Autor: Redacción

Entre la eficiencia y la saturación: el auge del consumo acelerado de contenido audiovisual

El consumo digital atraviesa una transformación silenciosa pero intensa: cada vez más personas, sobre todo jóvenes, recurren al “speed-watching” —es decir, reproducir series, pódcasts, videos o audios a 1.25×, 1.5× o incluso 2× su velocidad original— con la idea de “ganar tiempo” y mantenerse al día con el contenido que prolifera en redes, plataformas de streaming y grupos de chat.

¿Por qué gana terreno el consumo acelerado?

La expansión del fenómeno no puede separarse de la cultura de la inmediatez: con un flujo constante de lanzamientos —series, documentales, música, audios virales, pódcasts— muchas personas sienten la presión de “no quedarse atrás” en lo que consume la sociedad. Esa urgencia, combinada con la lógica de optimización del tiempo, convierte al speed-watching en una respuesta práctica al exceso de estímulos digitales.

Por otro lado, las plataformas de streaming y las apps favorecen ese ritmo: botones de ajuste de velocidad, listas interminables, notificaciones constantes. Todo estimula la idea de “consumir más en menos tiempo”.

¿Qué le pasa al cerebro cuando aceleramos el consumo?

La idea de que ver contenido más rápido ayuda a ahorrar tiempo es comprensible. Pero estudios recientes advierten sobre un costo: acelerar demasiado —sobre todo hacia 2× o más— puede afectar la comprensión, la retención de información y la capacidad de concentración.

Por ejemplo, un metaanálisis sobre videos educativos indicó que, si bien velocidades de hasta 1.5× implican una baja mínima en el rendimiento cognitivo, a partir de 2× la caída es notable. Esto no solo compromete la memoria a corto plazo, sino también la consolidación del aprendizaje. Otro hallazgo señala que la aceleración constante reduce nuestra tolerancia a pausas, espera o ritmos lentos —lo que puede traducirse en dificultades para disfrutar contenidos con cadencia normal, leer o concentrarse en tareas largas.

Además, el uso habitual del speed-watching puede alterar la relación con el ocio, el descanso y la paciencia: lo que antes se vivía como un disfrute pausado —una serie, una charla, un documental— pasa a medirse en eficiencia, tiempo ahorrado y “checklist” de consumo.

Beneficios en ciertos contextos… con matices necesarios

No todo es negativo: para contenidos muy largos, repetitivos o densos —como clases en video, conferencias, pódcasts informativos— verlos a 1.25× o 1.5× puede ser útil para resumir ideas principales sin aburrirse. Algunos estudios sugieren que en adultos jóvenes el rendimiento no decae notablemente a esa velocidad.

Pero los expertos advierten: no basta con “dar play al doble”. Es clave evaluar la complejidad del contenido, el contexto de consumo (si es aprendizaje, entretenimiento o información), y el estado de atención del usuario. Una estrategia equilibrada puede combinar momentos de consumo acelerado con pausas, reflexión y contenido a velocidad normal.

En definitiva: una herramienta, no un hábito automático

El speed-watching no es en sí “malo” ni condenable; es una herramienta que puede servir en ciertos escenarios donde el objetivo es repasar contenido, resumir información o ponerse al día. Pero su uso indiscriminado, constante y motorizado por la urgencia de “estar al día” puede generar efectos colaterales: menor profundidad en la comprensión, fatiga cognitiva, pérdida de tolerancia al ritmo pausado y sobrecarga mental.

Punta del Este se consolida como destino de cruceros: 39 escalas previstas en la temporada 2025/2026

El inicio de la temporada de cruceros 2025/2026 en Uruguay trae buenas noticias especialmente para Punta del Este: se espera que este balneario reciba 39 escalas turísticas durante el período de verano, según anunciaron autoridades del sector.

Este anuncio, formalizado en el marco del lanzamiento de la temporada por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Administración Nacional de Puertos (ANP), resalta el fuerte compromiso del país para posicionar a Punta del Este como puerto de escala e impulsar su oferta turística en temporada alta.

Punta del Este como puerta de entrada turística

La apuesta por asignar parte de las recaladas a Punta del Este reconoce sus ventajas naturales, turísticas y logísticas: playas, infraestructura, atractivo veraniego y conectividad. El balance proyectado para la temporada 2025/2026 convierte a la ciudad en un nodo clave para captar turistas internacionales que arriban en crucero.

El arribo del primer crucero de la temporada, el de lujo Scenic Eclipse, ya marcó un precedente: sus pasajeros desembarcaron en Punta del Este el 21 de octubre, generando movimiento turístico y turístico-comercial en la zona, con traslados, tours y consumo local.

Ese tipo de recaladas —de barcos con perfil internacional o de lujo— puede potenciar la visibilidad del destino, atraer inversiones en servicios y ampliar las oportunidades del sector hotelero, gastronómico, recreativo y de comercio local. La ciudad, de esa forma, refuerza su posicionamiento en circuitos turísticos globales.

Impacto económico y expectativas

El turismo de cruceros representa una inyección de divisas importante para el país y, en particular, para destinos como Punta del Este. En presentaciones oficiales, se recordó que en la temporada anterior el sector generó más de US$ 14,6 millones en ingresos, cifra que impacta en servicios portuarios, turismo, transporte, comercio y empleo.

Para un balneario como Punta del Este —altamente dependiente del turismo de temporada— la llegada de cruceros implica no solo visitantes de paso, sino una posibilidad de conversión hacia estadías más largas, consumo de servicios locales, y un empuje económico en comercios, empresas turísticas y estructura hotelera.

Preparativos y desafíos logísticos

No obstante, recibir cruceros requiere preparación: servicios portuarios, transporte terrestre, atención turística, infraestructura para atender pasajeros, paseos, excursiones, guías, seguridad, etc. En tal sentido, desde la ANP y los organismos involucrados han subrayado la necesidad de una coordinación estrecha con los operadores turísticos locales y autoridades departamentales de Maldonado para asegurar una experiencia adecuada a los visitantes.

Uno de los desafíos históricos para Punta del Este ha sido que los cruceristas suelen permanecer poco tiempo en tierra —lo que limita su impacto si no existe una oferta atractiva, accesible y bien organizada que invite a quedarse más allá de unas horas.

Ahora, con la reactivación del crucerismo y una temporada que anticipa 39 escalas, hay expectativa de que se puedan articular medidas para potenciar los beneficios: rutas turísticas, servicios especializados, transporte interno, visitas guiadas, gastronomía regional, comercio, y oferta cultural.

Riqueza estratégica: más que un puerto, un destino

Punta del Este no solo aspira a ser una simple escala pasajera: busca consolidarse como destino preferido dentro de los itinerarios de cruceros que recorren la costa del Atlántico Sur. Si la estrategia turística —infraestructura, servicios, promoción— se sostiene, el balneario puede posicionarse como una puerta de entrada clave para quienes visitan Uruguay por mar.

En un país con vocación turística, la diversificación de puntos de ingreso —no solo Montevideo— puede representar una estrategia de descentralización. Para Maldonado y Punta del Este, esto significa oportunidades concretas de crecimiento económico, empleo estacional y fortalecimiento de su marca internacional.

En definitiva: la temporada 2025/2026 no solo traerá cruceros —traerá posibilidades. Y Punta del Este tiene la oportunidad —una vez más— de aprovecharlas.

BROU ratifica próximo desembolso a Cardama: cuándo y por qué se seguirá pagando al astillero

El proyecto de construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama —una compra destinada a reforzar la vigilancia marítima de Uruguay— vuelve a generar polémica. A pesar de una denuncia por posibles irregularidades y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Defensa Nacional y el BROU sostienen que los pagos comprometidos se mantienen, siempre que se cumplan los hitos técnicos acordados.

El presidente del banco estatal, Álvaro García, fue claro al afirmar que la obligación de desembolsar la siguiente cuota se mantiene mientras Cardama presente la documentación requerida para certificar el avance del contrato. “Si no cambia nada, los pagos hay que realizarlos.”

¿Qué pasó hasta ahora?

El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 y prevé la construcción de dos “offshore patrol vessels” (OPV) destinados a la flota de la Armada Nacional uruguaya. La financiación se canaliza mediante una carta de crédito a través del BROU, bajo la supervisión de un banco corresponsal europeo, que establece hitos específicos para los pagos progresivos.

El primer desembolso —un anticipo— ya fue realizado en 2024. Luego, la empresa debía avanzar en la construcción según el cronograma, presentando las certificaciones correspondientes (planos, aprobación de estructuras, etc.).

No obstante, en 2025 surgieron denuncias del gobierno sobre “graves irregularidades”: entre ellas, la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, irregularidades en permisos de construcción y falta de aprobación final de planos estructurales. Ese contexto motivó una denuncia penal y la intención de rescindir el contrato.

Pese a eso, autoridades del BROU insisten en que la carta de crédito y el contrato regulan el pago bajo condiciones técnicas claramente definidas: si se cumple con los hitos, el pago es “irrevocable”.

Lo que define el futuro inmediato: hitos técnicos y documentos

Según García, la única forma de frenar el pago sería la ausencia de los documentos exigidos o que estos no acrediten el avance de manera fehaciente. Mientras tanto, el banco considera que su rol es administrativo y financiero —no judicial ni técnico— por lo que no puede retener fondos bajo presión política.

El próximo hito que Cardama debe certificar es clave: si se comprueba la correspondiente fase de construcción —con la quilla colocada, planos aprobados y controles técnicos validados—, se autorizará el nuevo desembolso. Si no, el banco podría negarse.

Tensiones entre legalidad, confianza y política

Este episodio puso en evidencia las tensiones entre las exigencias técnicas, los compromisos institucionales y el escrutinio público. Para el gobierno, el contrato con Cardama ya no genera confianza. Al mismo tiempo, para el BROU, suspender pagos sin fundamento podría afectar su credibilidad internacional como entidad financiera que respeta las cartas de crédito irrevocables.

El ministro de Defensa y representantes del Ejecutivo han señalado que, en caso de no poder continuar con Cardama, buscarán otras alternativas —incluso otro astillero o un consorcio— para cumplir con el objetivo de dotar a la Armada de las patrulleras previstas.

¿Qué significa para Uruguay?

Para Uruguay, el proyecto de patrulleras representa un intento de modernizar su capacidad de vigilancia marítima, un área crítica para proteger su zona económica exclusiva, controlar pesca ilegal y ejercer soberanía en aguas jurisdiccionales. El fracaso del proyecto implicaría retrasos sustanciales en esa modernización.

Pero también el episodio pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, selección de proveedores, garantías efectivas y supervisión técnica de contratos multimillonarios. Que el pago esté condicionado al cumplimiento de hitos puede ser visto como una oportunidad para aplicar mayor transparencia, exigir responsabilidad al proveedor y redefinir criterios de contratación estatal.

La Armada Nacional sumará un tercer helicóptero: qué misiones cubrirá

La Armada Nacional dio un paso importante en su modernización al concretar la compra de un helicóptero de segunda mano, modelo AB412HP —fabricado por Leonardo S.P.A.—, adquirido en Italia. El contrato de compraventa se firmó formalmente a fines de noviembre de 2025, con lo que la flota aérea naval uruguaya pasará a contar con tres unidades de ese tipo. La aeronave estará operativa desde 2026 y se suma a otras dos similares ya en servicio.

El AB412HP es un helicóptero bimotor versátil, con amplia historia de uso militar y civil —en misiones de transporte, búsqueda y rescate, patrullaje marítimo, vigilancia, traslado sanitario, apoyo en emergencias, entre otras funciones.

Según informaron desde el Ministerio de Defensa Nacional, la aeronave adquirida pertenecía a la Guardia Costera italiana y posee menos de 2.000 horas de vuelo, lo que garantiza una vida útil estimada en alrededor de 20 años tras los ajustes correspondientes.

La compra significó una inversión de 1,5 millones de euros —unos US$ 1,7 millones al tipo de cambio actual—, un valor que representa alrededor del 30 % menos respecto al precio de mercado de aeronaves similares.

Qué prestaciones traerá a la flota uruguaya

El helicóptero será adaptado para cumplir distintas funciones estratégicas:

  • Búsqueda y rescate en alta mar o ríos.
  • Traslados sanitarios, especialmente en zonas costeras o de difícil acceso.
  • Fiscalización marítima, fluvial y lacustre: control de actividades pesqueras, vigilancia de costas, acciones en aguas jurisdiccionales.
  • Apoyo ante emergencias como incendios, contingencias en costas o rescates de personas.

El helicóptero cuenta con capacidades técnicas destacadas: podrá instalar radar y cámara electroóptica, posee cabina preparada para operar con lentes de visión nocturna —condición ideal para misiones nocturnas o en condiciones adversas— y tiene guinche para rescate.

Al ser un modelo ya conocido por la Armada —las otras dos unidades en servicio son del mismo fabricante y modelo— la integración operativa y logística será más ágil, lo que reduce costos de mantenimiento, capacitación de tripulaciones y asegura compatibilidad técnica.

Qué cambió con esta compra

Con esta adición, la Aviación Naval uruguaya fortalece considerablemente su capacidad operativa. Actualmente, la flota contaba con dos AB412; con el nuevo aparato se asegura que —incluso si una aeronave está en mantenimiento o capacitación— quede siempre disponible al menos una unidad operativa.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la baja cantidad de horas de vuelo de la aeronave y su buen estado garantizan un “periodo prolongado de operatividad confiable”, lo que se traduce en una inversión eficiente para la seguridad, protección costera y tareas humanitarias.

Se prevé que, luego de la revisión técnica en Italia (programada antes del traslado), una delegación de Aviación Naval viajará para la inspección definitiva, tras lo cual la nave será trasladada al país y puesta en servicio en los primeros meses de 2026.

Importancia estratégica para Uruguay

Uruguay, con una extenso litoral costero y áreas oceánicas de soberanía, necesita mantener una capacidad operativa aérea de respuesta rápida ante emergencias marítimas, rescates, control de pesca ilegal, vigilancia costera y protección del medio ambiente. La incorporación del AB412HP refuerza ese compromiso.

Además, en un contexto regional donde las amenazas a la seguridad marítima, la migración irregular, el tráfico ilícito y la necesidad de guardacostas eficientes son crecientes, esta adición representa una mejora concreta en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas uruguayas.

Para la población civil, significa mayor seguridad en operaciones de rescate, emergencias sanitarias, catástrofes naturales o accidentes en zonas costeras o remotas, lo que puede marcar la diferencia en tiempos críticos.

INEFOP: cómo funcionan las nuevas capacitaciones de Uruguay Impulsa en todo el país

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) puso en marcha una iniciativa de alcance nacional que busca mejorar la empleabilidad de miles de personas: en el marco del programa Uruguay Impulsa, 5.000 participantes comenzarán cursos de formación en 88 localidades de todo el país, orientados a potenciar tanto habilidades blandas como técnicas.

Uruguay Impulsa —coordinado por INEFOP junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes— fue diseñado para ofrecer una salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad. El programa combina trabajo temporal, prestación mensual, y sobre todo, capacitaciones para facilitar el ingreso o reinserción laboral.

El requisito era claro: personas de 18 a 65 años que no recibieran prestaciones públicas ni estuvieran empleadas formal o informalmente. Más de 160.000 uruguayos se inscribieron entre el 18 y 26 de agosto de 2025. Tras un sorteo, unas 5.000 personas resultaron seleccionadas para formar parte del programa.

El componente educativo a cargo de INEFOP —y en muchos casos en conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) o entidades acreditadas— contempla un trayecto de 22 jornadas distribuidas entre octubre y diciembre de 2025. Las capacitaciones combinan tres ejes principales: competencias transversales, formación técnica y herramientas para la búsqueda activa de empleo.

  • Competencias transversales: comunicación, trabajo en equipo, aprendizaje continuo — fundamentales para adaptarse a distintas formas de empleo.
  • Capacitación técnica: oficios y sectores con demanda laboral current — construcción, logística, comercio, gastronomía, administración, servicios.
  • Talleres de inserción laboral: armado de currículum, preparación para entrevistas, orientación de proyecto laboral.

Además, existe una modalidad opcional —la llamada “Ruta Digital”— destinada a nivelar competencias informáticas para quienes lo necesiten. Y para más de 2.000 participantes también se habilita un proceso de acreditación de saberes: quienes no completaron Primaria o Educación Media, pueden regularizar su situación educativa.

Una de las fortalezas del programa es su cobertura geográfica. Las capacitaciones se dictan en 88 localidades, muchas de ellas fuera de los grandes centros urbanos —lo que permite incluir a personas de contextos rurales o localidades pequeñas, acercando la oferta educativa a quienes más la necesitan.

INEFOP y UTU informan que la implementación contó con un despliegue logístico importante, con más de 1.200 docentes y acompañamiento institucional para asegurar accesibilidad, incluso en zonas remotas o menos favorecidas.

Para las autoridades del instituto, el programa representa un cambio de paradigma: pasar de medidas asistenciales o puntuales —como los tradicionales jornales solidarios— a una estrategia de largo plazo que combine capacitación, inserción laboral y desarrollo de capacidades. Así lo expresó su director general: es, dijo, “un viraje” en la forma de entender la formación y el empleo.

El énfasis no está solo en ofrecer una salida inmediata, sino en dotar a las personas de herramientas reales para insertarse en el mercado laboral, mejorar sus condiciones, y aumentar sus oportunidades a futuro.

El programa Uruguay Impulsa con INEFOP al frente representa una apuesta ambiciosa por la inclusión social, la reducción de vulnerabilidades y la promoción del empleo decente. Pero también enfrenta retos:

  • Que las capacitaciones se traduzcan en empleos reales y sostenibles, no en soluciones temporales.
  • Que las empresas valoren las habilidades y certificaciones brindadas.
  • Que el acompañamiento institucional se mantenga para asegurar la inserción efectiva.
  • Que existan políticas complementarias: acceso al transporte, incentivos laborales, acompañamiento social — especialmente en zonas rurales o apartadas.

Si todo marcha como prevén sus responsables, Uruguay podría ver un cambio estructural en varios segmentos de la población: más personas capacitadas, mejor empleabilidad, menos informalidad, y una fuerza laboral más cualificada.

INALE advierte déficit de $25 millones para 2026 y reclama mayor presupuesto al Estado

El organismo estatal encargado de regular y promover la producción láctea uruguaya, INALE, emitió recientemente una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para recibir un refuerzo presupuestal que permita cubrir un déficit proyectado en torno a 25 millones de pesos para el año 2026.

Según fuentes internas del Instituto, la combinación de factores —incluyendo el aumento de costos operativos, la necesidad de sostener subsidios al sector lechero, servicios de control, asistencia técnica y otras funciones básicas de regulación y fomento— ha llevado a una brecha que, sin un aporte extraordinario, comprometería su funcionamiento normal durante el próximo ejercicio.

El pedido al MEF surge cuando el gobierno nacional define su plan de asignaciones para el presupuesto 2025-2029, instancia en la que INALE espera que sus necesidades sean atendidas. En ese marco, la demanda se presenta como prioritaria para sostener el entramado productivo y evitar una crisis en la cadena láctea.

Desde su creación, INALE ha jugado un rol central en la regulación del mercado lechero, control de calidad, apoyo a productores, promoción de exportaciones y seguimiento técnico de toda la cadena. En un país donde la producción de leche es uno de los pilares del agro, su operativa resulta clave para garantizar estabilidad, seguridad alimentaria y competitividad internacional.

Con recursos adecuados, el organismo puede mantener subsidios, controles sanitarios, pruebas de calidad, financiamiento de programas de desarrollo productivo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores. La falta de fondos podría traducirse en menos controles, menor respaldo al productor y riesgos sobre la calidad e inocuidad del producto.

La hipótesis de un recorte o insuficiente refuerzo presupuestal genera preocupación en el sector: podría provocar reducción de subsidios, demoras en inspecciones, dificultades para mantener programas de asistencia técnica, e incluso limitaciones para el control sanitario y de inocuidad que garantizan la calidad de la leche.

Además, en un contexto de competencia internacional y volatilidad de precios, la presión sobre productores ya expuestos puede incrementarse. Si INALE no cuenta con recursos suficientes, el costo podría recaer en los eslabones más vulnerables de la cadena: pequeños productores y cooperativas.

Gremiales del sector lechero se vienen manifestando desde hace meses en favor de una reforma del financiamiento de INALE. Un planteo recurrente —presentado ante la Cámara de Senadores en 2025— sugiere que parte del impuesto a las exportaciones de productos lácteos (actualmente destinado al LATU) sea redirigido para fortalecer los fondos del instituto.

Ese planteo gana fuerza frente a la inevitable caída de los márgenes lecheros en un contexto de costos elevados, y ante la urgencia de asegurar liquidez institucional que garantice continuidad de funciones esenciales.

INELE espera definiciones en las próximas negociaciones presupuestales. El refuerzo solicitado no es un monto simbólico, sino necesario para cerrar el año 2026 con las cuentas equilibradas y garantizar que el organismo pueda cumplir con sus obligaciones regulatorias, sanitarias y de apoyo al sector.

El MEF, al presentar su mensaje de presupuesto para 2025-2029, estableció prioridades claras (salud, educación, protección social, infancia/adolescencia), lo cual aumenta la presión para que INALE demuestre la relevancia estratégica del sector lechero para la economía uruguaya.

El desenlace definirá no solo la suerte institucional del instituto, sino también la sostenibilidad del sector lácteo en un país históricamente dependiente de esta actividad productiva.

Udelar insiste con su histórico reclamo del 6+1 para impulsar la educación pública

En los últimos días, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, reiteró el histórico reclamo de la institución: que la inversión pública en educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que a su vez se destine un 1 % del PIB a ciencia e investigación. La expectativa está puesta sobre la próxima instancia de Rendición de Cuentas, que el gobierno enviará al Parlamento.

La demanda no es nueva: desde hace décadas el sistema universitario y los gremios docentes del país sostienen que ese piso de financiamiento —conocido como la fórmula “6 + 1” — es clave para garantizar una educación pública de calidad, mantener la excelencia académica, sostener la infraestructura, fomentar la investigación científica, afrontar la matrícula creciente, y asegurar condiciones dignas para docentes y estudiantes.

Según las autoridades de Udelar, la propuesta presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento mantendría una asignación insuficiente para la universidad: en lugar de acercarse al 6 % del PIB, los recursos destinados a la educación estarían en un nivel que rondaría el 4 % para los próximos años.

Ese escenario implica que la relación presupuesto/PIB de la Udelar —y, por extensión, de todo el sistema de educación pública— continuaría lejísima de lo que la universidad y los actores del sistema educativo consideran necesario para cumplir con sus funciones: docencia, investigación, extensión, infraestructura, becas, salarios, mantenimiento edilicio, laboratorios, entre otros.

En lo inmediato, esta situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria: desde informaciones sobre “situación de emergencia” para atender la demanda creciente de estudiantes, hasta advertencias de riesgo de desbordes en carreras, deterioro de calidad educativa y limitaciones para sostener la investigación.

Ante este contexto, el rector Cancela sostuvo que el reclamo del 6 % del PIB para educación y 1 % para investigación no debe verse como una exigencia puntual, sino como un proyecto estratégico para el país. Según sus palabras, la meta responde al imperativo de garantizar una “universidad pública, de calidad, pública y gratuita, con capacidad de recibir a más estudiantes, atender la demanda nacional y sostener la investigación científica”.

En ese sentido, la Udelar ya presentó una propuesta presupuestal para el período 2025–2029, estimada en unos US$ 330 millones adicionales frente al monto actual, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, descentralizar la oferta educativa, mejorar las condiciones docentes, ampliar la investigación en todo el país y garantizar becas para estudiantes con bajos recursos.

El rector remarcó que —aunque reconoce las limitaciones fiscales del país— considera que existe “voluntad política suficiente” en diferentes sectores parlamentarios para avanzar hacia ese objetivo. En encuentros recientes, destacó la importancia de mantener el compromiso del 6 % + 1 % como “una apuesta estructural” que trasciende gobiernos.

La carencia de recursos suficientes no afecta únicamente los salarios o la infraestructura: tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, el acceso para estudiantes de bajos recursos, la investigación científica, la extensión universitaria y la capacidad de la universidad de responder a los cambios sociales y tecnológicos.

Según advertencias de la universidad y sus gremios, la insuficiencia presupuestal podría derivar en:

  • Recortes en becas y apoyos estudiantiles, afectando el acceso igualitario.
  • Deterioro de la infraestructura y atraso en mantenimiento de edificios, laboratorios y equipamiento.
  • Menor capacidad de contratar cargos docentes, técnicos y de servicio, lo que impacta en la calidad educativa y el volumen de estudiantes por docente.
  • Restricciones a la investigación científica, básica y aplicada, con efectos negativos en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.
  • Posible limita­ción en la expansión de la oferta académica, especialmente en el interior del país, lo que condiciona la descentralización universitaria.

Con la Rendición de Cuentas a la vista, la Udelar presiona políticamente para que se incluyan incrementos significativos que se acerquen al reclamo histórico. Como parte de ese camino, la institución elevó su propuesta presupuestal al Parlamento, y algunos sectores del oficialismo y oposición han expresado apertura al diálogo.

Para las autoridades universitarias, la clave está en que ese ajuste no sea esporádico, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. Además, plantean que una inversión real en educación e investigación no debe considerarse un gasto: es una inversión en capital humano, desarrollo científico, innovación, equidad social y futuro colectivo.

No obstante, reconocen las tensiones: las restricciones fiscales, la presión por equilibrar las cuentas públicas, la competencia por recursos y la necesidad de priorizar otras áreas del Estado hace que alcanzar el 6+1 sea una decisión política compleja.

De discurso a política pública: las claves del nuevo Plan Nacional de Seguridad que entra en vigor en 2026

El pasado lunes, en la reunión de la Mesa Política de Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció oficialmente que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El plan, promovido por el gobierno nacional, busca consolidar un enfoque estructural, de largo plazo y basado en evidencia para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia, crimen organizado y políticas de control de armas.

La decisión marca un hito en la historia reciente de la gestión pública en materia de seguridad: después de años de medidas parciales, operativas o reactivas, el Estado apunta a una “política de Estado” con horizonte a 10 años, con metas claras, instrumentación permanente y participación social.

El PNSP 2025–2035 fue presentado oficialmente en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, encabezado por Negro. Su esencia radica en abandonar el paradigma de “emergencia permanente” para establecer un marco estratégico que combine prevención, disuasión, rehabilitación, uso de evidencia y participación ciudadana.

Entre los ejes prioritarios del plan figuran la reducción de homicidios, el combate contra el crimen organizado, el control más estricto del mercado ilegal de armas y municiones, una reforma penitenciaria integral, políticas de violencia de género, prevención social del delito y acciones de rehabilitación.

El plan se diseña en cinco fases: diagnóstico de la criminalidad y violencia; encuentros participativos con actores políticos, sociales y académicos; propuesta técnica, definición política de medidas concretas; y validación social. El diseño culminaría en enero de 2026. Luego, la implementación se pondría en marcha formalmente. Aunque la primera etapa operativa había sido anunciada para marzo de 2026, el anuncio del ministro Negro indica que muchos de sus componentes comenzarán a regir desde enero, lo que adelanta el punto de partida oficial.

El gobierno actual enfatiza que la seguridad ya no puede concebirse como un problema aislado o de gestión coyuntural, sino como una cuestión estructural que requiere políticas integrales y sostenidas. Negro ha señalado que “no se trata de hacer más de lo mismo”, sino de aplicar herramientas modernas, planificación, inteligencia, inversión institucional y participación democrática.

La construcción del plan implicó un proceso de consulta: partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, academia, especialistas en seguridad y actores del Estado participaron en los llamados “Encuentros por Seguridad”, espacio de debate desde julio hasta diciembre de 2025.

Así, el PNSP aspira a superar el escepticismo que genera en algunos sectores la idea de una política de seguridad sustentada solo en represión, proponiendo un enfoque multidimensional: prevención social, control policial focalizado, mejora de políticas penitenciarias, regulación del arma y fortalecimiento institucional, entre otros componentes.

Aunque el plan contempla su plena implementación a lo largo de 2026 y en adelante, con un monitoreo gradual y evaluaciones periódicas, el anuncio anticipa que desde comienzos del año próximo comenzarán a operar algunas de las medidas prioritarias. Entre ellas:

  • La estrategia de reducción de homicidios. El plan ya ha iniciado talleres con expertos internacionales y autoridades nacionales para definir protocolos, mapas de riesgo y estrategias focalizadas por zonas.
  • Fortalecimiento del control de armas y municiones mediante registro digital, trazabilidad y regulación más estricta.
  • Incremento de la presencia policial focalizada en zonas críticas, con un enfoque en la prevención y disuasión del delito.
  • Políticas de prevención social y comunitaria, abordando causas de la violencia estructural: programas sociales, rehabilitación, salud mental, inclusión, escuelas, reinserción, entre otros.
  • Uso de inteligencia, tecnología, monitoreo, estadísticas y evidencia científica para medir resultados y ajustar las estrategias.

A pesar del consenso político alrededor del plan, varios desafíos emergen:

  • Que la política trascienda el ciclo de gobierno: un plan a 10 años depende de continuidad institucional, recursos y consenso social.
  • Garantizar que las reformas estructurales —regulación de armas, reforma penitenciaria, prevención social— se implementen de manera coherente y no queden reducidas a medidas simbólicas.
  • Coordinar múltiples actores: Poder Ejecutivo, Parlamento, policías, justicia, sociedad civil, municipios, academia — una articulación compleja en un país diverso.
  • Transparencia y rendición de cuentas: monitorear resultados, evaluar indicadores, publicar estadísticas, corregir errores. Si no, el plan corre riesgo de volverse letra muerta.
  • Resistencia social y política: la seguridad suele generar debates polarizados; cualquier reforma profunda encontrará oposición, desconfianza o resistencia de ciertos sectores.

Para gran parte de la población —especialmente quienes viven en zonas vulnerables, barrios con altos índices de delitos, o víctimas de violencia— el PNSP representa una esperanza de cambio profundo, una apuesta a largo plazo, con institucionalidad y planificación. Si el plan se implementa con coherencia, podría modificar la percepción de inseguridad, mejorar la calidad de vida, reducir homicidios y reconstruir confianza en las instituciones.

Pero también será una prueba de madurez democrática: la ciudadanía deberá exigir resultados, participación, transparencia y seguimiento. El plan no será útil si se queda en discursos o promesas.

Para las autoridades, la responsabilidad es doble: deben traducir un diseño ambicioso en políticas reales, con presupuesto, recursos humanos, tecnología y control, asegurando que la seguridad —tan reclamada por la sociedad— deje de ser “sensación” y se convierta en políticas públicas efectivas.

Imagen de Yamandú Orsi cae y sale del podio en ranking regional

El presidente uruguayo Yamandú Orsi experimentó un revés en su imagen positiva a nivel regional. Según una encuesta reciente de la consultora argentina CB Opinión Pública, difundida en noviembre de 2025, Orsi perdió una posición en el ranking de presidentes sudamericanos más valorados y quedó fuera del podio.

Retroceso en la aprobación

Durante el mes analizado, Orsi obtuvo una aprobación del 46,1 %, según el informe de CB. Este resultado lo dejó en el cuarto lugar del ranking, por detrás de Rodrigo Paz (Bolivia), Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina).

En la encuesta se midió la imagen general del mandatario: un 15,0 % de los encuestados expresó que tiene una valoración “muy buena” de Orsi, mientras que un 31,1 % la describió como “buena”. Por otro lado, 23,4 % consideró su imagen “muy mala” y 28,6 % la calificó como “mala”.

Comparación con valores anteriores

Este retroceso no es aislado. En mediciones anteriores, Orsi había ocupado posiciones más altas:

  • En octubre de 2025, figuraba en tercer lugar con un 45,5% de imagen positiva.
  • En agosto de 2025, según otra encuesta de CB, Orsi también bajó un puesto, pasando al segundo lugar con un 48,9% de aprobación.
  • En octubre, según otro informe, bajó dos puestos para ubicarse en tercer lugar con un 45,5%.

Este vaivén refleja una dinámica complicada para el presidente uruguayo, que ha visto fluctuaciones en su popularidad desde su asunción.

Contexto político

La caída de Orsi en el ranking se produce en un momento de alta expectativa para su gestión. Al asumir, generó optimismo en algunos sectores políticos gracias a su acercamiento a temas como el bienestar social, la negociación política y la estabilidad institucional. Pero mantener una imagen favorable en toda la región —no solo en Uruguay— es un desafío creciente.

El hecho de que líderes como Paz, Lula y Milei lo hayan superado en esta encuesta podría responder a varias razones: distintos ritmos de gestión, decisiones políticas recientes, o simplemente las percepciones cambiantes de los ciudadanos frente a sus gobiernos.

Importancia de la medición

Estas encuestas son relevantes porque ofrecen una foto de cómo perciben los ciudadanos no solo a sus propios mandatarios, sino también a los de la región. Para Orsi, especialmente, es un termómetro útil: más allá del 46,1%, la caída refleja un posible desgaste o una falta de alineamiento entre expectativas y acciones.

Además, el margen de error de la medición es de ± 3 %, lo que significa que existe una variabilidad inherente en los resultados, pero el trend es claro: la valoración de Orsi ha disminuido lo suficiente para afectar su posición en el ranking.

¿Qué implica para su gobernabilidad?

La baja en la imagen podría tener implicaciones políticas más profundas: un presidente menos valorado puede tener más dificultades para impulsar su agenda, especialmente si su coalición o su base social requiere mostrar resultados positivos para sostener el apoyo.

Además, en un contexto regional donde otros mandatarios están subiendo —como Milei, según algunos informes recientes—, Orsi necesitará demostrar gobernabilidad, eficacia y una estrategia comunicacional consistente para revertir tendencias negativas y volver a escalar en la percepción pública.

El MSP autoriza un tratamiento innovador para cáncer de mama temprano en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay dio un paso significativo al autorizar un tratamiento oncológico para el cáncer de mama temprano, que hasta ahora se usaba solo en etapas más avanzadas de la enfermedad. Esta decisión podría beneficiar a un gran número de mujeres uruguayas, según especialistas locales.

Contexto epidemiológico y relevancia del tratamiento

En Uruguay, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en este grupo. De acuerdo con datos del MSP, se diagnostican alrededor de 2.000 casos nuevos cada año, y unas 700 mujeres fallecen por esta enfermedad.

La oncóloga Marisa Fazzino, exdirectora del Programa Nacional del Cáncer y referente médica en la materia, señaló que el nuevo uso del fármaco autorizado por el MSP “podría alcanzar a muchas pacientes” porque “la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen en etapas tempranas”.

¿Qué se considera “cáncer de mama temprano”?

Según el oncólogo Carlos Barrios, director del Grupo Cooperativo Oncológico Latinoamericano, se denomina “temprano” a los cánceres que no han mostrado diseminación metastásica a órganos distantes, sino que están limitados a la mama y, como mucho, a los ganglios de la axila.

Este estadio de la enfermedad es especialmente relevante porque es curable con las terapias disponibles hoy, especialmente cuando se combinan quirúrgica, radioterapia y tratamientos sistémicos. Barrios explicó que el tratamiento autorizado ahora se suma a la hormonoterapia clásica para un subgrupo de pacientes considerado de “alto riesgo” de recaída, como aquellas con tumores más grandes o ganglios afectados.

Nuevas perspectivas terapéuticas

El fármaco aprobado no es para todas las pacientes con cáncer de mama temprano: está indicado para aquellas que presentan un riesgo elevado de diseminación, aunque esa diseminación no sea detectada por estudios convencionales. Barrios comentó que al combinarlo con hormonoterapia, “redujimos la probabilidad de recaída” y apuntó específicamente a la prevención en órganos como hueso, hígado o pulmón.

Esta estrategia terapéutica representa un avance importante: se trata de prevenir recaídas antes de que la enfermedad pueda propagarse de forma detectable, lo cual mejora las probabilidades de curación a largo plazo.

Importancia del diagnóstico temprano y seguimiento

El equipo médico insiste en la importancia de los controles regulares para aprovechar al máximo este nuevo tratamiento. Barrios y Fazzino destacaron que es fundamental que las pacientes concurran a sus controles mamarios, realicen autoexamen y se adhieran a la guía de prevención del MSP.

De hecho, el Ministerio público en su programa de prevención asegura que detectar la enfermedad en etapa inicial incrementa significativamente las posibilidades de curación.

Consideraciones de salud pública

La aprobación del MSP no solo es relevante desde el punto de vista clínico, sino también para la salud pública. La incorporación de este fármaco al arsenal terapéutico estatal puede traducirse en una mejora en la calidad de vida de las pacientes, además de una reducción potencial en la mortalidad.

Al mismo tiempo, abre un nuevo debate sobre la priorización de recursos: medicamentos de alto costo, su impacto presupuestal y cómo integrarlos en el sistema de manera sostenible.

Por otra parte, esta aprobación se alinea con los esfuerzos de prevención y control del cáncer de mama que ha promovido el Estado, incluyendo campañas de concientización, tamizaje mediante mamografías y políticas para asegurar el acceso a terapias fundamentales.

Mirada de futuro

Especialistas consultados para este tema ven con optimismo que Uruguay esté actualizando su arsenal terapéutico, pero también advierten que «no basta con aprobar el fármaco»: es clave que los servicios de salud entren en un proceso de evaluación continua de costos, resultados y equidad en el acceso.

Además, algunas oncólogas destacan la necesidad de combinar esta estrategia con otras políticas: educación para detección temprana, inversión en diagnóstico (mamografías, estudios genéticos cuando corresponda) y seguimiento a largo plazo. Solo así será posible maximizar el impacto de una medida que, según los expertos, podría salvar muchas vidas.