4 de febrero de 2026
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La electrificación movil en Uruguay: seducción de costos, riesgo de mercado y la sombra del Greenwashing

La electromovilidad ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad exponencial en Uruguay. En los últimos tres años, la oferta y la demanda de vehículos eléctricos (VE) se han disparado, un fenómeno que se explica no solo por la tecnología, sino por dos factores económicos y geográficos determinantes: el país tiene «uno de los combustibles más caros del planeta» y, al mismo tiempo, cuenta con una matriz energética limpia, renovable y eólica. Esta combinación hace que cargar un VE en el enchufe resulte una opción de uso «mucho más razonable» y conveniente que un vehículo a combustión para la gran mayoría de la gente, especialmente en zonas urbanas y para recorridos cortos.

El crecimiento del parque automotor ha sido tal que hoy Uruguay está cerca de las 70 marcas de autos, superando a países de la región y equiparándose a Costa Rica en infraestructura de carga. Además, los precios han cambiado: hoy se puede comprar un VE más barato o al mismo precio que uno de combustión, pero con mejor equipamiento.

El Greenwashing y el Fantasma de las Baterías

A pesar del silencio de sus motores y la matriz limpia uruguaya, la transición eléctrica es objeto de una advertencia inicial: «no todo lo que brilla o circula sin ruidito es verde». Si bien los VE no emiten gases de efecto invernadero al circular, la fabricación y el reciclaje de las baterías dejan una «huella ambiental muy significativa» que a nivel global todavía no se ha podido abatir.

Esta contradicción ha llevado a definir la situación como «greenwashing» o «mentira del mercado». La industria de las baterías está fuertemente localizada en China, país que, además de tener enormes plantas de producción, son «prácticamente los dueños del litio del mundo». Esto implica que cualquier empresa de vehículos terminará trabajando con China para la producción de baterías o tecnología.

La Ansiedad de Rango y el Riesgo de la Reventa

La principal limitación para el conductor es que el VE exige planificación, especialmente para viajes largos, ya que no se tiene la autonomía inmediata de un vehículo a gasolina. Hoy existen autos en Uruguay que declaran autonomías cercanas a los 500-600 km, por lo que el miedo a parar muchas veces está «medio perimido». La estrategia es aprovechar los «tiempos muertos» de espera (como una comida de media hora) para realizar una carga parcial.

Sin embargo, el factor más incierto es el valor de reventa. En Uruguay, el mercado de usados eléctricos es «muy reciente» y aún no se sabe qué pasará, lo que supone un riesgo. En Europa y Estados Unidos, el valor de reventa de los eléctricos «bajó muchísimo», al punto que un vehículo de 3 a 4 años se compra por menos de la mitad de su valor original. Esto ha provocado que clientes que compraron un VE usado se estén pasando a la nafta al momento de vender.

La Carga y la Vida Útil de la Batería

La vida útil de la batería se mide por ciclos de carga, no por años. Es crucial la química de la batería: las de Níkel Manganeso Cobalto (NMC) son más caras, y las de Litio Ferro Fosfato (LFP) son más económicas.

El principio es similar al de un celular: si se le da un estrés mayor a la batería, durará menos ciclos. El estrés se produce al cargarla y descargarla totalmente (ciclo completo). La recomendación de los expertos es cargar el auto eléctrico «de ratitos», evitando el 0% y el 100%. Esto hace que el ciclo no se complete y el desgaste sea menor.

Respecto a los cargadores:

  • Cargadores de Corriente Continua (Rápidos): Son los que «estresan la batería» y deben evitarse en el uso diario.
  • Cargadores de Corriente Alterna (Domésticos): Son los ideales. Cargan despacio, estresan menos la batería, y sale más barato porque se pueden usar en horas de menor demanda, como la noche.

La logística de carga es un problema para quienes viven en un edificio de muchos pisos y sin cochera o garaje propio. Esto obliga a muchos a recurrir a cargadores públicos (generando filas) o, en casos de emergencia, usar el cargador que viene de fábrica (similar a una zapatilla especializada), aunque este también estresa la batería y carga más lento que un Wallbox. Por seguridad, se advierte que intentar usar un alargue desde un piso alto es «peligrosísimo» y un riesgo de incendio.

La Opción Híbrida y la Trampa del Microhíbrido

Para la gente con «ansiedad de rango» o que hace largos recorridos, el híbrido se presenta como un camino intermedio. El híbrido real ofrece un plan B de combustión en caso de que se agote la batería. El híbrido enchufable (PHEV) es una de las mejores soluciones, ya que permite usar el modo eléctrico en la ciudad y pasar a combustión en ruta.

No obstante, el mercado ha introducido el microhíbrido, una categoría que ha sido calificada como un «recobeco legal» de las marcas. Su objetivo principal no es el ahorro, sino la obtención de «etiquetas verdes» y extensiones impositivas en Europa, lo que les permite reducir las multas gubernamentales. Este motor eléctrico es muy pequeño y solo asiste en los momentos de mayor demanda de energía: el encendido y el apagado del motor, ofreciendo un ahorro de combustible mínimo en comparación con un híbrido de verdad.

Finalmente, tanto para los eléctricos como para los híbridos, la conveniencia como inversión no dependerá tanto de la tecnología, sino del «respaldo de la marca y del importador» en el mercado local.

Antel pone el foco en el Streaming del fútbol uruguayo, pero duda sobre la transparencia de la licitación

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, ha sido claro al señalar que el negocio de las telecomunicaciones ha evolucionado hacia la generación u oferta de contenidos, y en ese contexto, el fútbol uruguayo es considerado un contenido de «altísimo interés» para la empresa estatal. Antel ya mantiene una presencia en el contenido deportivo a través de su plataforma Antel TV —que transmite fútbol femenino, de categorías inferiores y del interior—, además de tener un acuerdo con Disney para el fútbol de primera división.

De cara a la nueva licitación de los derechos, el foco particular de Antel está puesto en el bloque de streaming, que es el área de negocios directamente afín a la compañía. La empresa busca mantener y expandir la presencia de este contenido en su plataforma.

Sin embargo, a pesar del profundo interés comercial y estratégico, Álvarez manifestó fuertes dudas sobre la garantía del proceso de licitación por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La preocupación principal se centra en la metodología de presentación de ofertas. El vicepresidente cuestionó que se exija la entrega de las propuestas por vía electrónica, en lugar del método tradicional de sobre cerrado y apertura simultánea, que históricamente ha sido la práctica que garantiza la mayor transparencia en los procesos licitatorios.

Álvarez enfatizó que la falta de este mecanismo tradicional genera desconfianza y preocupación por la «reputación de la política pública» de la empresa. Pese a estas serias reservas sobre la transparencia del procedimiento, el jerarca fue categórico al afirmar que Antel hará «todo lo posible» para acceder a esos contenidos, dada su relevancia cultural y estratégica para sus clientes. La voluntad de la empresa es, por un lado, proteger su inversión y su rol como socio histórico de la AUF, y por otro, asegurarse de que un contenido de interés nacional esté disponible en su plataforma.

Esta postura subraya la dualidad de Antel: mientras avanza en la universalización de la fibra óptica como un derecho fundamental, se enfrenta a las complejidades y controversias del competitivo mercado de contenidos, donde la adquisición de los derechos del fútbol se vuelve un activo indispensable en la batalla por los usuarios.

Asesinan a un joven de 29 Años en la zona de Los Eucaliptos

El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en las inmediaciones de Las Caballerizas. La víctima, identificada con las iniciales F.J.L.A., recibió varios disparos y falleció en el lugar. La Policía de Maldonado desplegó un amplio operativo en la zona.

El Servicio de Emergencias 9-1-1 fue alertado en las primeras horas de la mañana de este martes 28 de octubre por un violento suceso en la zona de Los Eucaliptos, en Maldonado. La llamada reportaba la presencia de un hombre herido por un arma de fuego en el pecho, en las cercanías de la calle Las Caballerizas.

Al lugar se dirigió de inmediato personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II, quienes confirmaron el hallazgo. Las primeras averiguaciones en el sitio indicaron que la víctima, un hombre de iniciales F.J.L.A., de 29 años, poseedor de antecedentes penales, se encontraba caminando junto a su pareja cuando, al adelantarse unos metros, fue interceptado.

En ese instante, otro individuo que se encontraba en las inmediaciones le efectuó varios disparos con un arma de fuego. El atacante se dio posteriormente a la fuga a pie, sin ser identificado de momento.

Se solicitó la asistencia de una unidad de emergencia móvil, pero los facultativos médicos que llegaron al lugar solo pudieron constatar el fallecimiento de F.J.L.A. a causa de las heridas.

Personal de Policía Científica de Zona Operacional II trabajó intensamente en el lugar para realizar el relevamiento y levantamiento de indicios y evidencia que serán cruciales para el esclarecimiento del hecho.

Las actuaciones se encuentran actualmente a cargo del Departamento de Hechos Complejos bajo la órbita de la Fiscalía de 2.º Turno de Maldonado, que tomará las declaraciones pertinentes y dirigirá la investigación para dar con el paradero y la identidad del autor de los disparos.

Marcha atrás: el gobierno uruguayo utilizará el mecanismo de mediación con Cardama

El Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó el «camino del derecho» y anunció que se recurrirá a la cláusula contractual de mediación con la empresa española, revirtiendo la postura inicial de limitarse a la rescisión y la vía penal.

A una semana de haber dispuesto la rescisión del contrato millonario con el astillero español Cardama y de presentar una denuncia penal por «presunta estafa» ante la Fiscalía, el gobierno uruguayo anunció un giro en la estrategia legal del caso.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó este lunes que el Estado utilizará la posibilidad de mediación establecida en el contrato para la construcción de tres patrulleras oceánicas (OPV). Esta decisión implica recurrir a un mecanismo formal de resolución de controversias antes de un litigio directo, a pesar de que la administración había calificado la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa gallega como «trucha».

El Recorrido del «Estado de Derecho»

Sánchez explicó que, si bien la denuncia penal se mantiene vigente debido a la «garantía trucha» –una acción esencialmente administrativa que deriva en el incumplimiento del contrato–, la siguiente fase de la disputa debe ajustarse estrictamente a lo pactado.

«En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar, porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho», aseguró el jerarca en rueda de prensa. «Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en la cláusula, que obliga al contratista y el Estado a resolver ese camino», añadió, justificando la necesidad de formalidad en el proceso.

Crítica a la Informalidad

La decisión de acogerse al proceso de mediación contractual llega en medio de una fuerte polémica política en torno al manejo del contrato, que asciende a US$ 92 millones. Sánchez aprovechó la instancia para criticar duramente los atajos o las gestiones informales que habrían rodeado al caso en el pasado, un reproche que podría estar dirigido a legisladores y exjerarcas.

«He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado. Se soluciona con los mecanismos formales», sentenció el secretario. Y concluyó: «El hecho de hacerlo por mecanismos informales es lo que ha generado que tengamos un contrato millonario sin garantías».

Con este paso, el Gobierno uruguayo busca moverse del plano penal —centrado en el presunto fraude de la garantía— al plano contractual, forzando a la empresa a sentarse a la mesa de mediación para intentar resolver el conflicto y determinar la responsabilidad de cada parte. Astillero Cardama, por su parte, ya había advertido con iniciar acciones legales si el Estado no optaba por el diálogo o una salida pactada.

Elecciones en Argentina: ¿Que impacto puede generar el triunfo de La Libertad Avanza en el turismo uruguayo?

El Este uruguayo, con Punta del Este y Piriápolis a la cabeza, mira siempre hacia el Río de la Plata. Con una dependencia histórica del turista argentino —que representa cerca del 70% de sus visitantes y tiene una estadía media más prolongada— la temporada de verano es, en esencia, un reflejo del humor y la capacidad adquisitiva de la economía vecina. En este contexto, la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de medio término se percibe en Uruguay como un factor de “estabilidad política”, aunque con un optimismo cauteloso ante los desafíos económicos que se avecinan para el verano 2026.

El principal motor del flujo turístico es la estabilidad cambiaria y el poder adquisitivo. La euforia inicial del mercado argentino tras el resultado electoral, con la expectativa de una menor presión sobre el dólar, es la mejor noticia para los operadores de Maldonado. Una devaluación brusca del peso argentino antes o durante el verano sería catastrófica, ya que licuaría de inmediato el presupuesto vacacional de las familias. Por el contrario, la promesa de estabilidad que ofrece el Gobierno de Milei, si logra sostenerse, dará previsibilidad a las familias a la hora de planificar sus gastos en Uruguay.

El éxito o fracaso del próximo verano dependerá de si las políticas económicas argentinas logran recuperar el poder de gasto del segmento de alto poder adquisitivo al que apunta Uruguay. El turista que alquila casas premium y que sostiene la gastronomía de alto nivel es el más rentable, y su presencia está ligada a la percepción de riqueza en su país. Si LLA logra que el Congreso, ahora más receptivo tras el triunfo, avance con las reformas estructurales (laboral, fiscal y de inversión), el mercado lo interpretará como una señal de crecimiento futuro, incentivando el gasto en el exterior. No obstante, la otra cara de la moneda es que la profundización del ajuste fiscal, necesario para el equilibrio macroeconómico, golpea el consumo interno y, si bien el turismo uruguayo apunta a un segmento menos sensible, puede retraer el gasto incluso en la clase alta.

Ante esta dependencia y la incertidumbre, el sector turístico uruguayo se mantiene blindado con una estrategia clara: la continuidad de los beneficios fiscales para turistas extranjeros (devolución del IVA en gastronomía y Tax Free) que actúan como un “colchón” cambiario. Además, la sugerencia a los propietarios es mantener los precios de alquileres y servicios sin variaciones drásticas, buscando evitar el efecto rechazo. En definitiva, el triunfo legislativo en Argentina inyecta una dosis de esperanza política en Uruguay, pero el destino de Punta del Este y la costa Este no lo definen los votos, sino la capacidad del Gobierno argentino de estabilizar su moneda y restaurar la capacidad de gasto de la población que, históricamente, ha sido el motor de la temporada estival uruguaya.

Victoria histórica de La Libertad Avanza en Argentina: ¿Qué implica para las reformas de Milei?

Las elecciones legislativas de medio término en Argentina del 26 de octubre han reconfigurado drásticamente el tablero político nacional, consagrando al oficialismo, La Libertad Avanza (LLA), como la fuerza más votada del país. Este resultado no solo consolida el respaldo popular al presidente Javier Milei, sino que transforma un Congreso que hasta ahora era hostil, obligando al Gobierno a transitar un camino diferente: el de la negociación ineludible para la gobernabilidad.

El contundente triunfo de LLA, que superó el 40% de los votos a nivel nacional, es un espaldarazo a las políticas de ajuste y estabilización, pero no resuelve el principal obstáculo del Ejecutivo: la falta de quórum propio. En la Cámara de Diputados, el oficialismo, junto a su aliado PRO, pasa de una minoría exigua a ser la Primera Minoría con aproximadamente 107 bancas. Si bien esto le da la capacidad de sostener los vetos presidenciales, crucial para bloquear leyes opositoras, aún necesitará sumar más de 20 votos para aprobar las reformas estructurales que el país necesita. En el Senado, el panorama es aún más ajustado, con LLA y la oposición peronista empatados, dejando a los bloques provinciales y a la UCR como los árbitros de cualquier legislación clave.

La reacción esperada en el ámbito económico es una euforia de corto plazo: los mercados interpretan el resultado como un voto de confianza, lo que podría generar calma cambiaria y revalorización de activos. No obstante, el desafío mayor sigue pendiente. La nueva expectativa, tanto del mercado como de la sociedad, es que el Gobierno dé el salto de la estabilización a la generación de riqueza y empleo. Para esto, las leyes de desregulación y la reforma laboral son urgentes, y el nuevo equilibrio legislativo se convierte en el campo de batalla donde el Ejecutivo deberá demostrar su verdadera capacidad negociadora.

Políticamente, se cierra la era de la parálisis total. El Gobierno está ahora legitimado para avanzar con su agenda, pero deberá modular su confrontación con la oposición, buscando alianzas con los gobernadores y las fuerzas intermedias. Socialmente, si bien el resultado consolida al oficialismo, la profundización de la agenda de ajuste y las reformas sensibles (como la laboral) presagian un incremento en la tensión social, en un contexto donde la baja participación electoral (la más baja desde 1983) subraya el desencanto de una parte del electorado. El mandato de las urnas es claro: las reformas deben avanzar, pero el camino solo será viable a través del diálogo parlamentario.

Contrato millonario en aguas turbias: Uruguay denuncia «fraude» y Astillero Cardama advierte de litigio internacional

El contrato de US$ 92 millones para la construcción de dos Patrulleras Oceánicas (OPV) para la Armada Nacional de Uruguay, firmado con el astillero español Cardama (Vigo), ha implosionado, desatando una crisis diplomática y legal transatlántica.

La administración uruguaya actual anunció la rescisión del contrato y la presentación de una denuncia civil y penal ante la Justicia por «fuertes indicios de fraude o estafa» al Estado. La controversia no se centra en el avance de la construcción (la primera embarcación está avanzada en un 60%), sino en el corazón del acuerdo: la garantía de fiel cumplimiento.

El quiebre se produjo al intentar ejecutar o renovar el aval que Cardama debía presentar para asegurar la correcta finalización de la obra.

  1. La Empresa Cuestionada: La garantía de fiel cumplimiento, un requisito contractual vital, fue emitida por la empresa británica Eurocommerce Limitada.
  2. La Revelación: Informes del gobierno uruguayo, tras el vencimiento y el intento de ejecución de la garantía, revelaron que Eurocommerce sería una «empresa de papel» o una entidad en proceso de liquidación por inactividad. La dirección registrada en el Reino Unido resultó ser la de una inmobiliaria, no de una entidad financiera legítima, lo que llevó al Estado a calificar el aval como inexistente.
  3. Cronología de la Duda: Las autoridades uruguayas señalaron que Cardama demoró 11 meses en presentar una garantía aceptable, habiendo sido rechazadas hasta siete propuestas previas. Esto subraya una debilidad estructural en la capacidad financiera del astillero para asegurar la operación desde el inicio.

La Postura del Estado Uruguayo

El gobierno, a través de sus voceros, ha sido enfático en su accionar, que defienden como un deber moral para «cuidar la plata de los uruguayos».

  • «Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo,» declaró el Prosecretario de Presidencia.
  • La denuncia busca esclarecer si existió una maniobra de fraude y, de ser el caso, si hubo complicidad de funcionarios públicos en la anterior administración que aceptaron una garantía deficiente.

La Defensa del Astillero Cardama

Mario Cardama, dueño del astillero, niega rotundamente cualquier intención de fraude, alegando ser una «víctima» de la situación y acusando al Estado uruguayo de «mala fe».

  • Cardama insiste en que la construcción avanza y que ha cumplido con la parte material del contrato.
  • Argumenta que la garantía fue aceptada expresamente por el gobierno uruguayo en su momento y que se intentó su renovación, atribuyendo el problema a «errores administrativos» en la notificación a Uruguay.
  • El astillero ha solicitado una reunión urgente con el presidente Orsi, se ha ofrecido a sustituir la garantía y advierte que si se rompe el contrato, ejercerá acciones legales para defender sus derechos, abriendo la puerta a un juicio internacional contra Uruguay por daños y perjuicios.

El caso Cardama expone múltiples vulnerabilidades en la gestión de este contrato de defensa, más allá de la presunta estafa:

  1. La Fragilidad Financiera y el Historial de Cardama: El hecho de que el astillero necesitara casi un año y ocho intentos para constituir una garantía suficiente, sumado a reportes en la prensa española sobre sus tensiones de liquidez y problemas previos (como el antecedente de entregar un tipo de buque diferente al contratado en Angola), generaron señales de alarma que la administración uruguaya inicial debió haber ponderado con mayor rigor antes de aceptar el aval de Eurocommerce.
  2. El Riesgo de la Aceptación Inicial: Juristas y políticos opositores han advertido que el error más grave del Estado uruguayo podría ser haber aceptado la garantía en su momento. La aceptación, que permitió el inicio de los pagos y la construcción, convierte el contrato en un acuerdo «en plena ejecución». Si el gobierno busca la rescisión ahora, el astillero podría argumentar un incumplimiento contractual por parte de Uruguay, exponiendo al país a una demanda internacional millonaria.
  3. El Proceso de Adjudicación: La compra fue realizada mediante una «compra directa» después de que la licitación inicial fuera declarada desierta. Si bien es un mecanismo legal, estos procesos requieren una diligencia extrema que, a la luz de los hechos, parece haberse relajado en la fase de verificación de la solidez financiera del proveedor, arrastrando al Estado uruguayo a una crisis legal y reputacional.

Operativo en Maldonado: incautan armas, municiones y marihuana en una finca de El Pejerrey

Una operación policial vinculada al tráfico de armas, municiones y sustancias estupefacientes culminó con un hombre detenido y una importante incautación en el departamento de Maldonado. La intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia llevado adelante por el Departamento de Hechos Complejos, con apoyo de varias unidades policiales y de la Intendencia Departamental de Maldonado.

Las actuaciones comenzaron semanas atrás, cuando los investigadores lograron identificar movimientos sospechosos y reunir pruebas que vinculaban a un hombre con actividades ilícitas relacionadas al acopio y distribución de armas y drogas. Con estos elementos, la Fiscalía de 4º Turno solicitó órdenes de allanamiento para varias fincas presuntamente utilizadas por el sospechoso.

El 23 de octubre se ejecutaron los procedimientos, encabezados por el personal de Hechos Complejos y con el apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), efectivos del Destacamento Sauce Portezuelo y funcionarios de la Intendencia, quienes colaboraron en el traslado de las sustancias incautadas.

Uno de los puntos clave fue una finca ubicada en la zona de El Pejerrey, donde los agentes hallaron tres invernáculos destinados a la producción de marihuana. En el lugar se constató la existencia de un sistema de cultivo interior con plantas en distintas etapas de crecimiento, lo que sugiere una operación sostenida en el tiempo.

El resultado del operativo fue significativo tanto por la variedad como por la cantidad de elementos confiscados.

Armas:

  • Tres rifles (uno ROSSI .22 con mira, uno MOSSBERG PATRIOT calibre .308 con mira telescópica y otro calibre .22 largo).
  • Dos pistolas 9 mm (SARSILMAZ adulterada y SIGSAUER P320 con puntero láser).
  • Dos revólveres (TAURUS calibre 38 especial y Smith & Wesson calibre 32 largo).

Municiones y vainas:

  • 656 municiones calibre 38, 235 de 9 mm, 88 calibre 32 y 457 calibre 22.
  • 26 vainas calibre 308, 300 calibre 22, 32 calibre 38, 149 calibre 9 mm y una calibre 223.

Otros objetos de interés:
Ropa táctica, una cámara GoPro, linternas, un puntero láser, cuatro balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la investigación.

Dinero incautado:
$561.955 pesos uruguayos y U$S 2.436 dólares estadounidenses, presumiblemente vinculados a la actividad delictiva.

Sustancias:

  • 299 plantas de marihuana,
  • un ladrillo prensado,
  • seis bollones grandes con sustancia vegetal,
  • dos bolsas con aproximadamente 50 gramos de sustancia blanca pura,
  • tres bolsas pequeñas adicionales con marihuana.

El operativo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, sin antecedentes penales, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía actuante. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta, con el objetivo de determinar la procedencia de las armas y el posible vínculo con redes de tráfico a nivel departamental o interdepartamental.

Fuentes policiales indicaron que este procedimiento forma parte de una estrategia más amplia para combatir la circulación ilegal de armamento y drogas en el este del país. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas pericias y declaraciones.

Desde la Jefatura de Policía de Maldonado se destacó el trabajo coordinado entre las distintas unidades intervinientes, subrayando que este tipo de investigaciones “requiere tiempo, sigilo y cooperación institucional”.

El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, que evaluará los próximos pasos procesales una vez analizados todos los elementos incautados.

Intendente Abella: “Hay que dar una señal y abrir la peatonal Sarandí, no podemos seguir discutiendo”

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, confirmó que la Intendencia Departamental planea abrir la peatonal Sarandí como parte de un proceso de transformación urbana en el centro de la ciudad. El proyecto, según explicó, implicará una obra más extensa y profunda de lo que se preveía inicialmente, con el objetivo de devolver dinamismo al área céntrica y mejorar las condiciones para vecinos, comercios y visitantes.

“Hay que dar una señal. No podemos seguir discutiendo sobre lo mismo sin hacer nada”, expresó Abella, marcando su postura firme sobre la necesidad de avanzar en la intervención. Según detalló, la apertura permitiría la circulación controlada de vehículos, con la posibilidad de cerrar temporalmente el tránsito en caso de eventos o celebraciones.

Durante la evaluación técnica, los equipos constataron daños estructurales mayores a los previstos, principalmente por raíces de árboles que han desplazado veredas y afectado sectores de la calle, lo que demandará una intervención más amplia. “Pensamos que era una tarea más simple, pero hay que hacer un trabajo grande: reparar veredas, revisar cordones, intervenir árboles y mejorar el sistema de drenaje”, indicó el jefe comunal.

Abella sostuvo que la prioridad será ejecutar una primera etapa durante el verano, de manera progresiva y evitando afectar a los comerciantes en plena temporada alta. “No podemos cerrar la peatonal un mes entero, sería perjudicial para los comercios. Hay que actuar con equilibrio y sentido común”, aseguró.

El intendente también destacó el diálogo con el alcalde de Maldonado, Damián Tor, y con la Cámara Empresarial, que mantiene reuniones para definir detalles del plan. “Lo importante es que hay voluntad de hacer. No se puede seguir quieto, y abrir la peatonal es una señal clara para empezar”, afirmó.

En cuanto al financiamiento, Abella remarcó que la intervención no debe verse como un gasto, sino como una inversión en la gente. “Vamos a hacer un estudio, calcular costos y avanzar. Esto no es un gasto: es una inversión que busca devolverle vida al corazón de Maldonado”, concluyó.

La iniciativa se enmarca en una estrategia mayor para revitalizar el centro, mejorar la movilidad y fomentar la actividad comercial, algo que comerciantes y vecinos vienen reclamando desde hace varios años.

Salud mental en Uruguay: uno de cada tres adultos tiene síntomas, pero pocos buscan atención

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer los resultados preliminares de una encuesta nacional sobre percepción del bienestar psicológico, junto con el anuncio de la puesta en marcha de una Acción Nacional para la Salud Mental que implicará la participación de unas 1.500 personas para implementar medidas concretas en el corto plazo.

Principales resultados de la encuesta

La investigación, realizada por la consultora Cifra entre el 15 y el 24 de agosto, reveló datos preocupantes sobre el estado psicológico de la población uruguaya:

  • Solo 34 % de la población se siente “muy” o “bastante” informada sobre salud mental, mientras que un 22 % admite no tener ninguna información sobre el tema.
  • Seis de cada diez adultos pueden mencionar espontáneamente al menos un trastorno mental. En cuanto a la reacción ante un posible problema propio o en alguien cercano, más de tres de cada cuatro declararon que consultarían a un profesional (médico o psicólogo).
  • En cuanto a indicadores de malestar psicológico, la encuesta detectó que tres de cada diez adultos manifiestan síntomas relacionados con distrés, estrés negativo, sueño alterado, tensión, dificultad de concentración o depresión.
  • Pese a esos niveles, menos de la mitad de quienes reconocen síntomas efectivamente buscan atención profesional. Además, una parte considerable de quienes tienen síntomas no reconocen que se trata de un problema de salud mental.
  • Específicamente, un 29 % de la población reporta distrés: ese porcentaje se mantiene similar entre franjas etarias, aunque tiende a ser más usual en mujeres, habitantes de Montevideo, usuarios de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y personas con menor nivel educativo.
  • El 13 % de los encuestados dice padecer un trastorno mental, siendo los más denunciados la depresión y la ansiedad. La depresión aparece con más frecuencia en el interior del país y entre mujeres, mientras que en Montevideo los hombres mencionan una gama más amplia de problemas mentales, aunque igualmente predominan la ansiedad y depresión.
  • Al desglosar por edades, entre menores de 30 años que declaran algún problema, la mitad sufre ansiedad, un tercio depresión y solo un 16 % manifiesta otros problemas. En los mayores de 30 años, el 41 % reporta trastornos distintos a ansiedad o depresión.
  • En cuanto a las barreras al acceso, el tiempo de espera para un turno en salud mental resulta mayor en los centros públicos: en ASSE, el 50 % de los casos accede dentro de un mes, pero el 40 % espera tres meses o más. En mutualistas o seguros privados, la situación es mejor: 56 % accede en menos de un mes y 22 % en uno o dos meses.
  • Por edades y género, la medicación frente a trastornos también varía: el 66 % de las mujeres con trastornos dijo que se medica, frente al 38 % de los hombres. Entre menores de 30 años, 35 % toma medicación; en mayores de 45 años, ese porcentaje sube a 73 %.

Por otro lado, la encuesta también reveló dimensiones sociales asociadas: casi la mitad de la población (47 %) experimenta sensación de soledad en algún grado, mayormente entre jóvenes menores de 30 años. Un tercio se declara aislado y un cuarto afirma que con frecuencia siente falta de compañía.

Diagnóstico institucional y los anuncios del MSP

Ante estos datos, el MSP dio a conocer la Acción Nacional de Salud Mental, que comenzará a implementarse en aproximadamente un mes y movilizará a unas 1.500 personas encargadas de desarrollar acciones concretas para mejorar la atención integral.

Según la ministra Cristina Lustemberg y el subsecretario Leonel Briozzo, esta iniciativa buscará fortalecer tanto la prevención como la capacidad de respuesta del sistema de salud —público y privado— para atender los diversos trastornos mentales, reducir demoras, mejorar el acceso y sensibilizar a la población.

Además, se prevé que los programas incluyan campañas informativas, capacitación de recursos humanos, expansión de la red de atención, mejora en la derivación entre niveles asistenciales y una atención focalizada para grupos vulnerables como jóvenes y población de menores recursos.

Retos estructurales y políticas a seguir

Los resultados de la encuesta reflejan una combinación de desafío social, cultural e institucional. Algunos de los principales puntos que el MSP y especialistas destacan como urgentes:

  1. Reducción de la brecha entre reconocimiento y atención: muchas personas experimentan síntomas pero no los vinculan con un problema de salud mental, o no buscan ayuda por desconocimiento, estigmas o barreras de acceso.
  2. Desigualdad en el acceso: las diferencias entre usuarios de ASSE y mutualistas revelan disparidades en los tiempos de espera, lo que plantea la necesidad de reforzar la atención pública y descentralizar servicios.
  3. Atención temprana y prevención: especialmente en jóvenes, donde los trastornos pueden manifestarse precozmente y generar efectos acumulativos en la salud, el desarrollo educativo y laboral, y la integración social.
  4. Integración de salud mental en atención primaria: para que los centros de salud comunes puedan detectar y derivar casos leves antes de que se agraven, reduciendo la carga sobre los servicios especializados.
  5. Fortalecimiento del capital humano: aumentar la cantidad y calidad de profesionales en psicología, psiquiatría y acompañamiento social, con formación continua y recursos adecuados.
  6. Campañas de desestigmatización: promover el diálogo abierto y educación pública para que reconocer la salud mental como parte de la salud no sea tabú.

En ese marco, los próximos meses serán decisivos para traducir los anuncios en acciones reales, con recursos, planificación y coordinación interinstitucional. La capacidad del Estado para reducir tiempos de espera, aumentar cobertura y mejorar la calidad de atención será puesta a prueba.