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Rocha: incautan más de 350 kilos de hachís y vinculan a los detenidos con bandas de Brasil

La Jefatura de Policía de Rocha avanza en la investigación relacionada con la incautación de más de 350 kilos de hachís, que tuvo lugar este lunes, y que involucra a tres ciudadanos brasileños. Según los indicios recabados, los detenidos mantienen vínculos con organizaciones criminales que operan en las ciudades brasileñas de San Pablo y Río de Janeiro. Los investigadores suponen que la droga fue transportada hasta el departamento en barco.

La Policía había recibido información sobre las actividades de este grupo en el balneario San Antonio, lo que permitió iniciar una investigación que dio sus frutos el lunes. Para detener a los involucrados, se estableció un punto de control en la Ruta 10. Cuando los detenidos se dieron cuenta del operativo, intentaron escapar.

Uno de los ahora arrestados huyó inicialmente en su camioneta hacia La Paloma. Sin embargo, durante la persecución, el vehículo subió a la vereda y se estrelló contra una sucursal del Banco República (BROU). Aunque el conductor intentó escapar corriendo, fue finalmente detenido. En la camioneta, la Policía encontró 309 paquetes de hachís, que totalizan más de 350 kilos de marihuana.

Una segunda camioneta con otro de los involucrados fue interceptada en la ruta. En su interior se hallaron una pistola de aire comprimido, precintos de seguridad, guantes de látex, cintas adhesivas y un handy, lo que reforzó la hipótesis de un operativo criminal organizado.

Además, dos personas fueron detenidas en la ciudad de Chuy, cerca de la frontera con Brasil, pero una de ellas fue liberada al no encontrarse pruebas que la vincularan directamente con el caso.

Los tres detenidos son de nacionalidad brasileña. Uno de ellos proviene de Río Grande del Sur y los otros dos de San Pablo. La investigación apunta a que el cargamento de droga tenía como destino la ciudad de San Pablo, donde sería recibido por una banda que también tiene presencia en Río de Janeiro. Desde allí, la marihuana iba a ser trasladada en camionetas.

El análisis de los teléfonos móviles de los detenidos ha permitido a la Policía llegar a la conclusión de que la droga fue procesada y empaquetada en Montevideo. Fuentes de la investigación afirmaron que los criminales operan con mayor libertad en Uruguay, ya que las penas en Brasil son más severas para quienes son detenidos con cantidades pequeñas de droga. Por eso, aseguran, prefieren «plantar» la droga en Uruguay, donde el riesgo es menor.

La droga habría sido transportada desde la capital en barco hasta el balneario San Antonio, en Rocha. Ahora, los investigadores intentan identificar el punto de salida de la embarcación, así como a otras personas involucradas en el operativo.

Este nuevo caso se suma a un antecedente en la misma zona: en febrero de 2022, se halló más de 1.000 kilos de cocaína en la playa de San Antonio. La droga, que había sido dejada en la arena durante un fallido intento de introducirla en una embarcación, generó gran sorpresa entre las autoridades locales. En ese caso, un hombre fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por su participación en el transporte de la sustancia.

Aunque las autoridades aseguran que no se cree que este nuevo cargamento de hachís esté vinculado con el caso de cocaína de 2022, no descartan la posibilidad de que ambos incidentes puedan tener alguna relación.

El fiscal Federico Pión intervendrá en el caso y se prevé que se solicite la formalización del mismo a las 17:00 horas de este martes. La Policía continuará con la investigación para identificar todos los implicados y desarticular la operación de tráfico de drogas.

Efecto Temu en Uruguay: El boom de las compras online y su impacto en los comercios locales

Las compras al exterior por Internet registraron un incremento sin precedentes en Uruguay durante los primeros cuatro meses de 2025, en el marco del denominado “efecto Temu”, tras la llegada al país de la aplicación de comercio electrónico china que opera con precios bajos y envíos internacionales sin impuestos. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), entre enero y abril ingresaron al país 580.789 encomiendas bajo el régimen de franquicia, lo que representa un aumento de 202,2% respecto al mismo período del año anterior.

El régimen de franquicia permite a cada uruguayo mayor de 18 años realizar hasta tres compras por año en plataformas del exterior, con un tope de US$ 200 y un peso máximo de 20 kilos por envío, sin abonar impuestos. En el primer cuatrimestre de 2024, el promedio mensual era de 48.051 paquetes. En lo que va de 2025, esa cifra trepó a 145.197 mensuales.

El fenómeno alcanzó su punto más alto en febrero, cuando se registró un récord histórico de 170.367 paquetes ingresados. Marzo y abril también se posicionaron entre los meses con mayor número de encomiendas desde la creación del régimen.

Ante el crecimiento sostenido del uso de esta franquicia, el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra recabando información para evaluar el impacto comercial del fenómeno, según indicó el director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, en una reciente entrevista con el diario El País.

“Estamos analizando el efecto Temu con dos precauciones: sabemos que es un sistema muy valorado por los consumidores y útil para bajar márgenes, pero también vemos que podría estar generando problemas en ciertos nichos de mercado específicos”, sostuvo el jerarca. No obstante, aclaró que los indicadores del comercio general se mantienen estables, aunque algunos rubros puntuales podrían estar viéndose afectados.

Labraga reconoció que el régimen de franquicia ha tenido un crecimiento significativo: pasó de ser utilizado por unos 220.000 uruguayos en 2023 a 650.000 en 2024. “Es un cambio importante que amerita análisis”, subrayó.

Compromisos internacionales
Uruguay mantiene compromisos internacionales vigentes en materia de comercio electrónico, especialmente con Estados Unidos, en el marco del acuerdo TIFA (Trade and Investment Framework Agreement). Ese convenio establece que las compras online por hasta US$ 200 no están sujetas a impuestos ni controles aduaneros restrictivos, por lo que cualquier eventual medida deberá respetar ese marco normativo.

“Tenemos un compromiso del TIFA que vamos a cumplir. Uruguay decidió extender ese beneficio no solo a Estados Unidos sino al resto del mundo, y eso sigue vigente. Lo que queremos garantizar es que la competencia sea leal”, afirmó Labraga.

Por el momento, no hay definiciones concretas sobre posibles cambios normativos, pero el análisis de la situación continuará en los próximos meses.

Sectores más impactados por el «efecto Temu» en Uruguay
Vestimenta y calzado:
Estos rubros representan una parte considerable de las compras realizadas a través de Temu. Según datos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), la vestimenta constituye el 21,6% de los envíos por franquicia, mientras que el calzado representa el 9% . La competencia en precios y variedad ha afectado directamente a los comercios locales de estos sectores.

Juguetes: Este sector ha experimentado una notable disminución en las ventas debido a la competencia de Temu. Federico Gerwe, presidente de la Asociación de Jugueteros del Uruguay, informó que entre 30 y 40 locales cerraron en los últimos dos años, y solo entre febrero y marzo de 2025 se perdieron otros nueve puntos de venta .

Artículos para el hogar y decoración: Los productos de decoración del hogar constituyen el 9,8% de los envíos por franquicia, lo que indica una preferencia creciente por adquirir estos artículos a través de plataformas como Temu .

Electrónica: Los dispositivos electrónicos representan el 8,9% de las compras realizadas mediante el régimen de franquicia. La amplia oferta y precios competitivos de Temu en este rubro han influido en la disminución de ventas en comercios locales .

Pequeñas y medianas empresas (pymes): Las pymes, especialmente aquellas dedicadas al comercio minorista, han sido particularmente vulnerables al impacto de Temu. Según la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), el 70% de las empresas asociadas reportaron una caída en sus ventas superior al 10% desde la llegada de la plataforma .

El PPI cae por segundo mes consecutivo: ¿habrá rebaja en los combustibles?

La Ursea publicó el informe de paridad de importación, que servirá de base para la decisión del gobierno sobre las tarifas de nafta, gasoil y supergás.

A diferencia del mes pasado, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dio a conocer públicamente el informe del Precio de Paridad de Importación (PPI) antes de que el gobierno de Yamandú Orsi resuelva sobre el ajuste en los valores de los combustibles.

El PPI funciona como precio de referencia para definir si corresponde subir, bajar o mantener los precios de la nafta, el gasoil y el supergás. Según lo establecido por la Ley de Urgente Consideración (LUC), la decisión debe basarse en dos elementos: este informe de Ursea —que es público— y un análisis financiero de Ancap, el cual no es divulgado.

El PPI representa un cálculo teórico de cuánto costarían los combustibles puestos en la planta de distribución si la importación estuviera liberada y existiera competencia privada para Ancap.

El informe publicado este martes 27 de mayo abarca el período del 26 de abril al 25 de mayo y muestra descensos en todos los combustibles:

  • Nafta Premium 97: baja de 1,41% en el precio de referencia.
  • Nafta Súper 95: reducción del 1,48%.
  • Gasoil 50S y 10S: caída del 3,4%.
  • Supergás: descenso del 2,74%.

La Ursea explicó que las reducciones responden principalmente a una caída en los precios internacionales, menores costos de flete y una variación favorable en el tipo de cambio.

No obstante, es importante destacar que estos porcentajes no reflejan automáticamente el ajuste al público, ya que aún deben considerarse costos de distribución y comercialización, que no forman parte del PPI.

En abril, el gobierno decidió reducir el precio al público del gasoil en 1,5%, luego de que el PPI para ese producto marcara una baja de 5,49%. En cambio, las tarifas de naftas se mantuvieron sin cambios, pese a una leve suba del 0,2% en el PPI.

Aquellas decisiones generaron cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y de gremiales agropecuarias, que reclamaban ajustes más acordes a la evolución del mercado internacional.

Ahora, con una nueva baja generalizada en el PPI, el gobierno de Orsi deberá definir si traslada —total o parcialmente— esa reducción a los consumidores.

Sin defensa legal en el mundo digital: Uruguay y el desafío de regular las redes

En Uruguay, las redes sociales se han convertido en canales fundamentales para la comunicación, la opinión pública y la interacción diaria. Sin embargo, el crecimiento exponencial de estas plataformas no ha sido acompañado por un desarrollo normativo que garantice la protección integral de los usuarios frente a situaciones de acoso, difamación, suplantación de identidad o uso indebido de datos personales.

El país carece actualmente de un marco legal específico que regule el funcionamiento de las redes sociales en lo que refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales, la protección de los derechos individuales y los mecanismos de denuncia eficaces.

A pesar de que la Ley de Protección de Datos Personales (18.331) establece principios generales sobre el tratamiento de datos en el entorno digital, muchos expertos señalan que no contempla aspectos fundamentales del ecosistema actual de redes sociales, como los algoritmos de amplificación de contenido, la moderación automatizada o los efectos de la viralización no consentida.

Según explicó a Ecos del Este la abogada especializada en derecho digital, Dra. Laura Gómez, “el sistema judicial uruguayo no cuenta con herramientas ágiles para responder ante reclamos por publicaciones ofensivas o la difusión de imágenes sin consentimiento”. Agregó que “las plataformas operan bajo normas internacionales, pero sin obligación directa de acatar resoluciones locales con inmediatez”.

Durante el último año, se registraron múltiples denuncias de ciudadanos que fueron víctimas de publicaciones falsas, campañas de odio o difusión de datos personales sin autorización. En la mayoría de los casos, las vías judiciales resultaron lentas o ineficaces, y las propias plataformas no ofrecieron respuestas satisfactorias.

Uno de los casos más recientes involucró a una docente cuya imagen fue alterada y viralizada con contenido difamatorio. “Hice la denuncia en la comisaría y luego en Fiscalía, pero mientras tanto mi nombre circulaba por todos lados sin control”, relató la afectada.

En el Parlamento, existen propuestas iniciales para avanzar en una legislación sobre entornos digitales, aunque sin un tratamiento prioritario. Algunos sectores políticos sostienen que cualquier regulación debe garantizar el respeto a la libertad de expresión, mientras otros reclaman marcos más firmes para proteger la dignidad y privacidad de las personas.

“Se trata de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y la libre circulación de ideas”, opinó el senador Martín Rodríguez, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. “Hoy, los uruguayos están desprotegidos frente a un poder digital que no reconoce fronteras”.

Mientras no exista un marco normativo actualizado, las recomendaciones pasan por la educación digital, el uso responsable de las plataformas y la búsqueda de asesoramiento legal ante cualquier situación de vulneración de derechos.

Desde la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) se promueve el uso de canales formales para la denuncia de abusos, aunque reconocen que las respuestas dependen muchas veces de empresas con sede en el exterior.

En un contexto de creciente digitalización, la ausencia de normas específicas representa un desafío urgente. La sociedad uruguaya demanda respuestas legales claras para evitar que el espacio virtual se convierta en tierra de nadie.

“No todos quieren ir a un refugio”: el desafío de atender la calle desde el MIDES

En el marco de un nuevo encuentro de la Mesa de Ciudadanía del Municipio de Punta del Este, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Maldonado, Paula Caballero, brindó detalles sobre los lineamientos actuales de la cartera frente a la problemática de personas en situación de calle. Además, informó sobre la inminente puesta en marcha del Plan Invierno y destacó la importancia de la articulación interinstitucional para una atención integral.

Caballero, quien asumió recientemente la dirección tras un pase en comisión desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), afirmó que el abordaje de esta problemática exige una respuesta del Estado y de la sociedad civil en su conjunto.

“La situación de calle es estructural y no depende exclusivamente del MIDES. Estamos ante una realidad compleja, en la que muchas personas transitan largos periodos en calle y requieren más que una solución transitoria”, expresó.

En este sentido, la jerarca recordó que, ante la presencia de personas pernoctando en la vía pública, el primer paso es comunicarse con el 9-1-1. La Policía actúa como primer eslabón de intervención y evalúa el traslado a dispositivos de refugio, siempre que la persona acepte.

“Hay personas que llevan años en situación de calle, lo que deriva en patologías o condiciones que hacen que no siempre deseen ingresar a un refugio. El desafío es pensar qué alternativas de cuidado podemos ofrecer también a estas personas”, señaló.

Plan Invierno: dispositivos en marcha y una intervención estimada en 900 personas
Caballero informó que el Plan Invierno será lanzado oficialmente en los próximos días. En Maldonado, este contempla dispositivos activos todo el año y otros que se activan en períodos de contingencia climática, como los ubicados en la zona de Bolívar, Artigas y Colonia.

En 2023, aproximadamente 900 personas fueron asistidas en el marco del plan en Maldonado. Esta cifra da cuenta de una problemática con características particulares, asociadas a la movilidad interna y la temporalidad laboral del departamento.

“Muchas personas llegan al departamento por trabajos zafrales y, al concluir esos contratos, quedan en situación de vulnerabilidad. El objetivo es atender esa transitoriedad, pero también trabajar en políticas más profundas vinculadas al empleo, documentación, salud mental y adicciones”, detalló.

Transición y continuidad institucional
Durante su intervención, Caballero subrayó que el MIDES se encuentra en una etapa de transición, utilizando el presupuesto vigente mientras se planifica el próximo quinquenio. En este proceso, la información territorial y el diálogo con los actores locales serán clave para ajustar las prioridades.

La directora también confirmó que ha mantenido contacto con la anterior directora, Magdalena Sumarán, y que se ha recibido un informe detallado del periodo anterior para garantizar la continuidad institucional.

“Necesitamos estar en el territorio, no puertas adentro. Espacios como esta Mesa de Ciudadanía nos permiten conocer las realidades locales y planificar en consecuencia”, concluyó.

La Escuela Técnica de San Carlos celebró 100 años de compromiso con la educación

Con un emotivo acto que congregó a autoridades nacionales, departamentales, docentes, estudiantes, exalumnos y vecinos de la ciudad, la Escuela Técnica de San Carlos celebró este viernes sus 100 años de historia. La conmemoración marcó un hito no solo para la institución, sino para todo el sistema de educación técnica y tecnológica del país.

Durante la ceremonia, la directora general de UTU, en representación del Consejo de Educación Técnico Profesional, subrayó la relevancia de la descentralización educativa. “Uno de los objetivos centrales ha sido fomentar la descentralización en todas sus dimensiones”, señaló, y evocó la figura del primer director del centro, Dante Bianchi, como símbolo de la vocación educativa que ha caracterizado a la institución desde sus inicios. “Hoy no solo celebramos un siglo de historia, celebramos el fruto de un esfuerzo colectivo”, concluyó.

También tomó la palabra el maestro Pablo Caggiani, integrante del equipo de dirección de UTU, quien destacó el papel de la escuela en la transformación social y productiva de la región. “Estamos en un lugar que es importante para la comunidad, con una vocación hacia el mundo productivo y social”, sostuvo. Caggiani llamó a proyectar los próximos 100 años de la institución, marcando como desafío la expansión del acceso a la educación terciaria y universitaria. “Tenemos que mover un conjunto de cosas en términos de aprendizajes, de inclusión y de culminación de ciclos”, expresó.

La jornada fue vivida como una verdadera fiesta comunitaria, con presentaciones artísticas, exposiciones estudiantiles y una fuerte participación de egresados y actores sociales que reconocen a la Escuela Técnica como motor de movilidad social y desarrollo local.

En rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi, quien asistió al acto conmemorativo, destacó la mezcla de homenaje y desafío que implica este aniversario. “La UTU tiene un rol cada vez más visible en la sociedad, en la evolución y en la economía del país”, afirmó. El mandatario resaltó la importancia de estas instituciones para el desarrollo del interior del país y trazó un paralelismo entre la UTU y otras experiencias descentralizadoras como la UTEC.

Orsi recordó que el edificio, originalmente concebido como hospital, mantiene estructuras centenarias que aún hoy sostienen la actividad educativa. “Son construcciones muy antiguas que empiezan a tener sus nanas, pero aguantaron 100 años”, reflexionó. También se refirió con afecto a su experiencia como docente en UTU, destacando el compromiso del cuerpo docente como pilar fundamental del sistema educativo. “Los docentes se ponen la camiseta de la institución y son quienes la sostienen junto a la comunidad”, sostuvo.

Sobre el presente y futuro de la enseñanza técnica, Orsi reconoció que durante años fue injustamente relegada. “Hubo una época en la que se menospreciaba la enseñanza manual frente al intelecto. Por suerte, eso cambió”, dijo. “Hoy explota la UTU por algo. Se abrió paso sola. Y además, hoy sabemos que la UTU también puede ser camino hacia la universidad”.

La profesora Kelly Giménez, actual directora de la Escuela Técnica de San Carlos, valoró el acompañamiento de toda la comunidad educativa en este momento histórico. “Es una gran alegría. Esta es la tercera vez que estoy en la dirección de esta escuela y siempre es un orgullo volver a acompañar a los estudiantes y docentes”, comentó.

Giménez detalló que la institución, que comenzó con 184 alumnos, hoy cuenta con 679 estudiantes distribuidos en todos los niveles, desde Educación Media Básica hasta Educación Terciaria. “La escuela abre sus puertas a las 7:30 de la mañana y cierra cerca de la medianoche. Hay actividad todo el día”, explicó.

Consultada sobre el estado actual del centro, reconoció que “no estaba en las mejores condiciones edilicias” al inicio del año lectivo, pero subrayó el trabajo realizado en los últimos meses para llegar a este aniversario con las puertas abiertas a toda la comunidad. “Estamos poniendo todas las ganas y queremos seguir creciendo. Nuestro objetivo es ampliar las propuestas educativas para responder mejor a las necesidades de los jóvenes y la población de San Carlos”, concluyó.

Un siglo de historia al servicio de la comunidad
Fundada en 1924, la Escuela Técnica de San Carlos se ha consolidado como una referencia educativa en el este del país, formando generaciones de técnicos, trabajadores calificados y profesionales comprometidos con el desarrollo de su comunidad. El centenario se celebró con el entusiasmo de quienes reconocen el valor de una educación pública, inclusiva y transformadora, y con la convicción de que los próximos 100 años seguirán siendo un motor de innovación y justicia social en Uruguay.

Gremiales rechazan proyecto de ley del gobierno para la Caja de Profesionales

Un grupo de nueve gremiales de profesionales, entre las que se incluyen importantes asociaciones de diversas áreas, ha expresado su rechazo al proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para abordar la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). A través de un comunicado conjunto, las gremiales consideran que la propuesta no resuelve las causas subyacentes de la crisis y podría empeorar la situación financiera de la Caja.

Las gremiales critican que el proyecto de ley no aborda adecuadamente los problemas estructurales del sistema y que sus medidas afectarán negativamente tanto a los profesionales activos como a los pasivos. Además, señalan que el proyecto no contempla un cambio significativo en la base de aportantes, lo cual es esencial para asegurar la viabilidad de la Caja.

Entre las principales propuestas de las gremiales se destacan varias modificaciones clave:

  1. Ajuste de los Timbres Profesionales: Las gremiales proponen que el valor de los timbres, actualmente ajustados por el Índice de Precios del Consumo (IPC), sea recalculado según el Índice Medio de Salarios (IMS), el cual consideran más adecuado, dado que refleja de manera más precisa las variaciones salariales. De acuerdo con los cálculos de las gremiales, la actualización de los timbres por el IPC ha provocado un descalce de alrededor del 70%, lo cual ha afectado tanto a los activos como a los pasivos.
  2. Ampliación de la Base de Aportantes: Un aspecto clave de las reformas propuestas es la inclusión de los profesionales dependientes, que actualmente son más de 110.000 en Uruguay, dentro del sistema de la Caja. Las gremiales proponen que estos profesionales comiencen a aportar a la Caja en la categoría 1, generando así una nueva fuente de ingresos para el sistema.
  3. Aportes desde Rentas Generales: Mientras las reformas sugeridas toman forma, las gremiales solicitan al Poder Ejecutivo que cumpla con el artículo 67 de la Constitución, garantizando que desde Rentas Generales se aporten los recursos necesarios para asegurar el pago de las pasividades hasta que el sistema se estabilice.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) también ha expresado su desacuerdo con el proyecto del gobierno. En su comunicado, el SAQ plantea que el aumento de los aportes de los profesionales activos podría desincentivar aún más la integración de los más de 100.000 profesionales que actualmente no aportan a la Caja, lo que podría agravar aún más el problema de financiación.

El SAQ también solicita al Parlamento que explore alternativas que no afecten negativamente a los profesionales activos y pasivos, y ha pedido ser recibido por las comisiones parlamentarias encargadas de estudiar el tema.

Las gremiales aseguran que, si se implementan sus propuestas, la situación financiera de la Caja de Profesionales podría mejorar significativamente. Sin embargo, advierten que las soluciones deben ser estructurales y no solo temporales, ya que la viabilidad del sistema depende de un cambio en la base de aportantes y de la corrección de los desajustes actuales en el sistema de timbres.

Por ahora, la discusión sobre la reforma de la Caja sigue siendo uno de los temas clave en la agenda política y económica de Uruguay, y se espera que el debate continúe en el Parlamento en los próximos meses.

El Banco Central de Uruguay da un paso hacia las finanzas sostenibles con inversión en ETF responsable

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha iniciado una nueva etapa en la gestión de sus reservas al invertir parte de ellas en un fondo cotizado en bolsa (ETF) especializado en renta fija, con un perfil de Inversión Socialmente Responsable (SRI, por sus siglas en inglés). Esta decisión marca un hito dentro del compromiso del BCU con la integración de criterios éticos, sociales y ambientales en la gestión de los activos de reserva del país, destacándose como una medida alineada con las crecientes demandas globales de finanzas sostenibles.

En un comunicado oficial, la autoridad monetaria explicó que la inversión se realizó a través de un ETF administrado por la firma de gestión de activos Amundi, y que fue impulsado por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), organización de la que Uruguay forma parte, en consulta con varios bancos centrales. Esta alianza refuerza el compromiso de Uruguay con la sostenibilidad y la ética financiera en el contexto internacional.

Un fondo con criterios éticos y de impacto social
El fondo en cuestión se caracteriza por cumplir con rigurosos estándares en áreas clave para el desarrollo económico sostenible. Los criterios SRI, en los cuales se basa, buscan identificar a aquellas entidades que no solo generen valor económico, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente, reforzando la importancia de la responsabilidad corporativa y social dentro del sistema financiero global.

La inversión, que asciende a aproximadamente 100 millones de dólares, permitirá al BCU diversificar su cartera de reservas. Según detalló el Central, el ETF presenta una menor correlación con otros activos tradicionales, lo que se traduce en una reducción de riesgo dentro del portafolio, además de tener un riesgo de tipo de interés intermedio y un riesgo crediticio global relativamente bajo. Estos beneficios se suman a la apuesta por una economía que, más allá de la rentabilidad, valore los aspectos sociales y ambientales.

Diversificación y sostenibilidad: el futuro de la gestión de reservas
Con un plazo de vencimiento máximo de cinco años y una calificación mínima de A- en los instrumentos financieros que componen el fondo, el BCU destaca que esta estrategia no solo busca mitigar riesgos, sino que también posiciona a Uruguay en la vanguardia de la sostenibilidad financiera. Esta acción se inscribe en una tendencia global creciente de instituciones financieras que buscan incorporar criterios sociales y medioambientales en sus decisiones de inversión, promoviendo un modelo más inclusivo y responsable de manejo de reservas.

El BCU ha señalado que continuará explorando activamente más oportunidades de inversión dentro del ámbito de las finanzas sostenibles, en un proceso que será ampliado en futuras decisiones. Esta iniciativa complementa otros pasos importantes del Central, como su ingreso en diciembre de 2020 a la red internacional Network for Greening the Financial System (NGFS), una organización que promueve la responsabilidad ambiental en el sector financiero. Asimismo, en 2021, el BCU ya había realizado una inversión en un fondo administrado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con un enfoque ambiental, consolidando su estrategia de integración de criterios sostenibles en la gestión de reservas.

Un modelo a seguir
Con este paso, el Banco Central de Uruguay se posiciona como un referente regional en la adopción de prácticas financieras responsables y sostenibles. Al invertir en un fondo que no solo prioriza la rentabilidad económica, sino que también promueve el bienestar social y ambiental, Uruguay refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con un modelo económico más justo y equilibrado.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de integrar aspectos éticos en las finanzas, el ejemplo del Banco Central de Uruguay podría ser seguido por otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, en un esfuerzo por crear un sistema financiero que sea tanto rentable como responsable con las futuras generaciones.

Amenazas y violencia disparan operativo especial en liceos

La Jefatura de Policía del departamento implementó un nuevo sistema de seguridad en los centros educativos, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer la presencia policial en las inmediaciones de los liceos. Así lo informó el jefe de policía de Maldonado, Víctor Trezza.

Entre las medidas dispuestas se destaca que los llamados al servicio de emergencias 911 realizados desde instituciones educativas tendrán “mayor prioridad” y serán atendidos de forma inmediata, según explicó Trezza. El objetivo es agilizar los protocolos de comunicación y facilitar una intervención rápida ante situaciones como riñas en los alrededores de los liceos, cuya difusión en redes sociales puede derivar en casos de ciberacoso.

El jerarca detalló que anteriormente se registraban demoras en la atención de los llamados debido a que el 911 local dependía de la disponibilidad de móviles de cada seccional. Con la nueva modalidad, el sistema enviará el móvil más cercano, sin importar el destacamento al que pertenezca. Podrá tratarse de unidades de la Unidad de Respuesta Policial Metropolitana (URPM), del Grupo de Reserva Táctica (GRT), de la policía caminera o de la Guardia Republicana.

Asimismo, se implementará patrullaje en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, así como un control del entorno inmediato de cada institución educativa, a fin de detectar personas ajenas a los centros y prevenir situaciones irregulares. Según Trezza, en las inmediaciones de algunos liceos se han registrado casos de tráfico de estupefacientes, arrebatos y rapiñas, lo que genera preocupación entre los equipos directivos.

Las medidas adoptadas responden, en parte, a hechos recientes, como el ingreso de personas extrañas a liceos, actos de violencia y una amenaza anónima de “masacre” en el liceo Nº 1 de San Carlos ocurrida en abril. Ante estos antecedentes, las autoridades policiales y educativas del departamento resolvieron trabajar de forma más articulada y con comunicación directa entre comisarios y policías comunitarios.

Trezza subrayó que “cada barrio tiene una problemática distinta” y que las estrategias se adaptarán a las características específicas de cada institución. La planificación fue acordada tras un encuentro entre autoridades de la Jefatura, directores liceales y la inspectora departamental de Secundaria, Elsa Sosa. “No es lo mismo el liceo de Piriápolis, que el de Punta del Este o el de San Carlos”, apuntó.

En ese marco, se está elaborando un cronograma de talleres en todos los liceos del departamento, que abordarán temas como seguridad, ciberbullying, consumo y tráfico de drogas y violencia. Los talleres comenzarán a dictarse a fines de mayo.

La reunión mantenida entre las partes fue calificada como “muy productiva” por el jefe departamental, quien valoró el intercambio de propuestas y la disposición de los centros a colaborar en la implementación del plan.

Obrero resultó herido tras derrumbe en obra en Punta del Este

En la mañana de este lunes 20 de mayo, alrededor de las 10:25 horas, personal policial, efectivos del destacamento de bomberos y una unidad de emergencia médica acudieron a una obra en construcción ubicada en calle 23, tras reportarse un accidente laboral.

Según la información recabada en el lugar, uno de los trabajadores cayó desde una loza ubicada en el segundo piso, como consecuencia del derrumbe de la misma. El obrero resultó atrapado por uno de sus brazos y una pierna, siendo posteriormente liberado por sus propios compañeros.

El hombre fue asistido en el sitio por personal médico, quienes le realizaron una primera valoración diagnóstica que indica “traumatismo de cadera y hombro con posible fractura”. Luego de la atención primaria, fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar del siniestro se hicieron presentes la Jefa de la Zona Operacional II, el jefe de la dependencia policial correspondiente y personal del cuerpo de bomberos.

Policía Científica llevó a cabo las pericias y el relevamiento de rigor, en el marco de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.