4 de febrero de 2026
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Actualidad

Proyecto de puerto oceánico en Rocha revive, mientras la ANP posterga obras clave en Montevideo

La Administración Nacional de Puertos (ANP) volvió a poner sobre la mesa la idea de construir un puerto oceánico en Rocha, en aguas profundas, mientras también anunció que pospondrá el esperado dragado del canal de acceso a Montevideo, retrayendo una obra clave para la competitividad marítima del país.

Reactivación del puerto oceánico en Rocha

El presidente de la ANP, Pablo Genta, defendió públicamente la necesidad de que Uruguay desarrolle, a mediano plazo, una terminal de aguas profundas en la zona de El Palenque (Rocha). Según su visión, el nuevo puerto podría recibir transbordos de mineral de hierro y graneles desde Brasil, aprovechando los flujos exportadores que actualmente se canalizan por territorios uruguayos.

Genta citó a empresas brasileñas que ya realizan trasbordos en Nueva Palmira, particularmente mineral de hierro proveniente de Mato Grosso do Sul. Estas compañías, dijo, han mostrado interés en mover sus operaciones a aguas oceánicas uruguayas cuando las condiciones climáticas afecten la zona de transferencia frente a Punta de Arenal (Soriano).

“No es un proyecto para este periodo ni el siguiente necesariamente; es algo de más largo plazo”, admitió Genta, pero enfatizó que Uruguay tiene hoy la carga para justificar un puerto oceánico, algo que no se pensaba en gobiernos anteriores.

Retraso en el dragado del canal de Montevideo

Sin embargo, ese proyecto ambicioso se contrapone con la decisión actual de postergar el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo hasta 2027 o 2028, según confirmó la ANP.

Este dragado, aprobado previamente para alcanzar una profundidad de 14 metros, había sido acordado con Argentina, lo cual permitiría que buques de mayor calado operen en Montevideo.

Genta señaló que es necesario realizar estudios batimétricos y que la ANP carece de equipos esenciales —como mareógrafos o embarcaciones especializadas— para llevar adelante la obra con sus propios recursos. Además, hay un proyecto institucional para definir qué partes del canal de acceso y del antepuerto se dragarán con dragas propias del organismo.

Críticas y respuestas

La decisión de postergar la obra generó críticas de diversos sectores. El diputado nacionalista Juan José Olaizola cuestionó que la ANP no prioriza lo “urgente”: “No veo una actitud clara para ejecutar el dragado. Los plazos son largos y parece que no hay apuro”, dijo.

Por su parte, el director opositor de la ANP, Jorge Gandini, advirtió que no existen evidencias claras de que Uruguay necesite un segundo puerto de aguas profundas que compita con Montevideo. Para él, sería más razonable consolidar la terminal existente, ya que no hay suficiente carga nacional ni en tránsito para sostener una nueva infraestructura.

En tanto, la presidenta del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, subrayó la urgencia de concretar el dragado: “Hay empresas navieras que esperan un calado mayor para operar con mayor eficiencia. No es solo una cuestión de profundidad, sino de plan maestro portuario”, afirmó.

A su vez, Alem García, presidente de la Academia de Geopolítica y Estrategia, instó a acelerar los estudios y obras: “El dragado a 14 metros es un objetivo nacional que debe cumplirse antes, no en 2027. Uruguay necesita esa obra para ser competitivo”, expresó.

Claves detrás de la decisión

  • En 2012 ya se había planteado un puerto de aguas profundas en Rocha bajo el gobierno de José Mujica. Genta, que ya impulsaba la idea entonces, insiste ahora en que “hoy sí hay carga para justificarlo”.
  • Según el presupuesto y los plazos anunciados por la ANP, la contratación de estudios batimétricos será un paso necesario antes de arrancar las obras de dragado.
  • La ANP reconoce que no posee actualmente todos los recursos técnicos para llevar a cabo el dragado con sus propios medios, por lo que está considerando una combinación de dragado propio y subcontratación.
  • El retraso genera tensiones entre la visión institucional de largo plazo (puerto océánico) y las demandas operativas inmediatas de mejora de calado para Montevideo.

US$ 2 millones en pérdidas y 24 meses de vigilancia: la sentencia al dueño de Transhotel

El empresario fue procesado por apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo tras un colapso en 2022. La condena, que incluye tareas comunitarias, se dictó a través de un acuerdo abreviado. El Fiscal Romano defendió la pena, mientras las víctimas lamentan no recuperar la totalidad de sus ahorros.

El caso de la quiebra de la agencia de viajes Transhotel, que dejó una profunda frustración y pérdidas económicas a cientos de uruguayos, cerró su etapa penal con la condena del dueño de la empresa. La jueza suplente Bettina Dutter dictó una pena de 24 meses de libertad vigilada al empresario, por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo.

La condena se formalizó mediante un acuerdo abreviado entre la Fiscalía, representada por Fernando Romano, y las defensoras públicas del imputado. Según la Fiscalía, la empresa acumuló una deuda cercana a los US$ 2 millones, afectando a más de 500 denunciantes que vieron frustrados sus viajes y perdidos sus ahorros.

El relato fiscal reconstruyó los eventos que llevaron al colapso de la agencia, que se había reactivado en 2022 tras la pausa por la pandemia. Según Romano, el empresario había comprado la compañía arrastrando ya una deuda de US$ 200.000 con el anterior propietario.

La reactivación de los viajes en 2022 generó un «colapso muy importante», ya que Transhotel no pudo afrontar las obligaciones comprometidas, que incluían paquetes turísticos y entradas para eventos internacionales, como el concierto de Coldplay en Argentina.

El punto de inflexión fue un viaje que se postergó una semana, lo que llevó a un afectado a publicar un mensaje en redes sociales acusando a la empresa de estafa. El fiscal Romano ejemplificó lo que siguió como una «corrida bancaria». Los incidentes se agravaron con el ingreso de acreedores a las instalaciones de la agencia, lo que culminó con el «grave error» de Transhotel: cerrar sus puertas.

«Cuando la gente vio que habían cerrado sus puertas, se sintió plenamente estafada», explicó Romano, quien también señaló que la empresa no pudo levantarse porque, a pesar de las gestiones, el Ministerio de Turismo frustró un crédito del Banco de la República (BROU) y el Itaú al confirmar que la agencia ya tenía «adeudos».

El fiscal Fernando Romano compartió un detalle revelador durante la audiencia en el Club Welcome, donde se reunió con más de 100 víctimas. Además del «mal manejo empresarial», sugirió que existieron «voluntades que no permitieron que Transhotel pudiera salir». Romano aclaró que, si bien esta afirmación corre por su cuenta y no pudo ser probada, cree que hubo intenciones de impedir que el condenado accediera a fondos que le hubieran permitido seguir operando y cumpliendo con sus deudas.

Respecto a la pena dictada, el empresario deberá cumplir 24 meses de libertad vigilada, con la obligación de firmar semanalmente en la seccional policial y realizar tareas comunitarias durante 10 meses.

Romano defendió la decisión, señalando que, aunque el «grito» inicial pedía cárcel, su Fiscalía optó por una línea consecuente, asegurando que el dueño de la empresa ahora tiene antecedentes penales. Además, el fiscal enfatizó que su Fiscalía de Flagrancia, con más de 500 denunciantes, hizo lo «humanamente posible», pero no está «en condiciones de poder analizar con todos los mecanismos de control un caso» de estas características.

Las víctimas, representadas por varios abogados, manifestaron una satisfacción «no absoluta» con el cierre del caso penal.

Los letrados señalaron que, si bien valoran el trabajo comunitario impuesto al condenado y la reivindicación del rol de la víctima en el proceso penal, el plano concursal es la mayor preocupación. «El remate seguramente no alcance a cubrir todos los pagos», lamentó la abogada María Izaguirre.

Las víctimas lograron, a través de un seguro del Ministerio de Turismo, recuperar una pequeña parte de lo pagado, un 15,58%. Sin embargo, la posibilidad de recuperar la totalidad de sus ahorros es difícil. La apelación presentada por los abogados de algunas víctimas ante la jueza, por la negativa a conceder un embargo por la deuda restante, viró en una discusión sobre el fuero competente, si penal o civil.

El cierre de esta etapa judicial deja al empresario condenado con un antecedente, pero a los más de 500 afectados con la dolorosa realidad de haber perdido una inversión significativa, en muchos casos, los ahorros de toda una vida.

La cifra millonaria de aportes públicos a sindicatos que alimenta la polémica

Datos relevados por el diputado colorado Gabriel Gurméndez a través de pedidos de informes revelan que ministerios y entes autónomos transfirieron $41.6 millones de pesos en mayo por retención de cuotas. La investigación se centra en la «magnitud económica» del sistema y en las vulnerabilidades que permitieron escándalos como el del Fosvoc.

El debate sobre la gestión y transparencia de los fondos sindicales en Uruguay ha escalado al ámbito político y económico tras la difusión de cifras que dimensionan el flujo de dinero que canalizan los organismos estatales hacia los gremios.

Una investigación impulsada por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, promotor de un proyecto de ley de transparencia sindical, expuso que ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados del Estado giran conjuntamente poco más de US$ 1.000.000 al mes a las organizaciones sindicales, producto de la retención de las cuotas de los salarios de los funcionarios públicos.

El monto total relevado en el mes de mayo, que sirvió como muestra de la magnitud del flujo, ascendió a $ 41.619.598 de pesos uruguayos (tomando el valor promedio del dólar de ese mes).

Gurméndez explicó que el objetivo de realizar decenas de pedidos de informes a varios organismos era conocer la «magnitud económica del manejo de la cuota sindical en el sector público». Si bien la muestra obtenida por el legislador, a través de respuestas de 13 entidades, abarcó aproximadamente el 58% del funcionariado público, la cifra ya resulta impactante y pone en perspectiva la escala del financiamiento gremial.

La Distribución de los Fondos: ANEP a la Cabeza

El relevamiento mostró una concentración significativa de las retenciones en el sector educativo, que es el más masivo en cuanto a funcionarios afiliados.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sumando los organismos que la componen (Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación), fue la principal fuente de ingresos sindicales, transfiriendo $ 12.908.802 (aproximadamente US$ 309.697) en mayo. Este monto provino de la retención a 24.022 afiliados, una cifra que, de hecho, podría ser mayor, ya que no incluye a los funcionarios de UTU.

Otros organismos con retenciones millonarias:

  • ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado): Giró $ 8.156.650 (cerca de US$ 195.688) a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), correspondientes a 9.963 trabajadores afiliados.
  • Universidad de la República (Udelar): Transfirió $ 5.080.078 (alrededor de US$ 121.877) de sus 12.809 trabajadores sindicalizados. Dentro de la Udelar, los mayores montos se destinaron a la Agremiación Federal de Funcionarios y la Asociación de Docentes.
  • INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay): Su sindicato recibió $ 3.779.092 (US$ 90.665) de 3.126 afiliados.
  • Antel: Envió $ 3.016.986 (US$ 72.381) al Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) por 3.018 trabajadores.
  • Suprema Corte de Justicia (SCJ): Giró $ 2.853.381 (US$ 68.456) a distintos gremios judiciales.
  • OSE (Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado): Transfirió $ 1.283.076 (US$ 30.782) a su federación de funcionarios.

Vulnerabilidades y el Peligro del Giro a «Personas Físicas»

El informe del diputado Gurméndez no solo se centró en la cantidad de dinero, sino en las formas de transferencia, encontrando un «caldo de cultivo» para futuras irregularidades. El legislador halló que en «muchos casos» el dinero retenido por los organismos estatales era enviado a una cuenta bancaria de persona física en lugar de una entidad jurídica.

Para el diputado, esta práctica es una vulnerabilidad que «debe avanzar» en su instrumentación de medidas, pues «resulta evidente se van a volver a generar episodios como los que se vivieron».

Esta preocupación se enmarca en los recientes escándalos que han sacudido al sindicalismo:

  1. Caso Fosvoc: La investigación judicial sobre el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, que ya resultó en la condena de cuatro personas, incluida la exdirigente Stella Rey, quien reconoció haber cometido «un delito» afectando a los trabajadores.
  2. Irregularidades en FUS: La expulsión del histórico dirigente Jorge Bermúdez de la Federación Uruguaya de la Salud, a raíz de una auditoría que reveló, entre otras cosas, viáticos no rendidos.

La Crítica al Liderazgo Sindical y la Necesidad de la Ley

Gurméndez utilizó los casos de corrupción para insistir en la necesidad de aprobar su proyecto de ley de transparencia. El legislador recordó que, en su momento, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, había tildado el proyecto de «desastre» y «antisindical».

El diputado colorado respondió con dureza: «Los hechos han demostrado que lo que es un desastre y antisindical es que le roban la plata a los trabajadores con la cuota». Además, citando a la condenada Stella Rey, afirmó que este manejo de cifras «millonarias en dólares» necesita una rendición de cuentas con la firma de un contador, algo que su proyecto busca imponer.

Finalmente, Gurméndez anunció que la investigación en el Parlamento continuará, dado que aún faltan respuestas de organismos clave como el Ministerio del Interior, ANCAP y UTE. Asimismo, el Banco República (BROU) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) se ampararon en la ley de protección de datos personales para negar la información, un argumento que el legislador considera «no aplica» y ante el cual insistirá por vía parlamentaria.

Preocupación en San Carlos por la posible instalación de un refugio del MIDES frente a una escuela

Una fuerte preocupación se generó en la ciudad de San Carlos luego de conocerse la posible instalación de un refugio 24 horas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en una vivienda ubicada en Avenida Alvariza y Carlos Reyles, frente a la Escuela Nº 8, a una cuadra de la terminal de ómnibus, de la Plaza 19 de Abril y a pocos metros de distintos centros de salud y comercios.

El proyecto, que aún no fue confirmado oficialmente, despertó un profundo rechazo entre vecinos y empresarios de la zona, quienes temen que la presencia del refugio afecte la convivencia, el orden público y la seguridad en el corazón comercial de la ciudad.
La directora departamental del MIDES en Maldonado, Paula Caballero, se negó a realizar declaraciones sobre el tema pese a los múltiples intentos de consulta periodística.

Un antecedente con tensiones

El malestar no surge de la nada. San Carlos ya vivió experiencias similares cuando un refugio anterior funcionó a pocos metros de Plaza Artigas, donde —según testimonios de vecinos— se registraron episodios de conflictos, consumo de sustancias, mendicidad y deambulación de personas en situación de calle.

El nuevo inmueble que el MIDES considera utilizar pertenece al ingeniero Álvaro Luzardo, exjerarca de la Intendencia de Maldonado durante un gobierno del Frente Amplio y exintegrante de Asamblea Popular.
Fuentes consultadas señalaron que el alquiler original de la casa rondaba los $35.000 mensuales, pero el nuevo contrato ascendería a cerca de $80.000, lo que generó críticas por el aumento del gasto público y las prioridades presupuestales del ministerio.

Testimonios de vecinos: “No más refugios en el centro”

La vecina Norma García, con más de 25 años residiendo en el barrio, expresó su malestar:

“Me avisaron que frente a la escuela 8 quieren poner un refugio. Conocemos la experiencia del que estaba en Bulevar Artigas en Maldonado. No tengo nada contra la gente que vive así, pero es inaceptable tener un refugio en pleno centro. Nos están destruyendo la ciudad. Esto no es justo para los niños, ni para los vecinos que trabajamos toda la vida”.

García añadió que “San Carlos se está convirtiendo en un Cantegril” y pidió al alcalde Luis Cima y a las “autoridades de bien” que no permitan la instalación del centro.
“Tenemos que darle trabajo y oportunidades a la gente, no más refugios”, remató.

Por su parte, el comerciante Rodrigo Santos, vocero de los empresarios de la zona, manifestó que el anuncio tomó a todos “por sorpresa” y que se analizan medidas para solicitar la revisión de la decisión.

“Nos enteramos esta mañana. No es compatible tener un refugio frente a una escuela y en pleno centro comercial. Nadie cuestiona la atención social, pero debe hacerse en otro sitio, con una transición adecuada”, señaló.

Santos adelantó que los comerciantes evalúan recolectar firmas y elevar una solicitud formal al MIDES y al Municipio para reconsiderar la ubicación del refugio.
“Entendemos la complejidad del tema, pero este no es el lugar”, concluyó.

El edil nacionalista Alejandro Batista participó de una reunión con vecinos y autoridades locales para interiorizarse sobre la situación.
Si bien valoró el diálogo entre las instituciones, dejó en claro su rechazo a la ubicación elegida y recordó que el alcalde de San Carlos tampoco está de acuerdo.

“No se trata de barrer el problema, sino de buscar soluciones adecuadas. No puede colocarse un refugio frente a una escuela y a una cuadra de una plaza pública. Eso afecta el desarrollo comercial y la tranquilidad de los carolinos”, indicó.

Batista informó además que meses atrás había presentado en la Junta Departamental de Maldonado un pedido de informes al MIDES solicitando conocer los criterios utilizados para elegir los lugares de instalación de los refugios, pero el expediente aún no fue respondido.
El edil insistió en que el ministerio debería considerar zonas menos densas y más adecuadas para este tipo de servicios, y advirtió que instalar el refugio en el centro es repetir los errores del pasado.

Un debate pendiente

La posible apertura del refugio reaviva el debate sobre cómo equilibrar la asistencia social con la convivencia urbana.
Mientras el MIDES mantiene silencio oficial, crece la incertidumbre entre los vecinos y comerciantes del centro carolino, que se sienten excluidos del proceso de decisión y temen un nuevo foco de inseguridad en una zona de intensa actividad comercial y educativa.

Por ahora, el tema continúa en discusión y se esperan nuevas instancias de diálogo entre las autoridades departamentales, municipales y el Ministerio de Desarrollo Social.

Mientras declara déficit, la Intendencia de Lavalleja paga más de 300 mil dólares en artistas

La Semana de Lavalleja, una de las celebraciones turísticas más tradicionales del interior uruguayo, se realizó en octubre con una cartelera de artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, los montos de los contratos contrastan con la falta de liquidez reconocida por la propia administración.

La intendencia había admitido, en declaraciones recientes, que deberá recurrir a una línea de crédito del Banco República para poder pagar sueldos y aguinaldos en diciembre.
“Estamos muy complicados para llegar a fin de año”, dijo el propio Jiménez en entrevista con Canal 5.

Una fiesta de alto costo

Según la documentación analizada, los contratos artísticos incluyen cifras que superan ampliamente los presupuestos históricos del evento.
El cantante argentino Diego Torres cobró US$75.000 libres de gastos, a lo que se sumaron US$3.000 por pasajes desde Miami a Buenos Aires y US$2.700 de viáticos, alcanzando un total de US$80.700.

La cantante La Joaqui, uno de los números centrales del evento, percibió US$55.000 más gastos adicionales, mientras que Valentín Merlo recibió US$65.000, y el grupo Cruzando el Charco, US$35.000.
Por su parte, Soledad Pastorutti (“La Sole”) cobró US$50.000 en efectivo, según consta en la documentación difundida.

El total estimado del gasto en artistas principales supera los US$285.000, sin incluir infraestructura, seguridad, sonido, transporte y otros servicios.

Un evento emblemático en medio de la crisis

La Semana de Lavalleja, instaurada en 1971, es un evento de alto valor cultural y turístico para Minas y la región. Su punto culminante, la Noche de los Fogones en el Cerro Artigas, congrega cada año a miles de visitantes.
No obstante, este año la organización se dividió en dos fines de semana —primero los espectáculos y luego los fogones—, lo que implicó gastos logísticos adicionales.

“Estamos hablando de un departamento que no tiene fondos para pagar sueldos, pero que contrata artistas internacionales por más de 80 mil dólares”, señaló la economista Verónica Acosta durante en el programa «La Pecera» de Azul FM.
La economista cuestionó las prioridades de gasto y advirtió que la transparencia en los contratos artísticos suele ser opaca, al incluir cláusulas de confidencialidad y pagos en efectivo.

La Intendencia de Maldonado refuerza la Cultura local con inversión millonaria en fiestas

Pese a la escasez de recursos municipales, el Departamento de Cultura invirtió más de $1.2 millones en el regreso de las Jornadas Carolinas y prepara una ambiciosa agenda de Carnaval con casi 40 tablados, 10 desfiles y un impulso estratégico para descentralizar las festividades.

En un contexto de recursos limitados para las administraciones municipales, la Intendencia de Maldonado ha optado por un fuerte compromiso inversor para garantizar el regreso y el impulso de las fiestas tradicionales en todo el departamento. Esta estrategia, liderada por el Director de Cultura, Profesor Andrés Rapetti, busca revitalizar la identidad cultural y social de cada localidad.

El caso más reciente es el retorno de las Jornadas Carolinas en San Carlos. Rapetti explicó que, al no estar el evento previsto en la grilla ni en la previsión presupuestal del municipio, fue necesario un «esfuerzo adicional» que se concretó gracias a la decisión política del Intendente.

La Inversión Millonaria para las Jornadas Carolinas

El Departamento de Cultura asumió la mayor carga logística y económica para que la fiesta, impulsada por el alcalde Luis Cima, pudiera realizarse del 13 al 16 de noviembre de 2025.

«Hoy el municipio tiene la fiesta, se ha encargado de toda la logística, y desde el Departamento de Cultura hemos cubierto todo lo que es la parte de amplificación, de escenario [y] el pago a los artistas,» detalló Rapetti. El esfuerzo financiero no fue menor, superando una inversión de $1.200.000 pesos para la vuelta de la emblemática celebración.

Rapetti destacó que este apoyo forma parte de una política más amplia que ya había previsto festividades en otros municipios, como la inminente Fiesta del Chorizo en Pan de Azúcar, a principios de noviembre, y la colaboración con la Vuelta al Pago en el Municipio de Solís, a mediados de diciembre.

Carnaval 2026: La Murga como Eje Central

Con la temporada de festividades tradicionales en marcha, la Intendencia ya ha puesto en marcha la maquinaria para el Carnaval 2026, una de las celebraciones que exige la mayor coordinación y despliegue del año.

El Director de Cultura descartó categóricamente los rumores sobre recortes presupuestales. Si bien el presupuesto se mantiene, se está realizando un «ejercicio más racional de esos recursos» para optimizar el impacto en todo el territorio.

La principal novedad es el impulso estratégico de San Carlos como «capital del interior del carnaval», con un foco indiscutido en el género Murga. Este género, que ya cuenta con una dinámica propia en la ciudad, será fomentado por la Intendencia como una expresión cultural central.

Los Números de la Fiesta Departamental:

La planificación del Carnaval 2026 es ambiciosa y busca descentralizar y potenciar la actividad:

  • Comparsas: Se espera aumentar el número de comparsas de 3 a 5, con el regreso de la comparsa de San Carlos y una nueva agrupación en Pan de Azúcar.
  • Tablados y Desfiles: Se proyectan cerca de 40 tablados y alrededor de 10 desfiles en todo el departamento. Rapetti señaló que la inversión total en el Carnaval de Maldonado lo convierte en el «segundo gran carnaval» del país.
  • Descentralización: Se incluirá un nuevo desfile en La Capuera y se llevarán espectáculos «más fuertes» a zonas como Aznárez, donde los desfiles anteriores no estaban alcanzando el resultado esperado.

La coordinación de esta agenda masiva recae en la subdirectora general de Cultura, María José Mafia, y ya se están realizando reuniones con alcaldes de todo el departamento. El calendario de actividades del Carnaval se extenderá desde la prueba de categorización de comparsas el 6 de diciembre, asegurando que los meses de diciembre, enero y febrero estén repletos de la fiesta popular.

Con el empuje al retorno de las Jornadas Carolinas y la visión renovada del Carnaval, el Departamento de Cultura reafirma su rol preponderante en la promoción de las raíces y el ocio de los ciudadanos de Maldonado.

La fiesta vuelve a casa: las jornadas carolinas regresan tras 34 años

Del 13 al 16 de noviembre de 2025, San Carlos recupera su evento más emblemático en Plaza Artigas. El Director de Cultura de Maldonado, Andrés Rapetti, destacó el trabajo «a contrarreloj» del equipo para cumplir el compromiso del alcalde Luis Cima, asegurando que no es solo un festival de música, sino una celebración de la «más rica identidad» de la ciudad.

Después de un hiato que se extendió por más de tres décadas, las Jornadas Carolinas regresan a San Carlos, convirtiendo un anhelo popular y una promesa de campaña en realidad. La fiesta, cuya última edición se realizó hace 34 años, tendrá lugar del jueves 13 al domingo 16 de noviembre de 2025, marcando un «puntapié inicial» para la revitalización cultural y comercial del municipio.

El alcalde de San Carlos, Luis Cima, visiblemente emocionado en la conferencia de prensa en Plaza Artigas, describió el regreso como un «sueño» personal y de los carolinos. Cima agradeció el respaldo del Intendente y del equipo de cultura para concretar la propuesta.

El Empuje Político y el Esfuerzo a Contrarreloj

La recuperación de la fiesta no fue un proceso sencillo ni pausado. El Profesor Andrés Rapetti, Director del Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado, confesó la intensa gestión que implicó adelantar la celebración.

«A mí por lo menos una fiesta que me moviliza muy especialmente porque tengo recuerdos de la infancia,» afirmó Rapetti, pero reveló que el esfuerzo se debió al impulso del alcalde Cima: «Cuando desde el departamento de cultura vinimos, empezamos a hablar de las jornadas 2026… dijo no, no, no, yo quiero las jornadas 2025, las quiero ahora».

Esta exigencia obligó al equipo a trabajar «a contrarreloj» y «bastante apretados por un tema presupuestal», pero se logró armar gracias al trabajo mancomunado entre el Departamento de Cultura, el Municipio de San Carlos y el área de Juventud.

No es Solo Música, es Identidad

Rapetti y Cima coincidieron en que el evento trasciende la mera programación musical. El Director de Cultura fue categórico al señalar que «no es un festival de música, es algo mucho más amplio abarcativo».

La grilla de espectáculos, que contará con un 80% de artistas locales, está pensada para la familia e incluye una vasta oferta cultural:

  • Espectáculos para niños y rincones infantiles.
  • Plaza de comidas y ferias de emprendedores.
  • Stands de Ramos Generales y venta artesanal.
  • Actividades de ocio y recreación, emparentadas con «la más rica identidad carlina».

El alcalde Cima destacó que la mayoría de los artistas serán del patio local, mencionando a «4 pesos de propina» como uno de los pocos espectáculos de afuera.

El Retorno a Plaza Artigas y la Visión a Largo Plazo

Para esta edición 2025, el evento se concentrará en la Plaza Artigas. Si bien originalmente se había pensado en la Estación de AFE o el Parque del Teatro de Verano, la saturación vehicular y el crecimiento de la ciudad hicieron que el municipio se decantara por la plaza, en parte para «estudiar a ver cómo se comporta con el crecimiento de la ciudad» y evitar riesgos de inundación.

Tanto Cima como Rapetti enfatizaron que este regreso es solo el inicio. La meta para las ediciones futuras es extender las Jornadas a una semana completa e incorporar eventos deportivos y culturales que quedaron fuera por falta de tiempo.

La visión a largo plazo del alcalde es utilizar este evento como palanca para «levantar un 100% todo lo que es la movida comercial» en el centro y, a través de actividades descentralizadas de rock y folklore en las placitas de los barrios, lograr que San Carlos «tenga actividad» de forma sostenida.

Rapetti cerró con la filosofía que impulsa el proyecto, proveniente del Intendente: «Cada pueblo su fiesta. Y a San Carlos le faltaba la fiesta, pero en realidad lo que le faltaba era recuperar la vieja fiesta». El recuerdo de la vieja tradición, que vuelve 34 años después, será ahora una realidad para las nuevas generaciones.

El día después del Chavismo: ¿Venezuela está preparada para una transición sin caos si EE.UU. precipita la caída de Maduro?

Con un despliegue militar sin precedentes de Washington en el Caribe y el aumento de las presiones, analistas advierten que la fractura de las Fuerzas Armadas y el poder de grupos criminales armados como el ELN, las FARC y el Tren de Aragua complican el mantenimiento del orden en un eventual colapso del régimen.

La política de «máxima presión» de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro ha escalado a un nuevo nivel. El despliegue militar en el Caribe —que incluye destructores con misiles, aviones de combate, un submarino nuclear y la inminente llegada del portaviones Gerald Ford—, junto con la reactivación de operaciones encubiertas de la CIA y la amenaza de acciones terrestres, han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de un derrocamiento precipitado de Maduro.

Sin embargo, el debate crucial entre los analistas no se centra en si el presidente estadounidense, Donald Trump, puede precipitar el colapso, sino en la ingobernabilidad que podría desatarse en el «día después». Expertos advierten que Venezuela no está preparada para una transición pacífica y ordenada, y que el riesgo de fragmentación y violencia interna es la mayor amenaza para un eventual gobierno de transición.

La Fragilidad del Orden Post-Maduro

En el escenario de que la presión de EE.UU. logre fragmentar el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro, o que una intervención puntual logre su salida, el orden interno se convertiría en un desafío existencial.

Phil Gunson, analista senior de Crisis Group para la región andina, advierte que sería «muy difícil que se produzca una transición pacífica en esas circunstancias». El riesgo principal radica en una división dentro del estamento militar: aquellos que se oponen a la transición, para quienes la amenaza es existencial, probablemente ofrecerían resistencia, incluso si Maduro se marcha sin combatir.

La gran dificultad para un gobierno entrante —que hipotéticamente estaría encabezado por Edmundo González, ganador de las elecciones de julio de 2024 según la oposición— sería mantener la estabilidad sin haber negociado previamente con la Fuerza Armada, un cuerpo al que Washington califica como un «cartel narco-terrorista». Gunson plantea un dilema ético y práctico: «¿A la misma Fuerza Armada que tú calificas como un ‘cartel narco-terrorista’ le vas a pedir que mantenga el orden para que no caiga tu gobierno?». Aunque la mayoría militar seguiría órdenes, «incluso una minoría bien armada te puede hacer la vida muy difícil».

El Poder de los Grupos Armados No Estatales

La preocupación por la ingobernabilidad se extiende más allá de los cuarteles y toca el territorio. James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque descarta una violencia sectaria a la escala de Irak o Libia, alerta sobre el desorden provocado por la penetración del crimen organizado. Story señaló la presencia de grupos armados colombianos como las FARC y el ELN, además del temido Tren de Aragua y otros grupos criminales que operan en distintas regiones del país.

Phil Gunson coincide en que «hay muchos grupos armados no estatales… que están comprometidos con el statu quo y no tienen ningún incentivo para abandonar sus negocios». Estos grupos representan una fuerza paralela que un gobierno de transición, que enfrentaría simultáneamente una crisis económica y humanitaria con una burocracia disfuncional, tendría enormes dificultades para neutralizar.

En este contexto, Story advierte que un gobierno legítimo, si bien podría acceder a financiamiento multilateral, necesitaría gestionar la transición militar con mucha cautela. Si bien aquellos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos no deben ser rehabilitados, es esencial preservar a los oficiales que juren lealtad a la Constitución. Una purga indiscriminada, aseguró Story, generaría una fuerte inestabilidad, aunque «no sería Haití, no sería Irak, no sería Libia, pero habría un desorden».

El «Estado Cuartel» en la Mira de Trump

La capacidad de resistencia de Maduro reside en la consolidación del llamado «Estado cuartel». El mandatario chavista ha profundizado la herencia de Hugo Chávez, fortaleciendo la «unión cívico-militar-policial», otorgando a los militares protagonismo económico y político, ampliando su presencia en el gabinete y reforzando la vigilancia interna con apoyo cubano.

Maduro ha logrado convertir a los militares en aliados con intereses directos en el sistema, haciendo de su lealtad un asunto de supervivencia económica y personal. Es este entramado, diseñado para resistir sanciones, aislamiento diplomático y llamados a la transición, lo que Estados Unidos busca ahora resquebrajar mediante una presión militar sostenida frente a sus costas.

A pesar de la alta presión militar en el Caribe, no hay señales visibles de fractura en el alto mando venezolano. Sin embargo, la tensión es máxima. El destino de Venezuela no depende solo de la caída de Maduro, sino de la capacidad de la comunidad internacional y la oposición interna para contener la violencia de los grupos armados y evitar la desintegración del orden interno, un escenario que los analistas temen más que la permanencia del actual régimen.

Megaoperativo policial en Río de Janeiro: deja 132 muertos y desata una crisis internacional por la política de «exterminio»

La cifra de fallecidos, confirmada por la Defensoría del Pueblo, convierte la incursión en los complejos Alemão y Penha en la operación policial más letal desde 1990. El gobernador Cláudio Castro defiende la acción contra los «narcoterroristas», mientras que la ONU y ONG exigen una investigación inmediata.

La guerra contra el crimen organizado en Brasil alcanzó este martes una cifra escalofriante, marcando un hito trágico en la historia de la seguridad pública de Río de Janeiro. Un megaoperativo coordinado por la Policía Civil y Militar contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los densamente poblados complejos de Alemão y Penha culminó con al menos 132 personas muertas y 81 detenidas, según la cifra actualizada un día después por la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales se cuentan cuatro valerosos policías, además de múltiples heridos, tanto agentes como residentes de las favelas.

El despliegue fue de una magnitud sin precedentes, involucrando a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro. El contingente, compuesto por efectivos del Comando de Operaciones Especiales (COE) y diversas comisarías especializadas, ejecutó más de 100 órdenes de arresto en una vasta área de 9 millones de metros cuadrados. El objetivo declarado era golpear la estructura del Comando Vermelho, una de las bandas de narcotraficantes más grandes de Brasil, que ha expandido su influencia a los 26 estados del país desde su nacimiento en una prisión carioca en los años 1970. La operación logró la detención de figuras clave, incluyendo a Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão, y a Nicolás Fernandes Soares, señalado como operador financiero de uno de los jefes del tráfico.

La Narrativa Oficial vs. El Repudio Internacional

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, no dudó en calificar la acción como «el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro». En una conferencia de prensa, Castro defendió la letalidad de la acción, producto de «una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días», y justificó la violencia al rotular a los delincuentes como «narcoterroristas». Como prueba de éxito, el gobernador mencionó el decomiso de más de 100 rifles y una gran cantidad de drogas.

No obstante, el dramático número de víctimas mortales desató una ola de críticas y repudio tanto a nivel nacional como internacional. Las denuncias de una violencia policial desmedida no se hicieron esperar:

  • La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró «horrorizada» por la cifra de fallecidos, y su despacho, dirigido por Volker Türk, denunció que esta operación mortal «refuerza la tendencia de consecuencias extremadamente letales derivadas de las operaciones policiales en comunidades marginadas de Brasil». La ONU exigió a Brasil una investigación «rápida y eficaz» de lo ocurrido, recordando las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.
  • El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal pidieron de inmediato explicaciones detalladas al gobernador Castro sobre la planificación y ejecución del operativo.
  • Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Movimentos fustigaron la estrategia. César Muñoz, coordinador de Human Rights Watch en Brasil, denunció el «fracaso de las políticas de Río de Janeiro», que solo fomentan enfrentamientos que «victimizan a residentes y agentes de policía». Isabelly Damasceno, de Movimentos, fue más allá, sentenciando que «esta estrategia del gobierno no puede ser vista como una política de seguridad, es una política de exterminio».

El Historial Letal de la Política de Seguridad

El Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (UFF) subrayó la gravedad del suceso con datos históricos: este operativo es el más mortífero registrado en la región metropolitana de Río de Janeiro desde 1990. Sus investigaciones revelan que los tres procedimientos policiales más letales en este lapso han ocurrido precisamente durante la gestión del gobernador Castro, confirmando una política de seguridad centrada en la confrontación directa en las favelas.

Para el grupo de la UFF, esta estrategia, además de implicar costos humanos y sociales altísimos, «ha demostrado ser ineficiente en el control del crimen, incapaz de reducir los hechos delictivos y contener el avance del control territorial armado». Un informe del diario O Globo de 2024 refuerza esta crítica al señalar que, a pesar de estas incursiones, el Comando Vermelho ha logrado tomar el control de decenas de zonas en Río donde antes no tenía presencia.

«La recurrencia de incursiones policiales armadas con tiroteos en territorios densamente poblados revela el descuido del Estado con la preservación de vidas negras y favelas», sentenciaron los investigadores.

El Fuego Cruzado Político y la Situación Social

Los enfrentamientos, que incluyeron a criminales utilizando drones para lanzar bombas y montar barricadas con vehículos quemados, tuvieron un impacto paralizante en la vida cotidiana. Las clases fueron suspendidas en decenas de escuelas y universidades, y varias rutas de transporte público cesaron operaciones.

En medio de la polémica por las muertes, el gobernador Castro escaló la tensión al lamentar la falta de apoyo federal en la operación. «Nuestras policías están solas… lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales», se quejó, concluyendo que «Río de Janeiro está completamente solo».

La respuesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue inmediata y categórica. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, desmintió públicamente a Castro, asegurando que el gobierno federal nunca le había negado apoyo a las autoridades regionales y que el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes previas de empleo de la Fuerza Nacional. Lewandowski fue enfático: «No he recibido ninguna solicitud del gobernador de Río de Janeiro para esta operación, ni ayer ni hoy, absolutamente nada», lo que trasladó la responsabilidad de la gestión táctica y las consecuencias humanas del operativo enteramente a la administración estatal.

Con todos los batallones de Río de Janeiro en estado de alerta ante posibles represalias del Comando Vermelho, la ciudad queda sumida en la inseguridad y la incertidumbre, con expertos clamando por un cambio urgente en una política de seguridad que ha hecho de las «matanzas policiales la regla y no la excepción» en el estado.

Turismo en Uruguay: ¡Exoneración total de IVA para no residentes de cara al verano!

El Poder Ejecutivo uruguayo ha dado un paso firme en su estrategia para potenciar la industria turística, clave para la economía del país, al disponer la exoneración total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios esenciales para los turistas no residentes durante la próxima temporada estival. La medida, que busca mejorar la competitividad de Uruguay frente a destinos regionales, regirá desde el próximo 15 de noviembre hasta el 30 de abril de 2026.

La decisión, plasmada en un decreto reciente, reitera una política impositiva exitosa implementada en temporadas anteriores, lo que subraya la confianza del gobierno en el efecto dinamizador de este incentivo fiscal en el flujo de visitantes, especialmente en el principal balneario, Punta del Este, y el departamento de Maldonado.

?️ ¿Quiénes y Qué Servicios se Benefician?

El beneficio es estricto y está dirigido exclusivamente a personas no residentes en Uruguay que realicen pagos utilizando tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior. El mecanismo de exoneración total opera automáticamente en el momento de la transacción.

El decreto abarca una amplia gama de servicios que son el motor de la experiencia turística en el país:

  1. Servicios Gastronómicos: Incluye restaurantes, bares, cantinas, cafeterías y establecimientos similares.
  2. Alojamiento Turístico: Hoteles, posadas, apart hotel, moteles, estancias turísticas y otros lugares de hospedaje.
  3. Servicios Complementarios: También quedan comprendidos los servicios de catering, la realización de fiestas y eventos, y el arrendamiento de vehículos sin chofer.

La reducción total del IVA (que en la tasa básica es del 22%) en estos rubros cruciales significa un ahorro directo y significativo para el turista, abaratando el costo final de la estadía y el consumo.

? Contexto Regional: Competencia y Tipo de Cambio

La repetición de esta política fiscal no es casual, sino una respuesta directa a la coyuntura económica regional, particularmente frente a Argentina. La medida se enmarca en la necesidad de mantener la actividad turística competitiva en un entorno donde los costos internos en dólares, impulsados por la inflación y el tipo de cambio, pueden hacer que Uruguay se perciba como un destino costoso.

En este sentido, la exoneración del IVA es una de las herramientas de desgravación más potentes con las que cuenta Uruguay para aliviar el precio final de los servicios, compensando parcialmente los costos operativos y el precio del alojamiento de alta gama que suele generar controversia pública en la temporada alta.

La industria del turismo y los empresarios del sector en Maldonado, que ven con satisfacción la extensión de este beneficio, ya habían expresado su preocupación ante los cambios tributarios en el pasado, y consideran que la estabilidad de estos incentivos es crucial para la planificación.

Esta decisión se suma a la expectativa de Uruguay sobre el flujo de turistas argentinos, cuya capacidad de gasto sigue siendo una variable clave para el éxito de la temporada. Al alentar el uso de tarjetas emitidas en el exterior, el gobierno también busca formalizar las transacciones y mejorar el registro de ingresos genuinos a través del sistema financiero.

La temporada de verano no solo es vital para el sector hotelero y gastronómico, sino que genera un efecto derrame en el comercio local, el empleo temporal y los servicios conexos, consolidando a la actividad turística como una de las principales fuentes de divisas para el país.