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Abusos a trabajadoras sexuales en Maldonado: ya son seis las víctimas que denunciaron al agresor

La investigación por una serie de abusos sexuales cometidos contra trabajadoras sexuales en el departamento de Maldonado continúa sumando testimonios y nuevas líneas de análisis. El caso, que tomó estado público hace pocos días, involucra a un hombre que fue formalizado por la Justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado y violencia privada. Actualmente cumple prisión preventiva por 180 días mientras avanzan las pericias y diligencias pendientes.

El abogado Leandro Arévalo, representante de varias de las víctimas, confirmó que inicialmente la imputación se realizó por cinco casos, pero una sexta denuncia se incorporó en las últimas horas. El profesional agregó que no se descarta que aparezcan más testimonios, dado que la investigación recién comienza y el caso se volvió público, lo que podría motivar a otras mujeres a declarar.

Según explicó Arévalo, el acusado contactaba a las trabajadoras a través de una página web y solicitaba sus servicios. Sin embargo, al concretar el encuentro, desviaba totalmente el acuerdo y las agredía sexual y físicamente.

El abogado detalló que, en varios hechos, las víctimas fueron asfixiadas con la mano o mediante bolsas colocadas en la cabeza, lo que generó situaciones de riesgo extremo. En ninguno de los casos hubo pago por los servicios solicitados y, en algunos episodios, el agresor grabó las agresiones para luego enviar los videos a las mujeres, exigiendo que los eliminaran.

Los ataques ocurrieron principalmente en espacios públicos oscuros o con escasa vigilancia, lo que facilitaba el accionar sin testigos ni cámaras de seguridad, señaló Arévalo.

La Justicia dispuso la prisión preventiva del acusado como medida cautelar por 180 días, mientras se procesan peritajes, informes forenses y otras diligencias. La Fiscalía trabaja para determinar si existen más víctimas y si en algunos casos hubo consecuencias más graves.

Consultado sobre el alcance del fenómeno, Arévalo expresó que no tiene evidencia directa de otros hechos en Maldonado, aunque mencionó que más de 300 trabajadoras sexuales de todo el país han manifestado haber vivido situaciones similares, lo que refleja la vulnerabilidad del sector y la dificultad para denunciar.

El avance de la investigación dependerá de los resultados periciales y de la eventual aparición de nuevas denuncias. La Fiscalía continúa reuniendo elementos probatorios para determinar si corresponde ampliar los delitos imputados o profundizar en otras conductas vinculadas.
La causa lleva menos de una semana desde su unificación y todavía se encuentra en una etapa inicial.

Juan Castillo inauguró en Maldonado el primer Centro Regional del MTSS: qué cambia para los usuarios

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) inauguró este jueves 4 de diciembre su primer Centro Regional en el departamento de Maldonado, una iniciativa que marca el inicio de un proceso de descentralización destinado a facilitar el acceso a servicios laborales, de empleo y de apoyo al cooperativismo en el interior del país.

La apertura contó con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el director nacional de Coordinación en el Interior, Darío Mendiondo; el director nacional de Empleo, Federico Araya; y la directora del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), Marisol Fuentes.

Durante el acto, Darío Mendiondo destacó que este centro es el primero de una red de seis que se proyecta instalar en distintos puntos del país. Subrayó que el proyecto responde a una política de cercanía con la ciudadanía, orientada a mejorar la calidad de la atención y optimizar recursos. Según indicó, la iniciativa es el resultado de un año de trabajo territorial destinado a identificar necesidades y fortalecer la presencia del Estado en la región este.

Por su parte, Federico Araya señaló que la instalación del centro permitirá ampliar el acceso a servicios de empleo, formación profesional y orientación laboral. Remarcó que el objetivo es mejorar las oportunidades de inserción laboral y fortalecer la intermediación entre trabajadores y empresas, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos buscan reingresar al mercado de trabajo.

La directora del INACOOP, Marisol Fuentes, resaltó la importancia de integrar el apoyo al cooperativismo dentro del nuevo espacio. Explicó que el centro brindará asesoramiento para la creación y consolidación de cooperativas, además de ofrecer herramientas de gestión y acceso a programas de financiamiento y capacitación.

El ministro Juan Castillo afirmó que la iniciativa responde a la necesidad de acercar el Estado a trabajadores, empresas y organizaciones del interior. Señaló que el objetivo es evitar que los ciudadanos deban trasladarse a Montevideo para resolver trámites o consultas laborales, y recordó que en las últimas semanas el Ministerio ha estado instalando oficinas de atención en distintos departamentos.
“El propósito es escuchar, orientar y resolver en el territorio. La descentralización no es discursiva; es operativa y concreta”, afirmó.

Servicios disponibles en el nuevo Centro Regional

El centro ofrecerá una atención integral que reúne a tres áreas del MTSS: la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (DINACOIN), la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) y el Instituto Nacional del Cooperativismo.

Los principales servicios incluyen:

Empleo y orientación laboral

  • Intermediación laboral y vinculación con ofertas de empleo.
  • Preparación de currículum, entrevistas y estrategias de búsqueda.
  • Asesoramiento para emprendimientos y programas como Yo Estudio y Trabajo.

Trabajo y relaciones laborales

  • Mediación y conciliación en conflictos laborales.
  • Asesoramiento en normativa laboral, condiciones de trabajo y seguridad laboral.
  • Recepción de denuncias vinculadas a incumplimientos laborales.

Cooperativismo y economía social

  • Acompañamiento técnico, jurídico y contable para cooperativas.
  • Asesoramiento para la constitución de nuevos grupos cooperativos.
  • Acceso a programas, fondos y actividades de formación.

Con esta inauguración, el MTSS busca consolidar una red de servicios más accesible, orientada a mejorar la calidad de la atención y ofrecer soluciones en el territorio. Maldonado se convierte así en el primer departamento en contar con un Centro Regional plenamente integrado.

Sindicato de Casinos entra en conflicto y analiza paro tras discurso del director general

El sindicato que agrupa a los funcionarios de casinos estatales de Uruguay —ANFUCE— se declaró en conflicto con la administración de Dirección General de Casinos del Estado, a raíz de lo que considera una “falta de respeto“ a la negociación colectiva y medidas de “autoritarismo total” por parte del director general, Fernando Estévez.

Según el gremio, el último presupuesto enviado por la Dirección cambió radicalmente las condiciones de trabajo y eliminó grados en los escalafones sin discutirlo con los representantes sindicales, lo que vulnera acuerdos previos. La secretaria general de ANFUCE, Cecilia Alegre, declaró que, a pesar de haber solicitado reuniones al Ministerio de Trabajo, no se logró ningún avance: “No escuchan ningún planteo de los trabajadores”.

El conflicto escaló cuando, en una de esas reuniones, los delegados sindicales denunciaron haber sido destratados por Estévez, quien —según el sindicato— les dijo: “Nos dijo que éramos unos esquizofrénicos”. Esta frase fue repudiada por ANFUCE y se convirtió en el disparador del bloqueo a toda negociación.

Ante esta situación, el sindicato analiza convocar un paro general con cierre de salas en todo el país, sin fecha confirmada, pero con la posibilidad de que se concrete hacia fin de año, en plena temporada alta para el sector.

Reclamos y puntos de tensión

Además del descontento por la reestructuración del presupuesto, ANFUCE advirtió su preocupación por la falta de transparencia en el proyecto de regulación del juego online —que las autoridades del Estado y del sector privado estarían preparando en forma “secreta” sin incluir a los trabajadores.

El sindicato exige que cualquier cambio estructural, sea presupuesto, niveles salariales, escalafones o normativa del juego, esté sujeto a negociación colectiva y con participación de los empleados, para evitar decisiones unilaterales que afecten sus condiciones de trabajo.

Contexto histórico y antecedentes

No es la primera vez que ANFUCE advierte sobre deficiencias en la infraestructura o condiciones laborales en casinos estatales. En 2023, denunció que varias salas funcionaban con servicios inadecuados —aire acondicionado averiado, goteras, fallas en máquinas— y reclamó inversiones urgentes para evitar cierres parciales de locales.

La actual crisis revela una tensión mayor: mientras el sindicato pide participación en decisiones claves, la Dirección reafirma su prerrogativa administrativa, lo que deja en el centro del conflicto al diálogo entre Estado y trabajadores.

Qué sigue: expectativa de paro y presión sindical

ANFUCE ya trasladó su estado de “conflicto” al ámbito público y laboral, en espera de una señal de cambio. Si no obtiene respuestas satisfactorias —según afirman sus dirigentes— podrían llevar adelante medidas de fuerza que afectarían el funcionamiento de salas de casino en todo el país.

Además, reclaman que cualquier futura reapertura del debate sobre juego online considere criterios claros, transparencia en la regulación y participación activa de los trabajadores. Porque, advierten, de lo contrario la reconversión podría profundizar la precariedad laboral, en vez de mejorarla.

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF anuncia ingresos por US$ 67 millones anuales

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó los resultados de la licitación de derechos audiovisuales para el período 2026–2029, en un proceso que, según lo expuesto por su presidente Ignacio Alonso, permitirá cuadruplicar los ingresos anuales del fútbol uruguayo. La conferencia se realizó desde Estados Unidos y detalló cada instancia del mecanismo de evaluación, así como las empresas adjudicatarias de los distintos lotes.

Alonso informó que los ingresos totales anuales alcanzarán los 67.547.000 dólares, cifra que se mantendrá durante los cuatro años establecidos en la licitación. En total, la AUF proyecta un ingreso acumulado de 270.188.000 dólares por los lotes de derechos de transmisión, servicios y paquetes complementarios. Al monto bruto deberán descontarse costos operativos estimados entre 6 y 7 millones de dólares, lo que dejaría una cifra neta cercana a los 61 millones de dólares anuales.

Según el detalle ofrecido por Alonso, el procedimiento incluyó dos rondas de ofertas. En la segunda etapa participaron ocho empresas, que debieron presentar nuevas propuestas entre las 14:00 y las 18:00 del día 2 del mes indicado. La recepción de los sobres contó con la presencia del departamento de compliance, la Comisión de Transparencia de la AUF, la consultora IU y el escribano designado para certificar el acto.

Una vez cerrado el plazo, las ofertas fueron derivadas a las comisiones evaluadoras, que determinaron las puntuaciones finales y seleccionaron a las adjudicatarias. Alonso sostuvo que el proceso generó “gran alegría” dentro del Comité Ejecutivo y que los resultados significan un avance para jugadores, entrenadores, árbitros y demás actores del ecosistema del fútbol uruguayo.

La licitación se dividió en tres grandes bloques. El bloque 1 comprendió los derechos generadores de ingresos, con seis lotes que abarcan competencias profesionales, fútbol amateur, Copa Uruguay, competencias del interior, fútbol femenino, futsal y fútbol playa, así como un porcentaje destinado a infraestructura.

Los ingresos anuales por estos lotes suman los ya mencionados 67,5 millones de dólares, integrando tanto los derechos televisivos como las ofertas asociadas a infraestructuras y competencias amateurs.

En el bloque 2, correspondiente a la producción audiovisual, se adjudicó el servicio a la empresa La Corte. Por su parte, el bloque 3, destinado a la producción comercial, quedó en manos de Tenfield S.A., la cual también obtuvo el lote 4 (publicidad y merchandising) dentro del bloque de ingresos.

Alonso detalló uno por uno los adjudicatarios de los principales lotes:

  • Lote 1 (TV para abonados): DirecTV
  • Lote 2 (streaming): Consorcio Team – Click – Sport Media – Antel
  • Lote 3 (transmisión internacional): Mismo consorcio Team – Click – Sport Media – Antel
  • Lote 4 (publicidad y merchandising): Tenfield S.A.
  • Lote 5 (live feed, data feed y betting rights): Mediapro
  • Lote 6 (competencias amateurs y Copa Uruguay): Consorcio integrado por Telecom
  • Bloque 2 (producción audiovisual): La Corte
  • Bloque 3 (producción comercial): Tenfield S.A.

El presidente de la AUF señaló que once empresas participaron en los bloques vinculados a costos de producción, generando una competencia que contribuyó a mejorar las condiciones económicas para la organización y los clubes.

Alonso afirmó que el proceso llevó años de estudio de mercado, consultas con empresas internacionales y análisis técnico. Aseguró que los resultados obtenidos se ajustan a las proyecciones presentadas por la consultora contratada en 2024 y 2025.

Además, informó que los resultados serán enviados a Tenfield, empresa titular del contrato vigente, para el procedimiento correspondiente de igualación de oferta. La AUF prevé que, una vez completada esta etapa, se procederá a la firma de contratos con los adjudicatarios definitivos.

Según su exposición, la cifra proyectada representa un hito para el fútbol uruguayo y posiciona al sistema de competiciones nacionales en un escenario económico más sólido para los próximos años.

Punta del Este se consolida como destino de cruceros: 39 escalas previstas en la temporada 2025/2026

El inicio de la temporada de cruceros 2025/2026 en Uruguay trae buenas noticias especialmente para Punta del Este: se espera que este balneario reciba 39 escalas turísticas durante el período de verano, según anunciaron autoridades del sector.

Este anuncio, formalizado en el marco del lanzamiento de la temporada por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Administración Nacional de Puertos (ANP), resalta el fuerte compromiso del país para posicionar a Punta del Este como puerto de escala e impulsar su oferta turística en temporada alta.

Punta del Este como puerta de entrada turística

La apuesta por asignar parte de las recaladas a Punta del Este reconoce sus ventajas naturales, turísticas y logísticas: playas, infraestructura, atractivo veraniego y conectividad. El balance proyectado para la temporada 2025/2026 convierte a la ciudad en un nodo clave para captar turistas internacionales que arriban en crucero.

El arribo del primer crucero de la temporada, el de lujo Scenic Eclipse, ya marcó un precedente: sus pasajeros desembarcaron en Punta del Este el 21 de octubre, generando movimiento turístico y turístico-comercial en la zona, con traslados, tours y consumo local.

Ese tipo de recaladas —de barcos con perfil internacional o de lujo— puede potenciar la visibilidad del destino, atraer inversiones en servicios y ampliar las oportunidades del sector hotelero, gastronómico, recreativo y de comercio local. La ciudad, de esa forma, refuerza su posicionamiento en circuitos turísticos globales.

Impacto económico y expectativas

El turismo de cruceros representa una inyección de divisas importante para el país y, en particular, para destinos como Punta del Este. En presentaciones oficiales, se recordó que en la temporada anterior el sector generó más de US$ 14,6 millones en ingresos, cifra que impacta en servicios portuarios, turismo, transporte, comercio y empleo.

Para un balneario como Punta del Este —altamente dependiente del turismo de temporada— la llegada de cruceros implica no solo visitantes de paso, sino una posibilidad de conversión hacia estadías más largas, consumo de servicios locales, y un empuje económico en comercios, empresas turísticas y estructura hotelera.

Preparativos y desafíos logísticos

No obstante, recibir cruceros requiere preparación: servicios portuarios, transporte terrestre, atención turística, infraestructura para atender pasajeros, paseos, excursiones, guías, seguridad, etc. En tal sentido, desde la ANP y los organismos involucrados han subrayado la necesidad de una coordinación estrecha con los operadores turísticos locales y autoridades departamentales de Maldonado para asegurar una experiencia adecuada a los visitantes.

Uno de los desafíos históricos para Punta del Este ha sido que los cruceristas suelen permanecer poco tiempo en tierra —lo que limita su impacto si no existe una oferta atractiva, accesible y bien organizada que invite a quedarse más allá de unas horas.

Ahora, con la reactivación del crucerismo y una temporada que anticipa 39 escalas, hay expectativa de que se puedan articular medidas para potenciar los beneficios: rutas turísticas, servicios especializados, transporte interno, visitas guiadas, gastronomía regional, comercio, y oferta cultural.

Riqueza estratégica: más que un puerto, un destino

Punta del Este no solo aspira a ser una simple escala pasajera: busca consolidarse como destino preferido dentro de los itinerarios de cruceros que recorren la costa del Atlántico Sur. Si la estrategia turística —infraestructura, servicios, promoción— se sostiene, el balneario puede posicionarse como una puerta de entrada clave para quienes visitan Uruguay por mar.

En un país con vocación turística, la diversificación de puntos de ingreso —no solo Montevideo— puede representar una estrategia de descentralización. Para Maldonado y Punta del Este, esto significa oportunidades concretas de crecimiento económico, empleo estacional y fortalecimiento de su marca internacional.

En definitiva: la temporada 2025/2026 no solo traerá cruceros —traerá posibilidades. Y Punta del Este tiene la oportunidad —una vez más— de aprovecharlas.

BROU ratifica próximo desembolso a Cardama: cuándo y por qué se seguirá pagando al astillero

El proyecto de construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama —una compra destinada a reforzar la vigilancia marítima de Uruguay— vuelve a generar polémica. A pesar de una denuncia por posibles irregularidades y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Defensa Nacional y el BROU sostienen que los pagos comprometidos se mantienen, siempre que se cumplan los hitos técnicos acordados.

El presidente del banco estatal, Álvaro García, fue claro al afirmar que la obligación de desembolsar la siguiente cuota se mantiene mientras Cardama presente la documentación requerida para certificar el avance del contrato. “Si no cambia nada, los pagos hay que realizarlos.”

¿Qué pasó hasta ahora?

El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 y prevé la construcción de dos “offshore patrol vessels” (OPV) destinados a la flota de la Armada Nacional uruguaya. La financiación se canaliza mediante una carta de crédito a través del BROU, bajo la supervisión de un banco corresponsal europeo, que establece hitos específicos para los pagos progresivos.

El primer desembolso —un anticipo— ya fue realizado en 2024. Luego, la empresa debía avanzar en la construcción según el cronograma, presentando las certificaciones correspondientes (planos, aprobación de estructuras, etc.).

No obstante, en 2025 surgieron denuncias del gobierno sobre “graves irregularidades”: entre ellas, la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, irregularidades en permisos de construcción y falta de aprobación final de planos estructurales. Ese contexto motivó una denuncia penal y la intención de rescindir el contrato.

Pese a eso, autoridades del BROU insisten en que la carta de crédito y el contrato regulan el pago bajo condiciones técnicas claramente definidas: si se cumple con los hitos, el pago es “irrevocable”.

Lo que define el futuro inmediato: hitos técnicos y documentos

Según García, la única forma de frenar el pago sería la ausencia de los documentos exigidos o que estos no acrediten el avance de manera fehaciente. Mientras tanto, el banco considera que su rol es administrativo y financiero —no judicial ni técnico— por lo que no puede retener fondos bajo presión política.

El próximo hito que Cardama debe certificar es clave: si se comprueba la correspondiente fase de construcción —con la quilla colocada, planos aprobados y controles técnicos validados—, se autorizará el nuevo desembolso. Si no, el banco podría negarse.

Tensiones entre legalidad, confianza y política

Este episodio puso en evidencia las tensiones entre las exigencias técnicas, los compromisos institucionales y el escrutinio público. Para el gobierno, el contrato con Cardama ya no genera confianza. Al mismo tiempo, para el BROU, suspender pagos sin fundamento podría afectar su credibilidad internacional como entidad financiera que respeta las cartas de crédito irrevocables.

El ministro de Defensa y representantes del Ejecutivo han señalado que, en caso de no poder continuar con Cardama, buscarán otras alternativas —incluso otro astillero o un consorcio— para cumplir con el objetivo de dotar a la Armada de las patrulleras previstas.

¿Qué significa para Uruguay?

Para Uruguay, el proyecto de patrulleras representa un intento de modernizar su capacidad de vigilancia marítima, un área crítica para proteger su zona económica exclusiva, controlar pesca ilegal y ejercer soberanía en aguas jurisdiccionales. El fracaso del proyecto implicaría retrasos sustanciales en esa modernización.

Pero también el episodio pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, selección de proveedores, garantías efectivas y supervisión técnica de contratos multimillonarios. Que el pago esté condicionado al cumplimiento de hitos puede ser visto como una oportunidad para aplicar mayor transparencia, exigir responsabilidad al proveedor y redefinir criterios de contratación estatal.

La Armada Nacional sumará un tercer helicóptero: qué misiones cubrirá

La Armada Nacional dio un paso importante en su modernización al concretar la compra de un helicóptero de segunda mano, modelo AB412HP —fabricado por Leonardo S.P.A.—, adquirido en Italia. El contrato de compraventa se firmó formalmente a fines de noviembre de 2025, con lo que la flota aérea naval uruguaya pasará a contar con tres unidades de ese tipo. La aeronave estará operativa desde 2026 y se suma a otras dos similares ya en servicio.

El AB412HP es un helicóptero bimotor versátil, con amplia historia de uso militar y civil —en misiones de transporte, búsqueda y rescate, patrullaje marítimo, vigilancia, traslado sanitario, apoyo en emergencias, entre otras funciones.

Según informaron desde el Ministerio de Defensa Nacional, la aeronave adquirida pertenecía a la Guardia Costera italiana y posee menos de 2.000 horas de vuelo, lo que garantiza una vida útil estimada en alrededor de 20 años tras los ajustes correspondientes.

La compra significó una inversión de 1,5 millones de euros —unos US$ 1,7 millones al tipo de cambio actual—, un valor que representa alrededor del 30 % menos respecto al precio de mercado de aeronaves similares.

Qué prestaciones traerá a la flota uruguaya

El helicóptero será adaptado para cumplir distintas funciones estratégicas:

  • Búsqueda y rescate en alta mar o ríos.
  • Traslados sanitarios, especialmente en zonas costeras o de difícil acceso.
  • Fiscalización marítima, fluvial y lacustre: control de actividades pesqueras, vigilancia de costas, acciones en aguas jurisdiccionales.
  • Apoyo ante emergencias como incendios, contingencias en costas o rescates de personas.

El helicóptero cuenta con capacidades técnicas destacadas: podrá instalar radar y cámara electroóptica, posee cabina preparada para operar con lentes de visión nocturna —condición ideal para misiones nocturnas o en condiciones adversas— y tiene guinche para rescate.

Al ser un modelo ya conocido por la Armada —las otras dos unidades en servicio son del mismo fabricante y modelo— la integración operativa y logística será más ágil, lo que reduce costos de mantenimiento, capacitación de tripulaciones y asegura compatibilidad técnica.

Qué cambió con esta compra

Con esta adición, la Aviación Naval uruguaya fortalece considerablemente su capacidad operativa. Actualmente, la flota contaba con dos AB412; con el nuevo aparato se asegura que —incluso si una aeronave está en mantenimiento o capacitación— quede siempre disponible al menos una unidad operativa.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la baja cantidad de horas de vuelo de la aeronave y su buen estado garantizan un “periodo prolongado de operatividad confiable”, lo que se traduce en una inversión eficiente para la seguridad, protección costera y tareas humanitarias.

Se prevé que, luego de la revisión técnica en Italia (programada antes del traslado), una delegación de Aviación Naval viajará para la inspección definitiva, tras lo cual la nave será trasladada al país y puesta en servicio en los primeros meses de 2026.

Importancia estratégica para Uruguay

Uruguay, con una extenso litoral costero y áreas oceánicas de soberanía, necesita mantener una capacidad operativa aérea de respuesta rápida ante emergencias marítimas, rescates, control de pesca ilegal, vigilancia costera y protección del medio ambiente. La incorporación del AB412HP refuerza ese compromiso.

Además, en un contexto regional donde las amenazas a la seguridad marítima, la migración irregular, el tráfico ilícito y la necesidad de guardacostas eficientes son crecientes, esta adición representa una mejora concreta en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas uruguayas.

Para la población civil, significa mayor seguridad en operaciones de rescate, emergencias sanitarias, catástrofes naturales o accidentes en zonas costeras o remotas, lo que puede marcar la diferencia en tiempos críticos.

INEFOP: cómo funcionan las nuevas capacitaciones de Uruguay Impulsa en todo el país

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) puso en marcha una iniciativa de alcance nacional que busca mejorar la empleabilidad de miles de personas: en el marco del programa Uruguay Impulsa, 5.000 participantes comenzarán cursos de formación en 88 localidades de todo el país, orientados a potenciar tanto habilidades blandas como técnicas.

Uruguay Impulsa —coordinado por INEFOP junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes— fue diseñado para ofrecer una salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad. El programa combina trabajo temporal, prestación mensual, y sobre todo, capacitaciones para facilitar el ingreso o reinserción laboral.

El requisito era claro: personas de 18 a 65 años que no recibieran prestaciones públicas ni estuvieran empleadas formal o informalmente. Más de 160.000 uruguayos se inscribieron entre el 18 y 26 de agosto de 2025. Tras un sorteo, unas 5.000 personas resultaron seleccionadas para formar parte del programa.

El componente educativo a cargo de INEFOP —y en muchos casos en conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) o entidades acreditadas— contempla un trayecto de 22 jornadas distribuidas entre octubre y diciembre de 2025. Las capacitaciones combinan tres ejes principales: competencias transversales, formación técnica y herramientas para la búsqueda activa de empleo.

  • Competencias transversales: comunicación, trabajo en equipo, aprendizaje continuo — fundamentales para adaptarse a distintas formas de empleo.
  • Capacitación técnica: oficios y sectores con demanda laboral current — construcción, logística, comercio, gastronomía, administración, servicios.
  • Talleres de inserción laboral: armado de currículum, preparación para entrevistas, orientación de proyecto laboral.

Además, existe una modalidad opcional —la llamada “Ruta Digital”— destinada a nivelar competencias informáticas para quienes lo necesiten. Y para más de 2.000 participantes también se habilita un proceso de acreditación de saberes: quienes no completaron Primaria o Educación Media, pueden regularizar su situación educativa.

Una de las fortalezas del programa es su cobertura geográfica. Las capacitaciones se dictan en 88 localidades, muchas de ellas fuera de los grandes centros urbanos —lo que permite incluir a personas de contextos rurales o localidades pequeñas, acercando la oferta educativa a quienes más la necesitan.

INEFOP y UTU informan que la implementación contó con un despliegue logístico importante, con más de 1.200 docentes y acompañamiento institucional para asegurar accesibilidad, incluso en zonas remotas o menos favorecidas.

Para las autoridades del instituto, el programa representa un cambio de paradigma: pasar de medidas asistenciales o puntuales —como los tradicionales jornales solidarios— a una estrategia de largo plazo que combine capacitación, inserción laboral y desarrollo de capacidades. Así lo expresó su director general: es, dijo, “un viraje” en la forma de entender la formación y el empleo.

El énfasis no está solo en ofrecer una salida inmediata, sino en dotar a las personas de herramientas reales para insertarse en el mercado laboral, mejorar sus condiciones, y aumentar sus oportunidades a futuro.

El programa Uruguay Impulsa con INEFOP al frente representa una apuesta ambiciosa por la inclusión social, la reducción de vulnerabilidades y la promoción del empleo decente. Pero también enfrenta retos:

  • Que las capacitaciones se traduzcan en empleos reales y sostenibles, no en soluciones temporales.
  • Que las empresas valoren las habilidades y certificaciones brindadas.
  • Que el acompañamiento institucional se mantenga para asegurar la inserción efectiva.
  • Que existan políticas complementarias: acceso al transporte, incentivos laborales, acompañamiento social — especialmente en zonas rurales o apartadas.

Si todo marcha como prevén sus responsables, Uruguay podría ver un cambio estructural en varios segmentos de la población: más personas capacitadas, mejor empleabilidad, menos informalidad, y una fuerza laboral más cualificada.

Udelar insiste con su histórico reclamo del 6+1 para impulsar la educación pública

En los últimos días, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, reiteró el histórico reclamo de la institución: que la inversión pública en educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que a su vez se destine un 1 % del PIB a ciencia e investigación. La expectativa está puesta sobre la próxima instancia de Rendición de Cuentas, que el gobierno enviará al Parlamento.

La demanda no es nueva: desde hace décadas el sistema universitario y los gremios docentes del país sostienen que ese piso de financiamiento —conocido como la fórmula “6 + 1” — es clave para garantizar una educación pública de calidad, mantener la excelencia académica, sostener la infraestructura, fomentar la investigación científica, afrontar la matrícula creciente, y asegurar condiciones dignas para docentes y estudiantes.

Según las autoridades de Udelar, la propuesta presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento mantendría una asignación insuficiente para la universidad: en lugar de acercarse al 6 % del PIB, los recursos destinados a la educación estarían en un nivel que rondaría el 4 % para los próximos años.

Ese escenario implica que la relación presupuesto/PIB de la Udelar —y, por extensión, de todo el sistema de educación pública— continuaría lejísima de lo que la universidad y los actores del sistema educativo consideran necesario para cumplir con sus funciones: docencia, investigación, extensión, infraestructura, becas, salarios, mantenimiento edilicio, laboratorios, entre otros.

En lo inmediato, esta situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria: desde informaciones sobre “situación de emergencia” para atender la demanda creciente de estudiantes, hasta advertencias de riesgo de desbordes en carreras, deterioro de calidad educativa y limitaciones para sostener la investigación.

Ante este contexto, el rector Cancela sostuvo que el reclamo del 6 % del PIB para educación y 1 % para investigación no debe verse como una exigencia puntual, sino como un proyecto estratégico para el país. Según sus palabras, la meta responde al imperativo de garantizar una “universidad pública, de calidad, pública y gratuita, con capacidad de recibir a más estudiantes, atender la demanda nacional y sostener la investigación científica”.

En ese sentido, la Udelar ya presentó una propuesta presupuestal para el período 2025–2029, estimada en unos US$ 330 millones adicionales frente al monto actual, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, descentralizar la oferta educativa, mejorar las condiciones docentes, ampliar la investigación en todo el país y garantizar becas para estudiantes con bajos recursos.

El rector remarcó que —aunque reconoce las limitaciones fiscales del país— considera que existe “voluntad política suficiente” en diferentes sectores parlamentarios para avanzar hacia ese objetivo. En encuentros recientes, destacó la importancia de mantener el compromiso del 6 % + 1 % como “una apuesta estructural” que trasciende gobiernos.

La carencia de recursos suficientes no afecta únicamente los salarios o la infraestructura: tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, el acceso para estudiantes de bajos recursos, la investigación científica, la extensión universitaria y la capacidad de la universidad de responder a los cambios sociales y tecnológicos.

Según advertencias de la universidad y sus gremios, la insuficiencia presupuestal podría derivar en:

  • Recortes en becas y apoyos estudiantiles, afectando el acceso igualitario.
  • Deterioro de la infraestructura y atraso en mantenimiento de edificios, laboratorios y equipamiento.
  • Menor capacidad de contratar cargos docentes, técnicos y de servicio, lo que impacta en la calidad educativa y el volumen de estudiantes por docente.
  • Restricciones a la investigación científica, básica y aplicada, con efectos negativos en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.
  • Posible limita­ción en la expansión de la oferta académica, especialmente en el interior del país, lo que condiciona la descentralización universitaria.

Con la Rendición de Cuentas a la vista, la Udelar presiona políticamente para que se incluyan incrementos significativos que se acerquen al reclamo histórico. Como parte de ese camino, la institución elevó su propuesta presupuestal al Parlamento, y algunos sectores del oficialismo y oposición han expresado apertura al diálogo.

Para las autoridades universitarias, la clave está en que ese ajuste no sea esporádico, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. Además, plantean que una inversión real en educación e investigación no debe considerarse un gasto: es una inversión en capital humano, desarrollo científico, innovación, equidad social y futuro colectivo.

No obstante, reconocen las tensiones: las restricciones fiscales, la presión por equilibrar las cuentas públicas, la competencia por recursos y la necesidad de priorizar otras áreas del Estado hace que alcanzar el 6+1 sea una decisión política compleja.

Laguna Garzón entre crisis ecológica y acción estatal: abren la barra para frenar deterioro

Este domingo 23 de noviembre de 2025, el Ministerio de Ambiente autorizó una apertura artificial de la barra arenosa de la Laguna Garzón, en la frontera entre los departamentos de Maldonado y Rocha, para hacer frente a una grave floración de cianobacterias que cubre gran parte de la superficie del espejo de agua.

Un ecosistema bajo presión

La operación de apertura fue monitoreada por técnicos de la Dinabise (Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) y la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental), junto con personal del área protegida de la laguna. Según informó el Ministerio de Ambiente, la maniobra persigue permitir un intercambio vital entre el agua dulce de la laguna y el agua salada del mar, con el objetivo de arrastrar nutrientes acumulados y restaurar la salinidad, dos factores clave para frenar la eutrofización.

La actual floración de cianobacterias —microorganismos fotosintéticos que tiñen el agua de un tono verde fluorescente— no es un fenómeno aislado. El Ministerio ha advertido en los últimos días que la proliferación puede intensificarse si continúan las condiciones climáticas actuales.

¿Qué implica la apertura?

La “autolimpieza”, según la cartera ambiental, es un mecanismo natural que se potencia cuando la barra se abre: se descarga agua dulce —rica en nutrientes— hacia el océano, mientras que agua marina, más salina, retorna hacia la laguna. Esto ayuda a diluir la concentración de nutrientes y a limitar el crecimiento descontrolado de plantas y algas, incluidas las cianobacterias.

El proceso no es sencillo: se deben tener en cuenta factores meteorológicos como mareas y viento. Además, el nivel del agua en la laguna juega un papel central, porque debe estar en condiciones que permitan una apertura eficiente y duradera.

Un desastre ambiental persistente

Los técnicos advierten que la degradación del ecosistema no se debe únicamente a la floración de cianobacterias. Entre los principales problemas figuran la invasión de plantas acuáticas, la acumulación de sedimentos y la falta de intercambios frecuentes con el mar. Estos síntomas se han intensificado en los últimos años, en parte porque las aperturas naturales de la barra ya son cada vez más escasas.

En los registros del Ministerio de Ambiente y otras instituciones, se observa que la frecuencia y duración de las aperturas de la barra han disminuido en los últimos años. Además, algunos informes destacan que el cierre prolongado de la barra favorece la acumulación de materia orgánica y nutrientes, condiciones que alimentan la proliferación de algas nocivas.

Recomendaciones y alerta sanitaria

Frente a la situación, el Ministerio de Ambiente ha emitido una serie de advertencias para la población: evitar actividades recreativas en zonas donde se observa la floración, restringir el uso del agua para riego y no consumir pescado con vísceras si proviene de áreas afectadas.

Además, se realiza un monitoreo continuo del sistema mediante muestreos de campo y tecnología satelital, con el fin de evaluar cómo evoluciona la floración y el impacto de las intervenciones en el ecosistema.

Hacia una gestión más integral

La apertura actual se inscribe en un esquema más amplio: desde hace tiempo distintas voces, incluidas las de vecinos, científicos y organismos ambientales, reclaman un plan de manejo sostenido para la Laguna Garzón.

Entre las propuestas figuran aperturas más frecuentes, obras de canalización, monitoreo permanente y restauración de la barra arenosa. Todos estos elementos son parte de una visión de largo plazo para evitar que el deterioro ambiental de la laguna se vuelva irreversible.