5 de febrero de 2026
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“No todos quieren ir a un refugio”: el desafío de atender la calle desde el MIDES

En el marco de un nuevo encuentro de la Mesa de Ciudadanía del Municipio de Punta del Este, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Maldonado, Paula Caballero, brindó detalles sobre los lineamientos actuales de la cartera frente a la problemática de personas en situación de calle. Además, informó sobre la inminente puesta en marcha del Plan Invierno y destacó la importancia de la articulación interinstitucional para una atención integral.

Caballero, quien asumió recientemente la dirección tras un pase en comisión desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), afirmó que el abordaje de esta problemática exige una respuesta del Estado y de la sociedad civil en su conjunto.

“La situación de calle es estructural y no depende exclusivamente del MIDES. Estamos ante una realidad compleja, en la que muchas personas transitan largos periodos en calle y requieren más que una solución transitoria”, expresó.

En este sentido, la jerarca recordó que, ante la presencia de personas pernoctando en la vía pública, el primer paso es comunicarse con el 9-1-1. La Policía actúa como primer eslabón de intervención y evalúa el traslado a dispositivos de refugio, siempre que la persona acepte.

“Hay personas que llevan años en situación de calle, lo que deriva en patologías o condiciones que hacen que no siempre deseen ingresar a un refugio. El desafío es pensar qué alternativas de cuidado podemos ofrecer también a estas personas”, señaló.

Plan Invierno: dispositivos en marcha y una intervención estimada en 900 personas
Caballero informó que el Plan Invierno será lanzado oficialmente en los próximos días. En Maldonado, este contempla dispositivos activos todo el año y otros que se activan en períodos de contingencia climática, como los ubicados en la zona de Bolívar, Artigas y Colonia.

En 2023, aproximadamente 900 personas fueron asistidas en el marco del plan en Maldonado. Esta cifra da cuenta de una problemática con características particulares, asociadas a la movilidad interna y la temporalidad laboral del departamento.

“Muchas personas llegan al departamento por trabajos zafrales y, al concluir esos contratos, quedan en situación de vulnerabilidad. El objetivo es atender esa transitoriedad, pero también trabajar en políticas más profundas vinculadas al empleo, documentación, salud mental y adicciones”, detalló.

Transición y continuidad institucional
Durante su intervención, Caballero subrayó que el MIDES se encuentra en una etapa de transición, utilizando el presupuesto vigente mientras se planifica el próximo quinquenio. En este proceso, la información territorial y el diálogo con los actores locales serán clave para ajustar las prioridades.

La directora también confirmó que ha mantenido contacto con la anterior directora, Magdalena Sumarán, y que se ha recibido un informe detallado del periodo anterior para garantizar la continuidad institucional.

“Necesitamos estar en el territorio, no puertas adentro. Espacios como esta Mesa de Ciudadanía nos permiten conocer las realidades locales y planificar en consecuencia”, concluyó.

La Escuela Técnica de San Carlos celebró 100 años de compromiso con la educación

Con un emotivo acto que congregó a autoridades nacionales, departamentales, docentes, estudiantes, exalumnos y vecinos de la ciudad, la Escuela Técnica de San Carlos celebró este viernes sus 100 años de historia. La conmemoración marcó un hito no solo para la institución, sino para todo el sistema de educación técnica y tecnológica del país.

Durante la ceremonia, la directora general de UTU, en representación del Consejo de Educación Técnico Profesional, subrayó la relevancia de la descentralización educativa. “Uno de los objetivos centrales ha sido fomentar la descentralización en todas sus dimensiones”, señaló, y evocó la figura del primer director del centro, Dante Bianchi, como símbolo de la vocación educativa que ha caracterizado a la institución desde sus inicios. “Hoy no solo celebramos un siglo de historia, celebramos el fruto de un esfuerzo colectivo”, concluyó.

También tomó la palabra el maestro Pablo Caggiani, integrante del equipo de dirección de UTU, quien destacó el papel de la escuela en la transformación social y productiva de la región. “Estamos en un lugar que es importante para la comunidad, con una vocación hacia el mundo productivo y social”, sostuvo. Caggiani llamó a proyectar los próximos 100 años de la institución, marcando como desafío la expansión del acceso a la educación terciaria y universitaria. “Tenemos que mover un conjunto de cosas en términos de aprendizajes, de inclusión y de culminación de ciclos”, expresó.

La jornada fue vivida como una verdadera fiesta comunitaria, con presentaciones artísticas, exposiciones estudiantiles y una fuerte participación de egresados y actores sociales que reconocen a la Escuela Técnica como motor de movilidad social y desarrollo local.

En rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi, quien asistió al acto conmemorativo, destacó la mezcla de homenaje y desafío que implica este aniversario. “La UTU tiene un rol cada vez más visible en la sociedad, en la evolución y en la economía del país”, afirmó. El mandatario resaltó la importancia de estas instituciones para el desarrollo del interior del país y trazó un paralelismo entre la UTU y otras experiencias descentralizadoras como la UTEC.

Orsi recordó que el edificio, originalmente concebido como hospital, mantiene estructuras centenarias que aún hoy sostienen la actividad educativa. “Son construcciones muy antiguas que empiezan a tener sus nanas, pero aguantaron 100 años”, reflexionó. También se refirió con afecto a su experiencia como docente en UTU, destacando el compromiso del cuerpo docente como pilar fundamental del sistema educativo. “Los docentes se ponen la camiseta de la institución y son quienes la sostienen junto a la comunidad”, sostuvo.

Sobre el presente y futuro de la enseñanza técnica, Orsi reconoció que durante años fue injustamente relegada. “Hubo una época en la que se menospreciaba la enseñanza manual frente al intelecto. Por suerte, eso cambió”, dijo. “Hoy explota la UTU por algo. Se abrió paso sola. Y además, hoy sabemos que la UTU también puede ser camino hacia la universidad”.

La profesora Kelly Giménez, actual directora de la Escuela Técnica de San Carlos, valoró el acompañamiento de toda la comunidad educativa en este momento histórico. “Es una gran alegría. Esta es la tercera vez que estoy en la dirección de esta escuela y siempre es un orgullo volver a acompañar a los estudiantes y docentes”, comentó.

Giménez detalló que la institución, que comenzó con 184 alumnos, hoy cuenta con 679 estudiantes distribuidos en todos los niveles, desde Educación Media Básica hasta Educación Terciaria. “La escuela abre sus puertas a las 7:30 de la mañana y cierra cerca de la medianoche. Hay actividad todo el día”, explicó.

Consultada sobre el estado actual del centro, reconoció que “no estaba en las mejores condiciones edilicias” al inicio del año lectivo, pero subrayó el trabajo realizado en los últimos meses para llegar a este aniversario con las puertas abiertas a toda la comunidad. “Estamos poniendo todas las ganas y queremos seguir creciendo. Nuestro objetivo es ampliar las propuestas educativas para responder mejor a las necesidades de los jóvenes y la población de San Carlos”, concluyó.

Un siglo de historia al servicio de la comunidad
Fundada en 1924, la Escuela Técnica de San Carlos se ha consolidado como una referencia educativa en el este del país, formando generaciones de técnicos, trabajadores calificados y profesionales comprometidos con el desarrollo de su comunidad. El centenario se celebró con el entusiasmo de quienes reconocen el valor de una educación pública, inclusiva y transformadora, y con la convicción de que los próximos 100 años seguirán siendo un motor de innovación y justicia social en Uruguay.

«Nos están mintiendo»: activista acusa al MSP de publicidad engañosa

El activista uruguayo plantea fuertes cuestionamientos a la campaña de vacunación infantil promovida por el Ministerio de Salud Pública y denuncia falta de controles, transparencia y garantías en el proceso.

En una entrevista brindada recientemente, el activista uruguayo Fernando Vega expuso una serie de críticas hacia la campaña de vacunación infantil contra el COVID-19, llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con ANEP, CAIF, escuelas y liceos. Vega afirma que estas instituciones “pretenden condicionar a los padres que no desean inocular a sus hijos”, amparándose en marcos jurídicos internacionales como el Tratado de Bioética de 2005.

Vega se define como “un ciudadano común y corriente”, sin formación médica ni legal, pero decidido a “dar una batalla en pro de las libertades individuales”. Según explicó, cuestiona la legalidad y legitimidad de la campaña, argumentando que el MSP no estaría cumpliendo con su rol de garantizar los derechos y la seguridad sanitaria de la población.

Uno de sus principales planteos es la falta de estudios comparativos entre niños vacunados y no vacunados en Uruguay. Señaló que, tras un pedido de acceso a la información pública, el MSP respondió que no cuenta con esos datos ni tiene como objetivo realizarlos. “Esto nos deja muy preocupados”, sostuvo.

Vega también cuestionó la seguridad de las vacunas, citando la ley 9202, que establece la obligación del MSP de verificar los componentes de los fármacos. En este sentido, mencionó una solicitud de acceso a la información realizada por el ciudadano Pablo Gaminara, en la que el ministerio habría admitido que no realiza controles químicos sobre las vacunas, limitándose a inspeccionar las etiquetas.

Otro de los puntos controvertidos es la eficacia de las vacunas. Vega mostró documentos en los que, según afirma, el MSP reconoció que la eficacia absoluta de la vacuna de Pfizer sería del 0,84%, mientras que los efectos adversos graves alcanzarían el 1,1%. “Se promocionó bajo el engaño”, aseguró, refiriéndose a la campaña inicial que hablaba de eficacias superiores al 90%. “Esto configura un delito de publicidad engañosa”, sentenció.

Finalmente, denunció la falta de un sistema de farmacovigilancia activa en el país. “Nos dicen que se preocupan por la seguridad, pero cuando preguntamos si hay seguimiento de los efectos adversos, la respuesta es que no se hace”, concluyó.

Las declaraciones de Vega reflejan un sector crítico de la ciudadanía que exige mayor transparencia, acceso a la información y participación en las decisiones sanitarias. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan promoviendo la vacunación como una herramienta clave en la protección de la salud pública.

Gremiales rechazan proyecto de ley del gobierno para la Caja de Profesionales

Un grupo de nueve gremiales de profesionales, entre las que se incluyen importantes asociaciones de diversas áreas, ha expresado su rechazo al proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para abordar la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). A través de un comunicado conjunto, las gremiales consideran que la propuesta no resuelve las causas subyacentes de la crisis y podría empeorar la situación financiera de la Caja.

Las gremiales critican que el proyecto de ley no aborda adecuadamente los problemas estructurales del sistema y que sus medidas afectarán negativamente tanto a los profesionales activos como a los pasivos. Además, señalan que el proyecto no contempla un cambio significativo en la base de aportantes, lo cual es esencial para asegurar la viabilidad de la Caja.

Entre las principales propuestas de las gremiales se destacan varias modificaciones clave:

  1. Ajuste de los Timbres Profesionales: Las gremiales proponen que el valor de los timbres, actualmente ajustados por el Índice de Precios del Consumo (IPC), sea recalculado según el Índice Medio de Salarios (IMS), el cual consideran más adecuado, dado que refleja de manera más precisa las variaciones salariales. De acuerdo con los cálculos de las gremiales, la actualización de los timbres por el IPC ha provocado un descalce de alrededor del 70%, lo cual ha afectado tanto a los activos como a los pasivos.
  2. Ampliación de la Base de Aportantes: Un aspecto clave de las reformas propuestas es la inclusión de los profesionales dependientes, que actualmente son más de 110.000 en Uruguay, dentro del sistema de la Caja. Las gremiales proponen que estos profesionales comiencen a aportar a la Caja en la categoría 1, generando así una nueva fuente de ingresos para el sistema.
  3. Aportes desde Rentas Generales: Mientras las reformas sugeridas toman forma, las gremiales solicitan al Poder Ejecutivo que cumpla con el artículo 67 de la Constitución, garantizando que desde Rentas Generales se aporten los recursos necesarios para asegurar el pago de las pasividades hasta que el sistema se estabilice.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) también ha expresado su desacuerdo con el proyecto del gobierno. En su comunicado, el SAQ plantea que el aumento de los aportes de los profesionales activos podría desincentivar aún más la integración de los más de 100.000 profesionales que actualmente no aportan a la Caja, lo que podría agravar aún más el problema de financiación.

El SAQ también solicita al Parlamento que explore alternativas que no afecten negativamente a los profesionales activos y pasivos, y ha pedido ser recibido por las comisiones parlamentarias encargadas de estudiar el tema.

Las gremiales aseguran que, si se implementan sus propuestas, la situación financiera de la Caja de Profesionales podría mejorar significativamente. Sin embargo, advierten que las soluciones deben ser estructurales y no solo temporales, ya que la viabilidad del sistema depende de un cambio en la base de aportantes y de la corrección de los desajustes actuales en el sistema de timbres.

Por ahora, la discusión sobre la reforma de la Caja sigue siendo uno de los temas clave en la agenda política y económica de Uruguay, y se espera que el debate continúe en el Parlamento en los próximos meses.

El Banco Central de Uruguay da un paso hacia las finanzas sostenibles con inversión en ETF responsable

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha iniciado una nueva etapa en la gestión de sus reservas al invertir parte de ellas en un fondo cotizado en bolsa (ETF) especializado en renta fija, con un perfil de Inversión Socialmente Responsable (SRI, por sus siglas en inglés). Esta decisión marca un hito dentro del compromiso del BCU con la integración de criterios éticos, sociales y ambientales en la gestión de los activos de reserva del país, destacándose como una medida alineada con las crecientes demandas globales de finanzas sostenibles.

En un comunicado oficial, la autoridad monetaria explicó que la inversión se realizó a través de un ETF administrado por la firma de gestión de activos Amundi, y que fue impulsado por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), organización de la que Uruguay forma parte, en consulta con varios bancos centrales. Esta alianza refuerza el compromiso de Uruguay con la sostenibilidad y la ética financiera en el contexto internacional.

Un fondo con criterios éticos y de impacto social
El fondo en cuestión se caracteriza por cumplir con rigurosos estándares en áreas clave para el desarrollo económico sostenible. Los criterios SRI, en los cuales se basa, buscan identificar a aquellas entidades que no solo generen valor económico, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente, reforzando la importancia de la responsabilidad corporativa y social dentro del sistema financiero global.

La inversión, que asciende a aproximadamente 100 millones de dólares, permitirá al BCU diversificar su cartera de reservas. Según detalló el Central, el ETF presenta una menor correlación con otros activos tradicionales, lo que se traduce en una reducción de riesgo dentro del portafolio, además de tener un riesgo de tipo de interés intermedio y un riesgo crediticio global relativamente bajo. Estos beneficios se suman a la apuesta por una economía que, más allá de la rentabilidad, valore los aspectos sociales y ambientales.

Diversificación y sostenibilidad: el futuro de la gestión de reservas
Con un plazo de vencimiento máximo de cinco años y una calificación mínima de A- en los instrumentos financieros que componen el fondo, el BCU destaca que esta estrategia no solo busca mitigar riesgos, sino que también posiciona a Uruguay en la vanguardia de la sostenibilidad financiera. Esta acción se inscribe en una tendencia global creciente de instituciones financieras que buscan incorporar criterios sociales y medioambientales en sus decisiones de inversión, promoviendo un modelo más inclusivo y responsable de manejo de reservas.

El BCU ha señalado que continuará explorando activamente más oportunidades de inversión dentro del ámbito de las finanzas sostenibles, en un proceso que será ampliado en futuras decisiones. Esta iniciativa complementa otros pasos importantes del Central, como su ingreso en diciembre de 2020 a la red internacional Network for Greening the Financial System (NGFS), una organización que promueve la responsabilidad ambiental en el sector financiero. Asimismo, en 2021, el BCU ya había realizado una inversión en un fondo administrado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con un enfoque ambiental, consolidando su estrategia de integración de criterios sostenibles en la gestión de reservas.

Un modelo a seguir
Con este paso, el Banco Central de Uruguay se posiciona como un referente regional en la adopción de prácticas financieras responsables y sostenibles. Al invertir en un fondo que no solo prioriza la rentabilidad económica, sino que también promueve el bienestar social y ambiental, Uruguay refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con un modelo económico más justo y equilibrado.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de integrar aspectos éticos en las finanzas, el ejemplo del Banco Central de Uruguay podría ser seguido por otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, en un esfuerzo por crear un sistema financiero que sea tanto rentable como responsable con las futuras generaciones.

Amenazas y violencia disparan operativo especial en liceos

La Jefatura de Policía del departamento implementó un nuevo sistema de seguridad en los centros educativos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer la presencia policial en las inmediaciones de los liceos. Así lo informó el jefe de policía de Maldonado, Víctor Trezza.

Entre las medidas dispuestas se destaca que los llamados al servicio de emergencias 911 realizados desde instituciones educativas tendrán “mayor prioridad” y serán atendidos de forma inmediata, según explicó Trezza. El objetivo es agilizar los protocolos de comunicación y facilitar una intervención rápida ante situaciones como riñas en los alrededores de los liceos, cuya difusión en redes sociales puede derivar en casos de ciberacoso.

El jerarca detalló que anteriormente se registraban demoras en la atención de los llamados debido a que el 911 local dependía de la disponibilidad de móviles de cada seccional. Con la nueva modalidad, el sistema enviará el móvil más cercano, sin importar el destacamento al que pertenezca. Podrá tratarse de unidades de la Unidad de Respuesta Policial Metropolitana (URPM), del Grupo de Reserva Táctica (GRT), de la policía caminera o de la Guardia Republicana.

Asimismo, se implementará patrullaje en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, así como un control del entorno inmediato de cada institución educativa, a fin de detectar personas ajenas a los centros y prevenir situaciones irregulares. Según Trezza, en las inmediaciones de algunos liceos se han registrado casos de tráfico de estupefacientes, arrebatos y rapiñas, lo que genera preocupación entre los equipos directivos.

Las medidas adoptadas responden, en parte, a hechos recientes, como el ingreso de personas extrañas a liceos, actos de violencia y una amenaza anónima de “masacre” en el liceo Nº 1 de San Carlos ocurrida en abril. Ante estos antecedentes, las autoridades policiales y educativas del departamento resolvieron trabajar de forma más articulada y con comunicación directa entre comisarios y policías comunitarios.

Trezza subrayó que “cada barrio tiene una problemática distinta” y que las estrategias se adaptarán a las características específicas de cada institución. La planificación fue acordada tras un encuentro entre autoridades de la Jefatura, directores liceales y la inspectora departamental de Secundaria, Elsa Sosa. “No es lo mismo el liceo de Piriápolis, que el de Punta del Este o el de San Carlos”, apuntó.

En ese marco, se está elaborando un cronograma de talleres en todos los liceos del departamento, que abordarán temas como seguridad, ciberbullying, consumo y tráfico de drogas y violencia. Los talleres comenzarán a dictarse a fines de mayo.

La reunión mantenida entre las partes fue calificada como “muy productiva” por el jefe departamental, quien valoró el intercambio de propuestas y la disposición de los centros a colaborar en la implementación del plan.

Obrero resultó herido tras derrumbe en obra en Punta del Este

En la mañana de este lunes 20 de mayo, alrededor de las 10:25 horas, personal policial, efectivos del destacamento de bomberos y una unidad de emergencia médica acudieron a una obra en construcción ubicada en calle 23, tras reportarse un accidente laboral.

Según la información recabada en el lugar, uno de los trabajadores cayó desde una loza ubicada en el segundo piso, como consecuencia del derrumbe de la misma. El obrero resultó atrapado por uno de sus brazos y una pierna, siendo posteriormente liberado por sus propios compañeros.

El hombre fue asistido en el sitio por personal médico, quienes le realizaron una primera valoración diagnóstica que indica “traumatismo de cadera y hombro con posible fractura”. Luego de la atención primaria, fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar del siniestro se hicieron presentes la Jefa de la Zona Operacional II, el jefe de la dependencia policial correspondiente y personal del cuerpo de bomberos.

Policía Científica llevó a cabo las pericias y el relevamiento de rigor, en el marco de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Rapiña en comercio de barrio La Sonrisa: delincuentes se llevaron $5.000

En la tarde del lunes 19 de mayo, próximo a la hora 17:00, se registró una rapiña en un comercio ubicado sobre calle Anfuso, en el barrio La Sonrisa.

Dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta marca Baccio Classic, sin matrícula visible. Uno de ellos ingresó al local con el rostro cubierto por un casco y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigió la entrega de dinero. En el interior del comercio se encontraban la propietaria del mismo y una clienta.

Según consta en el registro de las cámaras de seguridad, el asaltante descendió rápidamente de la moto y accedió al local apuntando con el arma, exigiendo el dinero en tono amenazante.

La propietaria, visiblemente nerviosa, accedió a abrir la caja registradora, de la cual el individuo sustrajo aproximadamente $5.000. Acto seguido, huyó del lugar junto al segundo hombre que lo aguardaba afuera en la motocicleta.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales durante el hecho.

Las actuaciones se encuentran a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, que trabaja en la identificación de los autores y en el análisis de las imágenes de videovigilancia.

El Estado acordó el pago de US$ 144 millones al consorcio del Ferrocarril Central y evitó arbitraje internacional

El gobierno nacional anunció este lunes un acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central para saldar una deuda reclamada por la empresa por trabajos vinculados a la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central. La resolución implica un desembolso de US$ 144 millones por parte del Estado, evitando así un proceso de arbitraje internacional.

La firma del acuerdo tuvo lugar al mediodía en la Torre Ejecutiva, en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi. También participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; los ministros de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; así como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. En representación del consorcio empresarial estuvieron presentes Jesús Contreras y Alejandro Ruibal.

El convenio formaliza la «Tercera Modificación bilateral del Contrato de Participación Público Privada» correspondiente al tramo ferroviario entre el Puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros. La negociación, calificada como «compleja» por las autoridades, pone fin a una controversia contractual iniciada durante el gobierno anterior.

El ministro Gabriel Oddone explicó que el diferendo se estructuró en dos períodos. El primero abarca desde diciembre de 2023 hasta el 7 de agosto de 2024, cuando el servicio operaba en fase de prueba. Por este tramo, se acordó un pago de US$ 56,5 millones, sujeto a la validación de un mediador internacional, que dispondrá de un plazo de 60 días para expedirse.

El segundo período comprende desde el 8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025. En este caso, el Estado se comprometió a pagar el 80% de los montos reclamados por el consorcio, incluyendo costos financieros generados por demoras.

“El acuerdo total asciende a US$ 144 millones”, detalló Oddone, quien sostuvo que la resolución era necesaria para “preservar la honorabilidad del país” en el cumplimiento de sus compromisos contractuales. Asimismo, advirtió que también estaba en juego “la viabilidad financiera de empresas vinculadas al proyecto” y el empleo asociado.

El conflicto tuvo su origen a finales de la administración de Luis Lacalle Pou, cuando el consorcio anunció su intención de acudir a instancias de arbitraje internacional por una supuesta deuda impaga de US$ 160 millones. En ese entonces, el Ministerio de Transporte, encabezado por José Luis Falero, negó la existencia de incumplimientos. No obstante, las nuevas autoridades reconocieron la necesidad de buscar una solución negociada.

El presidente Orsi señaló que si bien el acuerdo implica un impacto fiscal no deseado, resultaba imperativo resolver el problema: “Lo que no pasó, no pasó, y es necesario resolverlo ahora”, afirmó.

Consultado sobre el modo en que se financiará este pago, el ministro Oddone indicó que la discusión presupuestal se encuentra en desarrollo y que el proyecto de Presupuesto Quinquenal estará pronto en agosto. Aunque no descartó eventuales ajustes tributarios, aclaró que se procurará no incrementar la presión fiscal al cierre del período.

La documentación será remitida al Tribunal de Cuentas para su análisis.

Conductor perdió la vida al chocar contra una garita de ómnibus

En la jornada del miércoles 14 de mayo, en horas del mediodía, se registró un siniestro de tránsito con consecuencias fatales en el kilómetro 117 de la Ruta Interbalnearia.

Según información oficial, un usuario realizó un llamado al 9-1-1 alertando sobre un accidente en el que un vehículo particular impactó contra una garita de ómnibus.

De inmediato, se comisionó personal policial junto a una unidad médica al lugar, constatándose lo denunciado. El siniestro involucró a un automóvil conducido por un hombre de avanzada edad, único ocupante del vehículo. Al ser asistido por el personal de emergencia médica, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Trabajaron en la escena efectivos policiales, autoridades correspondientes y personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento técnico pertinente para esclarecer las causas del accidente.