3 de febrero de 2026
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Denuncian graves impactos ambientales y arqueológicos por obras sin autorización cerca del Cerro Pan de Azúcar

Organizaciones ambientalistas, académicos y autoridades locales alertan sobre daño sostenido en suelos de fragilidad ecosistémica en Sierras del Tirol, donde trabajos ejecutados sin permisos habrían afectado la vegetación nativa, cursos de agua y un sitio arqueológico relevante. La Intendencia de Maldonado evalúa acciones judiciales contra los responsables.

Vecinos, ambientalistas y especialistas denunciaron con fotografías y testimonios que obras de apertura de calles y movimiento de tierras en una zona cercana al Cerro Pan de Azúcar se realizaron sin las autorizaciones ambientales correspondientes, causando impactos negativos sobre el entorno natural y el patrimonio arqueológico.

El área afectada forma parte de las llamadas Sierras del Tirol, un sector con vegetación nativa de relevancia paisajística y ecosistémica, clasificado como suelo Suburbano de Fragilidad Ecosistémica bajo el ordenamiento territorial vigente. Según las denuncias, los trabajos —que incluyen la apertura de caminos de hasta 2 kilómetros de extensión— han modificado cursos de agua, alterado palmares nativos y deteriorado bienes culturales con evidencia de ocupación antigua.

Organizaciones civiles y vecinos de Pan de Azúcar y Piriápolis hicieron llegar su reclamo al Ministerio de Ambiente y a instancias municipales y departamentales tras observar “destrozos” en el lugar sin que mediara evaluación de impacto ambiental ni permisos administrativos. La Asociación Civil Pro Conservación del Cerro Pan de Azúcar, que impulsa desde hace años la inclusión de la zona en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), advirtió que la apertura de calles y el movimiento de suelos ponen en riesgo tanto a especies nativas como a vestigios arqueológicos.

El sector afectado incluye palmares autóctonos, flora y fauna endémica, así como sitios arqueológicos como las conocidas Cuevas del Indio, espacios de importancia cultural y patrimonial en la ladera este del cerro.

Autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM) confirmaron que funcionarios realizaron inspecciones en el área y que se está evaluando la presentación de una denuncia penal y/o civil contra los responsables de las obras sin autorización. La IDM informó que la obra violó normativas de ordenamiento territorial y ambientales, en particular las que prohíben la apertura de calles en zonas de fragilidad ecológica y que requieren autorización previa de Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) para cualquier intervención significativa en suelos naturales.

La comuna indicó que también solicitó colaboración al Municipio de Piriápolis para garantizar el control de la no apertura de nuevas calles no autorizadas y que se espera que la intervención de Dinacea determine las sanciones correspondientes.

Expertos consultados por la diaria señalaron que la remoción de suelos en zonas de fragilidad ecosistémica puede deteriorar la estructura natural del terreno, aumentar la erosión y alterar hábitats sensibles para flora y fauna nativa. Asimismo, la excavación sin control puede destruir contextos arqueológicos de valor científico e histórico que no han sido debidamente documentados o protegidos.

El daño denunciado se produce en momentos en que diversos colectivos ambientales y académicos vienen reclamando un debate más amplio sobre la conservación del Cerro Pan de Azúcar y áreas aledañas, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección legal y de planificación territorial para evitar intervenciones que comprometan los bienes naturales y culturales del país.

El caso abrió un debate local sobre la gestión del crecimiento urbano y la protección del patrimonio natural y arqueológico en áreas periurbanas que enfrentan presiones de desarrollo. Legisladores y ediles de Maldonado han recibido reclamos de vecinos y organizaciones, y algunos piden que el caso sirva para revisar y reforzar la normativa de protección ambiental y patrimonial en el departamento.

La investigación oficial, las eventuales sanciones y la recuperación ambiental de los sectores afectados serán elementos centrales en el seguimiento de esta denuncia en los próximos meses.

Sindicato de trabajadores de edificios en Punta del Este: el auge turístico no se traduce en empleo estable

A pesar de las expectativas por la temporada y el repunte de turistas, dirigentes sindicales de trabajadores de edificios señalan que el mercado laboral del sector no ha recuperado niveles prepandemia ni refleja mejoras salariales sustantivas. Las condiciones laborales y la informalidad preocupan al gremio ante la proximidad del pico de actividad estival.

El dirigente sindical César Teijón advirtió que el clima favorable para el turismo que se observa en el principal balneario uruguayo no se traduce en una recuperación significativa del empleo formal entre los trabajadores de edificios de la ciudad, según declaraciones difundidas por el medio La Diaria.

Aunque el movimiento turístico en Punta del Este apunta a un aumento de visitantes y consultas en reservas de alquileres —impulsado por la recuperación del turismo regional y la anticipación de una buena temporada estival—, esta situación no se refleja de forma proporcional en los contratos laborales ni en la calidad de empleo en el rubro edilicio, explicó el dirigente.

Según Teijón, el sector continúa con niveles de contratación por debajo de los registrados antes de la pandemia de COVID-19, y muchos trabajadores siguen enfrentando salarios temporales insuficientes y condiciones precarias, a pesar de los anuncios de dinamismo económico en el departamento de Maldonado.

A juicio de los representantes sindicales, la informalidad y la falta de estabilidad en los contratos son dos de los factores que más dificultan que el repunte de la actividad turística —que ya muestra señales de recuperación con expectativas de alcanzar cifras cercanas a las de años prepandemia— se traduzca en mejoras tangibles para los trabajadores.

La Intendencia de Maldonado y operadores del sector turístico han reportado un incremento en reservas y consultas anticipadas, impulsadas por la llegada de turistas principalmente de Argentina y Brasil, lo que ha alimentado expectativas de una temporada estival más activa que la anterior.

No obstante, esa mayor afluencia previsional aún no se traduce en una expansión significativa de empleo formal en diversos sectores ligados al turismo, incluido el de mantenimiento y administración de edificios, donde muchas contrataciones son eventuales o de temporada y no garantizan continuidad laboral.

El contraste entre el crecimiento esperado en el turismo y la persistencia de condiciones laborales precarias pone de manifiesto desafíos estructurales del mercado laboral en zonas de alta estacionalidad, como Punta del Este. La situación enfrenta a sectores productivos y sindicales a replantear mecanismos que puedan mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad, incluso en períodos de alta actividad económica.

Con la llegada del verano, las demandas de mejores condiciones laborales, estabilidad y remuneraciones más equitativas cobrarán centralidad en el debate público y sindical en Maldonado, marcando un punto de atención sobre cómo se traduce el éxito turístico en beneficios socioeconómicos para los trabajadores locales.

Oposición citará al Ministerio de Economía por modificaciones en la devolución de aportes al Fonasa

La bancada opositora del Parlamento uruguayo acordó citar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a comparecer ante la Comisión Permanente para brindar explicaciones sobre las modificaciones introducidas en el cálculo de la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La decisión surge tras el anuncio del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre un decreto que ajusta la metodología utilizada para determinar dichos montos.

Críticas desde la oposición

El diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, fue el principal impulsor de la iniciativa. A través de su cuenta en la red social X, fundamentó la citación señalando que “cuando se altera lo que siempre se devolvió, hay que dar explicaciones. No es un simple tecnicismo, es un cambio de derechos”. El legislador afirmó que la convocatoria busca esclarecer el impacto real de la medida y establecer si corresponde su tratamiento en el ámbito legislativo.

Desde la oposición también surgieron críticas más duras. El senador Sebastián Da Silva calificó las modificaciones como un “afane” y acusó al oficialismo de trasladar a la ciudadanía “errores de planificación” sin que quienes los generaron asuman responsabilidad. Asimismo, sostuvo que la clase media sería uno de los sectores más afectados por la redistribución de las devoluciones de Fonasa.

Los cambios anunciados y sus efectos

El origen de la polémica se remonta a un anuncio informal realizado por el presidente Orsi a fines de diciembre, en el que adelantó que, a partir de 2026, se implementarían cambios en la forma en que se calcula la devolución de aportes al Fonasa. Según voceros oficiales, el decreto modifica el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro clave para determinar el tope anual de aportes y, por ende, las devoluciones que pueden recibir los contribuyentes.

El ajuste, que entraría en vigor el próximo 1.º de enero, tiene efectos diferenciados según el año de liquidación. Para las devoluciones correspondientes a aportes realizados en 2025, que se abonarían en 2026, se mantendría la metodología vigente, beneficiando a cerca de 155.000 personas, según fuentes gubernamentales. No obstante, con el nuevo cálculo que regiría desde 2027, se estima que la cantidad de beneficiarios se reduciría a unas 81.000 personas, casi la mitad.

Repercusiones y próximos pasos

La convocatoria del MEF ante la Comisión Permanente representa un desafío político para el gobierno, que deberá justificar el alcance y la motivación de los cambios ante representantes de diferentes bancadas. La oposición sostiene que se trata de una alteración de derechos adquiridos, mientras que desde el oficialismo se argumenta que los ajustes buscan corregir errores de diseño en el cálculo y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.

La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de otros integrantes del equipo económico aún no tiene fecha definida, aunque se espera que sea programada en los próximos días por la Mesa de la Comisión Permanente.

El mapa del riesgo: INUMET sitúa a casi todo el país bajo alerta roja por incendios forestales

La combinación de altas temperaturas, baja humedad y falta de lluvias coloca al Índice de Peligro de Incendio (FWI) en niveles críticos. Las autoridades recuerdan que rige la prohibición total de quemas en todo el territorio.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió un informe de actualización sobre el Índice de Peligro de Incendios Forestales (FWI), confirmando un escenario preocupante para el cierre del año. Según el mapa técnico, el color rojo predomina en la cartografía nacional, indicando un riesgo «Muy Alto» de ocurrencia y propagación de fuegos, especialmente en la franja sur, el litoral oeste y la zona este del país.

Este indicador no es una simple advertencia, sino una herramienta técnica basada en el sistema canadiense que cruza variables como la temperatura del aire, la velocidad del viento y la humedad de la vegetación. Con valores que superan los 20 puntos en la escala FWI, cualquier foco ígneo iniciado hoy tendría un comportamiento explosivo y una velocidad de propagación que desafía la capacidad de respuesta de las dotaciones de Bomberos.

El factor climático: El combustible está listo

La situación actual no es casual. Uruguay atraviesa un diciembre marcado por una anomalía térmica y precipitaciones dispersas que no han logrado hidratar profundamente el suelo.

«Cuando el índice llega a niveles de riesgo ‘Muy Alto’, el material fino, como pastizales y hojarasca, actúa como un combustible inmediato», explican expertos en meteorología. En este contexto, el viento —que se espera mantenga ráfagas moderadas durante las tardes— funciona como un oxigenador natural para las llamas, permitiendo que un pequeño fuego se transforme en un incendio de interfaz en cuestión de minutos.

Prohibición y marco legal

Desde la Dirección Nacional de Bomberos se recordó que está plenamente vigente el Decreto 436/007. Esta norma prohíbe la realización de fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre. Las multas por incumplimiento son severas y, en caso de generarse un siniestro con daños a terceros o al medio ambiente, las responsabilidades pueden derivar en la justicia penal.

La mayor preocupación de las autoridades se centra en las zonas de veraneo y en la «interfaz», aquellos lugares donde la vegetación densa convive con viviendas. El llamado a los turistas es claro: no utilizar pirotecnia en zonas arboladas y asegurar que los restos de carbón de los asados queden totalmente extinguidos y cubiertos con tierra o agua.

UTE y Antel por debajo de la inflación mientras OSE lidera los aumentos

Los directorios de los entes estatales enviaron sus propuestas al Poder Ejecutivo. OSE aplicará una suba del 8,5%, justificando la necesidad de equilibrar sus finanzas y mantener inversiones.

El panorama de los servicios públicos para el inicio de 2026 ya está trazado. Los directorios de UTE, Antel y OSE elevaron sus informes técnicos al Poder Ejecutivo con los porcentajes de ajuste que regirán a partir del 1 de enero. Mientras que la energía y las telecomunicaciones se mantendrán alineadas o por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC), el servicio de agua potable tendrá un incremento real por encima del costo de vida.

OSE: Un ajuste por encima del promedio

El Directorio de OSE aprobó un aumento general del 8,5% en sus tarifas de agua potable y saneamiento. Esta cifra destaca por estar sensiblemente por encima de la inflación proyectada para el año.

Desde el organismo se señaló que este incremento responde a la necesidad de atender el déficit operativo y asegurar la sostenibilidad de las obras de infraestructura. Sin embargo, se estableció una excepción para los sectores más vulnerables:

  • Tarifa Social: El ajuste será del 4,8%.
  • Impacto: Para estos usuarios, el incremento se traducirá en un costo adicional de entre 10 y 21 pesos mensuales.

UTE y Antel: Incrementos moderados

En contraste, las empresas de energía y telecomunicaciones presentaron ajustes que buscan no perder terreno frente a la inflación, pero sin generar una carga extra excesiva para el consumidor.

UTE (Energía Eléctrica)

El ente energético propuso un esquema diferenciado según el tipo de consumo:

  • Tarifa Residencial Simple: Aumento del 2,93% (afecta a la mayoría de los hogares).
  • Resto de tarifas: (Comerciales, industriales y planes de doble/triple horario) tendrán un ajuste cercano al 4%.

Antel (Telecomunicaciones)

La compañía estatal de telefonía definió un ajuste promedio del 3,5%. Este porcentaje se aplicará de manera general a los servicios de datos (internet) y telefonía móvil, siguiendo la línea de los últimos años de ajustes moderados.

OSE8,5%Por encima de la inflación; tarifa social sube 4,8%.
Antel3,5%Aplica a móviles e internet.
UTE2,93% – 4%2,93% para la mayoría de los hogares.

¿Qué sigue ahora?

Tras la aprobación de los directorios de cada empresa, los informes técnicos están ahora en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Poder Ejecutivo.

Se espera que en los próximos días el gobierno firme los decretos correspondientes para ratificar estas cifras. Históricamente, el Ejecutivo suele validar las propuestas de los entes, aunque mantiene la potestad de realizar modificaciones de último momento antes de su publicación en el Diario Oficial.

Científicos advierten que Uruguay expone su fauna marina con protocolos «insuficientes» ante la nueva ola de exploración sísmica

Mientras el país avanza en la búsqueda de hidrocarburos en su Zona Económica Exclusiva, la academia y organizaciones ambientales denuncian que las normativas de mitigación de impacto son obsoletas y permisivas en comparación con los estándares internacionales.

En medio del renovado impulso por encontrar petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya, una advertencia de la comunidad científica ha puesto en jaque la sostenibilidad de estas operaciones. Investigadores y biólogos marinos han alzado la voz para señalar que Uruguay está autorizando exploraciones sísmicas bajo protocolos de protección de fauna que resultan «mínimos» e ineficaces frente a la magnitud del impacto acústico que estas actividades generan.

El conflicto: Tecnología de punta vs. Normativa vieja

La exploración sísmica offshore utiliza buques equipados con cañones de aire comprimido (airguns) que disparan ondas sonoras al lecho marino cada 10 o 15 segundos, las 24 horas del día, durante semanas. Estas ondas penetran la corteza terrestre para mapear posibles yacimientos.

Sin embargo, el reporte científico destaca una brecha alarmante:

  • El impacto: Los disparos generan niveles de ruido que pueden superar los 250 decibeles, una potencia capaz de causar desde lesiones auditivas permanentes hasta la muerte en cetáceos, tortugas y peces, además de enmascarar su comunicación vital.
  • La regulación: Mientras países vecinos como Brasil o referentes globales como Nueva Zelanda exigen Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) obligatorio y zonas de exclusión estrictas, Uruguay opera con guías que dependen mayoritariamente de la observación visual.

«No se puede depender de un observador con binoculares en la cubierta de un barco para proteger a las ballenas, menos de noche o con mar picado. Sin tecnología acústica obligatoria, estamos operando a ciegas y poniendo en riesgo la biodiversidad», explican fuentes vinculadas a la investigación marina.

Un «colador» regulatorio

El artículo de referencia expone que los protocolos actuales de la ANCAP y el Ministerio de Ambiente se basan en directrices genéricas que no contemplan la especificidad de la fauna local.

Entre las falencias detectadas se enumeran:

  1. Ausencia de Línea de Base Acústica: Se desconoce el nivel de ruido natural del mar uruguayo antes de intervenir, lo que impide medir el daño real posterior.
  2. Falta de Paradas Automáticas: En normativas avanzadas, si se detecta un animal a cierta distancia (zona de exclusión), la operación debe detenerse inmediatamente. En Uruguay, la aplicación de esta medida es laxa o queda a criterio del operador.
  3. Temporadas Sensibles: No existen restricciones temporales firmes que prohíban la sísmica durante las épocas de migración de la Ballena Franca Austral, especie amenazada que utiliza nuestras costas.

¿Por qué importa ahora?

Uruguay ha adjudicado varios bloques offshore a gigantes petroleros internacionales. Estas empresas, aunque poseen tecnología de mitigación, suelen regirse por la normativa del país anfitrión. Si la vara uruguaya es baja, los costos operativos bajan, pero el pasivo ambiental aumenta.

La comunidad científica no exige necesariamente el cese de la búsqueda de recursos, sino la actualización urgente del marco regulatorio para equipararlo a los estándares de «Mejores Prácticas Internacionales», garantizando que el desarrollo energético no signifique el sacrificio del patrimonio natural oceánico.

Víctor Trezza advierte sobre la injerencia de bandas de Cerro Norte y la «ausencia del Estado» en zonas críticas

El Jefe de Policía de Maldonado, Crio. Gral. (R) Víctor Trezza, realizó un duro diagnóstico sobre la realidad operativa del departamento. Confirmó el desplazamiento de criminalidad capitalina hacia el este y la necesidad de recuperar el territorio en barrios donde la autoridad se había replegado.

El Jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, sacudió la agenda pública al ofrecer un balance crudo y directo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad en el departamento fernandino. En declaraciones recientes, el jerarca policial no solo confirmó la operación de células narco provenientes de Montevideo, sino que apuntó a una debilidad estructural con la que se encontró al asumir el mando: una marcada «ausencia del Estado» en territorios clave.

Trezza, quien asumió la jefatura en marzo de este año tras su gestión en Canelones, subrayó que uno de los principales obstáculos para la seguridad ciudadana ha sido el repliegue de la autoridad en ciertas zonas periféricas.

«Al llegar, nos encontramos con una ausencia del Estado en lugares donde el control territorial estaba debilitado. Ese vacío es el que aprovechan las organizaciones criminales para instalarse», explicó Trezza, reafirmando su política de saturación y patrullaje de alta visibilidad para revertir esta situación.

Uno de los puntos más alarmantes revelados por la inteligencia policial bajo el mando de Trezza es la confirmación del desplazamiento delictivo. Las investigaciones han detectado que la violencia en el departamento no es meramente local, sino que está siendo importada por grupos organizados.

El Jefe de Policía fue específico al señalar la presencia de delincuentes vinculados a facciones de Cerro Norte (Montevideo) operando en Maldonado. Según el análisis de Jefatura, estos grupos migran hacia el este buscando:

  1. Nuevos territorios de venta en un mercado de mayor poder adquisitivo.
  2. Refugio ante la presión policial en la capital.
  3. Imponer lógicas violentas para desplazar a los distribuidores locales («bocas») en ciudades como San Carlos y la capital departamental.

Frente a este escenario, la gestión de Trezza ha intensificado la coordinación con la Guardia Republicana y las unidades de investigación. El objetivo es claro: cortar los nexos logísticos entre la capital y el este, y evitar que estas células foráneas echen raíces profundas en la estructura social de Maldonado de cara a la temporada de verano.

La IDM evalúa acciones penales por apertura ilegal de calles en las Sierras del Tirol

La Intendencia de Maldonado (IDM) advirtió que no tolerará intervenciones urbanísticas sin autorización en zonas protegidas. La Dirección General de Asuntos Legales analiza llevar ante la Justicia el trazado de caminos detectado en una zona de alta sensibilidad ecosistémica.

La Intendencia de Maldonado (IDM) ha puesto la lupa sobre una serie de intervenciones irregulares detectadas en las Sierras del Tirol, una de las áreas de mayor valor paisajístico y ambiental del departamento. Tras la detección de la apertura de calles y el trazado de caminos sin los permisos correspondientes, el gobierno departamental advirtió que podría elevar una denuncia ante la Justicia contra los responsables.

Una advertencia contundente desde el área legal

La directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la IDM, la Dra. Adriana Graziuso, fue clara al respecto. Según la jerarca, estas acciones no solo violan las normativas de urbanismo vigentes, sino que representan un riesgo para la preservación de los recursos naturales de la zona.

«Estamos analizando la situación de cerca. Si se comprueba que se han realizado movimientos de tierra y apertura de vías sin la debida anuencia, la Intendencia procederá judicialmente para detener estas obras y exigir la reparación del daño causado», señalaron fuentes municipales.

Impacto en las Sierras del Tirol: ¿Por qué es una zona crítica?

Las Sierras del Tirol no son cualquier terreno. Se trata de un ecosistema que requiere cuidados especiales debido a su:

  • Topografía accidentada: Cualquier movimiento de suelo mal planificado genera erosión y afecta el drenaje natural del agua.
  • Valor paisajístico: El departamento de Maldonado protege estas vistas como parte de su patrimonio turístico y natural.
  • Regulación urbanística: La normativa prohíbe fraccionamientos o aperturas de calles que no pasen por un riguroso proceso de aprobación técnica y ambiental.

El procedimiento de la IDM ante irregularidades

Desde la administración del intendente Enrique Antía se ha mantenido una política de «tolerancia cero» a los fraccionamientos clandestinos y las obras «de hecho». El protocolo habitual en estos casos incluye:

  1. Inspección técnica: Funcionarios de Urbanismo y Medio Ambiente constatan los daños en el lugar.
  2. Notificación de cese: Se ordena la detención inmediata de cualquier maquinaria o trabajo.
  3. Vía Judicial: Si los responsables persisten o si el daño ambiental es irreversible, el caso pasa a la órbita penal.

Qué deben saber los potenciales compradores

Desde la Intendencia también se hace un llamado a la responsabilidad de la población. Adquirir terrenos en zonas donde no existen servicios garantizados o donde la apertura de calles es ilegal puede derivar en un grave problema patrimonial para el comprador, ya que nunca se podrá regularizar la propiedad ni obtener permisos de edificación.

Presupuesto Nacional: ¿Cómo afectan las novedades tributarias a empresas y contribuyentes en Uruguay?

La aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 incorporó una serie de cambios tributarios que comenzarán a regir, en su mayoría, a partir del 1.º de enero de 2026. Las modificaciones impactan tanto en empresas nacionales y multinacionales como en personas físicas, especialmente en materia de impuestos, regímenes de importación, facilidades de pago y fiscalización.

El nuevo marco legal busca adaptar el sistema tributario uruguayo a estándares internacionales, fortalecer la recaudación y mejorar los mecanismos de control, sin dejar de contemplar incentivos para la inversión y el desarrollo económico.

Impacto directo en empresas y grupos multinacionales

Uno de los cambios más relevantes es la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que apunta principalmente a grandes grupos multinacionales con presencia en Uruguay. Este tributo asegura que dichas empresas tributen una tasa efectiva mínima del 15% sobre sus rentas locales cuando, por beneficios o regímenes especiales, su carga impositiva sea inferior.

El impuesto se aplicará a entidades que integren grupos con ingresos consolidados globales iguales o superiores a 750 millones de euros, en línea con los acuerdos impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para estas compañías, el nuevo esquema implica una revisión de su planificación fiscal y un eventual aumento de la carga tributaria efectiva.

Cambios en la tributación de operaciones internacionales

La Ley de Presupuesto amplía el concepto de fuente de renta uruguaya, lo que puede afectar operaciones vinculadas a la transferencia de participaciones en entidades del exterior. Determinadas rentas obtenidas por no residentes quedarán gravadas en Uruguay cuando exista una conexión económica sustancial con activos situados en el país.

Este ajuste impacta especialmente en estructuras societarias, operaciones de compraventa empresarial y reorganizaciones corporativas, reforzando los mecanismos antiabuso y el control fiscal sobre transacciones internacionales.

Compras en el exterior: qué cambia para los contribuyentes

Otro punto que genera impacto directo en los consumidores es la modificación del régimen de envíos postales internacionales. A partir de la nueva normativa, se mantiene una franquicia anual de hasta 800 dólares para compras en el exterior, pero los envíos dejan de estar exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El IVA se aplicará según el valor del producto, con un mínimo de 20 dólares por envío, siempre que no supere los límites establecidos de peso y valor. Alternativamente, los contribuyentes podrán optar por un régimen simplificado que consiste en el pago del 60% del valor de la factura, que sustituye todos los tributos.

Esta modificación impacta especialmente en quienes realizan compras frecuentes a través de plataformas internacionales y obliga a recalcular el costo final de las importaciones personales.

Más control y nuevas reglas con la DGI

La Ley de Presupuesto introduce cambios en los procedimientos de la Dirección General Impositiva (DGI). A partir de ahora, las notificaciones se realizarán exclusivamente a través del domicilio electrónico fiscal, eliminando la posibilidad de constituir un domicilio físico para esos efectos.

Esto refuerza el control administrativo y exige a empresas y contribuyentes mantener actualizados sus canales digitales, ya que las comunicaciones electrónicas tendrán plena validez legal.

Facilidades de pago y regularización de deudas

En materia de cumplimiento fiscal, el nuevo marco amplía las facilidades de pago, permitiendo financiar deudas tributarias en plazos de hasta 72 meses. Se habilitan distintos mecanismos de cancelación, incluyendo cuotas variables y retenciones, lo que representa una herramienta relevante para empresas y personas con obligaciones pendientes.

Esta medida apunta a mejorar la recaudación sin recurrir exclusivamente a sanciones, favoreciendo la regularización voluntaria.

Incentivos y créditos fiscales

El Presupuesto también prevé la posibilidad de otorgar créditos fiscales a empresas que realicen inversiones productivas, generen empleo o impulsen innovación y tecnología. Si bien los detalles quedarán sujetos a reglamentación, el objetivo es mantener incentivos para sectores estratégicos de la economía.

Un nuevo escenario tributario

En conjunto, las novedades tributarias de la Ley de Presupuesto 2025-2029 configuran un escenario que exige mayor planificación fiscal, tanto para empresas como para contribuyentes individuales. El énfasis está puesto en la transparencia, el alineamiento internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control, con impactos que se sentirán progresivamente a partir de 2026.

Sanatorio Mautone estrenó un moderno piso de cuidados moderados con inversión de USD 3,5 millones

El Sanatorio SEMM Mautone presentó este viernes 12 de diciembre la ampliación y reforma de su tercer piso, un proyecto que incorpora nuevas áreas de internación, tecnología aplicada al cuidado del paciente y criterios de sostenibilidad. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien destacó el impacto de la obra para el desarrollo del departamento.

Abella subrayó que la inversión en infraestructura sanitaria es clave en una zona que continúa creciendo en población y demanda asistencial. “Quien invierte hoy en salud acompaña el desarrollo de Maldonado. Esto es fundamental para nuestra gente y también para quienes nos visitan”, afirmó durante la inauguración. Además, valoró la integración entre diseño, tecnología y sostenibilidad, al considerar que son elementos “muy importantes para los tiempos que vive el mundo”.

La intervención abarcó un total de 735 metros cuadrados, de los cuales 185 m² corresponden a áreas remodeladas y 550 m² a construcciones nuevas. El renovado piso incorpora 12 habitaciones individuales de cuidados moderados, diseñadas bajo criterios biofílicos que priorizan la iluminación natural, el confort térmico y el bienestar del paciente.

El espacio también suma una sala de espera, oficinas de enfermería, sala de reuniones, tisanería, baños para funcionarios y áreas de apoyo que amplían y modernizan la operativa del centro asistencial.

El director del Sanatorio Mautone, Gustavo Rodríguez, explicó que el proyecto se desarrolló combinando eficiencia energética, aislamiento térmico y tecnologías alineadas con la política de sostenibilidad de la institución. “Creemos que salud y sostenibilidad van de la mano; cuidar los recursos es también cuidar la salud de la población”, señaló.

La inversión total ascendió a 3,5 millones de dólares, financiados por el Banco República. Según Rodríguez, la obra forma parte del sector de cuidados moderados ubicado en el tercer piso, que ahora alcanza unos 850 m² entre nuevas construcciones y zonas recicladas.

Finalmente, el director adelantó que el sanatorio ya proyecta futuras ampliaciones en terrenos próximos y evalúa posibles desarrollos en el área donde antiguamente funcionaba el helipuerto.