Marcha atrás: el gobierno uruguayo utilizará el mecanismo de mediación con Cardama
El Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó el «camino del derecho» y anunció que se recurrirá a la cláusula contractual de mediación con la empresa española, revirtiendo la postura inicial de limitarse a la rescisión y la vía penal.
A una semana de haber dispuesto la rescisión del contrato millonario con el astillero español Cardama y de presentar una denuncia penal por «presunta estafa» ante la Fiscalía, el gobierno uruguayo anunció un giro en la estrategia legal del caso.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó este lunes que el Estado utilizará la posibilidad de mediación establecida en el contrato para la construcción de tres patrulleras oceánicas (OPV). Esta decisión implica recurrir a un mecanismo formal de resolución de controversias antes de un litigio directo, a pesar de que la administración había calificado la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa gallega como «trucha».
El Recorrido del «Estado de Derecho»
Sánchez explicó que, si bien la denuncia penal se mantiene vigente debido a la «garantía trucha» –una acción esencialmente administrativa que deriva en el incumplimiento del contrato–, la siguiente fase de la disputa debe ajustarse estrictamente a lo pactado.
«En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar, porque el Estado uruguayo respeta el Estado de derecho», aseguró el jerarca en rueda de prensa. «Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, somos los primeros interesados en recorrer los caminos que están establecidos en la cláusula, que obliga al contratista y el Estado a resolver ese camino», añadió, justificando la necesidad de formalidad en el proceso.
Crítica a la Informalidad
La decisión de acogerse al proceso de mediación contractual llega en medio de una fuerte polémica política en torno al manejo del contrato, que asciende a US$ 92 millones. Sánchez aprovechó la instancia para criticar duramente los atajos o las gestiones informales que habrían rodeado al caso en el pasado, un reproche que podría estar dirigido a legisladores y exjerarcas.
«He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado. Se soluciona con los mecanismos formales», sentenció el secretario. Y concluyó: «El hecho de hacerlo por mecanismos informales es lo que ha generado que tengamos un contrato millonario sin garantías».
Con este paso, el Gobierno uruguayo busca moverse del plano penal —centrado en el presunto fraude de la garantía— al plano contractual, forzando a la empresa a sentarse a la mesa de mediación para intentar resolver el conflicto y determinar la responsabilidad de cada parte. Astillero Cardama, por su parte, ya había advertido con iniciar acciones legales si el Estado no optaba por el diálogo o una salida pactada.