De discurso a política pública: las claves del nuevo Plan Nacional de Seguridad que entra en vigor en 2026
El pasado lunes, en la reunión de la Mesa Política de Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció oficialmente que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El plan, promovido por el gobierno nacional, busca consolidar un enfoque estructural, de largo plazo y basado en evidencia para enfrentar los problemas de inseguridad, violencia, crimen organizado y políticas de control de armas.
La decisión marca un hito en la historia reciente de la gestión pública en materia de seguridad: después de años de medidas parciales, operativas o reactivas, el Estado apunta a una “política de Estado” con horizonte a 10 años, con metas claras, instrumentación permanente y participación social.
El PNSP 2025–2035 fue presentado oficialmente en julio de 2025 por el Ministerio del Interior, encabezado por Negro. Su esencia radica en abandonar el paradigma de “emergencia permanente” para establecer un marco estratégico que combine prevención, disuasión, rehabilitación, uso de evidencia y participación ciudadana.
Entre los ejes prioritarios del plan figuran la reducción de homicidios, el combate contra el crimen organizado, el control más estricto del mercado ilegal de armas y municiones, una reforma penitenciaria integral, políticas de violencia de género, prevención social del delito y acciones de rehabilitación.
El plan se diseña en cinco fases: diagnóstico de la criminalidad y violencia; encuentros participativos con actores políticos, sociales y académicos; propuesta técnica, definición política de medidas concretas; y validación social. El diseño culminaría en enero de 2026. Luego, la implementación se pondría en marcha formalmente. Aunque la primera etapa operativa había sido anunciada para marzo de 2026, el anuncio del ministro Negro indica que muchos de sus componentes comenzarán a regir desde enero, lo que adelanta el punto de partida oficial.
El gobierno actual enfatiza que la seguridad ya no puede concebirse como un problema aislado o de gestión coyuntural, sino como una cuestión estructural que requiere políticas integrales y sostenidas. Negro ha señalado que “no se trata de hacer más de lo mismo”, sino de aplicar herramientas modernas, planificación, inteligencia, inversión institucional y participación democrática.
La construcción del plan implicó un proceso de consulta: partidos políticos con representación parlamentaria, organizaciones sociales, academia, especialistas en seguridad y actores del Estado participaron en los llamados “Encuentros por Seguridad”, espacio de debate desde julio hasta diciembre de 2025.
Así, el PNSP aspira a superar el escepticismo que genera en algunos sectores la idea de una política de seguridad sustentada solo en represión, proponiendo un enfoque multidimensional: prevención social, control policial focalizado, mejora de políticas penitenciarias, regulación del arma y fortalecimiento institucional, entre otros componentes.
Aunque el plan contempla su plena implementación a lo largo de 2026 y en adelante, con un monitoreo gradual y evaluaciones periódicas, el anuncio anticipa que desde comienzos del año próximo comenzarán a operar algunas de las medidas prioritarias. Entre ellas:
- La estrategia de reducción de homicidios. El plan ya ha iniciado talleres con expertos internacionales y autoridades nacionales para definir protocolos, mapas de riesgo y estrategias focalizadas por zonas.
- Fortalecimiento del control de armas y municiones mediante registro digital, trazabilidad y regulación más estricta.
- Incremento de la presencia policial focalizada en zonas críticas, con un enfoque en la prevención y disuasión del delito.
- Políticas de prevención social y comunitaria, abordando causas de la violencia estructural: programas sociales, rehabilitación, salud mental, inclusión, escuelas, reinserción, entre otros.
- Uso de inteligencia, tecnología, monitoreo, estadísticas y evidencia científica para medir resultados y ajustar las estrategias.
A pesar del consenso político alrededor del plan, varios desafíos emergen:
- Que la política trascienda el ciclo de gobierno: un plan a 10 años depende de continuidad institucional, recursos y consenso social.
- Garantizar que las reformas estructurales —regulación de armas, reforma penitenciaria, prevención social— se implementen de manera coherente y no queden reducidas a medidas simbólicas.
- Coordinar múltiples actores: Poder Ejecutivo, Parlamento, policías, justicia, sociedad civil, municipios, academia — una articulación compleja en un país diverso.
- Transparencia y rendición de cuentas: monitorear resultados, evaluar indicadores, publicar estadísticas, corregir errores. Si no, el plan corre riesgo de volverse letra muerta.
- Resistencia social y política: la seguridad suele generar debates polarizados; cualquier reforma profunda encontrará oposición, desconfianza o resistencia de ciertos sectores.
Para gran parte de la población —especialmente quienes viven en zonas vulnerables, barrios con altos índices de delitos, o víctimas de violencia— el PNSP representa una esperanza de cambio profundo, una apuesta a largo plazo, con institucionalidad y planificación. Si el plan se implementa con coherencia, podría modificar la percepción de inseguridad, mejorar la calidad de vida, reducir homicidios y reconstruir confianza en las instituciones.
Pero también será una prueba de madurez democrática: la ciudadanía deberá exigir resultados, participación, transparencia y seguimiento. El plan no será útil si se queda en discursos o promesas.
Para las autoridades, la responsabilidad es doble: deben traducir un diseño ambicioso en políticas reales, con presupuesto, recursos humanos, tecnología y control, asegurando que la seguridad —tan reclamada por la sociedad— deje de ser “sensación” y se convierta en políticas públicas efectivas.