Udelar insiste con su histórico reclamo del 6+1 para impulsar la educación pública
En los últimos días, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, reiteró el histórico reclamo de la institución: que la inversión pública en educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que a su vez se destine un 1 % del PIB a ciencia e investigación. La expectativa está puesta sobre la próxima instancia de Rendición de Cuentas, que el gobierno enviará al Parlamento.
La demanda no es nueva: desde hace décadas el sistema universitario y los gremios docentes del país sostienen que ese piso de financiamiento —conocido como la fórmula “6 + 1” — es clave para garantizar una educación pública de calidad, mantener la excelencia académica, sostener la infraestructura, fomentar la investigación científica, afrontar la matrícula creciente, y asegurar condiciones dignas para docentes y estudiantes.
Según las autoridades de Udelar, la propuesta presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento mantendría una asignación insuficiente para la universidad: en lugar de acercarse al 6 % del PIB, los recursos destinados a la educación estarían en un nivel que rondaría el 4 % para los próximos años.
Ese escenario implica que la relación presupuesto/PIB de la Udelar —y, por extensión, de todo el sistema de educación pública— continuaría lejísima de lo que la universidad y los actores del sistema educativo consideran necesario para cumplir con sus funciones: docencia, investigación, extensión, infraestructura, becas, salarios, mantenimiento edilicio, laboratorios, entre otros.
En lo inmediato, esta situación ha generado preocupación en la comunidad universitaria: desde informaciones sobre “situación de emergencia” para atender la demanda creciente de estudiantes, hasta advertencias de riesgo de desbordes en carreras, deterioro de calidad educativa y limitaciones para sostener la investigación.
Ante este contexto, el rector Cancela sostuvo que el reclamo del 6 % del PIB para educación y 1 % para investigación no debe verse como una exigencia puntual, sino como un proyecto estratégico para el país. Según sus palabras, la meta responde al imperativo de garantizar una “universidad pública, de calidad, pública y gratuita, con capacidad de recibir a más estudiantes, atender la demanda nacional y sostener la investigación científica”.
En ese sentido, la Udelar ya presentó una propuesta presupuestal para el período 2025–2029, estimada en unos US$ 330 millones adicionales frente al monto actual, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, descentralizar la oferta educativa, mejorar las condiciones docentes, ampliar la investigación en todo el país y garantizar becas para estudiantes con bajos recursos.
El rector remarcó que —aunque reconoce las limitaciones fiscales del país— considera que existe “voluntad política suficiente” en diferentes sectores parlamentarios para avanzar hacia ese objetivo. En encuentros recientes, destacó la importancia de mantener el compromiso del 6 % + 1 % como “una apuesta estructural” que trasciende gobiernos.
La carencia de recursos suficientes no afecta únicamente los salarios o la infraestructura: tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa, el acceso para estudiantes de bajos recursos, la investigación científica, la extensión universitaria y la capacidad de la universidad de responder a los cambios sociales y tecnológicos.
Según advertencias de la universidad y sus gremios, la insuficiencia presupuestal podría derivar en:
- Recortes en becas y apoyos estudiantiles, afectando el acceso igualitario.
- Deterioro de la infraestructura y atraso en mantenimiento de edificios, laboratorios y equipamiento.
- Menor capacidad de contratar cargos docentes, técnicos y de servicio, lo que impacta en la calidad educativa y el volumen de estudiantes por docente.
- Restricciones a la investigación científica, básica y aplicada, con efectos negativos en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.
- Posible limitación en la expansión de la oferta académica, especialmente en el interior del país, lo que condiciona la descentralización universitaria.
Con la Rendición de Cuentas a la vista, la Udelar presiona políticamente para que se incluyan incrementos significativos que se acerquen al reclamo histórico. Como parte de ese camino, la institución elevó su propuesta presupuestal al Parlamento, y algunos sectores del oficialismo y oposición han expresado apertura al diálogo.
Para las autoridades universitarias, la clave está en que ese ajuste no sea esporádico, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. Además, plantean que una inversión real en educación e investigación no debe considerarse un gasto: es una inversión en capital humano, desarrollo científico, innovación, equidad social y futuro colectivo.
No obstante, reconocen las tensiones: las restricciones fiscales, la presión por equilibrar las cuentas públicas, la competencia por recursos y la necesidad de priorizar otras áreas del Estado hace que alcanzar el 6+1 sea una decisión política compleja.