BROU ratifica próximo desembolso a Cardama: cuándo y por qué se seguirá pagando al astillero
El proyecto de construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama —una compra destinada a reforzar la vigilancia marítima de Uruguay— vuelve a generar polémica. A pesar de una denuncia por posibles irregularidades y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Defensa Nacional y el BROU sostienen que los pagos comprometidos se mantienen, siempre que se cumplan los hitos técnicos acordados.
El presidente del banco estatal, Álvaro García, fue claro al afirmar que la obligación de desembolsar la siguiente cuota se mantiene mientras Cardama presente la documentación requerida para certificar el avance del contrato. “Si no cambia nada, los pagos hay que realizarlos.”
¿Qué pasó hasta ahora?
El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 y prevé la construcción de dos “offshore patrol vessels” (OPV) destinados a la flota de la Armada Nacional uruguaya. La financiación se canaliza mediante una carta de crédito a través del BROU, bajo la supervisión de un banco corresponsal europeo, que establece hitos específicos para los pagos progresivos.
El primer desembolso —un anticipo— ya fue realizado en 2024. Luego, la empresa debía avanzar en la construcción según el cronograma, presentando las certificaciones correspondientes (planos, aprobación de estructuras, etc.).
No obstante, en 2025 surgieron denuncias del gobierno sobre “graves irregularidades”: entre ellas, la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, irregularidades en permisos de construcción y falta de aprobación final de planos estructurales. Ese contexto motivó una denuncia penal y la intención de rescindir el contrato.
Pese a eso, autoridades del BROU insisten en que la carta de crédito y el contrato regulan el pago bajo condiciones técnicas claramente definidas: si se cumple con los hitos, el pago es “irrevocable”.
Lo que define el futuro inmediato: hitos técnicos y documentos
Según García, la única forma de frenar el pago sería la ausencia de los documentos exigidos o que estos no acrediten el avance de manera fehaciente. Mientras tanto, el banco considera que su rol es administrativo y financiero —no judicial ni técnico— por lo que no puede retener fondos bajo presión política.
El próximo hito que Cardama debe certificar es clave: si se comprueba la correspondiente fase de construcción —con la quilla colocada, planos aprobados y controles técnicos validados—, se autorizará el nuevo desembolso. Si no, el banco podría negarse.
Tensiones entre legalidad, confianza y política
Este episodio puso en evidencia las tensiones entre las exigencias técnicas, los compromisos institucionales y el escrutinio público. Para el gobierno, el contrato con Cardama ya no genera confianza. Al mismo tiempo, para el BROU, suspender pagos sin fundamento podría afectar su credibilidad internacional como entidad financiera que respeta las cartas de crédito irrevocables.
El ministro de Defensa y representantes del Ejecutivo han señalado que, en caso de no poder continuar con Cardama, buscarán otras alternativas —incluso otro astillero o un consorcio— para cumplir con el objetivo de dotar a la Armada de las patrulleras previstas.
¿Qué significa para Uruguay?
Para Uruguay, el proyecto de patrulleras representa un intento de modernizar su capacidad de vigilancia marítima, un área crítica para proteger su zona económica exclusiva, controlar pesca ilegal y ejercer soberanía en aguas jurisdiccionales. El fracaso del proyecto implicaría retrasos sustanciales en esa modernización.
Pero también el episodio pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, selección de proveedores, garantías efectivas y supervisión técnica de contratos multimillonarios. Que el pago esté condicionado al cumplimiento de hitos puede ser visto como una oportunidad para aplicar mayor transparencia, exigir responsabilidad al proveedor y redefinir criterios de contratación estatal.