3 de febrero de 2026
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Epstein en Punta del Este: Los vínculos con Roberto Giordano y Ehud Barak.

Archivos desclasificados en EE. UU. confirman que el magnate financiero y delincuente sexual visitó el balneario uruguayo y realizó giros de dinero al estilista argentino. Las revelaciones coinciden con denuncias por el uso de menores en los desfiles de Giordano.  

Por: Redacción (Con información revelada por el periodista Eduardo Preve)

El escándalo de Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense que lideró una red de tráfico y abuso de menores vinculada a la élite mundial, ha golpeado las costas de Punta del Este. Documentos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrojan luz sobre los movimientos del magnate en el Cono Sur, estableciendo vínculos directos con el balneario uruguayo y con figuras centrales del espectáculo regional.  

Según los archivos analizados, la relación de Epstein con Punta del Este no fue solo de carácter turístico, sino que involucró transacciones financieras y una agenda de contactos que incluía a ex mandatarios internacionales.

Los giros a Roberto Giordano: El rastro del dinero

Uno de los puntos más explosivos de la desclasificación —información que ha seguido de cerca el periodista Eduardo Preve— es la confirmación de giros de dinero realizados por Epstein a favor del peluquero y empresario argentino Roberto Giordano.

Los documentos detallan transferencias bancarias efectuadas en enero de 2006, una fecha que hoy adquiere una connotación sombría. En aquel entonces, Giordano —el máximo referente de los desfiles de modelos en Punta del Este— fue denunciado públicamente por la inclusión de niñas menores de 15 años en sus pasarelas, a quienes presentaba bajo el rótulo de las «estrellas del futuro».

El vínculo financiero entre un delincuente sexual convicto, conocido por utilizar el mundo del modelaje para captar víctimas, y el organizador de los eventos más mediáticos del verano esteño, abre una nueva e inquietante línea de interrogantes sobre el alcance de las actividades de Epstein en Uruguay.

Punta del Este en la agenda geopolítica de Epstein

La presencia del magnate en Uruguay también queda registrada en sus comunicaciones con líderes mundiales. En uno de los contactos directos filtrados entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, ambos pactaban un encuentro personal.  

En dichas comunicaciones, el estadounidense pospuso la reunión para concretarla inmediatamente después de un viaje a Punta del Este, el cual habría realizado sobre finales de 2016. Esta revelación confirma que el balneario era un destino recurrente o estratégico en la ruta privada de Epstein, incluso años después de sus primeras condenas por delitos sexuales.

Un escándalo que no deja de crecer

La revelación de estos archivos ha causado un terremoto mediático a nivel global. Jeffrey Epstein, quien falleció en 2019 en una prisión de Nueva York en circunstancias calificadas como «extrañas», mantenía una agenda de contactos que incluía a presidentes, príncipes y figuras de Hollywood.  

En Uruguay, la conexión con los desfiles de Giordano y las denuncias sobre el uso de menores en esos eventos vuelven a poner el foco en la falta de controles sobre la industria de la moda y los eventos de élite durante décadas. Mientras la justicia estadounidense continúa liberando datos, la sociedad esteña observa con asombro cómo los hilos de la red de corrupción más infame del siglo XXI se anudaron, también, frente a la Isla de Gorriti.

Golpe al «turismo delictivo» en José Ignacio: Cae banda de Montevideo que operaba con tarjetas robadas

Tras una persecución preventiva en La Juanita, la Policía detuvo a cuatro personas vinculadas a hurtos bajo la modalidad de «descuidistas». Se incautaron tarjetas de crédito corporativas, 700.000 pesos argentinos y mercadería de lujo.

Por: Redacción Policiales | Maldonado, Uruguay

En un operativo certero llevado adelante por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV, la Policía de Maldonado logró desarticular una banda criminal proveniente de Montevideo que se encontraba operando en la exclusiva zona de José Ignacio.

La intervención tuvo lugar este 1.º de febrero en la intersección de Ruta 10 y Los Lobos, en la localidad de La Juanita. Gracias al cruce de información entre diversas zonas operacionales, los efectivos interceptaron un vehículo bajo la sospecha de que sus ocupantes estaban vinculados a una serie de hurtos y estafas con plásticos sustraídos.

El perfil de los detenidos

Al identificar a los ocupantes, la Policía confirmó que tres de ellos cuentan con un frondoso prontuario:

• Un hombre de 42 años y dos mujeres de 38 y 29 años, todos con antecedentes penales.

• Un cuarto hombre, de 36 años, quien hasta el momento carecía de registros judiciales.

El botín: Perfumería, «Black» y pesos argentinos

Durante la inspección del vehículo, los efectivos hallaron pruebas contundentes de un reciente «raid» delictivo. Se incautaron bolsas con productos de perfumería, prendas de vestir de marca y cartones de cigarrillos, presuntamente adquiridos con las tarjetas robadas.

Además de la mercadería, los agentes incautaron:

• Dos tarjetas de crédito de categoría «Black» (de alto límite de crédito).

• 700.000 pesos argentinos en efectivo.

El descuido del titular

Lo llamativo del caso es que el titular de las tarjetas aún no se había percatado del robo. Según la investigación, los delincuentes habrían sustraído los efectos del interior de su vehículo, el cual se encontraba estacionado en la Rambla de los Vientos. Se estima que la banda aprovechó un descuido para forzar o abrir el coche y vaciar las pertenencias antes de emprender compras rápidas para «agotar» los saldos.

El operativo contó con el respaldo de la Seccional 13.ª y el Grupo PUMA. La Fiscalía Letrada de 3.º Turno tomó cartas en el asunto, disponiendo que los cuatro detenidos sean conducidos a sede judicial para determinar su imputación.

El oficialismo aprobó en solitario la construcción de edificios sobre la línea de ribera del Arroyo Maldonado

En una tensa sesión, la mayoría del Partido Nacional dio luz verde a una nueva excepción a la normativa de construcción. El proyecto habilita tres bloques en una zona sensible, pese al rechazo en bloque del Frente Amplio y el Partido Colorado, que alertaron sobre la falta de informes ambientales y el impacto en los humedales.

La Junta Departamental de Maldonado volvió a ser escenario de un duro enfrentamiento entre el modelo de desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental. En las últimas horas, la bancada del Partido Nacional (PN) hizo valer su mayoría para aprobar una excepción constructiva de alto impacto: un complejo de tres edificios que se erigirá en las márgenes del Arroyo Maldonado, una de las zonas de mayor fragilidad ecosistémica del departamento.

La votación, que culminó sin el apoyo de la oposición, habilita la construcción de tres bloques con alturas de 7, 8.6 y 12 metros respectivamente. El punto más crítico del debate —y el que encendió las alarmas de vecinos y ambientalistas— es que uno de los edificios se proyecta directamente sobre la línea de ribera, interviniendo una franja de protección costera fundamental para el equilibrio de los humedales.

Desde la oposición, la crítica fue feroz. El edil del Frente Amplio (FA), Juan Urdangaray, calificó la aprobación como un atropello al ordenamiento territorial. La bancada de izquierda argumentó que el expediente llegó al plenario con una carencia grave: la ausencia de informes ambientales técnicos que avalen una intervención de tal magnitud en un ecosistema protegido.

«Lo que se votó hoy afecta directamente a los humedales y viola reglas claras. Estamos ante un desastre ambiental potencial avalado sin estudios serios, priorizando el cemento sobre el patrimonio natural de los vecinos», sostuvo Urdangaray, remarcando que el FA se mantuvo alineado con los reclamos de las organizaciones barriales que se oponen a la obra.

Un hecho político relevante de la jornada fue la postura del Partido Colorado (PC). Distanciándose de sus socios de coalición a nivel nacional, los ediles colorados decidieron no acompañar la excepción.

Su negativa se fundamentó en los riesgos ambientales evidentes y la afectación irreversible del paisaje del Arroyo Maldonado. Esta decisión dejó al Partido Nacional votando en soledad, evidenciando que la preocupación por el avance sobre la faja costera trasciende las barreras ideológicas tradicionales.

Por su parte, el oficialismo defendió la aprobación bajo la bandera de la reactivación económica y la generación de empleo. La edil del Partido Nacional, Verónica Robaina, argumentó que detener este tipo de inversiones es frenar el motor del departamento.

«Las obras generan trabajo y desarrollo para Maldonado. No podemos decirle que no a la inversión que trae el pan a la mesa de los trabajadores de la construcción», expresó Robaina, minimizando el impacto ambiental en pos del dinamismo económico.

Expertos en urbanismo advierten que la acumulación de «excepciones» en Maldonado está desdibujando el Plan de Ordenamiento Territorial, transformando la regla en letra muerta. La construcción sobre la línea de ribera sienta un precedente complejo para la protección de las cuencas hídricas, en un momento donde la presión inmobiliaria sobre el este uruguayo alcanza niveles históricos.

Comprueban grave daño ambiental y tala de monte nativo en las Sierras del Tirol

Autoridades nacionales y departamentales inspeccionaron la zona tras denuncias de vecinos. El Ministerio de Ambiente confirmó la afectación de ecosistemas protegidos en un área bajo medidas cautelares.

En una jornada marcada por la preocupación de las autoridades, el Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), Alejandro Nario, encabezó este lunes una recorrida técnica por las inmediaciones de las Sierras del Tirol. El objetivo fue constatar de primera mano las denuncias sobre obras irregulares, movimientos de suelo y tala indiscriminada de especies autóctonas en una zona de alta sensibilidad ecológica.

La comitiva contó con la presencia del diputado Joaquín Garlo, el edil Jorge Pieri, autoridades de la Intendencia de Maldonado y un grupo de vecinos movilizados. Durante la inspección, los jerarcas observaron la apertura de calles y fraccionamientos que violan las normativas vigentes.

La zona afectada se encuentra protegida por medidas cautelares departamentales que prohíben explícitamente el fraccionamiento del suelo. Estas restricciones forman parte de la elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Cuenca de la Laguna del Sauce, una reserva estratégica de agua dulce para el departamento.

Tras finalizar la recorrida, Alejandro Nario fue tajante sobre la situación observada: «El daño llama poderosamente la atención; claramente hay afectación a ecosistemas de monte nativo».

El director de DINACEA subrayó que, desde la perspectiva ambiental, el perjuicio es innegable y que los equipos técnicos de las divisiones de Biodiversidad y Control ya se encuentran trabajando en el relevamiento detallado.

La gravedad del caso no se limita al impacto ecológico, sino que también alcanza la esfera legal y profesional. Nario adelantó que se iniciará una ronda de contactos con los profesionales involucrados en las obras.

«Vamos a estar contactando a los técnicos intervinientes, a los escribanos y agrimensores, para determinar cuál fue su participación. Estamos hablando de actuaciones en un lugar que tenía medidas cautelares de la Intendencia; por lo tanto, no debería haberse actuado», sentenció el jerarca.

El Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado han programado una reunión para la próxima semana con el fin de coordinar acciones conjuntas. El enfoque estará puesto en dos ejes:

  1. Sanciones: Evaluación de multas y responsabilidades legales para quienes ordenaron y ejecutaron las obras sin autorización.
  2. Recomposición: Exigir a los responsables un plan de restauración del ecosistema dañado para mitigar el impacto en la biodiversidad local.

Por el momento, la zona permanece bajo vigilancia técnica, mientras la comunidad espera que las medidas legales frenen definitivamente la degradación de uno de los paisajes más emblemáticos y vulnerables de las sierras fernandinas.

La trama de los US$ 110 millones que salpica a la AFA en Uruguay

Una investigación conjunta revela cómo fondos de la Selección Argentina terminaron en una zona franca de Montevideo y paraísos fiscales. La «Ruta del Dinero» de Claudio Tapia pone en jaque la transparencia de la institución.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su hora más oscura. Mientras la Selección Argentina celebra éxitos deportivos, en los despachos judiciales de Buenos Aires se reconstruye un rompecabezas financiero que involucra empresas fachada en Estados Unidos, agentes de valores en Uruguay y cuentas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

El eje del escándalo son US$ 109,9 millones que, según documentos bancarios y judiciales, fueron desviados del flujo comercial de la AFA hacia una compleja estructura de triangulación internacional.

La investigación, encabezada por los periodistas Hugo Alconada Mon (La Nación) y Eduardo Preve en Uruguay, identifica a TourProDenter LLC como la pieza clave. Esta firma, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni —amigo íntimo de Claudio «Chiqui» Tapia—, es el agente exclusivo de los derechos comerciales de la Selección en el exterior.

Según las pruebas recolectadas, esta empresa remitió los casi 110 millones de dólares a Adcap Uruguay Agente de Valores, operadora instalada en el centro de negocios Zonamérica. Desde allí, el dinero habría saltado hacia las Islas Vírgenes Británicas bajo la figura de «custodia de valores», perdiéndose el rastro del beneficiario final en la opacidad de los paraísos fiscales.

No solo se investiga el flujo hacia Uruguay. La justicia ha detectado que otros US$ 42 millones fueron derivados a una red de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC) en Estados Unidos, tales como Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. Estas firmas comparten características alarmantes:

  • Carecen de empleados y oficinas físicas.
  • No presentan actividad comercial real declarada.
  • Aparecen en los balances de la AFA de forma extemporánea solo tras la presión de los organismos de control.

Desde la sede de la calle Viamonte, la respuesta ha sido una contraofensiva mediática y política. El entorno de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino sostienen que la denuncia es una «campaña de difamación» orquestada para forzar la entrada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

En cuanto a la operativa en Uruguay, la defensa técnica de la AFA argumenta que el movimiento de fondos hacia Zonamérica fue una estrategia de «preservación de valor de activos» frente a la devaluación del peso argentino, negando cualquier irregularidad. Sin embargo, la justicia pone el foco en por qué esos fondos nunca ingresaron a las cuentas oficiales de la institución en el momento de su percepción.

A finales de diciembre de 2025, la situación escaló con allanamientos en el predio de Ezeiza y la interceptación de Javier Faroni en Aeroparque. El empresario, al momento de ser abordado por la PSA cuando intentaba viajar a Uruguay, intentó descartar un teléfono celular, gesto que la justicia interpretó como un intento de destrucción de evidencia.

La fiscalía ahora busca determinar si estos movimientos financieros constituyen delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal agravada. El «Efecto Uruguay» podría ser el hilo que termine por desarmar el entramado de poder que ha regido el fútbol en los últimos años.

Menos devolución y nuevos topes: Guía para entender los cambios en el FONASA desde 2026

El Poder Ejecutivo firmó un decreto que modifica la forma en que se calculan los aportes al Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes dejan de cobrar la devolución y por qué ahora el «tope» es más alto? Te lo explicamos de forma sencilla.

El sistema de salud uruguayo atraviesa un cambio estructural que se sentirá con fuerza en los próximos años. El reciente decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi ajusta las «reglas de juego» del FONASA, lo que ha generado un intenso debate entre el Gobierno, que busca sostenibilidad financiera, y la oposición, que lo califica como un «ajuste oculto».

Pero, más allá de la política, ¿qué significa esto para el trabajador o el jubilado común?

El cambio en el «Tope»: El corazón de la medida

Para entender la noticia, primero hay que recordar qué es el Costo Promedio Equivalente (CPE). Básicamente, es lo que el Estado calcula que «cuesta» tu atención médica y la de tus beneficiarios (hijos, cónyuge).

Hasta ahora, si tus aportes mensuales superaban ese costo promedio por un margen determinado, el Estado te devolvía el sobrante cada mes de septiembre.

¿Qué cambió?

El gobierno aumentó el tope anual de aporte. Según los datos actuales, el tope subirá de aproximadamente $57.936 a $80.316 anuales. Al ser el techo más alto, es mucho más difícil «pasarse» y, por lo tanto, habrá menos dinero para devolver.

2. ¿A quiénes afecta realmente?

No afecta a todos por igual. Los cambios están dirigidos a los sectores de ingresos medios-altos y altos:

  • Trabajadores: Aquellos que ganan por encima de los $113.167 nominales aproximadamente.
  • Jubilados y pensionistas: Quienes perciben más de $122.598 nominales.

Se estima que, para el año 2027 (cuando se liquide lo aportado en 2026), casi la mitad de las personas que hoy reciben devolución dejarán de hacerlo. De los 155.000 beneficiarios actuales, la cifra caería a unos 81.000.

3. ¿Por qué se tomó esta decisión?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumenta que el cálculo anterior era «poco realista». Se basaba en la idea de que todos los usuarios tenían cobertura desde el nacimiento hasta la edad promedio de vida, sin considerar que los tramos de mayor edad (donde están los jubilados) son mucho más costosos para el sistema.

Con esta nueva metodología, el sistema busca recaudar más dinero para tapar el déficit del FONASA y asegurar que las mutualistas puedan seguir operando ante el aumento de los costos de salud.

Resumen: ¿Qué pasará con mi dinero?

SituaciónAntes de la reformaCon el nuevo decreto (desde 1° de enero)
Aportes mensualesSe mantienen iguales (4.5%, 6%, etc., según el caso).Se mantienen iguales, pero el tope anual sube.
Devolución en 2026Cobrarás lo acumulado en 2025 (sin grandes cambios).Sin cambios, el impacto es sobre lo aportado a partir de 2026.
Devolución en 2027Muchos esperaban cobrar un monto similar.Gran impacto: Miles de personas dejarán de cobrar o cobrarán mucho menos.

En palabras simples…

Imagina que el FONASA es una «alcancía compartida». Antes, si ponías más de lo que el sistema decía que «gastabas», te devolvían el cambio a fin de año. Ahora, el Gobierno ha decidido que lo que «gastas» es más caro de lo que se pensaba. Por lo tanto, aunque pongas la misma cantidad de plata, el sistema se quedará con una parte mayor para cubrir los gastos de salud de todos, y habrá menos «cambio» para devolverte en septiembre.

Simulador: Impacto Devolución FONASA 2026

*Cálculo basado en el nuevo tope anual de $80.316. Los montos son estimaciones anuales ilustrativas.

El movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo cae cerca de 30% en 2025

El principal puerto uruguayo enfrenta una fuerte contracción en la actividad de contenedores durante 2025, afectado por decisiones de navieras, competencia regional y conflictos sindicales. Aunque otras cargas y segmentos crecieron, la reducción de contenedores en tránsito plantea desafíos para la competitividad logística del país.

La actividad vinculada al movimiento de contenedores en el Puerto de Montevideo registra una caída sustancial en 2025, con una reducción estimada en torno al 30% en el volumen de TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) respecto al año previo.

Según datos oficiales y estimaciones, en 2024 el puerto movilizó alrededor de 1.100.000 TEUs, mientras que para 2025 se proyecta que ese número se reducirá a aproximadamente 850.000 TEUs, reflejando la contracción del tráfico contenerizado.

Causas de la caída

El descenso en el movimiento de contenedores está asociado principalmente al retiro de servicios de tránsito de cargas por parte de importantes navieras internacionales, entre ellas Mediterranean Shipping Company (MSC) y Hapag-Lloyd, que optaron por otros puertos en la región para sus operaciones de transbordo y tránsito de mercancías.

Este cambio en las rutas de las líneas navieras se suma a mejoras operativas en puertos argentinos, como el de Buenos Aires, que han agilizado sus procedimientos aduaneros y logísticos, atrayendo parte de los tráficos que históricamente pasaban por Montevideo.

Además, la implementación de controles aduaneros más estrictos, que implican la inspección del 100% de los contenedores provenientes de Paraguay, ha generado demoras operativas y dificultades para mantener los volúmenes de carga en tránsito.

Conflictos y gestión interna

Durante 2025, el puerto también enfrentó varios episodios de conflictividad sindical, con paros y asambleas que, según representantes del sector, afectaron la fluidez operativa. La presidenta del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, destacó que estos conflictos figuran como uno de los factores que limitan una mayor actividad portuaria, y que las negociaciones con gremios continuarán en enero de 2026.

El rol de la Administración Nacional de Puertos (ANP) también fue foco de tensiones políticas el año pasado, con remociones y reemplazos de jerarcas que, según críticos, generaron incertidumbre administrativa en un momento clave para las operaciones marítimas.

Contrastes positivos

A pesar de la caída en los movimientos de contenedores, otras modalidades de carga mostraron desempeños positivos, compensando parcialmente los resultados globales del puerto. Incrementos se registraron en cargas de graneles, minerales, vehículos, madera, celulosa y pasajeros, e incluso algunas terminales especializadas alcanzaron récords históricos en volumen movilizado en 2025.

La Terminal de Graneles Montevideo (TGM), por ejemplo, cerró el año con un volumen récord de 1.686.000 toneladas movilizadas, lo que atenuó el impacto de la caída contenerizada y contribuyó a equilibrar la performance general del recinto portuario.

Desafíos para la competitividad

Expertos y operadores del sector advierten que la pérdida de volúmenes de contenedores —especialmente los vinculados a tránsito regional— puede afectar la posición estratégica del puerto de Montevideo como hub logístico en el Cono Sur, reduciendo la captación de cargas que generan actividad comercial y empleo.

La reanudación de obras de expansión en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el impulso a la modernización de infraestructura figuran entre las prioridades para revertir tendencias negativas. Sin embargo, la competitividad portuaria dependerá de la coordinación entre autoridades estatales, operadores privados y gremios para mejorar la eficiencia y atraer nuevamente tránsitos de cargas internacionales.

Perspectivas hacia 2026

Mientras se trabaja en soluciones estructurales, incluyendo negociaciones con navieras y mejoras técnicas en la logística portuaria, el sector mira con atención al próximo año en busca de señales de recuperación. El desafío será recuperar la confianza de los operadores regionales, minimizar los obstáculos administrativos y fortalecer la posición de Montevideo frente a puertos competidores en Argentina y Brasil.

Gobierno impulsa decreto para que los precios se exhiban en moneda nacional, aunque también puedan verse en dólares

El Poder Ejecutivo, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU), trabaja en un decreto que exigirá que los precios de bienes y servicios sean presentados en pesos o Unidades Indexadas (UI), aun cuando continúen mostrando su valor en dólares. La medida forma parte de un paquete orientado a promover la desdolarización de la economía uruguaya y fortalecer el uso de la moneda local en transacciones y ahorro.

El Gobierno nacional prepara la promulgación de un decreto que establecerá la obligación de exhibir los precios de bienes y servicios en moneda nacional, ya sea en pesos uruguayos o en Unidades Indexadas (UI), aunque se podrá complementar con la presentación en dólares estadounidenses.

La iniciativa, que aún no cuenta con una fecha definida para su entrada en vigencia, forma parte de una batería de medidas coordinadas entre el MEF y el BCU con el objetivo de fomentar el uso de la moneda local y reducir la dolarización de la economía, una característica estructural de mercados como el inmobiliario y el de bienes durables.

Según fuentes oficiales, el decreto buscará que los consumidores puedan comparar precios y elegir la moneda en la cual desean efectuar una compra, con la garantía de que la moneda de curso legal —el peso uruguayo— esté presente en la exhibición de los valores.

La normativa alcanzaría distintos rubros de bienes durables, incluyendo electrodomésticos y automóviles, que tradicionalmente se ofertan en dólares en Uruguay. El proyecto también contempla que los precios de inmuebles se muestren en Unidades Indexadas, una unidad que ajusta semanalmente de acuerdo con la inflación, aunque no impedirá la doble visualización con el dólar.

Las autoridades entienden que la costumbre de exhibir valores solo en dólares puede inducir a los consumidores a ahorrar en esa divisa, aun cuando ello implique un riesgo de pérdida de poder adquisitivo frente a bienes cuya cotización real se ajusta por inflación o con mayor estabilidad en moneda nacional.

La medida se suma a otras políticas impulsadas por el BCU para desincentivar el uso de depósitos en dólares y favorecer los instrumentos financieros en pesos. Entre estas se encuentran recientes cambios en el régimen de encajes bancarios que reducen la rentabilidad de depósitos en moneda extranjera y favorecen los realizados en pesos —un cambio previsto para comenzar a regir en el primer trimestre de 2026—.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha señalado en anteriores intervenciones que al alinear precios, ahorro y crédito en moneda nacional, se reduce la exposición a riesgos cambiarios y se fortalece la estabilidad macroeconómica.

Fuentes oficiales han señalado que aún resta un período de diálogo con el sector empresarial para considerar las circunstancias operativas antes de la redacción final del decreto. Asimismo, se prevé un tiempo de adaptación para las empresas, por lo que la aplicación efectiva podría demorarse tras la aprobación formal de la norma.

El Gobierno contempla que la medida no será inmediata, y que su implementación gradual permitirá a las empresas ajustar sus sistemas de exhibición de precios sin generar distorsiones abruptas en los mercados.

La propuesta ha abierto un debate entre economistas y empresarios sobre el impacto que puede tener en la inflación de precios, en la elección de moneda por parte de los consumidores y en la competitividad de los mercados. Algunos analistas sostienen que obligar a mostrar precios en moneda local puede fortalecer la demanda de pesos y reducir la preferencia por activos y transacciones en dólares, mientras que otros advierten sobre posibles costos de adaptación para las empresas y cambios en la estructura de precios de bienes durables.

Para varios sectores del comercio y la industria, la medida podría demandar inversiones en sistemas de exhibición y actualización de precios, así como una adaptación de la comunicación comercial con los consumidores. Tanto el MEF como el BCU mantienen abierto el canal de diálogo con representantes del sector privado para consensuar líneas de implementación que permitan minimizar costos transaccionales y cumplir con los objetivos de política económica.

Con esta iniciativa, el Gobierno ratifica su apuesta por fortalecer la moneda nacional como eje de referencia en la economía, en un contexto en que la exhibición y utilización de precios en dólares se mantiene como práctica extendida, especialmente en sectores de bienes durables y transacciones de alto valor. La medida se perfila como un componente clave dentro de un esquema más amplio de políticas monetarias y cambiarias destinadas a impulsar la desdolarización y promover la estabilidad financiera en el mediano plazo.

¿La Inteligencia Artificial marca el final de una era para las empresas de servicios tecnológicos?

Especialistas señalan que la adopción de inteligencia artificial está transformando radicalmente los modelos de negocio tradicionales de las empresas de servicios tecnológicos, desplazando el paradigma de remunerar horas de trabajo hacia esquemas basados en productividad, valor y soluciones integradas. El desafío para las firmas radica en adaptarse a un mercado donde la IA redefine productividad, competencias profesionales y estrategias comerciales.

La expansión de la inteligencia artificial (IA) constituye, según expertos, un punto de inflexión histórico para las empresas de servicios tecnológicos, especialmente aquellas centradas en el cobro por horas de trabajo profesional. En una era en la que el costo marginal del tiempo tiende a cero por el uso intensivo de herramientas de generación automática de código y soluciones, los modelos tradicionales de negocio están siendo cuestionados y deben evolucionar.

Marcel Mordezki, catedrático en innovación tecnológica, afirma que la IA produce una “disociación entre esfuerzo y resultado”, por lo que la tradicional ecuación de remunerar horas de trabajo tiende a desaparecer, obligando a las empresas de servicios a replantear sus estrategias. Bajo este nuevo contexto, “el tiempo ya no será nuestra moneda de cambio” y los ingresos basados en tarifas horarias están condenados a reducirse si no se adopta un enfoque centrado en valor y productividad.

El sector de servicios tecnológicos vivió una prolongada etapa de crecimiento centralizada en la prestación de mano de obra calificada para resolución de proyectos de software y soluciones digitales. Este modelo, que cobró impulso especialmente entre 2000 y 2020, se sustentó en la venta de talento local a mercados extranjeros con altos márgenes. Sin embargo, con la integración de IA, esta dinámica quedó obsoleta, señala el experto.

Frente a la caída de la importancia de vender horas de desarrollo, las compañías ahora enfrentan la necesidad de rediseñar sus ofertas hacia modelos que promuevan soluciones completas y de alto impacto. Se destacan estrategias como “integración hacia adelante” y contratos basados en participación en resultados (revenue sharing), donde la empresa tecnológica y su cliente comparten el valor generado por la mejora de procesos o productividad.

A nivel operativo, la IA también está modificando la conformación de los equipos de trabajo. En lugar de estructuras tradicionales con múltiples programadores, se propone la formación de equipos orientados a resultados (Outcome), con líderes de producto y expertos en dominios específicos que orquestan herramientas de IA para obtener métricas de impacto, en lugar de reportes de horas trabajadas.

Este nuevo enfoque implica, según especialistas, que una parte considerable de la fuerza laboral tecnológica deba recapacitarse: desaprender prácticas centradas en programación tradicional y asumir roles vinculados a ingeniería de IA, análisis de datos y supervisión de procesos automatizados.

Empresarios del sector tecnológico uruguayo han demostrado una apertura al cambio, reconociendo la necesidad de adaptar sus modelos de negocio ante las transformaciones impulsadas por la IA. El país, inserto en la Cuarta Revolución Industrial donde convergen datos, automatización y digitalización, busca consolidar su posición como proveedor de soluciones inteligentes y competitivas.

En este contexto, firmas nacionales e internacionales están explorando nuevos formatos de trabajo que integran sistemas automatizados, desarrollo de soluciones personalizadas con IA y la oferta de servicios de consultoría tecnológica avanzada para empresas de otros sectores.

La transformación marcada por la IA plantea tanto desafíos como oportunidades: si bien puede reducir la necesidad de mano de obra tradicional en servicios tecnológicos, también impulsa la creación de valor agregado mediante innovación, integración tecnológica y análisis avanzado, elementos que las empresas deberán incorporar para sostener y escalar sus operaciones.

Para las organizaciones que lideran la transición, la clave será centrarse no en competir por horas de trabajo, sino en ofrecer soluciones que generen resultados medibles para sus clientes, alineando así sus modelos de negocio con las demandas del mercado contemporáneo.

OSE y la Intendencia de Maldonado impulsan un modelo de financiación privada para el saneamiento de José Ignacio

Ante la saturación de los sistemas actuales y el riesgo ambiental en la laguna, las autoridades plantean que los desarrolladores inmobiliarios y grandes propietarios asuman el costo de las nuevas obras de agua potable y saneamiento en el balneario esteño.

La expansión inmobiliaria de José Ignacio y sus zonas aledañas, como La Juanita, ha puesto en jaque la infraestructura de servicios básicos del lugar. Ante los reclamos vecinales por la saturación de los sistemas de saneamiento y el riesgo de contaminación de la Laguna José Ignacio, OSE y la Intendencia de Maldonado (IDM) han puesto sobre la mesa una solución que promete debate: que las obras millonarias necesarias para regularizar la situación sean financiadas por el sector privado.

La propuesta surgió tras una serie de reuniones de alto nivel entre el directorio de OSE y el intendente de Maldonado, en las que se analizó la inviabilidad de que el Estado asuma en solitario la inversión en una de las zonas con mayor valor de mercado del país.

El «cuello de botella» del crecimiento

El balneario, caracterizado por su exclusividad y turismo internacional, ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo no fue acompañado al mismo ritmo por las redes de servicios.

Informes técnicos recientes advierten que las piletas de tratamiento actuales operan al límite de su capacidad, especialmente durante la temporada estival, cuando la población flotante se multiplica. Vecinos y organizaciones locales han denunciado olores y posibles filtraciones que amenazan el ecosistema de la laguna, exigiendo soluciones urgentes antes de que el daño ambiental sea irreversible.

La propuesta: que pague el desarrollo

Según trascendió tras los encuentros oficiales, la fórmula que impulsan OSE y la comuna fernandina busca que los desarrolladores inmobiliarios y los propietarios de grandes superficies de tierra —quienes se benefician de la plusvalía que genera la urbanización— sean quienes financien la extensión de las redes de agua potable y la modernización del sistema de saneamiento.

«No es lógico que el resto de los usuarios de OSE subvencione obras de infraestructura costosas en una zona donde el metro cuadrado tiene un valor excepcional y donde son los privados los que están impulsando el desarrollo», argumentan fuentes allegadas a la negociación.

El modelo podría instrumentarse a través de fideicomisos o mediante la exigencia de contrapartidas directas para la aprobación de nuevos fraccionamientos y proyectos edilicios. De esta forma, el Estado (OSE) se encargaría de la gestión y operación del servicio, pero la inversión inicial («CAPEX») correría por cuenta de los inversores privados.

Un antecedente para el país

Si bien Maldonado ya tiene experiencia con la Tasa de Conexión al Saneamiento y otros instrumentos mixtos (como los aplicados por la UGD-OSE), este esquema marcaría un precedente más agresivo en cuanto a la participación privada en infraestructura pública básica.

Para el gobierno departamental, esta es la única vía realista para ejecutar las obras en el corto plazo (se habla de un horizonte hacia 2026-2027) sin comprometer las finanzas públicas destinadas a zonas más vulnerables. Por su parte, los vecinos de La Juanita y el casco de José Ignacio aguardan definiciones concretas, temiendo que, mientras se discute quién paga la cuenta, el sistema termine colapsando en plena temporada.