacionales para definir protocolos, mapas de riesgo y estrategias focalizadas por zonas.
Fortalecimiento del control de armas y municiones mediante registro digital, trazabilidad y regulación más estricta.
Incremento de la presencia policial focalizada en zonas críticas, con un enfoque en la prevención y disuasión del delito.
Políticas de prevención social y comunitaria, abordando causas de la violencia estructural: programas sociales, rehabilitación, salud mental, inclusión, escuelas, reinserción, entre otros.
Uso de inteligencia, tecnología, monitoreo, estadísticas y evidencia científica para medir resultados y ajustar las estrategias.

A pesar del consenso político alrededor del plan, varios desafíos emergen:

Que la política trascienda el ciclo de gobierno: un plan a 10 años depende de continuidad institucional, recursos y consenso social.
Garantizar que las reformas estructurales —regulación de armas, reforma penitenciaria, prevención social— se implementen de manera coherente y no queden reducidas a medidas simbólicas.
Coordinar múltiples actores: Poder Ejecutivo, Parlamento, policías, justicia, sociedad civil, municipios, academia — una articulación compleja en un país diverso.
Transparencia y rendición de cuentas: monitorear resultados, evaluar indicadores, publicar estadísticas, corregir errores. Si no, el plan corre riesgo de volverse letra muerta.
Resistencia social y política: la seguridad suele generar debates polarizados; cualquier reforma profunda encontrará oposición, desconfianza o resistencia de ciertos sectores.

Para gran parte de la población —especialmente quienes viven en zonas vulnerables, barrios con altos índices de delitos, o víctimas de violencia— el PNSP representa una esperanza de cambio profundo, una apuesta a largo plazo, con institucionalidad y planificación. Si el plan se implementa con coherencia, podría modificar la percepción de inseguridad, mejorar la calidad de vida, reducir homicidios y reconstruir confianza en las instituciones.

Pero también será una prueba de madurez democrática: la ciudadanía deberá exigir resultados, participación, transparencia y seguimiento. El plan no será útil si se queda en discursos o promesas.

Para las autoridades, la responsabilidad es doble: deben traducir un diseño ambicioso en políticas reales, con presupuesto, recursos humanos, tecnología y control, asegurando que la seguridad —tan reclamada por la sociedad— deje de ser “sensación” y se convierta en políticas públicas efectivas.