OSE y la Intendencia de Maldonado impulsan un modelo de financiación privada para el saneamiento de José Ignacio

Ante la saturación de los sistemas actuales y el riesgo ambiental en la laguna, las autoridades plantean que los desarrolladores inmobiliarios y grandes propietarios asuman el costo de las nuevas obras de agua potable y saneamiento en el balneario esteño.

La expansión inmobiliaria de José Ignacio y sus zonas aledañas, como La Juanita, ha puesto en jaque la infraestructura de servicios básicos del lugar. Ante los reclamos vecinales por la saturación de los sistemas de saneamiento y el riesgo de contaminación de la Laguna José Ignacio, OSE y la Intendencia de Maldonado (IDM) han puesto sobre la mesa una solución que promete debate: que las obras millonarias necesarias para regularizar la situación sean financiadas por el sector privado.

La propuesta surgió tras una serie de reuniones de alto nivel entre el directorio de OSE y el intendente de Maldonado, en las que se analizó la inviabilidad de que el Estado asuma en solitario la inversión en una de las zonas con mayor valor de mercado del país.

El «cuello de botella» del crecimiento

El balneario, caracterizado por su exclusividad y turismo internacional, ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo no fue acompañado al mismo ritmo por las redes de servicios.

Informes técnicos recientes advierten que las piletas de tratamiento actuales operan al límite de su capacidad, especialmente durante la temporada estival, cuando la población flotante se multiplica. Vecinos y organizaciones locales han denunciado olores y posibles filtraciones que amenazan el ecosistema de la laguna, exigiendo soluciones urgentes antes de que el daño ambiental sea irreversible.

La propuesta: que pague el desarrollo

Según trascendió tras los encuentros oficiales, la fórmula que impulsan OSE y la comuna fernandina busca que los desarrolladores inmobiliarios y los propietarios de grandes superficies de tierra —quienes se benefician de la plusvalía que genera la urbanización— sean quienes financien la extensión de las redes de agua potable y la modernización del sistema de saneamiento.

«No es lógico que el resto de los usuarios de OSE subvencione obras de infraestructura costosas en una zona donde el metro cuadrado tiene un valor excepcional y donde son los privados los que están impulsando el desarrollo», argumentan fuentes allegadas a la negociación.

El modelo podría instrumentarse a través de fideicomisos o mediante la exigencia de contrapartidas directas para la aprobación de nuevos fraccionamientos y proyectos edilicios. De esta forma, el Estado (OSE) se encargaría de la gestión y operación del servicio, pero la inversión inicial («CAPEX») correría por cuenta de los inversores privados.

Un antecedente para el país

Si bien Maldonado ya tiene experiencia con la Tasa de Conexión al Saneamiento y otros instrumentos mixtos (como los aplicados por la UGD-OSE), este esquema marcaría un precedente más agresivo en cuanto a la participación privada en infraestructura pública básica.

Para el gobierno departamental, esta es la única vía realista para ejecutar las obras en el corto plazo (se habla de un horizonte hacia 2026-2027) sin comprometer las finanzas públicas destinadas a zonas más vulnerables. Por su parte, los vecinos de La Juanita y el casco de José Ignacio aguardan definiciones concretas, temiendo que, mientras se discute quién paga la cuenta, el sistema termine colapsando en plena temporada.