Cancelación del Proyecto Neptuno: organizaciones advierten sobre riesgos ambientales y falta de participación
La reciente cancelación del proyecto Arazatí —también conocido como Neptuno— por parte del actual gobierno ha reavivado el debate en torno al uso y gestión del agua en Uruguay. Mientras el expresidente Luis Lacalle Pou calificó la decisión como “política y técnicamente desacertada”, desde organizaciones sociales surgieron nuevas críticas a cómo se manejó el proceso desde su origen.
Sofía Mansilla, integrante de la organización ambientalista Tucu Tucu, recordó que el proyecto Arazatí viene siendo resistido por diversas organizaciones desde su formalización en 2021. “Desde la playa, acá en Arazatí, entendimos que debíamos saber qué era este proyecto. Lo que encontramos fue un camino que llevaba a la privatización del agua”, afirmó.
Según Mansilla, ya desde décadas atrás se había identificado que el agua en esa zona del Río de la Plata tenía niveles de salinidad incompatibles con el consumo humano. “Esa agua no se puede potabilizar. Técnicos independientes se lo dijeron directamente a la mesa del Consejo Regional. Incluso se comprobó que esa agua podía enfermar a la gente”.
Las críticas también apuntan a la falta de participación y transparencia en la toma de decisiones. “Solicitamos reiteradamente consejos regionales para discutir el proyecto Neptuno. Durante meses no se nos convocó. En enero de 2022 se organizaron tres consejos seguidos, pero fueron solo para legitimar el proyecto y no hubo diálogo real”, sostuvo la vocera de Tucu Tucu.
Mansilla también cuestionó la narrativa sobre el supuesto consenso con los vecinos: “El exministro Adrián Peña decía públicamente que había diálogo, pero nosotros lo solicitábamos formalmente y no éramos escuchados. Las cartas están, las notas están, y nunca se permitió conformar una comisión de cuenca como establece el decreto 264/011”.
Otro punto de tensión ha sido la evaluación técnica del entorno. “Se pretendió construir una toma de agua en una zona estuarial, donde hoy se pesca fauna marina. Además, durante los períodos de sequía, se registraron los mayores niveles de salinidad, lo que hace inviable el proyecto sin una planta desalinizadora, que terminaría aumentando aún más los costos”, afirmó Mansilla.
Frente a estos antecedentes, la organización considera “acertada y responsable” la decisión de suspender Arazatí y repensar la estrategia hídrica del país. “Es necesario estudiar mejor el Río de la Plata, que no está suficientemente caracterizado, y discutir con transparencia cómo gestionamos nuestros recursos, a quién se destina el agua y con qué criterios”.
El nuevo rumbo: planta sobre el río Santa Lucía
El gobierno anunció esta semana la cancelación del contrato firmado en la administración anterior con el consorcio Aguas de Montevideo y propuso una alternativa: construir una planta potabilizadora de 200.000 m³ en la cuenca del Santa Lucía, cerca de Aguas Corrientes. Según el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, esta nueva solución reducirá los costos en un tercio respecto al proyecto Neptuno, al tiempo que evitará multas contractuales gracias a un acuerdo con la empresa.
La nueva propuesta contempla también obras complementarias como una reserva de agua bruta en Solís Chico y una quinta línea de bombeo. El gobierno insiste en que el nuevo esquema permitirá diversificar fuentes, mejorar la eficiencia y evitar impactos ambientales sobre la zona costera del Río de la Plata.
Desde Tucu Tucu y otras organizaciones, sin embargo, se reclama que el debate trascienda los aspectos técnicos y contractuales. “Hay que discutir para quién es el agua. Hoy hay industrias instaladas sobre los acuíferos, y nadie controla su impacto. Necesitamos una política pública clara, sustentable y con participación real de la ciudadanía”, concluyó Mansilla.



